UN RESENTIMIENTO INEXTINGUIBLE

Por Humberto Julio Reyes

Fue lo que pensé al ver la forma en que un senador socialista interpeló al ministro de Defensa Nacional, autoridad que concurrió al Parlamento en virtud de su cargo, días atrás.

Apartándose del propósito de la concurrencia, este parlamentario le reprochó en duros términos unas recientes declaraciones referidas a las penas que cumplen personas de avanzada edad y deteriorada salud física y mental las que, no se apartaban mayormente del proyecto de penas alternativas ya aprobado en un primer trámite.

Este mediático parlamentario ya había postulado como método para hacerlo inviable la formulación de todas las indicaciones que pudiera presentar la oposición, poniendo en evidencia que no comparte en absoluto el sentido humanitario de la iniciativa.

Sumó en esta ocasión en forma larga y reiterativa la descalificación del ministro, entre otras cosas por haber defendido profesionalmente, como abogado, a un “asesino y torturador”, refiriéndose así, sin nombrarlo, al expresidente Pinochet.

Ni el juez Garzón se atrevió a tanto que yo recuerde ya que es distinto atribuir responsabilidades por acción de subordinados o por omisión al no reprimirlos a formular graves acusaciones por delitos no probados ante tribunales.

Pero pareciera que el senador está decidido a llevarse su resentimiento a la tumba, haciendo oídos sordos a los llamados a la reconciliación nuevamente formulados por la señora María Alicia Ruiz -Tagle Orrego quien, al igual que él, sufrió agravios, pero ha optado por “guardar los dolores profundo en el corazón”.

No se trata de perdonar, decisión que en lo personal puede ser muy difícil, ni olvidar, pero sí comprometerse a “transitar por un camino de paz que acabe con el odio y la venganza, que son la triste herencia que les estamos dejando a nuestros hijos y nietos”.

¿Está en esa línea el reciente homenaje que el Museo de la Memoria y Derechos Humanos ha rendido a un conjunto de jueces que se han distinguido por prevaricar, sentenciando contra leyes expresas?

No lo creo y, por ello, siento la obligación de mencionar al ministro Nibaldo Segura, ya que, al enterarme de su lamentable fallecimiento, he recordado la forma ponderada, ecuánime e imparcial con que presidió años atrás la sala penal de la Corte Suprema.

Otros ministros, al igual que él, aplicaron la ley vigente y lograron morigerar los ímpetus condenatorios de los jueces de primera y segunda instancia. Nunca fueron mayoría, pero evitaron los excesos posteriores. Otros tiempos.

Quizás si sus predicamentos hubieran prevalecido no seguiríamos entrampados ad aeternum en esta espiral en que todo parece insuficiente para personas como el aludido senador. No bastarían las numerosas y duras condenas, hay que transformarlas en perpetuas por la vía de negar cualquier beneficio o medida humanitaria.

Volviendo a la sesión en el Parlamento, pareciera que el senador asume que todos quienes están en prisión mantienen información sobre personas desaparecidas, los secuestrados permanentes según la ficción jurídica usada para condenar por el juez Alejandro Solís, pero, tampoco ha sido posible, por cerrada oposición de los habituales querellantes, aprobar medidas de colaboración eficaz, insistiendo en cambio que quien posea información la entregue y afronte dura y segura condena.

Años atrás, leyendo un voluminoso expediente, concluí que en él existían suficientes testimonios y evidencias como para acusar derechamente a autores intelectuales y materiales por homicidio calificado, pero el ministro de fuero optó por aplicar la teoría que indicaba que las personas que fueron detenidas en1973 seguían secuestradas treinta años después, negándose tercamente a establecer en su fallo la verdad de lo sucedido que, incluso, estaba respaldada por investigaciones periodísticas que fueron ignoradas deliberadamente.

¿Es eso razonable?

28 de mayo de 2026.

