*La Verdad se Abre Paso*

Por Cristián Labbé Galilea

Las mentiras pueden imponerse durante un tiempo; la verdad, en cambio, tiene “la maldita costumbre” de abrirse paso. Puede ser silenciada, tergiversada o despreciada, pero tarde o temprano termina golpeando la puerta de la historia. Eso es precisamente lo que comienza a ocurrir con los sucesos de octubre de 2019.

Durante años, el país fue inducido a aceptar un relato único: la violencia que incendió iglesias, destruyó infraestructura crítica, paralizó ciudades y puso en jaque el orden institucional, no fue más que expresión espontánea de descontento social. Sin embargo, el paso del tiempo empieza a mostrar que aquella explicación estuvo lejos de la realidad.

Sin duda, a mis inquietos parroquianos les interesa conocer la verdad de lo ocurrido en aquellos dramáticos días: quiénes promovieron la violencia, quiénes la organizaron, quiénes la financiaron, quiénes participaron en ella, y por qué las autoridades llamadas a preservar el orden público fueron incapaces —o no estuvieron dispuestas— a ejercer su deber de proteger la institucionalidad y el orden.

En ese contexto adquiere especial relevancia la Comisión Investigadora, constituida recientemente en la Cámara de Diputados para esclarecer los hechos de octubre de 2019. Sus sesiones han comenzado a aportar antecedentes y testimonios que ningún chileno debería ignorar.

Entre quienes han comparecido destaca el escritor y columnista Sergio Muñoz Riveros; sostuvo que los hechos obedecieron a un plan cuidadosamente preparado, cuyo primer objetivo habría sido instalar el caos y atacar directamente a Carabineros para neutralizar su capacidad de mantener el orden público. Según su exposición, las fuerzas policiales fueron convertidas en “el enemigo a derrotar”, porque su debilitamiento era condición indispensable para provocar un escenario de ingobernabilidad que condujera al quiebre institucional.

Muñoz Riveros fue aún más lejos, sosteniendo que los sectores de izquierda y afines convergieron en el propósito de provocar la caída del gobierno de la época. A su juicio, es imposible que una operación de tal magnitud surja de manera espontánea: requirió dirección, coordinación, logística y recursos económicos. En esa misma línea, afirmó que el ataque al Metro —que inutilizó 77 de sus 139 estaciones— constituyó la ejecución de un plan destinado a neutralizar la principal red de transporte de la capital y profundizar la crisis institucional.

A estos testimonios se sumó el del empresario Carlos Siri, propietario de la ex Fuente Alemana, uno de los locales más emblemáticos afectados por la violencia de aquellos meses. Siri cuestionó la actuación del gobierno de entonces por la falta de respaldo a Carabineros, y declaró ante la Comisión: “…deberían citar a las autoridades de la época para que expliquen por qué el gobierno de Piñera nunca apoyó a Carabineros…”. Su testimonio vuelve a instalar una interrogante que aún permanece sin respuesta: ¿por qué, teniendo el deber constitucional de resguardar el orden, las autoridades no lo ejercieron?

Finalmente, lo importante es exponer toda la verdad. Cuanto más acabado sea el conocimiento de lo ocurrido, más sólidas serán las decisiones que el gobierno deberá adoptar, entre ellas revisar, con sentido de justicia (indultos), resoluciones que aún permanecen postergadas y que afectan a numerosos funcionarios de las fuerzas del orden.

En breve, a juicio de esta pluma, cuando “la verdad se abre paso” … la justicia deja de ser una consigna y se transforma en un deber de la autoridad.