Irresponsabilidad fiscal de Boric y estabilización de Kast

Por Klaus Schmidt-Hebbel 

Las metas fiscales incumplidas en 2023-25, el aumento de la deuda pública y el adulterado Presupuesto 2026 caracterizan la gestión fiscal de los ministros M. Marcel y N. Grau como la más irresponsable en cinco décadas.

Estos ministros no solo incurrieron en errores sistemáticos al sobreestimar los ingresos tributarios para 2023-25 y los proyectados para 2026. La irresponsabilidad de ellos consistió en no realizar los ajustes fiscales que deberían haber hecho para cumplir con sus propias metas de déficit fiscal. En 2025 se observó una masiva desviación de 2,6% del PIB entre la meta de balance estructural (MBE) inicial (-1,1% del PIB) y el valor materializado (-3,7% del PIB). Y el Presupuesto 2026 del ministro Grau (Informe de Finanzas Públicas o IFP de 4T25) especificó una MBE de -2,7% del PIB; tres meses más tarde, el nuevo ministro de Hacienda, J. Quiroz, proyecta una MBE de -4,1% del PIB en el presupuesto heredado, antes de considerar las correcciones fiscales que el actual ministro está ejecutando.

Pero eso no es todo. Lo más grave es que el presupuesto para 2026 del ministro Grau contiene severos y cuantiosos errores y omisiones. Un ejemplo son los ingresos tributarios de la Ley de Cumplimiento Tributario: el FMI advirtió reiteradamente sobre su sobreestimación (además informó la imposibilidad de replicar y trazar los modelos de proyección de la Dirección de Presupuestos). Así, el ministro Quiroz debió ajustar estos ingresos de 0,7% a 0,1% del PIB para 2026.

Respecto de los gastos para 2026, Grau no reconoció en el presupuesto pagos postergados de 2025 que quedaron para 2026. El Consejo Fiscal Autónomo señaló expresamente que el reajuste de sueldos de empleados públicos implica un mayor gasto de US$ 800 millones, sin financiamiento identificado en el Presupuesto 2026. A eso se agregan mayores pagos por intereses y aumentos de cotizaciones de empleados públicos.

Una “Inspección Total” del actual gobierno, tras revisar más de 900 millones de registros de más de 500 organismos, valorizó alertas fiscales por US$ 9.200 millones e identificó US$ 3.200 millones en pagos postergados de 2025 a 2026 —el mayor nivel registrado en un cambio de gobierno—, que afectan prestaciones de salud, alimentación escolar y gratuidad, y a unos 10.000 proveedores del Estado.

Pero quizás la inconsistencia más reveladora de la irresponsabilidad fiscal se refiere a la relación entre déficits y niveles de deuda proyectados por Grau para el futuro. Entre sus propios IFP 3T25 e IFP 4T25, el déficit acumulado proyectado para 2026-2030 se incrementa en US$ 14.000 millones; en cambio, el aumento de la deuda pública es de solo US$ 4.000 millones. Faltan cerca de US$ 10.000 millones, sin una explicación financiera coherente: el déficit y la deuda, sencillamente, no calzan.

Estabilización fiscal del Presidente Kast: correcciones 2026 y proyecciones 2026-2030

En los primeros tres meses de su gestión, el ministro Quiroz: (i) ha adoptado importantes reducciones y reestructuraciones de gastos, (ii) ha implementado una revisión completa de las finanzas públicas, sincerando los ingresos y los gastos fiscales efectivamente comprometidos para 2026 y años futuros (IFP 1T26), (iii) se ha comprometido con una senda de estabilización del déficit y de la deuda en el período 2026-30 (Decreto de Política Fiscal, 9 junio 2026), y (iv) ha obtenido la aprobación parlamentaria para un endeudamiento adicional por US$ 6.200 millones en 2026, necesario para financiar los errores y omisiones presupuestarios de Grau.

Las reducciones graduales de las MBE comienzan con un déficit de 2,6% del PIB para el presente año, que refleja un ajuste fiscal por el MH de 0,6% del PIB respecto del déficit de 3,2% del PIB) (el 4,2% de MBE corregido, heredado por Grau, es nuevamente redefinido por un cambio metodológico de ingresos estructurales del cobre). Para los sucesivos años entre 2027 y 2030, el ministro Quiroz proyecta niveles de MBE que caen linealmente desde 1,8% del PIB en 2027 hasta 1,5% del PIB en 2030. Con ello, la deuda pública aumentaría gradualmente desde 43,1% del PIB en 2026 hasta 46,5% del PIB en 2030.