𝑱𝑼𝑬𝑪𝑬𝑺 𝑪𝑶𝑵 𝑨𝑮𝑬𝑵𝑫𝑨: 𝑬𝑳 𝑫𝑰́𝑨 𝑸𝑼𝑬 𝑬𝑳 𝑷𝑶𝑫𝑬𝑹 𝑱𝑼𝑫𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 𝑨𝑩𝑨𝑵𝑫𝑶𝑵𝑶́ 𝑳𝑨 𝑰𝑴𝑷𝑨𝑹𝑪𝑰𝑨𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫

Escribe: Jorge Ravanales Arriagada

El Poder Judicial chileno no solo ha perdido la vergüenza: ahora también la exhibe con orgullo.

Magistrados de la República participaron activamente en un acto político e ideológico organizado en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, un espacio que no pretende ser neutral, sino que promueve un relato histórico unilateral y militante. Lejos de tratarse de una simple ceremonia protocolar, fue un homenaje explícito a jueces “comprometidos”, rodeados de organizaciones de víctimas y actores jurídicos alineados con una sola visión política del pasado chileno.

Ahí no hubo distancia institucional. Hubo poses, aplausos y complicidad. Jueces actuando como militantes de una causa, en un templo de la memoria selectiva que ignora sistemáticamente otras violencias políticas del siglo XX. Esa imagen resulta devastadora para la credibilidad de la justicia.

Un juez no tiene por qué ser un ser sin opiniones. Pero sí tiene la obligación sagrada de no exhibirlas públicamente de manera que comprometan su imparcialidad. Al posar como “héroes de la memoria” en un espacio ideológicamente cargado, estos magistrados enviaron un mensaje clarísimo: tienen agenda. Y esa agenda no es neutral.

La situación es especialmente grave porque muchos de ellos intervienen, o han intervenido, en causas de derechos humanos aún abiertas o políticamente sensibles. ¿Cómo puede un ciudadano común, especialmente quien no comparte esa visión histórica, creer que será tratado con ecuanimidad? La apariencia de imparcialidad no es un detalle secundario: es el fundamento mismo del Estado de Derecho. Y ese fundamento acaba de ser pisoteado.

El Poder Judicial ya no solo es percibido como lento o ineficiente. Ahora también es visto como parcial, capturado y militante. Una deriva peligrosa que transforma a los jueces en actores políticos con toga y fuero vitalicio.

Si la situación fuera inversa, jueces participando en actos de memoria sobre víctimas del terrorismo de izquierda, del MIR, del FPMR o de la violencia política previa y posterior a 1973, el escándalo sería inmediato y feroz. Se hablaría de complicidad, de negacionismo y se exigirían renuncias.

Pero como el activismo avanza en la dirección “correcta” para ciertos sectores, entonces se justifica bajo el concepto de “compromiso con los derechos humanos”. Esa hipocresía descarada es la que termina pudriendo las instituciones. La justicia no puede tener color político. Quien no lo entienda, simplemente no debería estar sentado en un tribunal.

Este episodio no es un error aislado. Es la expresión visible de una captura ideológica que viene avanzando desde hace años dentro del Poder Judicial. Mientras no existan límites claros, sanciones efectivas y una cultura institucional que priorice la neutralidad por sobre el activismo, la confianza pública seguirá derrumbándose.

Los chilenos no necesitamos jueces héroes ni jueces militantes. Necesitamos jueces. Nada más y nada menos. Mientras eso no vuelva a quedar claro, el Poder Judicial seguirá perdiendo legitimidad día tras día. Y Chile, como Estado de Derecho, terminará pagando las consecuencias.

