¿Igualdad ante la Ley?

El comunista Gutiérrez, dichoso porque regresó al país su compañero Carlos Arturo García Herrera. Este comunista participó en el atentado que costó la vida al Coronel Roger Vergara, hecho de sangre y favorecido con Conmutación de Pena que benefició a estos terroristas, por parte de los gobiernos de la Concertación , especialmente Aylwin.

Vea recibimiento en:

https://x.com/hugo_gutierrez_/status/2040438714376007895?s=46&t=XxkCgqf1w7HAOsVk55xHgg

Mismo beneficio que se niega ahora a los ancianos Uniformados que los combatieron y cuya vida se apaga e los penales Comunes.

¿¿Igualdad ante la Ley en Chile??

La historia del extremista  Carlos García:

Ex marino traidor con su institución al tratar de sublevarse contra la Armada de Chile por lo que estuvo detenido y liberado en 1976, Carlos  García retoma enseguida contacto con algunos camaradas del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) a los que conoció en prisión. Vuelve a vivir en Santiago donde se incorpora a los movimientos sociales que surgen después del Pronunciamiento Militar. «Hacia el 77-78 hubo una reactivación, especialmente del movimiento sindical. Pero la oposición no se detuvo ahí: «Como yo y otros compañeros teníamos una experiencia militar debido a nuestro paso por la Marina, el MIR nos propuso formar parte de un equipo de propaganda armada, un equipo de sabotaje. Y poco a poco comenzamos una guerrilla, lo que hoy niegan.

Entre las acciones dirigidas por esta célula figura el atentado de 1980 contra el teniente coronel Roger Vergara, director de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Para Carlos García esto fue un acto político, decidido colectivamente. «Habíamos asesinado a un responsable de la ‘Gestapo’ chilena» compara.

La “justicia” de los querellantes de “DDHH” en Chile 

La discusión no es médica. Es si puede reabrirse indefinidamente una cuestión que ya fue resuelta por los tribunales superiores. 

Hay una pregunta que no se formula en público cuando se habla de este litigio. Esta carta la formula ¿qué justifica que la parte querellante sostenga, reiteradamente y por escrito, que los informes periciales del Servicio Médico Legal son insuficientes para acreditar enajenación mental, en docenas de causas distintas, incluso después de que la Corte Suprema se pronunció en sentido contrario?

La respuesta no se explica desde el derecho, sino desde el resultado que esta estrategia produce: mientras los recursos se tramitan: las personas privadas de libertad envejecen, se deterioran y mueren en prisión. La consecuencia práctica de esta estrategia es que personas en estas condiciones terminan muriendo privadas de libertad, pese a lo que ordena la ley. La reafirmación de la justicia retributiva, libre de empíria.

La discusión no es médica. Es si puede reabrirse indefinidamente una cuestión que ya fue resuelta por los tribunales superiores. Ese es el núcleo del problema que esta columna documenta.

Los hechos del caso César Manríquez Bravo tiene 95 años. Fue condenado en causas de derechos humanos. No controla esfínter. No puede desplazarse sin asistencia. Requiere cuidado permanente las 24 horas. Lleva hospitalizado en el Hospital Militar de Santiago desde septiembre de 2024 -dieciocho meses- por patologías físicas graves.

Sobre su condición psiquiátrica existen cuatro informes periciales del Servicio Médico Legal, emitidos en forma independiente entre 2023 y Todos convergen: deterioro cognitivo psicoorgánico, síndrome demencial de mal pronóstico e irreversible, condición clínica equivalente a enajenación mental. Cuatro psiquiatras y un psicólogo forense del organismo técnico que la ley designa para pronunciarse sobre estas materias llegaron a la misma conclusión.

En base a esos antecedentes, la Ministra en Visita Extraordinaria Paola Plaza González resolvió en mayo de 2025 que el condenado no podía seguir cumpliendo pena privativa de libertad, aplicando los Arts. 687 y 692 del Código de Procedimiento Penal. El mismo criterio fue aplicado en cuatro sobreseimientos de primera instancia, confirmados por distintas salas de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Corte Suprema, en su fallo de 31 de diciembre de 2025 (Rol n° 24.317- 2025), pronunciándose sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso Vega González y otros vs. Chile, ordenó que el tribunal de ejecución procediera en los términos del Art. 687 del Código de Procedimiento Penal “de acuerdo con los antecedentes con que cuenta”, sin exigir nuevas pericias. No estamos ante una falta de antecedentes. Estamos ante la reiteración de informes concordantes que ya fueron valorados por los tribunales superiores, incluyendo la Corte Suprema.

La estrategia: impugnar los informes en decenas de causas, sin excepción.

Esto no es una inferencia. Es lo que los propios querellantes consignaron por escrito en su apelación ante la Corte de Apelaciones de San Miguel (Rol n° 226-2026): la parte querellante ha sostenido la misma posición de insuficiencia técnica respecto de los informes del SML “en decenas de casos”. La impugnación no responde a deficiencias específicas identificadas caso a caso. Es una posición aplicada en forma invariable a cualquier causa donde un condenado por violaciones a los derechos humanos solicita la aplicación del estatuto legal para enajenados mentales.

El efecto de esa práctica es verificable: se impugnan reiteradamente informes concordantes del SML incluso después de un pronunciamiento de la Corte Suprema. Cada impugnación genera nuevos plazos, nuevas pericias, nuevas instancias. El proceso se extiende. La privación de libertad continúa.

En personas de avanzada edad con patologías graves e irreversibles, la prolongación indefinida del proceso tiene una consecuencia médicamente predecible: la muerte.

Y la pregunta que esa práctica deja abierta es siempre la misma: ¿cuántas veces puede reabrirse una cuestión que el máximo tribunal ya resolvió?

La acusación de simulación: los hechos, no los adjetivos.

Cuando los cuatro informes periciales del SML no produjeron el resultado procesal que la parte querellante esperaba, se obtuvo un nuevo informe del Servicio de Psiquiatría del Hospital del Salvador.

Ese informe, según da cuenta el propio escrito de apelación de los querellantes, plantea la posibilidad de “actitud ganancial” -es decir, simulación- por parte del condenado.

Corresponde examinar esa conclusión frente a los hechos disponibles.

El condenado tiene 95 años. No controla esfínter. No puede mantenerse de pie sin asistencia. Lleva dieciocho meses hospitalizado. Cuatro peritos forenses del Estado, evaluando en momentos distintos y con metodologías distintas, concluyeron lo mismo. El propio informe del Hospital del Salvador reconoce

la ausencia de imágenes cerebrales propias de proceso degenerativo como factor a considerar -no como prueba de simulación- y codifica su diagnóstico como F09 según el CIE-10: trastorno mental orgánico. Su conclusión no es un diagnóstico. Es una sospecha, planteada en condicional.

Sobre esa sospecha -en condicional, sin diagnóstico, frente a cuatro pericias concordantes ya valoradas por la Corte Suprema- la parte querellante construyó su argumento principal para impedir la aplicación del Art. 687 del Código de Procedimiento Penal.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos

Humanos de las Personas Mayores -cuya autoejecutabilidad reconoció la Corte Suprema en ese mismo fallo de diciembre de 2025- prohíbe expresamente que las personas mayores privadas de libertad sean sometidas a condiciones más restrictivas que el resto de la población penal. Impugnar cuatro pericias concordantes con una sospecha no demostrada, para prolongar la privación de libertad de una persona de 95 años con deterioro cognitivo documentado, no es compatible con esa prohibición.

La misma magistrada, el mismo caso, resultado opuesto, sin cambio fáctico. El 4 de abril de 2025, la Ministra Paula Rodríguez Fondon integró la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó el sobreseimiento parcial y definitivo de César Manríquez Bravo por enajenación mental (Rol n° 993-2025). Su voto fue favorable a la aplicación del Art. 687 del Código de Procedimiento Penal. 

El 3 de febrero de 2026, la misma magistrada integró la Segunda Sala de la misma Corte que revocó la resolución de la Ministra Plaza González respecto del mismo condenado, por la misma condición de salud mental, exigiendo nuevas pericias por considerar los informes del SML insuficientes. Su voto fue contrario a la aplicación del Art. 687.

No se incorporó ningún antecedente médico nuevo entre una decisión y otra que justifique el cambio de criterio. El estado clínico de Manríquez Bravo no mejoró entre abril de 2025 y febrero de 2026: lo acreditan los propios registros de hospitalización continua desde septiembre de 2024. Los informes periciales son los mismos. El marco legal es el mismo. El condenado es el mismo.

Dos resoluciones opuestas, de la misma magistrada, sobre el mismo sujeto procesal, en el mismo estado de salud, separadas por diez meses, sin variación fáctica que las explique. Esa contradicción no requiere calificación adicional: se sostiene sola como hecho.

Lo que la ley establece y lo que esta estrategia produce.

El Art. 687 del Código de Procedimiento Penal no admite interpretación restrictiva: si el condenado cae en enajenación mental con posterioridad a la sentencia, el juez declarará que no deberá cumplir la sanción privativa de libertad. La norma no distingue según la naturaleza del delito. No contempla una categoría de delitos respecto de los cuales el estatuto para enajenados mentales quede suspendido.

La Corte Suprema, en el fallo de 31 de diciembre de 2025, fue explícita: el carácter de lesa humanidad de los delitos no puede llevar al Estado “a posicionar al recluso en una condición más restrictiva o inferior al resto”, ni “inaplicar un instrumento internacional que, en ningún pasaje, excluye su consideración a quienes hayan sido condenados por delitos de esta clase”.

Aceptar la lógica que subyace a la estrategia querellante implica introducir una excepción no contemplada por la ley: una categoría de condenados respecto de los cuales las garantías dejan de aplicarse.

No porque la ley lo diga. Sino porque el delito cometido lo justificaría.

Esa excepción no existe en el ordenamiento jurídico chileno. No la establece el Código de Procedimiento Penal. No la contempla la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No la autoriza la Convención Interamericana de Personas Mayores. No la ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No la fijó la Corte Suprema.

Lo que se está pidiendo, en términos precisos, es que el Poder Judicial cree esa excepción por vía interpretativa, sin respaldo normativo, aplicada a un hombre de 95 años con demencia irreversible y diagnóstico médico-legal acreditado.

Una última precisión.

Las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura merecen justicia, verdad y reparación. Eso no está en discusión.

Lo que está en discusión es algo más preciso: si una cuestión ya resuelta por los tribunales superiores puede ser reabierta indefinidamente mediante la impugnación sucesiva de informes periciales concordantes. Si la respuesta es sí, el principio que se quiebra no afecta solo a este caso. Afecta a cualquier persona privada de libertad respecto de la cual exista motivación suficiente para sostener la litigación más allá de lo que el derecho ha establecido.

César Manríquez Bravo fue condenado. Su condena fue revisada y aumentada por la Corte Suprema. Desarrolló una enfermedad neurológica grave e irreversible, acreditada por cuatro peritos forenses del Estado. La ley ordena que no siga privado de libertad. Los tribunales superiores, incluyendo la Corte Suprema, respaldaron esa aplicación.

La parte querellante ha interpuesto recursos para impedirlo en cada instancia disponible, con base en una sospecha no demostrada, frente a cuatro pericias concordantes ya valoradas por el máximo tribunal.

El derecho ya habló. La pregunta que esta carta deja planteada -y que corresponde responder a quienes sostienen esta estrategia- es por qué eso no alcanza.

Carla Fernández Montero.

Abogada penal y penitenciaria.

Defensora de César Manríquez Bravo.