Sin embargo, el ministro Quiroz ha comprometido esfuerzos futuros de contención de gastos y ventas de activos para no superar la segunda meta fiscal, correspondiente a un valor máximo de la deuda bruta de 45% del PIB. En comparación con la deficiente administración fiscal bajo el gobierno de Boric en 2023-2026, esta trayectoria fiscal en 2027-2030 reflejaría un sinceramiento de las cuentas fiscales y una estabilización fiscal notable bajo el gobierno de Kast.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el martes 30 de junio de 2026.

Quién da más

Max Silva Abbott 

Nuestras actuales democracias se han transformado en un auténtico marketing de la política, en la cual los diferentes candidatos ofrecen más y más regalías a destajo (“derechos sociales”, diríamos hoy), sin reparar en los reales costos que ello tendrá para el país no sólo ahora, sino sobre todo para las generaciones futuras.

De esta forma, suele imponerse en la elección el que pinta la realidad más seductora, por mucha mugre que se vaya acumulando bajo la alfombra. Y al contrario, aquellos que se dan cuenta del enorme problema que se está incubando a futuro (y que ya está dando problemas en la actualidad) y proponen medidas para mitigarlo, suelen no ganar en las urnas, y en caso de hacerlo, su popularidad suele caer por los suelos, al tener que tomar medidas molestas o incluso dolorosas para la población, a fin de intentar solucionar dichos problemas.

De esta manera, pareciera que por regla general, el actual sistema democrático no está hecho para recibir malas noticias. Al contrario, todo tiene que ser a pedir de boca, sólo beneficios, pero sin costos. O si se prefiere, con un Estado que presta cada vez mayor cantidad de servicios y reparte más y más bienes, como si sacara los recursos de un saco sin fondo e infinito. Así entonces, lleva las de ganar casi siempre quién da más.

Es como si una persona o una familia gastara permanentemente mucho más de lo que gana, endeudándose de manera creciente y sostenida, sin estar dispuesta a cambiar su nivel de vida ni al menos mitigar sus deudas. Sin embargo y como resulta evidente, más tarde o temprano su economía colapsará, y puede acabar perdiéndolo todo, fruto de esas deudas.

Algo parecido ocurre hoy con los Estados, no siendo Chile la excepción: el nivel de endeudamiento público es absolutamente irresponsable y monstruoso, adquirido para ganar las elecciones del momento, sin ninguna preocupación por lo que pueda ocurrir después, en unos pocos años.

“Todo para nosotros, nada para el futuro o los que vendrán después”, parecieran decir la mayoría de los votantes, que no están dispuestos a “apretarse el cinturón”, como suele decirse, pese a que el panorama global del país se vea cada vez menos halagüeño.

Y lo peor de todo es que los responsables no pagan los platos rotos, pues son los propios ciudadanos los que tendrán que solventar estas deudas con impuestos. Así, es como si alguien asumiera más y más deudas, pero el responsable de pagarlas fuera otro sujeto, pese a que ha sido el primero el real beneficiado con dichos recursos.

Así entonces, ¿qué se le dirá a las generaciones futuras cuando tengan que enfrentar este desastre? ¿A quién podrán reclamarle, cuando buena parte de los responsables se encuentren ya muertos? ¿Cómo será juzgada esta época, dado su egoísmo e irresponsabilidad para con ellos?

De cierta manera, y metafóricamente hablando, la próxima generación tendría todo el derecho para demandar a la actual por su mala gestión de los recursos y el enorme perjuicio que ello les generará. Sin embargo, esto es imposible, pues los responsables seguramente ya no existirán en ese momento.

¿Esperaremos a que el dique se rompa? ¿Tan ciegos estamos, que no somos capaces de velar por el futuro de nuestros hijos y nietos?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho, profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián y miembro del Capítulo Concepción de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.

Cuando la corrupción deja de sorprender

Por Álvaro Pezoa Bissières 

Un nuevo informe de la Contraloría ya no sorprende a nadie. Y ese es, precisamente, el problema.

