Violencia y negativas señales económicas

La Tercera

 A menos de tres meses del inicio de las movilizaciones sociales, hay evidencia del daño económico y social que ha desencadenado la violencia y vandalización impulsada por sectores radicalizados. La variación en doce meses del Imacec conocido para octubre y noviembre (-3,4% y -3,3%, respectivamente), más estimaciones para diciembre, llevan a proyectar una caída en el PIB del último trimestre de 2019 entre -2,9% y -2% en doce meses. Si así fuese, estaríamos ante una caída trimestral solo superada en 2009, cuando Chile y el mundo vivieron la segunda mayor crisis global en más de cien años. 2019 cerraría con crecimiento en torno a 1%.

Junto al grave impacto, ya es claro que la actividad, ocupación y remuneraciones se afectarán en un sentido negativo en los meses que vienen. La intensidad y duración de esa evolución son aún motivo de conjeturas, sin que puedan descartarse escenarios muy severos.

El fuerte despido de trabajadores en los meses transcurridos desde el 18 de octubre de 2019 hasta fines de diciembre -contabilizando más de 165 mil casos por necesidades de la empresa- se debe en gran parte al ajuste en empresas sin otra alternativa, luego que sus instalaciones fueron destruidas. Pero también es evidencia de la postergación de proyectos detenidos voluntariamente, ante el escenario enteramente incierto que se ha instalado en el país.

Una parte de la incertidumbre parece provenir de un diagnóstico inacabado sobre el origen de la crisis actual. Mientras se ha enfatizado un supuesto hastío con “el modelo” se ha ignorado el rol de las posibilidades más estrechas que la economía chilena estaba ofreciendo a su población por la conjunción de dos factores relevantes: la consolidación de un escenario de bajo crecimiento, durante los últimos cinco a seis años, y la absorción en la economía, muy concentrada en el tiempo, de un gran contingente de inmigrantes que se agregaron a la fuerza de trabajo.

Luego, genera incertidumbre la sensación de que el país define programas de reformas y gasto público para aplacar las exigencias de quienes directa o indirectamente utilizan la violencia para avanzar su causa, más que a partir de una estrategia definida que asegure el crecimiento y el empleo, construida a partir de un diagnóstico claro de los límites al gasto que preservan la solvencia fiscal. Junto a esta dinámica, que ha ido poniendo en riesgo los equilibrios macroeconómicos, emerge también la duda sobre el futuro de los arreglos institucionales básicos para el progreso del país. Suponiendo que se mantiene en el país el apoyo a una estrategia procrecimiento como la que se impuso en la última elección presidencial, cabe cuestionarse hoy si dicho apoyo podrá manifestarse en el proceso constituyente en marcha, libre de trastornos, en una contribución determinante para preservar la economía libre.

Frente a las negativas señales económicas, una gran responsabilidad recae sobre el sistema político, que debe actuar con determinación para lograr terminar con la violencia como método político, y generar bases creíbles para una expectativa de vuelta sostenible al crecimiento.