El retorno de la izquierda golpista

Por Pablo Ortúzar 

Estudiantes secundarios adoctrinados por antiguos frentistas y miristas balbuceando consignas en las calles, interrumpiendo el transporte público e involucrándose en desmanes. “El que no salta es paco”. Representantes partidistas, como Daniela Ciccardini, del PS, pidiendo la renuncia de ministros. El Partido Comunista pronosticando que los movimientos sociales enfrentarán al gobierno, que la calle volverá, pero que ellos no tendrán nada que ver con eso. Se vienen, nos dicen, el 29 de marzo y el 1 de mayo. Jaime Quintana, el de la retroexcavadora y el parlamentarismo de facto, con la frase para el bronce. Organizaciones feministas, como la Coordinadora 8M, llamando a cacerolear por el alza del petróleo debido a la guerra. Andrea Repetto, supuesta tecnócrata moderada, repitiendo desde la UC que la plata está, que Kast “simplemente quiere reducir el tamaño del Estado”, que venga más deuda. Gael Yeomans, Constanza Martínez, Daniel Manouchehri y Emilia Schneider minuteando sin templanza que el gobierno de los ricos, que cómo si la guerra no la empezamos nos afecta. Diputados incluso más dudosos anunciando retiros. Jackson informándonos desde el púlpito, recién retornado de Barcelona, que esto es la ultraderecha. Jaime Bassa, Ericka Ñanco y Roberto Celedón votando en contra de subsidiar la parafina durante el invierno, para agudizar las contradicciones congelando pobres.

Todo esto es marzo de 2026, pero está hecho de retazos del 2018, el 2019, el 2020 y el 2021. Todo esto ya lo vimos, lo vivimos. Es la izquierda que no cree que la derecha pueda gobernar legítimamente, aunque ganen ampliamente las elecciones. Es la izquierda que trató a Piñera como un tirano, un dictador y un asesino. Los que pidieron su renuncia una y otra vez. Los que usaron el violentismo callejero como una escalera para llegar a La Moneda. Los que impulsaron una Constitución que despostaba a Chile. Los que instrumentalizan movimientos sociales, como títeres con las cuerdas al aire. ¿O dónde estaban las feministas para el caso Monsalve? ¿Dónde estaban para condenar al régimen femicida iraní? ¿Dónde estaban Ukamau y los otros grupos por la vivienda digna cuando la reconstrucción de Boric en Viña se mostró un desastre? ¿Dónde estaban la CUT y la ANEF luego de que el gásfiter Hugo Morales muriera en La Moneda después de trabajar 18 horas seguidas? ¿Dónde estaban los ambientalistas? ¿Todo bien con el agua y las zonas de sacrificio? ¿Todo bien en Quintero y Puchuncaví? ¿Dónde estaban los estudiantes indignados el 2024, cuando la OCDE volvió a confirmar que un 44% de los chilenos entre 16 y 65 años no entiende lo que lee ni maneja aritmética básica? ¿Dónde estaban todos estos indignados cuando, bajo Boric, se dispararon el transporte y la luz?

Por cierto, todavía quedan números en el repertorio 2018-2021. Faltan los informes de Engel y Pardow. Faltan los cálculos de Baeza-Yates. Falta el reportaje de Alejandra Matus con comentarios de Stingo. Faltan los matinales atizando la indignación. Faltan las noticias falsas (como la del centro de torturas en Baquedano) retuiteadas por periodistas experimentadas, como la misma Matus y Beatriz Sánchez. Falta Fernando Atria haciendo cosplay de Novoa Monreal. Falta la glorificación de los violentistas. Falta Delight Lab, los hermanos Gana, proyectando consignas en Plaza Italia.

Faltan cosas, pero hay suficientes para ver que la mayor parte de la oposición no aprendió nada en el gobierno. Que volverían a hacer lo mismo que hace ocho años, si pudieran. Que les encantaría imponernos la Constitución rechazada el 4S. No hay madurez, no hay mesura, no hay proporción. No hay república. Hay un deseo sin fondo por dominar el Estado y la sociedad. Se creen puros y ven el mal en los otros. Por eso todo, hasta servir comida, lo retuercen hasta inventarle una sombra.

¿Dónde está la derecha moderada? Se preguntan. Les respondo: ustedes querían ver a la calle derribando al presidente de ese sector hace menos de una década. Después tomaron el poder y nos dijeron, cuando el país rechazó su Constitución demente, que habían cambiado. Y aquí están, otra vez.

Señor Kast, está avisado.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el sábado 28 de marzo de 2026.

Restaurar la calma y el orden

Por Juan Ignacio Brito 

José Antonio Kast nunca ocultó que haría un gobierno restaurador. Su discurso ha destacado siempre más por lo que quiere recuperar que por lo que quiere imaginar. En el centro de esa promesa se ubica el rescate del orden. Muchos han elegido creer que eso solo significa enfrentar la inseguridad ciudadana. Pero esa es una lectura liviana, porque atravesamos por una crisis multidimensional y restablecer el orden perdido supondrá un esfuerzo mayor. Si se aspira a que la empresa restauradora resulte exitosa, esto debe ser presentado con sinceridad a la población.

En el centro del problema que enfrenta hoy el país coexisten una desorientación y un desbocamiento que han ido cobrando fuerza de a poco. La mediocridad del último gobierno fue solo una etapa consagratoria de la degradación creciente que viene sufriendo Chile desde hace un par de décadas. No solo se trata de numerosas políticas erradas y mala administración. El problema reviste una dimensión abarcadora que es urgente afrontar: en la base de nuestro desorden hay una crisis moral. Esta se manifiesta, entre otros males, en que nos hemos acostumbrado a vivir más allá de nuestras posibilidades y a demandar lo imposible del resto sin ser exigentes con nosotros mismos.

Recuperarnos será difícil, porque requiere sobriedad y disciplina, dos virtudes que hemos extraviado. No hay atajos para eludir la realidad: tal como les sucede a las personas, también le ocurre a la polis. Una enmienda de este calado requiere sacrificios.

La histeria de la que hemos sido testigos esta semana es una muestra práctica de la austeridad perdida: largas colas de automovilistas en las bencineras; parlamentarios que teatralizan indignación para pedir la renuncia al ministro de Hacienda; voces desesperadas en el oficialismo por un manejo comunicacional que prematuramente juzgan deficiente; rumores de reemplazos ministeriales; la reacción puntillosa de la Contraloría frente a una torpeza en las redes sociales del Gobierno; encapuchados que protestan en la plaza Baquedano.

¿Es necesario recordar que el Gobierno asumió hace poco más de dos semanas y que le quedan todavía otras 206? Sería razonable no anticiparse y darle algo de espacio a un Ejecutivo que recién se instala, evitando la corrosiva ansiedad que muestra la discusión pública por estos días. Hay que tener en cuenta que venimos de años de irresponsabilidad y que el orden no se improvisa.

Buena parte de la ansiedad ambiente es producto de la brusca alza de los combustibles que se verificó el jueves. Hay quienes reprochan al Gobierno por adoptar una terapia de shock y no haber amortiguado el golpe recurriendo a quién sabe qué recursos (inexistentes) en el erario. En una jugada políticamente riesgosa, el Ejecutivo prefirió transferir a costos el impacto del alza provocada por la guerra en el Golfo Pérsico. Es una decisión dura que ya está generando consecuencias, pero de una innegable responsabilidad fiscal. Envía un mensaje restaurador elemental: de aquí en más, solo se gasta lo que se tiene. Hay quienes acusan al Presidente de ser simplón, pero lo cierto es que volver a poner las cosas en su lugar no tiene nada de sencillo.

En definitiva, la restauración del orden que propone el Ejecutivo pasa por diluir una noción tan errónea como ingenua: que los costos de la recuperación los pagarían solo aquellos que se salieron de la fila. O sea, los delincuentes, los disruptores del orden público, los inmigrantes ilegales, los alumnos que protestan y no estudian, los funcionarios públicos que hacen trampa, los empresarios vivarachos, etc. La triste realidad, sin embargo, es que reponer el orden perdido nos saldrá caro a todos: costará sangre, sudor y lágrimas. Mientras antes lo asumamos, mejor nos irá. Es labor de un gobierno honesto comunicar con claridad esta verdad insoslayable.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el domingo 29 de marzo de 2026.

Historia Militar de Chile del Siglo XX.

Este Episodio 40. Muy importante para entender la intervención militar en septiembre de 1973.

Ojalá puedan compartirlo para que se sepa lo que realmente pasó.

SOBRE INDULTOS Y MEMORIALES

Por Humberto Julio Reyes

El día martes 31 de marzo del presente año, el abogado Luciano Fouillioux hapublicado una inserción en El Mercurio bajo el título “Ignorancia humanitaria”.

En ella se refiere a los temas que sirven de título a estas reflexiones, descartandode plano conceder indultos, aunque emplea el término “liberación”, a personas “sanas” que han cometido delitos de lesa humanidad. Por otra parte, aboga por proseguir con la expropiación de parte de la Colonia Dignidad a fin de construir otro sitio de memoria.

Los argumentos expuestos para respaldar sus puntos de vista me trajeron inmediatamente a la memoria las cartas que periódicamente ha publicado en el mismo medio la señora María Alicia Ruiz-Tagle Orrego quien, al día siguiente y sintiéndose interpelada, se refiere al indulto o liberación de “personas muy mayores, incapaces ya de causar daño alguno al estar muy enfermas o con fuerte deterioro cognitivo”, para que “puedan cumplir el resto de su pena en reclusión domiciliaria controlada”.

Quizás bastaría con esta precisión para pasar por alto el aparente error del señor Fouilliouix al referirse a los potenciales indultados como “personas sanas”, quizás producto de no estar interiorizado de la propuesta ley de cumplimiento alternativo de penas y de suponer que un conjunto de personas hacinadas principalmente en dos recintos penales, todas mayores de 70 años – los jóvenes conscriptos de 1973 ya sobrepasaron esa edad – gozan efectivamente de buena salud física y mental.

Pero, es previsible que siga ignorando todo llamado a “tender puentes humanitarios”, encomiable y desinteresado empeño de doña María Alicia, optando por contribuir a mantener una sociedad cada día más dividida y crispada, propósito en que los sitios de memoria son instrumentales.

Una treintena de esos sitios han sido autorizados, los últimos tres a días de la entrega del gobierno del señor Boric, en recintos militares naturalmente, pero, nada parece suficiente y la actual administración debiera limitarse a ejecutar lo previsto por sus antecesores, sin reparar en costos, a fin de “hacer así más humana la vida del ciudadano y del país mismo”.

Dicho de otra forma, el reforzamiento de una versión unilateral de un triste período de nuestra historia debe proseguir, al igual que los juicios y condenas sin respetar el debido proceso y sin garantizar condiciones humanitarias para el cumplimiento de las sentencias impuestas. Nada sería revisable ni enmendable so pena de caer en “ignorancia humanitaria”.

Para quienes están en esta posición los costos económicos de proseguir con el memorial de Colonia Dignidad serían desdeñables, por elevados o mal formulados que sean, al igual que el costo humano de las personas directamente afectadas si se lleva adelante esta iniciativa en los términos previstos. Tampoco interesaría el ahorro que haría el Estado al enviar a sus hogares a personas cuyo cuidado no puede garantizar y que generan actualmente una sobrecarga para un sistema carcelario excedido en sus capacidades.

La sabiduría humanitaria se manifestaría diciendo “no al indulto, sí a los memoriales”, expresión actualizada del “ni perdón, ni olvido”. ¿Ad aeternum?

2 de abril de 2026.