El caso Fundaciones, las múltiples aristas del caso Convenios, las auditorías que han revelado graves deficiencias en el control de recursos públicos, las investigaciones por conflictos de interés y los reiterados cuestionamientos a distintos organismos del Estado han ido configurando un panorama inquietante. Son síntomas de un deterioro institucional que amenaza a un bien social que Chile edificó durante décadas: la confianza en sus instituciones.

Cuando las irregularidades dejan de escandalizar y la ciudadanía comienza a asumir que cada semana aparecerá un nuevo episodio de uso indebido de recursos públicos o de incumplimiento de los deberes funcionarios, el problema de fondo radica en la pérdida progresiva de los estándares éticos que sostienen la vida republicana, donde la falta de probidad deja de ser una excepción para convertirse en parte del paisaje cotidiano.

Durante mucho tiempo creímos que la corrupción era un fenómeno ajeno, propio de países con instituciones débiles. Chile parecía haber desarrollado una cultura distinta, donde la probidad, el respeto por la ley y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública constituían parte de nuestra identidad institucional. Hoy esa certeza se ha debilitado peligrosamente.

Cuando esto ocurre, se erosiona la confianza, uno de los bienes más valiosos para el desarrollo de un país. Las instituciones siguen existiendo formalmente, pero pierden la legitimidad que les permite cumplir adecuadamente su misión.

En este contexto, el creciente protagonismo de la Contraloría General de la República permite una reflexión especial. Sus auditorías y dictámenes han contribuido a revelar deficiencias que de otro modo permanecerían ocultas. No obstante, ninguna Contraloría, por eficiente que sea, puede reemplazar la integridad personal de quienes administran recursos públicos.

Las leyes, los controles y las sanciones son indispensables. Sin embargo, nunca serán suficientes. La probidad comienza mucho antes que la fiscalización. Nace de la convicción de que ejercer una función pública significa administrar bienes que pertenecen a todos y se debe responder por ellos con un estándar ético superior.

La probidad no admite dobles estándares ni puede depender del color político de quien infringe las normas. La integridad deja de ser un principio cuando se transforma en una herramienta de conveniencia.

Recuperar la calidad institucional exige fortalecer los organismos de control, mejorar la transparencia y sancionar con rapidez las conductas indebidas. Pero demanda, sobre todo, reconstruir una cultura donde la honradez vuelva a ser un deber elemental y no una virtud excepcional.

Las instituciones no colapsan de un día para otro. Se debilitan lentamente, cada vez que una falta queda impune, una responsabilidad se diluye o un abuso encuentra justificación. Del mismo modo, su recuperación comienza cuando la probidad deja de ser un discurso y vuelve a convertirse en el fundamento irrenunciable del servicio público y de la vida democrática.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el sábado 4 de julio de 2026.

La deuda de $28 millones que acumuló Cariola con Bo Yang por departamento en Providencia

Yerko Roa Núñez

Periodista del equipo de Investigación de BioBioChile.

Lunes 06 julio de 2026 | 06:00
Investigación

Antecedentes bancarios contenidos en el expediente judicial contra la senadora Karol Cariola evidencian que la parlamentaria comunista no sólo mantenía una cercana relación de amistad con Bo “Emilio” Yang, sino que además arrastraba una millonaria deuda con él. Se trata del mismo empresario chino —con amplias redes en Chile— por el que Cariola abogó frente a la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), y quien fungió como “intermediario” del arriendo del departamento donde residía la congresista. Según antecedentes obtenidos por la Unidad de Investigación de Bío Bío, Cariola pagó la deuda recién después de que el caso explotó, con dineros de un familiar.

La senadora Karol Cariola acumuló una deuda de cerca de $28 millones con el ciudadano chino Bo Yang por el departamento que arrendaba en Providencia. Desde el entorno de la parlamentaria aseguran que habían acordado previamente que ella cancelaría el total de las cuotas pendientes, diferencias del valor de arriendo y otros conceptos al finalizar el contrato.

La legisladora del Partido Comunista (PC) arrendó el inmueble de calle Suecia entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de marzo de 2025. De acuerdo con la declaración de Cariola en la causa que lleva adelante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, por posible tráfico de influencias, Bo “Emilio” Yang fungía como intermediario entre Cariola y el verdadero dueño, el también ciudadano chino Hong Chen.

—Hicimos un contrato verbal con Emilio, es decir, Emilio como intermediario —aseguró Cariola—. No hicimos contrato escrito porque parece que el dueño estaba fuera de Chile y Emilio me dijo que bastaba el contrato verbal.

