Las funciones esenciales de un gobernante son la conservación del orden público, el resguardo de los derechos de las personas y la promoción del bien común. Para el cumplimiento de tales funciones y a fin de evitar la “guerra de todos contra todos” el Estado tiene el monopolio de la violencia física legítima.

Si bien el Estado tiene la prohibición de abusar de la fuerza, tiene la obligación de usarla para garantizar el Estado de Derecho, reprimir la violencia ilegítima, la delincuencia, los saqueos, los actos vandálicos, el terrorismo, la subversión y la insurrección revolucionaria, que ponen en gravísimo riesgo la estabilidad del Estado y el orden institucional de la República.

 Lamentablemente nuestros gobernantes han sido incapaces de precisar la frontera entre el respeto a los derechos humanos y el uso de la fuerza para reprimir a quienes subvierten el orden social.

 La aplicación de la violencia física no solo es legítima —cuando es aplicada por la autoridad legítima— sino que es justa, cuando es adecuada para lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común.

 El Estado tiene el deber de defenderse, con todos los medios a su alcance, aunque para ello sea preciso adoptar medidas extremas. Salus populi suprema lex est (la salvación del pueblo es ley suprema) era el primer principio del Derecho Público Romano. La historia solo condena a los pueblos que renuncian a defenderse.

Adolfo Paul Latorre, Abogado.

Uso de la Fuerza

Por jaime Bailey