31 de MARZO 2026   Boletín Cren N° 56   www.ongcren.cl boletin@ongcren.c Ejemplares 1.200       Este martes, el presidente José Antonio Kast abordó la facultad presidencial de otorgar indultos. . En ese contexto, confirmó que los aplicará y no descartó beneficiar a condenados por Derechos Humanos.   “Vamos a analizar cada caso de manera particular”       Fue en entrevista con Archi que el mandatario dijo: “Sí, la voy a usar y después vamos a generar una modificación (…) Creo que es razonable que esto sea un órgano colegiado, creo que el indulto como institución, más allá de que hay que hacerle un cambio en la manera de quiénes otorgan el indulto, siempre tiene que ser una posibilidad que exista”.   ¿Se puede indultar a cualquier persona?         Qué dice la Ley sobre esta facultad presidencial   “Estamos haciendo una revisión de distintas situaciones, de hechos reales que ocurrieron, sin entrar a discutir la sentencia judicial porque son poderes independientes.      El indulto no es entrar a cuestionar una decisión judicial que haya tomado un juez, es una facultad que está establecida en la Constitución”, complementó.   Respecto a si incluye a condenados por Derechos Humanos, el jefe de Estado comentó: “Vamos a analizar cada caso de manera particular. Yo he sido claro que nuestra atención está puesta en un momento crítico de los últimos años en nuestra nación, de una crisis social que se produjo y que generó consecuencias lamentables para los chilenos”.   Igualmente, se refirió a la modificación de Punta Peuco a un recinto penitenciario común.   “Creo que la medida que se tomó de llevar delincuentes comunes era una decisión que marcaba una línea política que no le hicieron los presidentes anteriores, no lo hizo Michelle Bachelet, no lo hizo Ricardo Lagos, no lo hizo Eduardo Frei ni tampoco Sebastián Piñera. Yo creo más en esa línea que en la línea que aplicó el presidente Gabriel Boric”, concluyó.     Para ampliar su difusión compártelo y coméntalo.

Los que mueren sin que nadie los llore.

Sobre el desacato de Gendarmería de Chile y la muerte silenciosa de los ancianos de Colina 1

El incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema sobre condiciones carcelarias en Colina 1 expone una grave vulneración de derechos fundamentales de adultos mayores privados de libertad, abriendo un debate sobre la responsabilidad del Estado frente a su inacción.

Hay hombres en Chile que van a morir esta semana sin que nadie lo sepa. No morirán en accidentes ni en actos de violencia. Morirán en camas instaladas donde antes había comedores, en un pabellón de cemento diseñado para noventa personas que hoy alberga doscientas una, sin médico que los ausculte, sin ambulancia disponible para trasladarlos, sin que el Estado -ese mismo Estado que los condenó- cumpla la sentencia que hace dieciocho meses ordenó protegerlos. Son adultos mayores. Son octogenarios y nonagenarios privados de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, Pabellón Asistir. Y están muriendo en el más completo abandono institucional.

Lo que sigue no es una columna de opinión sobre política criminal ni una disputa doctrinal acerca del alcance de la pena. Es el relato de lo que ocurre cuando la Excma. Corte Suprema dicta una sentencia histórica en favor de los más vulnerables y el Estado simplemente decide no cumplirla.

1. Lo que vio la Corte Suprema

El 25 de septiembre de 2024, la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema pronunció el fallo Rol n° 249.389-2023, en una causa que llegó a ese tribunal porque la abogada que suscribe había interpuesto un recurso de protección a favor de los internos del Pabellón Asistir. La Corte no llegó a esa decisión de manera ligera. Antes, solicitó informe a Gendarmería de Chile, solicitó informe al Ministerio de Justicia, ordenó una visita inspectiva de la Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago y dispuso que el Secretario del propio tribunal se trasladara personalmente al recinto.

Lo que esos funcionarios encontraron quedó consignado en el expediente con una frialdad que, paradójicamente, lo hace más estremecedor. La sección donde habitaban los internos estaba diseñada para 90 reclusos y era ocupada por 171. Las camas habían desbordado los dormitorios e invadido los comedores. En el mismo espacio donde se preparaban y consumían los alimentos, personas en estado de postración yacían sin movimiento. No había médico de planta. Una enfermera realizaba intervenciones leves. Tres paramédicos practicaban diagnósticos. Y cuando alguien necesitaba atención hospitalaria, la probabilidad de que el traslado se concretara no superaba el veinte por ciento. En junio de 2023, un interno -Eduardo Cabezas Mardones- luego de padecer dolores horribles a la vesícula a vista y paciencia de todos quienes estaban en el penal ese día de visita, había muerto por falta de atención médica. El expediente lo consignaba como un hecho acreditado.

Ante ese cuadro, la Corte Suprema ordenó tres cosas precisas: establecer un protocolo de urgencias médicas que incluya traslado expedito; aplicar al Pabellón Asistir las disposiciones del Decreto Supremo n° 14 de 2010 (hoy DS n° 20 de 2022) sobre Establecimientos de Larga Estadía del Adulto Mayor (ELEAM) -porque ese pabellón es, en la práctica, un hogar de ancianos dentro de una cárcel-; y practicar un chequeo médico integral a todos los internos, con ficha clínica individual actualizada mensualmente. Además, ofició al Ministerio Público para la investigación de la muerte de Cabezas Mardones.

Era una sentencia que reconocía, con el lenguaje de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que esos hombres tenían derecho a vivir con dignidad hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, independientemente de los delitos por los que habían sido condenados. Era, en suma, una sentencia que le ponía nombre humano al derecho penitenciario.

1. Lo que Gendarmería de Chile decidió hacer con esa sentencia

Nada. O tan poco que, en términos de resultado, es lo mismo.

Han transcurrido dieciocho meses desde que la Excma. Corte Suprema pronunció ese fallo. Al día de hoy, el Pabellón Asistir de Colina 1 alberga a doscientas una persona privadas de libertad -treinta más que cuando la Corte constató la vulneración, ciento once más de las que el recinto fue concebido para recibir-. No existe médico residente. El protocolo de urgencias, si existe en papel, no opera con la eficacia que la sentencia exige. Las fichas clínicas individuales ordenadas por la Corte o son inexistentes o están desactualizadas. Y los ancianos continúan muriendo. Desde octubre de 2024 hasta hoy, varios adultos mayores han fallecido en ese recinto en circunstancias que no pueden desvincularse de la precariedad médica que el propio máximo tribunal calificó, en términos explícitos, como una vulneración grave del artículo 19 n° 1 de la Constitución Política de la República.

Gendarmería de Chile, interpelada por sus propias falencias ante la Corte, alegó entonces escasez de ambulancias -solo tres a nivel nacional-, sobrepoblación carcelaria generalizada y la capacidad económica de los internos para costear atención privada. La Corte desestimó esos argumentos con la precisión que merecían. Pero esos mismos argumentos, o su silenciosa equivalencia operativa, siguen rigiendo la realidad del Pabellón Asistir.

Conviene detenerse aquí y nombrar lo que esto es. Cuando un tribunal ordena algo y el órgano del Estado destinatario no lo cumple, eso tiene un nombre en derecho: desacato. Cuando ese desacato produce muertes que la propia sentencia habría podido prevenir, ese nombre se vuelve insuficiente. Estamos ante algo más preciso y más grave: la responsabilidad civil y administrativa del Estado por incumplimiento de una orden judicial firme; la responsabilidad disciplinaria y eventualmente penal de las autoridades que, con conocimiento cabal de la sentencia, han persistido en la inacción; y, en el plano internacional, la exposición del Estado chileno ante los mecanismos de protección del sistema interamericano, cuya jurisprudencia en materia de personas privadas de libertad no requiere que las víctimas agoten vías internas cuando la falla es estructural y documentada.

Esto no es omisión. Es incumplimiento deliberado de una sentencia del máximo tribunal de la República. Y ese incumplimiento tiene consecuencias jurídicas que el Estado no puede seguir postergando.

El problema no es la ausencia de norma ni la falta de pronunciamiento judicial. El problema es la voluntad de cumplir. Y esa voluntad, en este caso, ha estado sistemáticamente ausente.

• Quiénes son los que mueren

Los abogados somos entrenados para hablar de hechos, pruebas y normas. Pero hay momentos en que la técnica jurídica, si no va acompañada de memoria humana, se convierte en una forma sofisticada de mirar hacia otro lado.

Los hombres del Pabellón Asistir tienen, en su mayoría, más de ochenta años. Muchos superan los noventa. Han envejecido en prisión, o han llegado a ella en una vejez avanzada. Sus cuerpos cargaron primero con el peso de la condena y ahora cargan con el peso de la edad: cardiopatías, diabetes que ya no responde bien al tratamiento, artritis que impide moverse con libertad, insuficiencias respiratorias que hacen de cada noche una negociación con el propio cuerpo. Algunos están postrados. Algunos no reconocen ya el espacio donde están. Todos comparten metros cuadrados que no alcanzan para que los que se levantan solos no tropiecen con los que no pueden levantarse.

Cuando uno de ellos siente el pecho apretarse a las dos de la madrugada, no llama a un médico porque no hay médico. Llama a un paramédico que, con la mejor voluntad del mundo y sin los instrumentos que el caso requeriría, evalúa si la situación amerita activar el protocolo de traslado. Ese protocolo, cuando funciona, implica coordinar con una de las tres ambulancias que Gendarmería tiene para todo el país. Si la ambulancia no está disponible -y a menudo no lo está se espera. Y en esa espera, que nadie mide con un reloj porque nadie lleva registro sistemático de esas horas, algunos mueren.

Eso no lo digo yo. Lo dijo la Excma. Corte Suprema. Lo dijo el Acta de Visita Extraordinaria incorporada al expediente. Lo dijo la muerte de Eduardo Cabezas Mardones en junio de 2023. Lo dicen las muertes que han seguido ocurriendo desde entonces, en el más absoluto silencio mediático, porque los muertos del Pabellón Asistir no son noticia.

Los lectores de esta columna son, en su mayoría, abogados, jueces, académicos, personas que han dedicado su vida al Derecho. Les pido que hagan un ejercicio que el lenguaje jurídico no siempre facilita: imaginen a un hombre de ochenta y siete años que lleva seis años privado de libertad, que padece insuficiencia cardíaca crónica, que no tiene médico que lo controle, que vive en un espacio donde ya no caben más camas, y que sabe -con la lucidez que la vejez a veces regala antes de llevarse todo lo demás- que si su corazón decide detenerse esta noche, las probabilidades de que alguien llegue a tiempo son de una en cinco. Ese hombre existe. Hay varios como él en ese pabellón. Y el Estado sabe que están así porque un tribunal se lo dijo, ordenó remediarlo, y el Estado no lo remedió.

1. Lo que corresponde al nuevo gobierno

Chile le tiene un nuevo gobierno que ha hecho del respeto al Estado de Derecho y del cumplimiento irrestricto de las decisiones judiciales uno de sus estandartes. Ese principio no puede tener excepciones convenientes. No puede aplicarse con rigor cuando se trata de sentencias que interesan políticamente y malograrse en silencio cuando las víctimas son ancianos recluidos en un pabellón que nadie visita y que nadie fotografía.

El Ministerio de Justicia tiene hoy la oportunidad de hacer algo que cuesta poco en términos institucionales y que salvaría vidas: instruir a Gendarmería de Chile el cumplimiento íntegro del fallo Rol n° 249.389-2023; instalar en el Pabellón Asistir la presencia médica permanente que la Corte Suprema exigió; reducir la sobreocupación de un recinto que duplica con creces su capacidad; e investigar con seriedad las muertes ocurridas desde septiembre de 2025 para determinar si son consecuencia directa del desacato.

No pido compasión para quienes han cometido delitos. El ordenamiento jurídico ya determinó su responsabilidad. Pido el cumplimiento de una sentencia. Pido que el Estado no agregue a la condena judicial una condena paralela -la de morir abandonado, enfermo y sin asistencia médica- que ningún tribunal impuso y que ninguna norma autoriza.

Hace dieciocho meses, la Excma. Corte Suprema miró hacia ese Pabellón y dijo: esto no puede seguir así. Esa sentencia fue un acto de coraje institucional que honra a nuestro máximo tribunal. El problema es que las sentencias no se ejecutan solas. Necesitan que el Estado, en su conjunto, decida cumplirlas.

El Ministerio de Justicia sabe lo que ocurre en ese pabellón. Gendarmería de Chile sabe lo que ocurre. Si otro interno muere en condiciones de abandono médico documentado, eso no será una tragedia: será una consecuencia directa y registrada del incumplimiento deliberado de una orden judicial. Eso tiene nombre en Derecho. Tiene nombre, genera responsabilidad, y ya no admite más plazos.

Carla Fernández Montero Abogada,

Derecho Penal- Penitenciario

Publicado en Diario Constitucional.

