Admisibilidad y deber de revisión en el Estado de Derecho

El tribunal estimó que los hechos expuestos en la querella por eventual prevaricación imprudente presentan mérito suficiente para ser investigados, destacando la activación de los mecanismos de control y responsabilidad propios del sistema judicial.

14 de abril de 2026

Imagen: La Tercera

Con fecha reciente, el Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible una querella por el eventual delito de prevaricación imprudente, interpuesta por la abogada doña Carla Fernández Montero en representación del General (R) Carlos Oviedo Arriagada.

Dicha acción se dirige en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, señor Álvaro Mesa Latorre, en el contexto de una sentencia penal previa, y se funda —según lo expuesto en la propia querella— en eventuales irregularidades relacionadas con la valoración de la prueba y el cumplimiento de estándares exigidos por el ordenamiento jurídico.

Esta presentación se suma a una querella anterior, interpuesta por tres oficiales en retiro del Ejército, cuya tramitación se encuentra actualmente radicada en la Fiscalía de la Región de Los Ríos, por instrucción del Fiscal Nacional, instancia encargada de llevar adelante las diligencias investigativas correspondientes.

Entre los elementos que motivan estas acciones, se plantea la existencia de antecedentes que, de ser efectivos, podrían resultar relevantes para el análisis de la participación en los hechos materia de condena, cuestión que, conforme a Derecho, exige siempre una revisión fundada en prueba suficiente.

La resolución de admisibilidad no implica pronunciamiento sobre el fondo, pero sí supone que los hechos expuestos presentan mérito suficiente para ser investigados conforme a derecho. En consecuencia, su relevancia es institucional y jurídica.

Cabe consignar, además, que previo a dicha resolución, dos magistradas —doña Leticia Andrea Rivera Reyes y doña Carolina del Pilar Guzmán Muñoz— se declararon inhabilitadas para conocer del asunto, lo que evidencia la aplicación de resguardos propios del debido proceso.

Este tipo de situaciones, por su naturaleza, no puede analizarse de manera aislada. En los últimos años, el propio sistema judicial ha debido enfrentar investigaciones administrativas y penales respecto de actuaciones de integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, lo que ha derivado en sumarios, sanciones e incluso procesos judiciales en determinados casos.

Lo anterior no debilita a las instituciones; por el contrario, da cuenta de que existen mecanismos de control y responsabilidad que forman parte esencial del Estado de Derecho.

Si las alegaciones contenidas en estas acciones fuesen acreditadas, corresponderá su análisis conforme a las normas vigentes, en especial aquellas que resguardan principios estructurales del Derecho penal, como la legalidad, el debido proceso y la necesidad de fundar las decisiones judiciales en prueba suficiente.

El ordenamiento jurídico chileno contempla herramientas precisamente para estos efectos: revisar, corregir y, si corresponde, sancionar, siempre dentro del marco institucional.

En ese contexto, la admisibilidad de una querella de esta naturaleza debe entenderse como parte del funcionamiento regular del sistema de justicia, cuyo objetivo último es asegurar que las decisiones judiciales se ajusten plenamente a Derecho.

Lo relevante, por tanto, no es anticipar conclusiones, sino permitir que las instituciones actúen con rigor, independencia y apego estricto a las garantías que protegen a todas las personas.

Christian Slater

De mis apuntes de ética

Buenas noticias:

Se va jubilado pero con su conciencia sucia y muy pesada, el ministro Carroza,  uno de los más nefastos jueces del último tiempo.

Le hizo mucho daño al Poder Judicial en detrimento y perjuicio a Chile, a las FF.AA y, a la Ciudadanía, con la aplicación de la teoría liberal de la justicia, pasando por encima de la legislación chilena.

Pero la justicia a veces tarda pero llega y ahora deberá enfrentarla en el caso “Bielorusa”, al cual lo han vinculado en el último tiempo.

*La Justicia Asoma la Nariz*

Por Cristián Labbé Galilea

Con los años uno aprende que, en la vida pública, siempre terminan apareciendo episodios que no sólo desafían la lógica, sino la pulverizan. Casos jurídicamente aberrantes, políticamente impresentables y moralmente indefendibles… verdaderas arbitrariedades disfrazadas de legalidad.

Cuando se cree de verdad en el Estado de Derecho existe una obligación ineludible: denunciar estos hechos … sin matices, eufemismos ni miedo.

Lo ocurrido en tribunales las últimas horas es uno de estos casos.

Un general de 95 años, en estado de demencia, sin control de sus funciones básicas, sin conciencia de sí mismo ni de su entorno, que ha permanecido 18 meses hospitalizado, ha estado sujeto a una persecución judicial inhumana a pesar de que su situación médica está respaldada por cuatro informes del Instituto Médico Legal… “reconocidos incluso bajo el gobierno anterior”.

Aun así, ahora, “en este gobierno”, con el concurso de abogados de la actual Subsecretaría de Justicia, se han presentado sendos escritos, buscando que la justicia niegue a ese vetusto soldado el beneficio humanitario de ir a morir a su casa.

Es verdaderamente escandaloso comprobar que el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Justicia “del actual gobierno”, actúe “en la misma línea” que los abogados querellantes, ambos buscando invalidar los informes médicos que dan cuenta de la salud del nonagenario General … Demencial, por decir lo menos.

Señor Presidente, se ha hablado de justicia, no de revancha; de cerrar heridas, no de reabrirlas; de gobernar para todos, no de profundizar divisiones; se ha dicho que se acabaría con la persecución a los militares; que se buscaría solucionar los casos de soldados ancianos, y enfermos privados de libertad. Sin embargo, el propio Subsecretario de DDHH de su gobierno contradice todo lo dicho, al solicitar a la Corte que se niegue validez a los informes médicos del anciano General.

Es inaceptable —y hay que decirlo sin rodeos— que la Subsecretaría de Derechos Humanos “de este gobierno”, “de nuestro gobierno”, juegue con las mismas cartas que esgrimen abogados famosos por haber hecho de la persecución a militares su profesión.

Pero pareciera que la justicia “empieza a mostrar sus cartas”. Pocas horas antes de cerrar esta columna, entró un rayo de esperanza a iluminar estas líneas. Fue la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel quien, a pesar de la acción en contrario ya comentada, quien resolvió “por unanimidad” que el General no deberá continuar cumpliendo condena privativa de libertad y que deberá volver a su hogar junto a su familia.

Dado lo impresentable de la situación descrita, esta irritada pluma plantea a las máximas autoridades de gobierno que, para lograr un verdadero Estado de Derecho y para que impere una verdadera justicia, se debe al menos: investigar el actuar de la referida subsecretaría y revisar la existencia del INDH. Medidas como las descritas serán una señal que… “la justicia empieza a asomar su nariz”.