Política y gobierno:
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Mujer detenida por ataque a la ministra de Ciencias milita en las Juventudes Comunistas
Mujer detenida por ataque a la ministra de Ciencias milita en las Juventudes Comunistas
María Jesús Madariaga Rojas, ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, fue mencionada en el diario El Siglo -de propiedad de ese partido- como miembro de las filas del PC. Quedó sometida a arraigo nacional, prohibición de acercarse a la ministra Ximena Lincolao y firma quincenal.
por Diana Lozano Perafán20 abril, 2026
Tres de los presuntos responsables del ataque que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la sede Isla Teja de la Universidad Austral el pasado 8 de abril fueron detenidos hoy y serán presentados esta tarde en el Juzgado de Garantía de Valdivia.
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Los nombres de los tres capturados trascendieron de inmediato: Pablo Vásquez Burgos, estudiante de Bioquímica; Joaquín Monje Sazo, estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales; y María Jesús Madariaga Rojas, estudiante de Antropología.
Madariaga, quien fue presidenta de la federación de estudiantes de esa universidad en los años 2023 y 2024, es parte de las dirigencias estudiantiles del Partido Comunista.
Madariaga participó en la I Escuela Nacional de Dirigencias Estudiantiles de las Juventudes Comunistas de Chile en abril del año pasado.
«Las JJ.CC. hoy contamos con una importante presencia de dirigencias estudiantiles a lo largo del país. En educación superior (…) presidimos la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral en Valdivia con María Jesús Madariaga», publicó el El Siglo, medio de difusión de ese partido.
En la audiencia, que fue por el delito de atentado contra la autoridad, se estableció que la dirigente estudiantil comunista y los otros dos detenidos quedaran sometidos a las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la ministra y firma quincenal. La investigación tendrá una duración de 120 días.
Un regalo
Por Gonzalo Cordero
En la semana escuché a un parlamentario de izquierda argumentar en contra del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación económica, anunciado por el Presidente Kast en su primera cadena nacional. La principal crítica es extraordinariamente ilustrativa: la rebaja del impuesto de primera categoría, es decir, el que grava las rentas obtenidas por las empresas, sería “un regalo” a los más ricos de este país. El sheriff de Nottingham lo habría aplaudido de pie.
El criterio es bastante explícito y no hay razón para restringirlo a “los ricos”. Cada peso que usted, estimado lector, gana con su trabajo, y que el Estado no se lleva por alguna de las múltiples vías de recaudación tributaria, tiene que agradecerlo como un regalo. Emociona tanta generosidad.
Las preguntas de muchos periodistas, claramente de la mayoría, riman con el mismo criterio: ¿Cómo se va a compensar lo que el Estado dejará de percibir? ¿Usted, ministro, se beneficiará con esta medida, dejará de pagar contribuciones? ¿Por qué benefician a los ricos con una exención que no se aplica a los sectores más pobres, porque no pagan contribuciones? Y así podríamos seguir. En el fondo, todo apunta a lo mismo: nada es, en realidad, de las personas. Ni lo que ganan con el producto de su trabajo, ni su casa.
Todo, absolutamente todo se tiene por mera tolerancia del Estado, que gozaría de un derecho preferente sobre la universalidad de los bienes; porque, parece entenderse, se conciben destinados a una propiedad común, respecto de la cual la burocracia tendría el poder omnímodo de redistribuir como mejor le parezca. Esa idea de que el trabajo personal conduce al dominio es la perversión individualista del capitalismo, por eso la riqueza les irrita y la consideran expresión de una injusticia estructural.
Hasta ahora no he visto –tal vez ha sido mala suerte– a ningún periodista preguntar: ¿cuánto mayor crecimiento se espera de estas medidas? ¿Cuántos empleos se crearán? ¿Cuánto podrían crecer las remuneraciones? ¿Cuánto dinero quedará ahora en el bolsillo de sus dueños? ¿Cuántas personas de clase media se estima que dejarán de pagarle al Estado para vivir en sus casas? Eso sería ideológico. Con tono de fiscal, únicamente preguntan, de distintas maneras, pero siempre con inquisitivo tono de escándalo, “¿cuánto le van a quitar al Estado para dárselo a los ricos?”
La justificación es obvia y, por supuesto, esa no es ideológica: los derechos sociales. El riesgo sería que, por esta vía, nunca llegaremos al nirvana del estado de bienestar. Responder a eso da para otra reflexión, pero no hay que ser Premio Nobel de Economía para saber que creciendo al 2%, con nuestro PIB, no hay estado de bienestar posible. Pretender que se están defendiendo derechos sociales con un país que no crece es sencillamente un fraude.
