LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA: Una tarea pendiente.

El día 22 de agosto del año 1973, la Cámara de Diputados de Chile declaró inconstitucional el gobierno marxista del Presidente Salvador Allende. Situación que dio paso a una serie de presiones políticas hacía las Fuerzas Armadas (Presiones encabezadas por Don Patricio Aylwin Azocar), que terminaron con el golpe de estado o pronunciamiento militar de fecha 11 de septiembre del mismo año.

Desde el mismo día 12 de septiembre de 1973, la izquierda comenzó a planificar su retorno al poder, y lo hizo a través de dos frentes:

1.- El militar: A través de las guerrillas, grupos subversivos y terroristas cuyo objetivo era derrocar al gobierno militar, lo cual se materializó con asesinatos, secuestros y torturas a miembros del Gobierno, a funcionarios de las FF.AA, Carabineros y sus familias.

2.- El civil: Este frente fue más metódico y claramente efectivo porque consistió en formar profesionales afines a su ideología,  con un plan a largo plazo, el cual les permitió infiltrarse en todas y cada una de las instituciones de nuestro país. Además, y gracias a los exiliados, lograron ganarse la empatía del resto del mundo, victimizándolos y restándole cualquier responsabilidad en la debacle que vivió Chile en los años 70’.

¿Existe una conexión entre ambos frentes? Claro que sí, toda vez que la justicia al ser política, justifica a los guerrilleros, terroristas y grupos subversivos que combatieron en contra del gobierno de Pinochet; al hacerlo, adquieren la categoría de víctimas, de mártires y de héroes, porque luchaban contra una dictadura irracional y malvada. Por esa razón, el Ministro Carroza considera como víctima a Miguel Henríquez, un delincuente que días antes del enfrentamiento que le costó la vida, asaltó a un banco y encañonó a personas inocentes, ¿Le importó ello al Sr., Ministro? No, porque estamos en presencia de un “Luchador Social” que recaudaba dinero para financiar el “retorno de la democracia”. Eso ocurre cuando en Chile no existe un real contrapeso histórico de los hechos.

Retomando el análisis, es gracias a esa planificación que hoy en día, independiente del gobierno que esté de turno, es la izquierda quien tiene el control absoluto de las instituciones, sobre todo, del Poder Judicial, cuyos funcionarios, jueces de primer y segundo grado son todos afines a sus postulados.

Cabe hacer presente que nosotros como ONG ODNAVE no criticamos el fondo de los hechos, al contrario, solidarizamos con las víctimas de torturas, desapariciones y asesinatos, sea cual sea la ideología política o institución a la que pertenecieron. Nuestra crítica es de forma, ya que consideramos que lograr algo tan noble como “hacer justicia” no puede llevarse a cabo a través de actos injustos, como dice Platón: “La peor forma de justicia es la justicia simulada”.

Ahora, y centrándonos en lo meramente jurídico, ¿Cómo se llegó a la actual persecución política que tiene a más 1300 funcionarios de las FF.AA, Carabineros e Investigaciones procesados y a más 180 personas privadas de libertad?, hagamos un pequeño análisis histórico de los hechos.

Al término del Gobierno Militar, asume como Presidente de Chile, Don Patricio Aylwin Azocar, uno de los precursores intelectuales del 11 de septiembre, y en ese entonces  representante y líder de la Concertación (Actual Nueva Mayoría).

La izquierda chilena desde el momento que tomó el poder inició una persecución penal en contra de todos los que ellos consideraban responsables de los atropellos a los derechos humanos a los cuales fueron sometidos sus partidarios.  Ya sea desde homicidios, torturas, secuestros y otros delitos. Dejando fuera de esta persecución penal a los responsables de las muertes, torturas, secuestros y otros delitos cuyas víctimas fuesen funcionarios de la Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones o civiles partidarios del Gobierno Militar. Un caso ejemplar es el del actual Diputado por el Partido Comunista Guillermo Tellier y el actual Concejal de la Municipalidad de Puente Alto César Bunster Ariztía, ambos reconocen públicamente su participación en el atentado en contra de Augusto Pinochet (Que terminó con 5 muertos y 11 heridos), de hecho, y según ellos, dicho acto, vale decir matar a 5 personas y herir a otras 11  “Fue un acto patriótico”.  Al respecto, la justicia chilena decidió no realizar persecución penal alguna.