POST:

Enrique Slater@slater_enrique

Lamentable realidad carcelaria, que inexplicablemente ocurre por incumplimiento de lo dispuesto por la C. Suprema. Increíble que el Estado, no haga el necesario, control del cumplimiento de lo resuelto y evitar más muertes por falta de asistencia.

De diarioconstitucional.cl

         El perfil del líder rodriguista al que acusan de azuzar las últimas marchas estudiantiles

Marco Riquelme, que fue parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que estuvo entre los presos que escaparon por un túnel de la cárcel de Santiago en 1990, fue apoderado del Liceo 1 cuando su hija estudiaba allí. Aunque la adolescente ya egresó, personas vinculadas a esa comunidad educativa aseguran que el actual dirigente del MPMR continúa interviniendo en las movilizaciones estudiantiles. La semana pasada se viralizó un video en el que se ve dirigiendo a un grupo de colegiales en una marcha. Fuentes aseguraron a El Líbero que el registro corresponde a la protesta del pasado 26 de marzo.

por Diana Lozano Perafán31 marzo, 2026

Foto de la cuenta de Instagram del MPMR

Las manifestaciones estudiantiles se reactivaron con fuerza desde que el Presidente José Antonio Kast llegó a La Moneda. El mismo 11 de marzo, alumnas del Liceo 1 Javiera Carrera se tomaron la institución, lo que volvieron a hacer ayer. En total van tres tomas en 14 días de clases. También la misma semana del inicio del nuevo gobierno, estudiantes del Instituto Nacional generaron desórdenes a las afueras del colegio y más recientemente, el jueves pasado, hubo una protesta de secundarios en el centro de Santiago, que llegó hasta la sede del Congreso.

Fue en el marco de esa última manifestación, y a la par de que la Fiscalía adelanta una investigación sobre los liceos emblemáticos en la que tienen elementos sobre la colaboración de adultos en las protestas, que se difundió un video en redes sociales en el que aparece uno de los más conocidos dirigentes del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR), Marco Riquelme.

Distintas fuentes aseveraron a El Líbero que el registro corresponde a la marcha del pasado 26 de marzo. En el material se aprecia al hombre en una situación en la que habría estado dando instrucciones a los menores que participaban en la movilización, indicándoles con la mano hacia dónde debían dirigirse. Luego pasa justo al lado del auto desde donde se hace la grabación.

«Él siempre ha estado en la primera línea de las manifestaciones estudiantiles. Aunque la hija que tiene con Owana Madera ya salió del Liceo 1, siempre se han mantenido muy vinculados a las manifestaciones de las niñas», asevera a El Líbero una apoderada de la institución, que pidió que su nombre se mantuviera en reserva. Las denuncias sobre la supuesta intervención de Madera y Riquelme en las movilizaciones de las estudiantes de ese liceo no son nuevas (ver abajo).

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En la cuenta en Instagram del MPMR se publicó un video de la movilización que las estudiantes del Liceo 1 protagonizaron el pasado martes 24 de marzo. «A construir fuerza popular. Secundarixs (sic) siempre combativos», se lee en el post.

Ya en enero Riquelme había advertido desde Turquía que habrían manifestaciones con la llegada del Presidente Kast

En enero de este año, en una entrevista que ofreció durante un viaje a Turquía al medio de difusión El Rodriguista, Riquelme, al que identificaron como secretario general del MPMR, advirtió que habrían manifestaciones con la llegada del entonces electo Presidente Kast.

«Intentaron asustarnos con Kast. Nosotros, los revolucionarios, los comunistas, decimos esto: la dictadura no pudo asustarnos, aunque mató a miles, exilió, encarceló y torturó a cientos de miles. Este hombre que está saliendo ahora no puede asustarnos en absoluto. Seguiremos en las calles, en solidaridad y construyendo el poder popular necesario», dijo.

Riquelme, según esa publicación, «recibió primero su formación militar en el extranjero durante su servicio en el partido, luego regresó al país y se unió a la lucha armada en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez».

El hombre fue capturado en 1988 y estuvo entre los 49 presos que escaparon de la cárcel de Santiago en enero de 1990 a través de un túnel que cavaron por meses. Luego, se indica, «se negó a huir al extranjero tras la huida. Continuó su lucha en Chile».

Riquelme fue uno de los fundadores del MPMR, organización de la que se originó en 2015 el Frente Popular, del que él fue presidente entre 2016 y 2017, cuando el Servel reconoció al movimiento como partido político.

En otra entrevista, otorgada a El Ciudadano menos de cuatro meses después de ocurrido el estallido de 2019, Riquelme aplaudió las manifestaciones.

«La toma de la Plaza de la Dignidad es como el túnel que hicimos nosotros. Nosotros hicimos un túnel, esta gente hizo algo más grande todavía: sacó a millones a la calle, resiste todos los días en la plaza. Lo que se ha hecho está pero lejos por sobre lo que pudiéramos haber hecho nosotros; pero sí fuimos un grano de arena en este proceso de lucha de nuestro pueblo para su emancipación, para su liberación«, sostuvo en esa conversación.

En febrero 2023, el exfrentista insistió en que no creía en las soluciones pacíficas. «Nosotrxs (sic) no queremos continuar siendo subyugados por la institucionalidad. Los poderosos son los que han creado la institucionalidad brutal que nos hizo levantarnos el 18 de octubre del año 2019. Está claro que la calma no es la solución de los problemas de nuestros países, al contrario creemos que debemos seguir luchando impidiendo que se produzca la paz de los cementerios«, señaló cuando se le preguntó cuál sería una solución a nivel político para Chile.

En el discurso por los 42 años del MPMR, Riquelme saludó expresamente a los «estudiantes de la causa popular»

Riquelme ofreció un discurso a propósito del 42 aniversario del MPMR. La alocuión fue publicada en la cuenta en Instagram de esa organización, el pasado 14 de diciembre.

«Toda esa energía que devino en el rodriguismo no está encerrada en un baúl, se va complementando y aprendiendo de las actuales luchas, aportando lo que adquirió durante años de lucha contra la dictadura cívico militar. Hemos considerado estos últimos años como una etapa de resistencia de los revolucionarios ante la arremetida de las fuerzas reaccionarias de la burguesía y la socialdemocracia. Señalamos que estos tiempos son difíciles para los revolucionarios, son tiempos de unidad con aquellos que luchan por la transformación de la sociedad, por el socialismo y el comunismo», aseveró.

Entre los grupos a los que saludó mientras se dirigía al público, se refirió expresamente a los «estudiantes por la causa popular». «Debemos apoyar los esfuerzos de las organizaciones estudiantiles», sostuvo en esa misma alocución.

En enero Riquelme dio cuenta al PC de Turquía sobre «las proyecciones de la lucha» en Chile»

Más recientemente, en una publicación del pasado 23 de enero en esa misma cuenta, se dio a conocer que Riquelme había realizado el ya mencionado viaje a Turquía, para reunirse con el secretario general del Partido Comunista de ese país, Kemal Okuyan, con el objetivo de dar cuenta «de las proyecciones de la lucha» en Chile.

En ese mismo post se señaló que había dado cuenta de «la actual situación de Chile» y del «estado de las fuerzas revolucionarias».

El vínculo de Riquelme, la Casa Bolívar y las estudiantes del Liceo 1

El discurso por los 42 años del MPMR, lo ofreció Riquelme en un encuentro que se efectuó en la Casa Bolívar, ubicada en el barrio Yungay. En las redes sociales de este inmueble se autodefinen como «centro cultural y político». Las publicaciones del mismo no solo están referidas a los rodriguistas, sino que además difunden convocatorias de secundarios, apoyos a detenidos del estallido y a la CAM.

La Casa Bolívar se ha visto directamente vinculada con el supuesto adoctrinamiento de estudiantes del Liceo 1. En octubre de 2022 la entonces rectora de esa institución, Alondra Zúñiga, aseveró en una reunión que en ese lugar «adiestraban» a alumnas de ese colegio «para que se manifiesten».

Zúñiga hizo estas afirmaciones en la sede de la Delegación Presidencial, en Morandé con Moneda, en un encuentro en el que participaron autoridades del entonces gobierno del Presidente Boric y de la Municipalidad de Santiago, que estaba a cargo de Irací Hassler (PC).

En su momento, El Líbero tuvo acceso al audio en el que la rectora dijo tales cosas e informó al respecto.

La director de la Casa Bolívar, según información que aparece en internet, es la conocida pareja de Riquelme, Owana Madera. La mujer, también rodriguista, fue tesorera del mencionado partido político que presidió su pareja.

En el pasado, Madera fue pareja -y actual viuda- del dirigente del Partido Comunista y de la Asociación Gremial de Educadores de Chile, Manuel Guerrero, víctima del Caso Degollados.

Las publicaciones que ha hecho Riquelme desde 2018 a favor de las manifestaciones estudiantiles

Para el 2019, cuando la hija de Riquelme y Madera aún estudiaba en el Liceo 1, ambos fueron acusados de una supuesta intervención en las movilizaciones de las estudiantes.

En abril de ese año los dos asistieron a una concentración convocada por el Centro de Padres y Apoderados (CEPA) del Instituto Nacional. Así lo informó este medio en su momento.

El 18 de abril de ese año, día de la actividad, Riquelme escribió en su cuenta de Twitter: «En estos momentos apoderados de distintos liceos de la Comuna de Santiago protestando afuera del IN contra la represión de Alessandri que ha convertido en zona de educación militarizada los liceos de la comuna».

El dirigente del MPMR también posteó una foto de la manifestación y de la reunión de apoderados.

Cuatro días después, Riquelme criticó a través de esa misma cuenta a los profesores del IN que realizaron un paro de brazos caídos, en protesta por la destrucción a la que había sido sometido el liceo en las manifestaciones estudiantiles.

«Los profesores esperan mañana el apoyo de los alumnos y apoderados en sus demandas? Se han convertido en parte de la operación represiva a las demandas de los alumnos por una educación pública de excelencia», publicó.

Riquelme volvió a usar sus redes sociales para difundir una de las primeras actividades realizadas por la «coordinación de apoderados», que organizó Madera y que incluía al CEPA del Liceo 1, que ella dirigía, y a apoderados del Internado Nacional Barros Arana y del IN. Se trató de un foro respecto a la Ley Aula Segura en el que expuso la abogada de la Defensoría Popular, María Rivera. Se efectuó en la Casa Bolívar

Ya desde el año anterior, en 2018, El Líbero había advertido en la nota «los lazos «rodriguistas» de apoderados que apoyan las tomas en el Liceo 1» sobre las publicaciones del dirigente del MPMR, en las que se hacía eco de convocatorias a movilizaciones juveniles.

2 Comments

1. Rodolfo Pereira Thieledice:

30 marzo, 2026 en 21:55

Por lo que se lee está acreditado que sus acciones han violado varias leyes impunemente. La pregunta que cabe, cuándo lo van a meter en la cárcel?

2. Álvaro Cambara Lodigianidice:

30 marzo, 2026 en 23:01

……. Mientras esté terrorista anda libre vomitando odio y violencia, quienes nos defendieron de estos energúmenos en octubre de 2019, están presos.-

¡ABRA CADABRA!

“Miel sobre buñuelos”

Aludo a la conocida expresión de nuestro viejo maestro de francés por allá, a mediados de la década del 50, en el antiguo alcázar de Blanco Encalada, a propósito de la Semana Santa y de las “frutas de sartén” propias de estas festividades en España, que, si además del azúcar flor le agregas miel a las hojuelas, son insuperables. Este es el panorama que vino como “anillo al dedo” para la izquierda ultra y quienes a todo costo desean torpedear las medidas del actual Gobierno. Bastaron los primeros anuncios y las medidas dispuestas por Kast para que despertaran los actos rupturistas, alimentando la hoguera con los efectos de la guerra en el medio oriente que ha sacudido las economías de todo el mundo, al elevar el costo del barril de petróleo a 100 dólares y provocar una considerable alza en los combustibles para hacer frente a la aguda crisis económica dejada por el gobierno anterior; por otra parte, el eventual anuncio del alza a las cuentas de electricidad-congelado desde el año 2019- viene a constituir la “miel” para quienes no piensan en el porvenir de Chile sino que, lo utilizan para movilizar la calle -masa ignorantey obediente- como arma para alcanzar el poder que no lograron en las urnas.

