Opinión del Cardenal:

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*El Mal se Corta de Raíz.*

Cristián Labbé Galilea

Cada vez que asesinan a un Carabinero el país se consterna, sobran las declaraciones de repudio, y suele ocurrir que a la gran mayoría de la comunidad le pasan desapercibidas las sesgadas acciones del cuestionado Instituto Nacional de Derechos humanos, (INDH).

Es lo ocurrido recientemente con el caso de funcionarios del INDH que, para supervisar las condiciones en que se encortaban, visitaron a Carlos E. Cancino T., alias “El Rana”, imputado por el asesinado del cabo Eugenio Naín; este delincuente protagonizó recientemente el asesinato a mansalva del cabo Marcos Cosme Barquero, además de otra serie de graves delitos donde habría pruebas de la participación del mismo terrorista. Ejemplos como estos sobran.

El hecho constituye la prueba más concluyente para comprobar el sesgo de dicha Institución, y la necesidad que las autoridades nacionales no duden ni esperen más para ponerle fin a una organización que se ha convertido en una peligrosa madriguera de Comunistas y de izquierdistas radicales. Aquí no caben “las medias tintas”, ni bastan reorganizaciones que se presenten como meras reformas a su estructura y funcionamiento.

No se nos puede olvidar que su marcado sesgo izquierdista viene desde sus orígenes, ya que su materialización se concretó durante el periodo de Bachelet (2009), quien después se convierte en la “madrastra” de los derechos humanos en la ONU.

Sepa mi ilustrado lector que el INDH nos cuesta a los contribuyentes miles de millones de dólares anuales, que mantienen a más de doscientos activistas repartidos en las 16 oficinas regionales más los de la oficina central. Es válido preguntarse… ¿Cuánta obra social se podría hacer con esa cantidad de recursos?

Para estos burócratas enquistados en el aparato del Estado, sólo tienen derechos humanos los violentistas, los delincuentes y los terroristas. Nunca se les ha visto ejercer ninguna acción en defensa de aquellos octogenarios soldados privados de libertad por procesos espurios, y que han sido condenados a un “injusto geriatricidio” sin que de ellos se diga ni una sola palabra, ni siquiera por caridad cristiana. Los militares y las fuerzas de orden, para ellos, no tienen DD.HH.

A juicio de esta pluma, aquí la solución no pasa por “una simple poda” a través de una reforma de su orgánica y funcionamiento, ni siquiera reduciendo sus facultades. Sólo cabe “arrancarlo de cuajo”, ya que ha actuado desde sus orígenes con una parcialidad política inaceptable en una institucionalidad como la nuestra, que cuenta en su estructura con mecanismos que debieran preocuparse de una “Justicia Justa”.

Finalmente, sólo cabe esperar que, ante esta fragrante violación a la justicia y a la implacable persecución a los miembros de las FF. AA., injustamente prisioneros del odio y la venganza, el actual gobierno tome “la sartén por el mango” y dé señales claras sobre la situación de aquellos veteranos soldados “entregados a su suerte” y, particularmente, sobre el futuro del mal llamado INDH… *El mal hay que córtalo de raíz.*

Una verdad absoluta:

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