Por diferencias en el valor del arriendo y meses impagos la deuda fue subiendo hasta que Cariola la saldó mediante un cheque por $28 millones en julio de 2025. Para ello contó con el apoyo de un familiar, quien le prestó $20 millones que habrían sido obtenidos mediante un crédito bancario.

La patente de alcoholes

La investigación por tráfico de influencias se abrió luego de un peritaje al celular de la exalcaldesa de Santiago y hoy diputada, Irací Hassler, por la causa Sierra Bella. Del dispositivo se extrajeron conversaciones de febrero de 2022 con Karol Cariola, en que esta última le preguntaba por la situación de un local al que no le habían renovado la patente de alcoholes, Chinamart, ubicado en Gorbea 2727.

—¿Tú crees que se pueda hacer algo? ¿Darles un plazo adicional para que paguen ahora y no los clausuren? —consultó Cariola.

La hoy senadora le comentó a Hassler que el negocio era propiedad de uno de sus “amigos chinos empresarios”, haciendo referencia a Bo Yang. En realidad, Yang sólo servía como una especie de lobista, ya que los dueños eran los empresarios Xinping Wang y Gongxiang Chen. A pesar de que Hassler instruyó al coordinador del Departamento de Actividades Comerciales, Reynaldo Morales, que contactara a Yang para buscar una solución, finalmente la determinación se mantuvo.

Según la declaración de la misma Cariola, la relación con Yang se remontaba a unos meses antes, a fines de 2021, cuando el empresario le envió una postal navideña y le solicitó poder conversar, debido a que la entonces diputada era vicepresidenta del Comité Interparlamentario de Amistad Chileno-Chino. Así, fijaron un almuerzo por esas fechas en un restaurante de la zona oriente de Santiago:

—En esa conversación él me comentó sobre su interés en la política nacional —recordó Cariola—, dado que estudiaba ciencias políticas, también me contó sobre cómo había vivido su estadía en Chile, y algunos aspectos de su vida personal y familiar. Posterior al encuentro que fue amistoso y cordial, con el tiempo seguimos construyendo un vínculo cercano, dado que ambos estábamos viviendo cosas similares en lo personal.

Por sobre el millón de pesos

Cariola comenzó a buscar un nuevo departamento en Santiago a fines de 2021. De acuerdo con su declaración de diciembre del año pasado, el dueño del inmueble en que vivía le había pedido finalizar el arriendo, por lo que ella empezó a preguntar entre sus amigos si conocían opciones, entre ellos Emilio Yang. El empresario le envió información sobre la vivienda de calle Suecia en Providencia:

—Emilio me indicó que el departamento era de un amigo de él, no me dijo el nombre —comentó Cariola—. El precio era $950 mil, más gastos comunes.

Pero al poco tiempo hubo problemas. La diputada recuerda que Yang le informó que había existido una confusión: el arriendo en realidad era de $1.150.000.

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Cariola le dijo que le debía respetar el precio acordado, ya que ella no tenía presupuestado pagar por sobre el millón de pesos. Además, se había dado cuenta de que los gastos comunes eran bastante caros, por sobre los $300 mil mensuales:

—Le dije que buscáramos una fórmula para pagar la diferencia que se había generado en el monto de la renta, ya que no podía pagarlo en ese momento —explicó Cariola a los investigadores—. Lo que acordamos fue que se acumulara una deuda que se iba a pagar al final del contrato. (…) No sé cuál era el acuerdo de Emilio con el dueño, sólo sé cuál era el acuerdo de Emilio conmigo.

16 meses

De acuerdo con los registros a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío, luego de haber pagado $1.150.000 durante marzo y abril de 2022, la parlamentaria comenzó a depositar $950 mil en mayo. En su declaración, Cariola reconoció que a la deuda se fueron acumulando cuotas impagas por su “desorden financiero”, pero que lo conversó con Yang y le pidió que las “sumara al final del contrato”. Ese día llegó el 31 de marzo de 2025. El 3 de ese mismo mes el domicilio de Cariola había sido allanado por el Caso Chinamart mientras se encontraba en trabajo de parto.

La Unidad de Investigación tuvo acceso a un registro de las transferencias de Cariola a Fanáticos X Coo. Antes del pago final que habían acordado para saldar la deuda acumulada, la diputada había transferido sólo en 16 de los 37 meses que transcurrieron durante la vigencia del contrato.