Obviamente, que en estas manifestaciones no podía faltar el profesor Artés, a pesar de sus rotundos fracasos en las tres últimas elecciones presidenciales -comprometiéndose a sacar del poder a Kast-; como también a viejos militantes del FPMR, como el vetusto Ilich Riquelme. A esta merienda tampoco no faltan los “señores políticos” ofreciendo medidas fracasadas y perversas como el retiro del 10% de las pensiones; y algunos que han hecho del parlamento una carrera profesional, que los más críticos califican como “proxenetas del Estado” alternando periodos como senadores y luego como diputados. El señor de marras -a propósito del alza del combustible- dijo que el 42% del PIB de la deuda pública aun tenía un margen para nuevos créditos y que en otras ocasiones con el barril de petróleo a $US. 100 se había mantenido el valor. También se sumó un novel alcalde de una comuna popular, comparando la situación con la época del Covid, ignorando que la situación actual es absolutamente diferente, incluso con una deuda pública respecto al PIB superior al gobierno de Allende, que alcanzó entre un 20% y 30%.

El siguiente cuadro muestra las diferencias del barril de petróleo en los años de las guerras del Golfo, COVID y otros factores a considerar.

Muchos electores creían que bastaba que asumiera Kast y pronunciara las palabras mágicas “abracadabra”, junto con agitar una “varita mágica” y se solucionarían todos los problemas. Quienes así lo piensan es no haber comprendido el tamaño del desastre dejado por el gobierno anterior. El déficit fiscal informado anteriormente por Grau era de 2.8% del PIB, alrededor de US$. 9 mil millones, pero como había unas “cuentas olvidadas” que no fueron consideradas, esta deuda superaría los US$.12 mil millones. En palabras simples, el gobierno está gastando mucho más de lo ingresos que recibe por diferentes vías.

No obstante, los tiempos no están para que ministros entren en rodaje y saquen experiencias. No se pueden repetir los errores de Boric. La dulce y joven vocera ha incurrido en errores imperdonables, no tanto por el asunto de que “estamos quebrados” -oportunamente desmentido por el ministro de Hacienda, ya que desalienta a los inversores- sino por desconocer los que el MEMPCO. Si bien es un mecanismo paras estabilizar los precios del combustible, es un impuesto que recauda ingresos. Tal como el IVA, pero a diferencia de este no es fijo, sino que el gobierno determina cuando lo aplica de acuerdo a sus prioridades. Ahora bien, el gobierno debe explicar claramente el porqué de su decisión ante los efectos negativos que desarrollan en cadena, y al mismo tiempo, justificar la disminución de los impuestos para medianas y grandes empresas del 27% al 23%, con que se piensa activar la inversión extranjera. Y esto debe hacerlo con “peras y manzanas”, emulando al exministro Léniz -de mi general Pinochet- que hasta los iletrados lo comprendían. Como dice la jerga popular, a “prueba de diputados”

Se necesita un vocero o vocera que hable fuerte y claro, con experiencia política. Si bien no estamos para emular a Churchill con “sangre, sudor y lágrimas”, pero más cercano al sentido -no en la forma- de nuestro vecino allende Los Andes, que no necesita vocero. ¿Quieren terminar con la pobreza? ¡Terminen con el curro de la política!”

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

2 comentarios:

SOKOL30 de marzo de 2026 a las 16:16

Si la juventud tuviese el 1% de su claridad mental y cultura e economía más que básica…otro gallo cantaria.
Pero no le pidamos peras al Olmo..la izquierda destruyó la educación.

Miguel Rezet30 de marzo de 2026 a las 18:53

Usted expresa la idea con claridad y respeto, actitud, esta última, difícil de conservar en un escenario en que la vergüenza y el respeto, se perdieron para no volverse a encontrar. Es difícil que un hombre serio, como Kast, pueda mantener el apoyo de un ciudadanía emocional e irreflexiva, acostumbrada a que le den o lo pongan “donde haiga” cada vez que lo afecta algo. Y esa es la coyuntura que aprovechará siempre un sector de nuestra irresponsable clase política. Kast es un hombre serio, de principios inquebrantables que tendrá que lidiar con la mayor decadencia moral que haya habido en nuestra historia.

El regreso del octubrismo

Por Alejandro San Francisco.

Chile no quiere volver a vivir la experiencia del 2019, pero el octubrismo no está muerto, aunque se haya desdibujado y pareciera dormido. En la capacidad para enfrentar esa realidad se juega en buena medida el éxito del gobierno, y también de la oposición.

En los últimos años pocas cosas han despertado más resistencia que el octubrismo. Surgió con fuerza e incluso esperanzas en octubre y noviembre de 2019, bajo la sombra del estallido social. Representó un pensamiento, un estilo, una forma de acción política, un ideal, un espíritu. En pocas palabras, el octubrismo implicó la resistencia frente a la autoridad, la violencia destructora, la voluntad de cambio, la revolución en marcha, la tendencia iconoclasta, la intransigencia revolucionaria y la lejanía a la Constitución vigente, a las leyes y a las autoridades políticas, así como a las formas tradicionales de vida.

En un interesante artículo publicado en El Líbero, el intelectual José Joaquín Brunner define así al octubrismo: “el ethos, o sea, la visión de mundo, orientaciones, creencias, actitudes, valores, sentimientos y hábitos que definen la naturaleza de la revuelta. Dicho de otra manera: es la autocomprensión y los relatos que de ella emanan. Y, por ende, la saga, narrativa o leyenda que se teje en torno a la revuelta del 18-O”. Por lo mismo, no es un partido, ni una ideología ni un movimiento. Con todo, como buen académico, en otra oportunidad amplía y administra la información y reconoce que existieron muchos esfuerzos por dotar de contenido al concepto, que iban desde fórmulas difusas a otras más descriptivas, desde meras descalificaciones a esfuerzos de comprensión, como se puede observar en los trabajos y artículos de distintos analistas y columnistas.

“Pronto a acabar marzo, y cuando todavía el gobierno de José Antonio Kast no cumple un mes en La Moneda, pueden advertirse ciertos rasgos que muestran el regreso del octubrismo”

El tema tuvo altibajos en los últimos años. Muchos interpretaron los resultados del plebiscito del 4 de septiembre de 2022 como una derrota definitiva del octubrismo, aunque sea siempre arriesgado predecir la evolución de los acontecimientos. De la misma manera, la segunda parte del gobierno de Gabriel Boric, así como la campaña presidencial de 2025, representaron una verdadera agonía del octubrismo, por cuanto fueron vaciándose muchas ideas y el espíritu que habían animado los últimos meses del 2019 y los años posteriores, que llevó a que la moderación sustituyera al pensamiento más extremo.

En cualquier caso, desde el punto de vista político el octubrismo tiene entidad y algo de historia: fue la revolución de octubre de 2019; de alguna manera la expectativa del gobierno de Gabriel Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista; y, por cierto, también la Constitución de la Convención: no solo su contenido, sino también su espíritu refundacional, su modo contestatario, el estilo de su representantes y la resistencia frente a la tradición constitucional chilena y los símbolos patrios.

Pronto a acabar marzo, y cuando todavía el gobierno de José Antonio Kast no cumple un mes en La Moneda, pueden advertirse ciertos rasgos que muestran el regreso del octubrismo. La calle, las protestas y la rebelión casi había desaparecido en los últimos años, en cualquiera de sus manifestaciones: sea feminista, estudiantil, constituyente, de pensiones o incluso el lumpen que participó de la “revuelta popular”. Pero Chile cambió: la llegada de José Antonio Kast al gobierno es razón suficiente para que comiencen a prepararse la izquierda en sus diversas manifestaciones, el anarquismo, los sectores frenteamplistas, comunistas, socialistas y otros, así como la oposición de los movimientos sociales, que tienden a manifestarse con más fuerza cuando gobierna la derecha.

Esta penúltima semana de marzo hubo un movimiento que muestra la nueva realidad. Ante la crisis del petróleo que ha afectado también a Chile, se produjo una situación propicia para las protestas y la unificación de la oposición. El alza de la bencina ciertamente perjudica a la población, en un país afectado con el exceso de deuda y de aumento del gasto público en los últimos años, sin que ello tenga un correlato en la calidad de vida de la población. Hay razones para estar enojados, para verse afectados en los bolsillos y pensar que las cosas están peor que lo esperado. La lógica es culpar al presente y no al pasado, al gobierno propio y no al de Estados Unidos o de Irán. La política es complicada y dinámica, y cualquier análisis requiere más complejidad e inteligencia que la fórmula fácil de la descalificación.

Respecto del octubrismo renacido –como se ha visto en las protestas y violencia de esta semana–, es bueno considerar ciertas realidades y eventuales problemas. En el primer caso, saber que habrá movilizaciones sociales y políticas contra el gobierno de Kast, a quien muchos no le dejarán pasar una, aunque frente a la pasada administración hubieran actuado con pusilanimidad, desidia o falta de convicciones. Además de eso habrá violencia, destrozos y dificultades de distinto tipo (de traslado y de orden público, por ejemplo). No podemos dejar de mencionar la erosión de la convivencia política, la desmesura, los ataques personales y la proliferación de mensajes, videos y otros en las redes sociales. Es decir, comienza la “fiesta de la calle” y es necesario prepararse para ello.

A pesar de lo anterior, el movimiento octubrista debe comprender la nueva realidad de Chile. Primero, entender que el propio fracaso histórico de los últimos años, que van desde la violencia del 2019 hasta el fracaso del proceso constituyente. En segundo lugar, es preciso comprender el tiempo histórico. José Antonio Kast triunfó de manera contundente en diciembre de 2025 y tiene un tiempo por delante para desarrollar su proyecto y promover los cambios que Chile apoyó en las urnas. Por lo mismo, la tentación antidemocrática debe ser rechazada, especialmente por el socialismo democrático. A ello se suma una cuestión práctica: el ambiente social y político es distinto, y si bien existe enojo por la crisis del petróleo y sus consecuencias en el país, como el alza de precios de la bencina, lo cierto es que los chilenos no están dispuestos a arriesgar tanto como lo hicieron entre 2019 y 2022: no están para aventuras constituyentes, refundaciones o la destrucción de lo logrado en las últimas décadas.

Con todo, el gobierno de Kast también debe considerar algunos aspectos importantes. El primero es que requiere perfeccionar su capacidad política, que es distinta a las cuestiones técnicas. De la política bien administrada deriva la consistencia comunicacional y la habilidad para comprender la complejidad de las decisiones del poder (esto significa que tiene dimensiones varias). Más importante que lo anterior es saber que la revolución de octubre no solo tuvo violencia y rebeldes antisistema, sino que por algún momento confirmó la existencia de diversos problemas sociales y se identificó con los anhelos de la población. Lo peor sería despreciar esos sentimientos y esas realidades, más todavía considerando que Chile está peor hoy que en 2019, en el plano económico y social. Hay menos empleo y más delincuencia, hay más familias viviendo en campamentos y otros problemas se han multiplicado. Es preciso empatizar con los dramas sociales, comprender los reclamos legítimos y trabajar con sentido de urgencia y presencia territorial. En otras palabras, es necesario trabajar más, trabajar antes y trabajar mejor.

Chile no quiere volver a vivir la experiencia del 2019, pero el octubrismo no está muerto, aunque se haya desdibujado y pareciera dormido. En la capacidad para enfrentar esa realidad se juega en buena medida el éxito del gobierno, y también de la oposición, aunque todavía no lo comprenda siquiera ella misma.

Ovación a Presidente Kast:

https://www.facebook.com/reel/2158656654902115

44 millones de pesos en bencina gastó una senadora en Chile en 2025:

https://www.instagram.com/reel/DWfGm17klzB/?igsh=MWZlOXhzenRxbjNxZg%3D%3D

¿Qué nos pasa como sociedad?