La discusión tributaria es importante, pero sostener que rebajar impuestos es regalarle recursos a alguien es llevar las cosas a otro nivel, es poner en discusión las bases esenciales que hacen viable la democracia.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el sábado 18 de abril de 2026.
¿Hacerle a Kast lo mismo que a Piñera?
Por Sergio Muñoz Riveros
Las dificultades enfrentadas por el gobierno de Kast en las primeras semanas, además de los errores políticos y comunicacionales cometidos por algunos de sus representantes, crearon en sectores de la izquierda una temprana excitación respecto de la posibilidad de que el gobierno se deslizara hacia una crisis.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, al inaugurar el congreso ideológico de su partido, el 21 de marzo, llegó a decir: “Tenemos la pregunta de si eventualmente vamos a seguir teniendo democracia, si vamos a seguir teniendo derechos humanos”. Cuatro días después, la senadora socialista Daniela Cicardini pidió la renuncia del ministro de Hacienda. Como el impacto del alza de los combustibles provocó una inmediata caída del Gobierno en las encuestas, y además, los estudiantes secundarios no demoraron en salir a las calles, varios parlamentarios opositores sacaron cuentas alegres.
Es demasiado pronto para evaluar la gestión del Gobierno. Habrá que ver si avanzan o tropiezan sus principales iniciativas y, sobre todo, si la mayoría de la población siente que mejoran las condiciones de vida, en particular la seguridad y las perspectivas económicas.
No serán tiempos fáciles. Nadie sabe cuánto durará la guerra en el Medio Oriente, pero incluso si terminara hoy, sus efectos se sentirán por un tiempo prolongado. La inflación volverá a dar dolores de cabeza, en tanto que las posibilidades de crecimiento serán menos claras.
El Gobierno está obligado, por lo tanto, a procesar los diversos factores que pueden incidir en que su gestión sea o no exitosa. Y no le sirve la rigidez programática. Si determinadas medidas, concebidas para un escenario estable, asoman ahora como fuente de posibles conflictos, tendrá que descartarlas o adecuarlas a la realidad.
En este contexto, se pondrá a prueba la calidad de la política. El Gobierno está obligado a actuar dentro del orden constitucional y legal, pero eso mismo tiene que valer también para la oposición. La lealtad con la democracia no puede ser relativa ni fluctuante. No puede reeditarse impunemente la complicidad con la violencia de partidos que, aunque gozan de las ventajas del reconocimiento legal, en 2019 configuraron una tendencia inequívocamente golpista.
La cobarde agresión que sufrió en la Universidad Austral la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, debe interpretarse como un anuncio. Se trata de un intento de validar el ataque físico a los representantes del Gobierno con la excusa de que son expresiones del movimiento social. Como fue amplia la condena a esa agresión, volvimos a escuchar el estribillo de que “no hay que criminalizar la protesta”. La verdad es que, en el mundo de la izquierda, hay quienes están convencidos de que cuando gobierna la derecha, todo vale en su contra.
Habrá, pues, una corriente opositora contra Kast que aplicará el modelo usado contra Sebastián Piñera: un pie en la calle y el otro en el Parlamento. El énfasis dependerá de las circunstancias. El problema es que sus inspiradores creen que Chile es el mismo de hace seis años. Y no es así. No pasaron en vano la violencia octubrista, la Convención y el gobierno de Boric. De allí se derivan ciertas lecciones que la mayoría de la población tiene presentes, la primera de las cuales es que, para vivir en democracia, no puede haber ambigüedades frente a la violencia política.
Está garantizada la libre expresión de diversos puntos de vista sobre el desempeño del Presidente de la República y demás autoridades. El régimen de libertades tiene bases firmes y es amplia la comprensión de que es necesario un empeño nacional para reducir las desigualdades. No tiene sentido, entonces, difundir relatos atemorizantes como que “los derechos del pueblo están amenazados”. El país puede dar nuevos pasos en materia de cohesión social en los próximos años.
Algunos opositores parecen desear que el gobierno de Kast sea “lo más ultraderechista posible”, con el fin de avalar la narrativa de combate y la metodología que vimos en la Universidad Austral. Calculan que, si el Gobierno es presentado como aborrecible, se podrán justificar las funas, las campañas ofensivas y hasta la agresión directa.
No estamos condenados a repetir los errores costosos. Pero ello exige defender el pacto democrático sin veleidades. El negocio de la crispación política erosiona nuestra convivencia. Por lo tanto, es indispensable que el Gobierno muestre templanza y ductilidad, y que dialogue de modo fructífero con las fuerzas opositoras que estén dispuestas a establecer acuerdos que hagan progresar a Chile. Hay que aislar a quienes fomenten el espíritu de trinchera.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 15 de abril de 2026.