—Al final terminé pagando un monto total de $28.145.091, los que pagué a través de un cheque nominativo y cruzado a nombre de Fanáticos X Coo —atestiguó Cariola.

Bo Yang confirmó el pago en una constancia de cancelación de deudas por arrendamiento firmada en la Octava Notaría de Santiago. Entre otros puntos, el documento menciona que el arriendo inició el 1 de marzo de 2022 y acabó el 31 de marzo de 2025, con un “canon de arrendamiento” de $1.168.230 mensuales. Según el escrito, el desembolso final correspondía a “rentas de arrendamiento que se encontraban pendientes”, e incluía $520 mil por la indemnización de término anticipado de contrato.

O sea, sin contar ese concepto la deuda alcanzó los $27.625.000.

Sin embargo, desde el entorno de la parlamentaria aseguran que no debía los 21 meses en que no constan depósitos a Fanáticos X Coo, sino menos. Según comenta una fuente de su círculo, habían llegado a un acuerdo para que pagara solamente por aquellos periodos en que efectivamente ocupaba el departamento. Por ese entonces, Cariola pasaba la mayor parte del tiempo en Viña del Mar. Además, plantean que en el cálculo final de la deuda se incluyeron otros conceptos, como arreglos, y que todo se hizo en los términos acordados con Yang.

—La senadora explicó con claridad ante el fiscal que estaba pactado previamente en el acuerdo contractual la modalidad de pago de varios ítems relativos al costo del departamento, y que este se realizaría al cierre del contrato de arriendo con todas las compensaciones correspondientes al término anticipado —comenta el abogado de Cariola en la causa, Juan Carlos Manríquez—. El monto total y los detalles fue acordado entre los abogados de ambas partes y fue pagado íntegramente por la senadora, tal como se acredita.

Consultado sobre este tema, el abogado de Bo Yang, Luis Inostroza, comentó por escrito que en este caso estaba todo en regla:

—El cierre del contrato está apegado a los términos del acuerdo entre las partes, esto ya ha sido explicado, como consta en la carpeta de investigación en forma y fondo y es perfectamente ajustado a derecho —aseguró Inostroza.

Préstamo de $20 millones de primo y cumpleaños con Yang y presidente Boric

Luego de prestar declaración, Cariola entregó copia de distintos documentos bancarios relacionados al arriendo del departamento, incluido el cheque por $28 millones.

Igualmente, facilitó un vale vista de Scotiabank, de fecha 11 de julio de 2025, mediante el cual un primo le entregó $20 millones. Ese dinero sirvió para que cancelara su deuda con Bo Yang.

—Los fondos utilizados provienen de recursos propios y de un crédito bancario adquirido por un familiar, que es pagado por la senadora mensualmente en cuotas —detalla al respecto el abogado Juan Carlos Manríquez—, ya que por razones personales propias del momento que vivía, no contaba con las condiciones de salud para hacer el trámite por sus propios medios. Por eso recibió el apoyo de su familia.

Aparte de la situación del arriendo, los depósitos de Cariola a la compañía de Bo Yang dan cuenta de que el empresario chino actuó también como intermediario para la celebración del cumpleaños de la parlamentaria en abril de 2022. Un festejo en el restaurant Bellorín de Providencia al que incluso asistió el recién asumido presidente de la República, Gabriel Boric.

—Emilio conocía el restaurante porque vive cerca —aseveró Cariola—. Yo estaba buscando local para celebrar mi cumpleaños y entre las personas a quienes les pregunté estaba Emilio y él me dijo que conocía ese restaurante y me dio el dato.

Yang confirmó la reserva y, dado que conocía al dueño, ella le depositó $700 mil para que a su vez los transfiriera al propietario por la celebración.

—Él participó del cumpleaños, aunque un rato breve, después se fue, ya que no nos conocíamos tanto en ese momento, quizás se sintió un poco incómodo —declaró Cariola.