Por Iris Boeninger, economista

Hay heridas que no sangran hacia afuera. Que no aparecen en los partes médicos ni en las estadísticas del Ministerio del Interior. Son las heridas que una sociedad se hace a sí misma cuando decide, lentamente y sin declararlo, que ciertas cosas ya no importan. Que ciertos límites son negociables. Que cierta violencia tiene explicación suficiente para ser tolerada. Camus escribió que hay una sola pregunta filosófica verdaderamente seria: ¿Por qué seguir? Pero para una sociedad, la pregunta equivalente es otra: ¿Por qué obedecer? ¿Por qué respetar? ¿Por qué cuidar lo que es de todos? Y cuando esa pregunta deja de tener una respuesta compartida, cuando el contrato tácito que nos une empieza a deshilacharse, lo que aparece no es libertad. Es vacío. Y en el vacío, tarde o temprano, aparece la violencia.

El 27 de marzo de 2026, ese vacío tuvo un rostro concreto. Una inspectora de 59 años murió en el patio de un colegio de Calama. La mató un estudiante de 18 años que esa mañana entró al establecimiento portando dos cuchillos, líquido acelerante, una máscara, cinta adhesiva y candados ocultos en su mochila. En sus armas había nombres inscritos: los de atacantes de masacres escolares de Finlandia, Estados Unidos y Rusia, asesinos que el joven había elegido como referentes. Horas antes había publicado en YouTube un video titulado «Ataque en el Instituto Lezaeta» y en Instagram una imagen sosteniendo un cuchillo contra el pecho de un peluche, con la leyenda «a quien le interese».

Entró al colegio sin que nadie lo detuviera. Sin controles. Sin que ningún protocolo ni ningún adulto advirtiera lo que se aproximaba. No murió una figura pública. Murió una de esas personas invisibles que sostienen el día a día de una comunidad escolar: las que conocen a los alumnos por su nombre, las que están en el patio cuando nadie más está, las que ponen el cuerpo donde el sistema hace tiempo había dejado de poner nada. Ella no murió por accidente. Murió porque llegó hasta ahí una acumulación de omisiones, silencios y complicidades que Chile lleva años construyendo sin querer mirarse en ese espejo. Las sociedades no se quiebran de golpe. Se quiebran como se quiebra el hielo en primavera: desde adentro, en grietas invisibles, hasta que un día el peso de alguien que simplemente camina sobre él es suficiente para hundirlo todo. Cada límite que un padre no sostuvo porque era más fácil ceder. Cada intervención que un profesor decidió no hacer porque sabía que nadie lo respaldaría. Cada director que miró hacia otro lado.

Cada autoridad que relativizó la violencia cuando venía del lado afín. Cada intelectual que le puso nombre bonito a la destrucción. Todo eso fue agrietando el hielo. Lo de Calama fue simplemente el paso que lo rompió. Porque esto tiene un origen preciso, aunque incomode nombrarlo. El 18 de octubre de 2019, jóvenes en su mayoría quemaron estaciones de metro, iglesias, centros culturales y universidades. Destruyeron además comercios y sembraron el terror en barrios que nada tenían que ver con las decisiones que se cuestionaban. Y una parte importante de Chile, en lugar de condenar esa violencia con la misma energía con que condenaba la injusticia que la había precedido, eligió comprenderla. Romantizarla. Darle un relato que la hiciera presentable. Nadie dijo con suficiente fuerza lo que era evidente: que quemar no es protestar. Que destruir no es transformar. Que la violencia no tiene causas que la justifiquen, solo consecuencias que la prolongan.

Esa lección quedó grabada. Y se siguió repitiendo: en las bombas molotov dentro de los liceos, en los encapuchados que tomaban establecimientos como si fueran territorios en disputa, en la destrucción sistemática de lo público sin que nadie pagara un costo real por ello.

Fuimos enseñando, sin palabras, pero con hechos, que la violencia tiene excepciones. Que el deber es negociable. Que las normas son para otros. Antes que las redes y antes que la calle, sin embargo, está la familia. No la familia como ideal religioso ni como modelo cultural de otra época, sino como la estructura más básica y más irreemplazable que existe para formar a un ser humano: el espacio donde se aprende por primera vez qué es un límite, qué significa el respeto, qué se le debe al otro. La familia no necesita ser perfecta ni numerosa ni tradicional. Necesita ser presente. Necesita tener adultos que asuman su rol sin delegarlo ni negociarlo.

Eso es precisamente lo que se ha ido perdiendo. No por maldad, sino por agotamiento, por ausencia, por una cultura que confundió el afecto con la ausencia de consecuencias. Hoy hay padres que llaman a los colegios a exigir explicaciones cuando la nota de su hijo no refleja lo que ellos creen que merece. Que discuten con profesores en lugar de respaldarlos. Que protegen a sus hijos de las consecuencias de sus propios actos, convenciéndolos de que el error siempre es del sistema,

del profesor, del colegio, de la sociedad. Nunca de uno mismo. Y así, sin saberlo, les enseñan la lección más peligrosa de todas: que la responsabilidad siempre es de otro.

Un joven que crece sin autoridad real en casa llega al mundo sin la capacidad de reconocer ninguna otra autoridad. No la del profesor. No la del inspector. No la de la norma. Y un colegio lleno de jóvenes así no es una comunidad educativa. Es un territorio sin ley esperando que algo

lo detone. La familia no es un valor de derecha ni de izquierda. Es el primer lugar donde una sociedad se sostiene o se cae. Y cuando falla, todo lo demás llega demasiado tarde. A eso se sumó algo igualmente devastador: una generación formada más por algoritmos que por adultos. Las redes sociales no son neutrales. Tienen una gramática propia que premia lo extremo, amplifica la rabia y normaliza la agresión como forma de existir en el mundo.

Y a esa soledad se suma, en demasiados casos, la droga. Chile tiene uno de los consumos de marihuana más altos de América Latina entre adolescentes. La pasta base y la cocaína han penetrado sectores que hace una década parecían inmunes, y atraviesan todas las clases sociales, modificándose solamente la sustancia que se consume.

Debajo de todo esto hay una pregunta más profunda: ¿qué nos debemos unos a otros? El contrato social no es un documento. Es un acuerdo tácito que sostiene la convivencia: respeto tus derechos porque confío en que tú respetarás los míos. Acato las normas porque creo que nos protegen a todos. Cuido lo colectivo porque entiendo que lo colectivo también me cuida. Ese acuerdo se está rompiendo. No de manera dramática, sino en la acumulación silenciosa de pequeñas rupturas: el que destruye lo público porque «es del Estado», el que evade su responsabilidad porque el sistema es injusto, el que agrede porque siente que no le debe nada a nadie. Son gestos que parecen menores pero que van educando en una idea profundamente corrosiva: que las obligaciones son opcionales y los derechos son absolutos.

Nada de esto ocurre en el vacío. Ocurre en un país donde la clase política lleva años sin dar el ejemplo que le exige a los demás. Y en ese escenario, el Partido Comunista aprobó formalmente en su Comité Central, antes incluso de que el nuevo gobierno asumiera, impulsar «hitos de movilización» contra la administración de Kast. No como reacción a una medida concreta. Como estrategia anticipada. Un partido con representación institucional, con parlamentarios electos, con acceso al debate democrático, decidiendo en frío que su rol de oposición pasa por las calles antes que por el Congreso. Mientras esa decisión queda sin condena transversal, le seguimos enseñando a los jóvenes que el poder de la presión vale más que el poder del argumento.

Hay una ironía que duele especialmente. Los mismos dirigentes estudiantiles que marcharon en 2011 exigiendo el fin del CAE y educación gratuita llegaron al gobierno en 2022. Boric, Jackson, Vallejo, Cariola: la generación que hizo de la deuda estudiantil su bandera más poderosa tuvo cuatro años para resolver el problema. Y no lo hizo. El FES llegó tarde, mal diseñado, sin viabilidad legislativa ni fiscal. El propio Senado advirtió que no tenía condiciones para prosperar.

Economistas de distintos sectores lo calificaron de inviable. Y durante esos cuatro años, el movimiento estudiantil guardó silencio. No marchó. No exigió. Esperó con una paciencia que nunca había tenido con otros gobiernos. Hoy marchan de nuevo. Con las mismas consignas. Como si nada hubiera ocurrido en el medio. Pero hay algo que no mencionaron en ninguna de esas marchas, algo que debería ser imposible de ignorar: que mientras ellos agitaban carteles en Santiago, en el Medio Oriente, en Ucrania, en Gaza, jóvenes de su misma edad morían en guerras reales. Que el mundo atraviesa una reconfiguración geopolítica y económica de consecuencias históricas que ya está generando impactos en Chile. Que hay crisis que no se resuelven con una marcha y amenazas que no desaparecen con una consigna. Marcharon con la comodidad de quienes no han conocido el verdadero costo de perder lo que tienen.

Y también cabe preguntarse algo más incómodo aún: ¿por qué un joven que tiene trabajo, que ejerce su profesión y genera ingresos, no debería devolver a la sociedad el costo de su formación? La educación superior no es un derecho absoluto sin contrapartida. Es una inversión colectiva que el país hace en sus ciudadanos esperando que esos ciudadanos contribuyan de vuelta. Un sistema donde quien puede pagar no paga, donde es posible estudiar indefinidamente sin costo real y donde la responsabilidad individual desaparece detrás del relato de la deuda injusta, no es justicia social. Es otro síntoma del mismo problema: la idea de que los deberes son opcionales.

La tragedia de Calama es un anuncio más. Lo más grave puede ser lo que viene. Estos jóvenes que crecieron normalizando la violencia, que aprendieron que el deber es opcional, que marcharon siguiendo consignas prestadas sin memoria ni contexto, que nunca supieron de una guerra más que por una pantalla, serán quienes gobiernen Chile mañana. Serán los legisladores, los jueces, los ministros, los directores de escuela. Y lo que son hoy no es un accidente. Es el resultado de lo que nosotros, los adultos, decidimos enseñarles. O decidimos no enseñarles.

Una mujer de 59 años murió en el patio de un colegio intentando proteger a sus alumnos. Eso no tiene vuelta atrás. Pero lo que hagamos con ese dolor sí es una elección.

¿O vamos a seguir eligiendo el silencio?

*¡La Providencia nos está Mirando!*

Por Cristián Labbé Galilea

La Semana Santa no es sólo una tradición religiosa propia de la sociedad cristiana occidental; más allá de toda creencia, es una oportunidad propicia para la reflexión, el recogimiento y la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. No se trata simplemente de un fin de semana largo; es tiempo para fortalecer principios y valores fundamentales, que trascienden lo material, cuya proyección urge en la vida cotidiana, especialmente en quienes ejercen responsabilidades públicas.

En ese contexto, resulta inevitable —y urgente— preguntarse: ¿cuándo la sociedad política hará un verdadero ejercicio de introspección?, porque, mientras se multiplican las críticas apresuradas o simplemente irresponsables, los más necesitados siguen esperando. La política no puede seguir atrapada en la lógica del cálculo mezquino, tiene el deber de ordenar sus prioridades y ponerse, sin excusas, al servicio de los más vulnerables.

Vivimos días decisivos: se instala un nuevo gobierno que carga con el peso de enormes expectativas; a ello se suman serios problemas heredados, y una ciudadanía que exige respuestas inmediatas. Pero hay que decirlo, fuerte y claro: gobernar no es un acto instantáneo, exige tiempo, responsabilidad y, por sobre todo, un mínimo de unidad y disciplina de quienes dicen ser sus partidarios.

Lo que menos necesita un gobierno que recién comienza es esa crítica social solapada —sí, a usted me refiero, mi crítico parroquiano— ya que, sin darse cuenta, se suma a un coro malintencionado de reproches ligeros e infundados.

Peor aún es la crítica que emana del propio sector político, muchas veces impulsada por resentimientos o simples afanes de protagonismo —al que le venga el sayo, que se lo ponga—. Unos y otros —parroquianos y políticos—, no aportan nada con su crítica, y además debilitan un proceso que exige responsabilidad y altura de miras. Si no tienen disposición a sumar, al menos por prudencia… ¡quédense callados!