Inicialmente, el objetivo fundamental de la justicia política implantada por la izquierda chilena apuntaba a poner tras las rejas a los que ellos consideraban autores intelectuales de las violaciones a los derechos humanos, en especial a la figura de Augusto Pinochet Ugarte y su cuerpo de generales. Sin embargo, a medida que dichos “cabecillas” fueron muriendo, el odio irracional y la sed venganza camuflada bajo la chapa de una necesidad de “Justicia y Compensación”, se trasladó hacía todo aquel que prestó servicios en las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones entre los años 1973 y 1989.  Da lo mismo si era guardia, administrativo, chofer, etc. Sólo por pertenecer a una de las instituciones antes mencionadas en dicho período de tiempo le corresponde una sanción penal.

¿Cómo se llegó entonces a la actual aplicación de justicia que permite privar de libertad a cualquier persona sin que se acredite su real participación en los hechos?

1.- A través de la creación de la ficción jurídica del secuestro permanente.

2.- Contraviniendo las normas del debido proceso: Se dictan sentencias fundadas sólo por presunciones, o se considera autor del delito de homicidio calificado a un funcionario de bajo rango que sólo fue chofer o guardia, etc; y cuyo grado de participación penal en el hecho es nula.

3.- Tipificando a través de una viciosa y errada aplicación del Ius Cogen como delitos de lesa humanidad a los hechos ocurridos entre los años 1973 y 1989 donde las víctimas fuesen partidarios de la izquierda.
Dicha aplicación dolosa y viciada del Ius Cogen omite además la conceptualización que la jurisprudencia internacional le otorga al delito de lesa humanidad.
Sin embargo, a la justicia política chilena poco o nada le importa, porque logran obtener la imprescriptibilidad de los hechos y con ello procesar y condenar a quien se les ocurra.

4.- Manteniendo un círculo vicioso: Todas las instituciones estatales hoy en día están dominadas por la izquierda y sus operadores políticos, resultado, tienen a un anciano de 92 años de edad con alzhéimer, que de acuerdo a las pericias realizadas posee plena capacidad para cumplir condena.

Estamos FRENTE A PROCESOS POLÍTICOS no JURÍDICOS, por eso, son muy pocos casos los que logran una sentencia absolutoria, en la gran mayoría, el caer frente a un ministro en visita es ser un futuro condenado a muerte.

¿Frente a este magro escenario, existe una solución? Sí, porque afortunadamente la gran mayoría de los chilenos, en especial aquellos que fueron víctimas y los que hoy sufren por la irracionalidad política desean sentarse a dialogar.

No es sano para nadie cargar con cruces del pasado y es injusto para nuestros descendientes que hereden el odio y la irracionalidad que nos tiene divididos desde el año 1973.

No existe voluntad política, pero si ciudadana de cerrar este doloroso ciclo, bajo esa premisa es necesario actuar con fuerza y decisión y acabar con las premisas “Justicia no es venganza” y “Ni perdón ni olvido”.

Es momento de hacerse cargo de nuestra historia y organizar una mesa de diálogo ciudadana, sin políticos que la contaminen, que nos permita buscar mecanismos y cursos de acción para lograr una real transición a la democracia.

Pero eso no basta, se necesitan soluciones concretas y reales si queremos lograr una segunda y definitiva transición a la democracia. Bajo esa premisa y al no existir interés político en cerrar este doloroso ciclo, como ONG ODNAVE viajaremos por el mundo solicitando la mediación de varios líderes políticos a objeto de poner término a este duro ciclo que hoy en día divide al país; además, denunciaremos mediáticamente y jurídicamente todas las aberraciones procesales que se cometen en nombre de la justicia.

Este análisis es el puntapié inicial para una serie de acciones que en otros correos detallaremos.

Sin otro particular, se despide atentamente:

César Antonio Flores Muñoz

Presidente

Organización No Gubernamental de Defensa de los Niños y Ancianos Vulnerados por el Estado “ODNAVE”.