Bo Yang en el ojo del huracán

Aparte de Chinamart, Cariola también contestó sobre otra gestión que realizó luego de una petición de Bo Yang, una intervención en octubre de 2022 ante el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por un ciudadano chino que había sido retenido a su llegada al país en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

—No tenía ningún interés personal por el ingreso de este ciudadano extranjero —afirmó Cariola—. Emilio Yang me comentó que esta persona estaba retenida (…) en el aeropuerto por haber perdido sus documentos. (…) Me planteó que podía ser una vulneración de derechos. Ante esa situación yo decidí consultar al subsecretario del Interior cuál era la situación de esta persona, quien me respondió que la persona tenía antecedentes criminales graves y le dije que entonces tenía que salir del país si eso era así.

Se trataba del ciudadano chino Pingyingdi Weng, quien había sido condenado por facilitación de la prostitución internacional y contra quien se había emitido un decreto de expulsión. Weng logró ingresar a Chile el 10 de octubre, luego de más de 72 horas retenido. La PDI se dio cuenta de que debía cumplir tres años de condena bajo el régimen de la libertad vigilada intensiva antes de que entrara en vigencia el decreto de expulsión.

—La consulta de mi representado fue en su calidad de dirigente gremial —asevera Luis Inostroza, abogado de Bo Yang—. Con todo, de acuerdo con los antecedentes de la carpeta de investigación, este ciudadano obtuvo aclaración de su situación a través de un recurso de amparo y con posterioridad realizó una actividad migratoria normal en nuestro país, sin inconvenientes ni administrativos ni de otro tipo.

Por otro lado, de acuerdo con Informe Especial, el principal socio de Chinamart fue acusado por una mujer de nacionalidad china de estar detrás de una red de trata de personas y explotación sexual. Además, el mismo medio apuntó que el domicilio comercial de Fanáticos X Coo, en Conferencia 328, fue allanado durante la indagatoria de la mafia china, por ser también la dirección de una de las firmas investigadas, Sinocorp.

Al respecto, Inostroza comentó que Bo Yang no posee participación en Chinamart y que los hechos mencionados “no corresponden en nada” a su cliente. Sobre el allanamiento añadió que se trataba del domicilio de la compañía de contabilidad Sinocorp Consulting, a la que Bo Yang junto con otros ciudadanos encargó la conformación de otra sociedad, con el mismo nombre de Fanáticos X Coo.

—Esta sociedad posterior y que no es objeto de investigación nunca funcionó ni tuvo iniciación de actividades —aseguró.

La declaración completa del abogado de Bo Yang a continuación:

En relación con el cierre del contrato de arriendo, éste está apegado a los términos del acuerdo entre las partes, esto ya ha sido explicado, como consta en la carpeta de investigación en forma y fondo y es perfectamente ajustado a derecho.

En cuanto a la situación del ciudadano chino que se encontraba retenido en el aeropuerto de Santiago, la consulta de mi representado fue en su calidad de dirigente gremial. Con todo, de acuerdo con los antecedentes de la carpeta de investigación, este ciudadano obtuvo aclaración de su situación a través de un recurso de amparo y con posterioridad realizó una actividad migratoria normal en nuestro país sin inconvenientes ni administrativos ni de otro tipo.

En cuanto a la vinculación que usted plantea de la sociedad de mi cliente, objeto de esta investigación, con una empresa de contabilidad, mi representado nada tiene que ver con esa dirección ni menos con una causa que diga relación con estos hechos, por lo tanto, es impropia cualquier vinculación de este tipo. Solo para efectos de aclaración de esta confusión, podemos indicar que en el año 2019 mi representado junto con otros connacionales, encomendó profesionalmente a la empresa de contabilidad Sinocorp, la constitución de una sociedad distinta y homónima a la ya existente. Es en este marco que se consignó por la empresa de contabilidad Sinocorp y respecto de todos los socios de esta sociedad en creación, el domicilio que usted indica en su consulta, como sucede normalmente en estos encargos profesionales, practica que no es excepcional y sucedió con muchos otros clientes de esta consultora. Con todo, esta sociedad posterior y que no es objeto de investigación, nunca funcionó ni tuvo iniciación de actividades.

En cuanto a las vinculaciones que se pretenden hacer respectos de socios o de la propia sociedad Chinamart con mi representado con hechos distintos a la presente investigación, no corresponden en nada a mi cliente, no siendo él, ni representante ni socio de Chinamart, por lo que no corresponde referirse, dado que no tiene ni interés ni participación en la misma.

Para todos los efectos me es importante aclarar que mi representado no tiene ninguna otra vinculación ni otra calidad procesal por otra causa penal diferente a la comentada al inicio de este comunicado.