Después de más de treinta años, tenemos un gobierno que encarna nuestros valores y principios. Desperdiciar esta oportunidad sería imperdonable. Es el momento de impulsar un verdadero “cambio copernicano” en la forma de administrar el Estado… ¡sin titubeos, ni cálculos menores! Eso fue lo que la ciudadanía eligió, y hoy exige ver “a los propios” defendiendo con convicción la acción de su Presidente y de su gobierno, sin ambigüedades. No vale el silencio cómodo ni la distancia oportunista, sólo valen la firmeza en las convicciones y la confianza en el rumbo trazado.

El sentido humano más profundo de esta semana nos invita a todos a poner el foco en el prójimo; en política, eso se traduce en entender que las urgencias sociales requieren decisión, coraje y firmeza. Los sectores vulnerables no pueden seguir siendo rehenes de mezquinas disputas.

Por último, esta humilde pluma invita a nuestros parroquianos y políticos a asumir un compromiso… ¡menos crítica y más compromiso! Ese es el mejor homenaje al espíritu de la Semana Santa… ¡la Providencia nos está mirando!

Ayer falleció el SOF ELISEO CORNEJO ESCOBEDO, MPP de Colina 1

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento del Suboficial (R) Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, del arma de Artillería, ocurrido hoy sábado 28 de marzo de 2026, a la edad de 85 años, mientras permanecía privado de libertad en el penal Colina 1.

Don Eliseo era un hombre anciano, de avanzada edad, que enfrentaba el deterioro propio de sus años en condiciones que no se condicen con la fragilidad de una persona octogenaria.

“Cuando una condena se ejecuta sin misericordia contra ancianos, vulnerando todos sus derechos, es maldad consentida, pues un castigo sin compasión no fortalece la justicia, la degrada.”

Hoy, desde el encierro, sus camaradas lo despedimos con respeto, con memoria y con la convicción de que su partida marca el fin de una larga y dura etapa.

Al fin ha recuperado la tan ansiada libertad.

Buen viaje, camarada !

Este nuevo fallecimiento se suma a las decenas que han fallecido en los campos de exterminio por la venganza y el odio.

Ver listado pinchando a continuación:

FALLECIDOS PRESOS

Nuestras sentidas condolencias a su familia, amigos y camaradas de armas

En Argentina:

Ministerio de Justicia instruye “revisión especial” al SML por “posibles irregularidades”

Esto, a raíz de la auditorías iniciadas en este Gobierno y la presunta omisión de datos presentados por el organismo al Congreso en 2024.

26 de Marzo de 2026 | 12:38 | Redactado por Daniela Toro, Emol.18

Ministro de Justicia y DD.HH., Fernando Rabat. Emol.

El Ministerio de Justicia anunció que el titular de la cartera, Fernando Rabat, instruyó una “revisión especial” al Servicio Médico Legal (SML) tras analizar una serie de antecedentes que evidenciarían falencias operativas y posibles inconsistencias en la información entregada por el organismo.

La revisión especial es un mecanismo que permite a la Unidad de Auditoría Ministerial no solo pedir antecedentes, sino además levantar imágenes en terreno, para dar cuenta fehaciente de la realidad.

A través de un comunicado, desde el Ministerio de Justicia detallaron que “además del estudio de antecedentes recientes de auditorías, que dan cuenta de la complejidad de la situación, un reportaje de Canal 13 dio cuenta de una posible omisión de datos vinculados a cerca de 50 cuerpos en un informe oficial presentado a fines de 2024 a la Comisión de Presupuesto, junto a supuestas falencias en el manejo de otros cuerpos”.

En esa línea, aseveran que el ministro calificó los hechos como “de la mayor gravedad” y advirtió que la entrega de información incorrecta en el marco de procesos legislativos “vulnera principios esenciales de transparencia y probidad en la administración pública”.

Asimismo, subrayó que “estos antecedentes podrían constituir infracciones a normas básicas del funcionamiento del Estado, lo que exige una respuesta inmediata y rigurosa”.

El ministro Rabat señaló que los antecedentes dados a conocer por el reportaje periodístico “coinciden con información que el Ministerio de Justicia ha estado recopilando desde la llegada de las nuevas autoridades, y que actualmente está siendo analizada en profundidad para determinar eventuales responsabilidades al interior del SML”.

“Lo prioritario es examinar exhaustivamente todos los antecedentes que hoy están en nuestro poder”, recalcó la autoridad.

La cartera subrayó que la revisión especial en curso tiene como objetivo esclarecer la veracidad de los hechos denunciados y establecer las responsabilidades administrativas que correspondan dentro del Servicio Médico Legal.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirma su compromiso con la transparencia, la probidad y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y adoptará prontas medidas para resguardar el correcto funcionamiento del servicio forense del país”, añadieron.

Por su parte, el ministro Rabat sostuvo que “el Ministerio solidariza con el dolor de las personas que, tras la pérdida de un ser querido, pudiesen sentirse agraviadas por las irregularidades en estudio”.

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/03/26/1195467/justicia-revision-especial-sml-irregularidades.html

Desafios-seguridad-y-defensa-JG-MM-marzo-1

ANÁLISIS |

Antiguos desafíos de seguridad nacional y defensa para nuevas autoridades

Por John Griffiths y Marcelo Masalleras

23 de marzo 2026

A días del inicio de un nuevo gobierno en Chile, resulta conveniente reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la defensa actualmente. La administración saliente deja varias tareas pendientes, lo que refleja que Defensa no fue, necesariamente, una prioridad para el gobierno del presidente Gabriel Boric. En las próximas líneas se plantean las que, a juicio de los autores, actualmente son las áreas prioritarias para la seguridad nacional y la defensa.

Estos acontecimientos siguen en función de alcanzar los objetivos ya señalados en el documento del fin de semana: presionar al régimen para modificar sus aspiraciones nucleares, degradar capacidades estratégicas iraníes, y por último, generar condiciones que permitan un cambio del régimen.

I. Seguridad para el Estado

Nueve de cada diez chilenos manifiestan que la seguridad es el principal problema que los aqueja. Esta sensación de vulnerabilidad es efectiva cuando se revisan las cifras de criminalidad que azotan al país y que se expresan cada día. El nivel de violencia, el tipo de delitos y el incremento en el uso de armas de fuego son solo algunos ejemplos de lo complejo que es este fenómeno. Pero el problema que está afectando a Chile no es algo particular, pues es sólo la expresión de un asunto que ha golpeado fuertemente a la región latinoamericana por décadas, pero que nuestro país estaba alejado. Ingresos migratorios sin control efectivo, frontera porosa, bandas criminales transnacionales organizadas e instaladas en Chile, ausencia del estado de derecho, ineficiencia de las instituciones, escasa coordinación interestatal y, sobre todo, la falta de voluntad y decisión política son los factores centrales en este asunto.

Para comenzar, es indispensable identificar y definir adecuadamente el problema, sin eufemismos ni rodeos. Lo que Chile enfrenta es un tema mayor, que afecta la seguridad nacional de Chile y la de todos sus habitantes, habiendo dejado de ser solo un problema de seguridad pública. Para solucionar esto, se deben emplear todos los recursos del país, de manera lógica, sin desnaturalizar sus funciones, pero con todo el peso del Estado y, ciertamente, dentro del marco legal y normativo.

Primero, nos parece que resulta indispensable crear una arquitectura de seguridad nacional, tal como desde AthenaLab hemos estado insistiendo los últimos años. Esta estructura debe ser eminentemente de carácter político y civil, y debe encargarse de la integración y coordinación —a nivel estatal— de la problemática de seguridad. De esta manera, Chile contará con un organismo capaz de monitorear los riesgos y amenazas que lo acechan, así como las oportunidades que puedan surgir, sin esperar que el problema nos sorprenda, como ha sucedido con el crimen organizado transnacional. A partir de esta organización, se podrá articular e implementar una estrategia de seguridad para nuestro país, que tenga una visión de largo plazo y que gestione todos los componentes del poder nacional.

Para respaldar adecuadamente esta arquitectura, es necesario diseñar, implementar y reforzar un moderno y robusto sistema de inteligencia nacional. Esto se puede hacer sobre la base de la ley recientemente promulgada —reforzando los tipos de inteligencia para un sistema más completo—, y así articular de manera eficaz y eficiente los medios disponibles. Ahora bien, hoy el país no cuenta con dicho sistema, por lo que muchos esfuerzos están disgregados sin integrarse adecuada y oportunamente.

La importancia y complejidad de la situación exige contar con una masa crítica de personas capacitadas —inicialmente— en las mejores instituciones a nivel mundial, tanto en los ámbitos de la seguridad nacional, la defensa, como de la seguridad pública. El desafío demanda un número de expertos que Chile no tiene, pues hoy la calidad de la asesoría recae en personas que no necesariamente están bien capacitadas, exponiéndonos a diagnósticos y soluciones poco efectivas, como lo ha demostrado la propia experiencia. Al mismo tiempo, se deberán generar los incentivos para que, a nivel nacional, se multipliquen los estudios e investigaciones en esta área, así como que distintos centros de estudios universitarios presenten ofertas académicas en estos temas de gran interés y relevancia para el país.

II. Defensa Nacional

La Defensa, parte fundamental del Estado que centra su esfuerzo por tener un país más seguro, debe sumar sus capacidades, pero sin desviarse de sus tareas fundamentales ni desnaturalizar su esencia ni misión constitucional. Las Fuerzas Armadas gozan de gran prestigio internacional y un claro reconocimiento de sus compatriotas, lo que ha sido el resultado de un trabajo profesional; sin embargo, el país les ha exigido cada vez más esfuerzo para desempeñar roles no convencionales durante períodos de tiempo cada vez más prolongados. Esto, sumado a los cambios en el contexto internacional y regional, demanda que nuestra defensa se actualice para hacerse cargo de estos y otros desafíos.

Con el objetivo de robustecer la Defensa de Chile, se considera necesario optimizar la conducción conjunta de las Fuerzas Armadas. Sobre la base de lo que ya se ha avanzado, se necesita otorgar una mayor relevancia y peso a la figura del jefe del Estado Mayor Conjunto, así como de los comandos conjuntos existentes. La idea es que estas organizaciones cuenten con mayor independencia y puedan actuar con mayor libertad de acción respecto de las instituciones armadas, reconociendo las particularidades de la zona norte, centro y sur del país. Si estas organizaciones serán las encargadas de conducir el conflicto, parece necesario darles las atribuciones y condiciones para el entrenamiento conjunto que asegure el fortalecimiento, entre otros aspectos, de la interoperabilidad.

Asimismo, la situación actual demanda la revisión de las actuales capacidades estratégicas, identificando las áreas de mayor obsolescencia. En otras palabras, dotar a las Fuerzas Armadas de los medios que necesitan para desarrollar su labor, actualizando los sistemas de armas más antiguos y adquiriendo la tecnología necesaria para hacer más eficiente su trabajo, en forma integrada. En especial, todo lo relacionado con la vigilancia y protección de fronteras terrestres, marítimas y aéreas, siempre con responsabilidad, control civil y bajo la realidad presupuestaria.

Del mismo modo, recogiendo lo que se observa cada día más en un mundo en conflicto, el Estado debe recuperar y fomentar la industria nacional e innovación en defensa, de manera de obtener un nivel mínimo de autonomía estratégica, suficiente para actuar con libertad de acción. Sobre este punto, se deben generar incentivos para la investigación y desarrollo en materias de defensa, más allá de las empresas del Estado dedicadas a ello (FAMAE, ASMAR y ENAER). En Chile contamos con el talento suficiente para llevar al país a un sitial importante en materias de innovación y tecnología, por lo que la relación público-privado es clave.