27de Mayo 2026   Boletín Cren N° 61   www.ongcren.cl boletin@ongcren.cl Difúndelo para que se conozca la verdad     PREVARICACION  Es un delito tipificado en el Código Penal que cometen jueces, abogados, fiscales, procuradores y auxiliares de justicia que ejecutan un conjunto de infracciones calificadas como contrarias a la fidelidad de su cargo y que conlleva el incumplimiento de los deberes legales intrínsecos a este. Sufrirán penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones y la de presidio o reclusión menores cuando, a sabiendas, fallaren contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil, o cuando ejerciendo las funciones de su empleo o valiéndose del poder que este les da, seduzcan o soliciten a persona imputada o que litigue ante ellos.     Tribunal de Garantía de Temuco declaró admisible el 18 de mayo una tercera querella por prevaricación imprudente contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa L. Una investigación fiscal activa liderada por la fiscal Tatiana Esquivel. Y un patrón de conducta judicial que la acusación describe como ideológico en lugar de jurídico.             El caso más documentado: el general (r) Carlos Oviedo Arriagada fue condenado por hechos del 10 de noviembre de 1973 en Temuco. Su defensa presentó fotografías, testimonios de dos testigos presenciales y peritajes de video que lo ubican ese mismo día en Santiago, custodiando las antenas de TVN. Mesa rechazó toda esa evidencia calificándola de “puesta en escena.”  y condenó de todas formas. La defensa lo llama “ontológicamente imposible.” Tres tribunales encontraron mérito para que el Ministerio Público lo investigue. El marco jurídico que Mesa utilizó tampoco escapa a la crítica: según el libelo acusatorio, comparó el Regimiento Tucapel con los campos de exterminio de Auschwitz y Sobibor para concluir que cualquier oficial del regimiento era culpable por “pertenecer al sistema” — sin necesidad de probar su presencia física en el lugar de los hechos. El principio básico del derecho penal — responsabilidad individual probada — reemplazado por responsabilidad colectiva derivada de la pertenencia institucional. La tercera querella — Ojeda, Bunster y Cartoni, condenados a 19 años por homicidios en Angol — sigue el mismo patrón. La misma abogada, Carla Fernández. Las mismas acusaciones. El mismo método judicial impugnado.   Desde Israel, donde VDI Global opera, lo decimos con claridad: los crímenes en el régimen militar deben ser juzgados con todo el rigor del Estado de derecho. Pero con evidencia que ubique al acusado en el lugar de los hechos. Sin esa prueba, no hay justicia — hay venganza con toga. Y si el Ministerio Público confirma el patrón que las tres querellas documentan, Chile estará ante algo sin precedentes: un ministro de Corte de Apelaciones que prevaricó sistemáticamente en causas de derechos humanos. ¿Tendrá el Ministerio Público chileno la independencia y el coraje para investigar a un magistrado ideológicamente alineado con la izquierda por prevaricación en causas de derechos humanos, o el corporativismo judicial protegerá también a los suyos?     Para ampliar su difusión compártelo y coméntalo.

La ofensiva del PNL al Gobierno que reavivó presiones por uso de indultos:

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Octava Sala no respeta a la CS

Hoy la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que es jurídicamente aceptable que 204 adultos mayores —entre 64 y 94 años, la mayoría gravemente enferma— reciban su alimentación en bolsas ziploc, sin contenedor, sin cadena de frío, al calor del traslado. Rechazó el amparo deducido en favor de los internos del Pabellón Asistir del CCP Colina I.

La Corte le creyó a Gendarmería. Le bastó una resolución administrativa y un acta de consejo técnico para concluir que no hay nada que corregir. No preguntó por qué un anciano de 90 años debe recibir su almuerzo en una bolsa plástica. No preguntó por qué se le niega un contenedor rígido que cumpliría la misma exigencia de transparencia que la propia normativa invoca como fundamento.

Hay algo peor. La Corte Suprema, en dos sentencias firmes y ejecutoriadas —Roles 249.389-2023 y 28.827-2024—, ya declaró que el Pabellón Asistir es un ELEAM de hecho, sujeto al estándar del DS N°14/2010, y que sus internos tienen un estatuto especial de protección reforzada. La Octava Sala se aparta de ese estatuto sin distinguirlo ni justificar su apartamiento, y resuelve como si la Corte Suprema no hubiera dicho nada.

Y como si el desprecio necesitara un sello, la parte resolutiva rechaza el amparo en favor de internos del “Pabellón Porvenir”. Ese pabellón no existe. Los ministros fallaron sobre un pabellón cuyo nombre ni siquiera se molestaron en escribir bien.

Se apela ante la Corte Suprema. La misma que ya dictó las sentencias que la Octava Sala ignoró.

Carla Fernández Montero
Abogada Penalista