Por último, resulta conveniente que las nuevas autoridades fortalezcan las capacidades del personal militar. Por un lado, es fundamental promover la valoración de la carrera militar en todos sus escalafones, reforzando el orgullo de servir a Chile en las Fuerzas Armadas. Esto implica promover la incorporación de jóvenes a las instituciones armadas, fortalecer las tradiciones y la identidad nacional, así como contrarrestar la progresiva pérdida de talento observada en el último tiempo. Cada año, la sociedad amplía el espectro de misiones que requiere de las instituciones de defensa, prolongando la duración de sus despliegues, pero sin asignar todos los recursos y el presupuesto necesarios. Asimismo, el gobierno debería atender las situaciones judiciales del personal activo que, por razones del cumplimiento del deber, ha sido procesado en distintas causas en el marco de Estados de Excepción Constitucional, desde el año 2019 hasta la fecha. Se trata de alinear responsabilidades con las debidas atribuciones excepcionales de dicho contexto. Si no se cuenta con el marco adecuado, parece que es mejor no exponerlos a un empleo de excepcionalidad, si a la larga, se les enjuiciará con criterios de normalidad.

Finalmente, se debe reconocer que estos desafíos se convierten en tareas especialmente complejas para las nuevas autoridades, pues reciben el Estado bajo un fuerte estrés presupuestario. Se ha indicado desde el Ministerio de Hacienda la necesidad de ajustar los recursos en un 3% —a la baja—, lo que impactará a Defensa. Esperemos que, dada la prioridad que el presidente de la República asignó a la seguridad durante su campaña, esto se refleje en la distribución de recursos para hacer frente a las urgencias y emergencias más importantes e inmediatas de Chile.

John Griffiths

Marcelo Masalleras

23 de marzo 2026

*¡Afírmense… Chile vuelve a Galopar!*

Por Cristián Labbé Galilea

Hay momentos en que a una sociedad se le debe hablar con franqueza, sin eufemismos, sin populismos ni mentiras a medias, especialmente cuando se viven momentos complejos, porque hay una regla básica, tanto en política como en la vida: “con la verdad no se miente”. Hay circunstancias en que la realidad se puede disfrazar por un tiempo, pero la verdad siempre termina imponiéndose.

Hace tiempo que en la comunidad nacional se instaló “una verdad”: el país iba directo al despeñadero; no era simple crítica, sino la percepción de desgobierno generalizada.

Sobraban las evidencias de malversaciones, despilfarros, corrupción descontrolada, y de un Estado cuyas finanzas mostraban preocupantes señales de agotamiento, sólo por nombrar algunas…

No es mentira, fueron años complejos. Se trastocaron los principios republicanos, y se fue instalando una sensación de incertidumbre que terminó afectando la vida de millones de ciudadanos. El país, poco a poco, fue quedando a la deriva.

Corregir el rumbo no sería una tarea fácil. El Presidente Kast fue elegido para “el control de la avería”, y estaba consciente de que, para “un gobierno de emergencia”, no hay atajos ni soluciones mágicas, tenía que actuar con decisión, convicción y coraje.

La misión en sí era compleja y, para hacerla aún más difícil, apareció un factor externo que ha colocado la economía nacional en duros aprietos: la crisis en Medio Oriente obligando al Presidente a adoptar medidas drásticas referidas al precio de los combustibles.

Las críticas no tardaron en aparecer, incluso de su propio sector. En clara demostración de que no hemos aprendido nada, ahora cuando tenemos un Presidente que pone, por sobre cualquier otra consideración, el bien superior del país, y no cae en la tentación del populismo y de lo políticamente correcto… nos quejamos.

¿No queríamos un Presidente honesto, con pantalones, serio, que tome las decisiones correctas y no la de los votos…?

Quizá olvidó, mi ilustrado parroquiano, que esta compleja situación internacional se ha visto agravada porque el gobierno del Presidente Kast recibió las arcas fiscales prácticamente vacías. En una realidad así, el margen de maniobra era demasiado estrecho, y la decisión debía responder a la necesidad de enfrentar, con responsabilidad, un escenario internacional adverso, y una fragilidad interna heredada que limitaba cualquier otra alternativa.

¡Presidente!… así lo quiere ver Chile y el mundo, tomando decisiones claras y firmes. ¡Bravo Presidente!, también fue acertada su decisión de no respaldar la candidatura de la Señora Bachelet a la ONU. Para muchos, por inviable, pero para esta modesta pluma… por ser una inmerecida postulación.

Una reflexión final… El país está pidiendo “a gritos” decisiones firmes de sus autoridades, pero para que ello ocurra no caben ambigüedades ni criticas ligeras. Si queremos lograr los cambios necesarios para recuperar el rumbo que ha marcado nuestra historia, existe un solo compromiso, el de apoyar a nuestro gobierno con decisión y firmeza, sin tibiezas.

Están todos advertidos: “Afírmense… que Chile vuelve a galopar”.

LAS VERDADES HAY QUE DECIRLAS:

Críticas a legisladores por “tergiversación histórica” en debate sobre ley humanitaria

Se cuestiona la falta de rigor e información en la discusión parlamentaria sobre beneficios a exuniformados privados de libertad, advirtiendo que en Chile no existirían condenas por delitos de lesa humanidad y exigiendo mayor transparencia del Ministerio de Justicia.

24 de marzo de 2026

Imagen: es.vecteezy.com

Hoy queremos dejar de ser meros espectadores y testigos de esta “pandemia” de tergiversación histórica que afecta a algunos legisladores, políticos e influyentes. Ya no somos solo víctimas de la distorsión del pasado, sino también del presente.

En estos días hemos escuchado discursos grandilocuentes en torno a la llamada ley humanitaria para antiguos soldados privados de libertad. Sin embargo, lo más preocupante no es el debate en sí, sino la falta de información y rigor con que algunos parlamentarios están actuando.

Es fundamental-y urgente- que los políticos se informen correctamente: en Chile no existen condenados  por delitos de lesa humanidad.

Tan claro es esto, que el propio gobierno del presidente Gabriel Boric, en respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que dicho organismo no tiene competencia respecto de hechos ocurridos entre 1973 y 1990.

En consecuencia, las condenas existentes en Chile corresponden a delitos comunes, Tal como consta en los registros oficiales de Gendarmería. De esto, hoy el Ministerio de Justicia debe dar cuenta con total transparencia.

Es por tanto, un acto de justicia que sea el propio Ministerio de Justicia quien aclare al Poder Legislativo que en Chile no hay condenados por delitos de lesa humanidad.

También debemos denunciar una justicia torcida, que no solo ha dictado condenas discutibles, sino que incluso ha terminado por condenar a inocentes sobre la base de falsos testigos y procesos carentes de las debidas garantías. De esta grave realidad casi no se habla, pese a que compromete seriamente la credibilidad del sistema judicial y la recta administración de justicia.

Asimismo, es importante recordar  a los señores legisladores que en ninguna parte del Tratado de Roma se establece que quienes hayan sido condenados bajo sus disposiciones pierdan el derecho a beneficios humanitarios.

Negar este principio constituye una injusticia brutal que traiciona abiertamente los principios más básicos del Estado de Derecho.

Resulta vergonzoso que, por desconocimiento, presión política o falta de convicción, algunos parlamentarios pretendan restringir derechos básicos, ignorando tanto la normativa vigente como los principios fundamentales del derecho.

Por ello, exigimos con firmeza: gobernar con carácter no es una consigna, es una obligación. Implica informarse, tener convicciones y actuar con valentía, haciendo prevalecer la verdad, la justicia y la dignidad humana por sobre cualquier cálculo político.

Carlos Fica Cisternas

Presidente

Multigremial de las Fuerzas Armadas,

Carabineros e Investigaciones en Retiro (FACIR)

Publicada en Diario Constitucional

La realidad en el Servicio Médico Legal:

La Trampa: Persecución Selectiva y Circular 618

La trampa jurídica que busca elevar toda violencia innecesaria al rango de crimen de lesa humanidad constituye una estrategia política evidente: neutralizar la capacidad defensiva del Estado.

por Vanessa Kaiser23 marzo, 2026

21 de Marzo del 2026 Velorio del Carabinero Javier Figueroa, con la presencia del Presidente de la Republica Jose Antonio Kast el Gral Director de Carabineros Marcelo Araya, El Ministro del interior Claudio Alvarado y la Ministra de Seguridad Trinidad Steinert en la capilla Sagrado Corazon de Jesus de PuertoVaras se realizo la despedida del uniformado. FOTO: Rudy Muñoz / UNO NOTICIAS

Se equivocan quienes, como Carlos Peña, plantean que el indulto es un obstáculo para la justicia. Nosotros sostenemos que, al contrario, en el contexto de la violencia octubrista calificada por el expresidente Piñera como “golpe de Estado”, el indulto es una herramienta que sirve para corregir la persecución penal injusta y selectiva que se ha llevado a cabo gracias la trampa que contiene la circular 618 de la Fiscalía. ¿Cuál es la trampa?

En una primera instancia elevar todo acto de violencia innecesaria a la categoría de apremio ilegítimo. Luego, en una segunda etapa, establecer que dichos apremios fueron parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. ¿Cuál es el objetivo? Transformar la violencia innecesaria que ocurre en situaciones de caos y destrucción como la del 18-O en crímenes de lesa humanidad. Un reciente ejemplo de la estrategia que comentamos es la reactivación de la causa por delitos de lesa humanidad en manos del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. Su propósito es pesquisar una posible sistematización de los apremios que se produjeron en el marco de las protestas. ¿Cuáles son las consecuencias?

Estamos ante una persecución jurídica de carabineros, militares y policías que no tiene límite temporal, puesto que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, amnistiables y se consideran no indultables. En pocas palabras, si la Fiscalía logra su objetivo, la discusión sobre el indulto es estéril.

¿Por qué consideramos sesgado el actuar de la Fiscalía cuando acusa a quienes contuvieron la violencia octubrista de apremios ilegítimos? Porque este delito solo existe cuando se puede probar la motivación del agente, es decir, en los casos de los carabineros, una intención de dañar el rostro y los ojos de los manifestantes disparando a más de cien metros con escopetas de perdigones. ¿Le parece a usted razonable?

Por otra parte, en el actuar de la fiscalía no se observa el principio de objetividad, puesto que, como plantea la solicitud de remoción del fiscal Armendáriz (abril de 2024), no se ha investigado con un mínimo de rigurosidad quiénes fueron los agentes de la destrucción que afectó al país y, menos aún, cuáles podrían haber sido sus fuentes de financiamiento. La pregunta sigue en el aire: ¿quién quemó las estaciones de metro?

En suma, la aplicación de esta circular está creando un clima de impunidad en beneficio de los verdaderos responsables de la violencia y la destrucción, mientras se persigue a quienes, mandatados por el Ejecutivo, actuaron en defensa de la ciudadanía y de nuestra democracia. La falta de juicios a los responsables y detenidos por la destrucción de nuestras ciudades, ataques masivos a comisarías, carabineros y ciudadanos que por meses asolaron nuestro país (y que amenazan con volver), constituye una alerta para las autoridades recientemente electas. Y es que la trampa jurídica que busca elevar toda violencia innecesaria al rango de crimen de lesa humanidad constituye una estrategia política evidente: neutralizar la capacidad defensiva del Estado. ¿Quién en su sano juicio cumpliría órdenes sabiendo que será perseguido de por vida?

Sabemos que los Estados fallidos son aquellos que ceden el lugar que les corresponde como detentadores legítimos del monopolio de la fuerza a quienes no respetan la democracia, participan de actividades criminales y usan la violencia como medio para lograr sus fines. En este contexto es de suma relevancia que se constituya cuanto antes la comisión investigadora que ha propuesto el Partido Nacional Libertario para “identificar a grupos y organizaciones” que participaron en el mal llamado estallido social.

Por último, es hora de reconocer la trampa y de exigir que se aplique la justicia de manera equitativa y sin sesgos. En este contexto insistimos en que el indulto es una herramienta necesaria para corregir errores judiciales y, en el caso que comentamos, evitar persecuciones penales injustas.

Vanessa Kaiser

PhD en Filosofía y en Ciencia Política Más de Vanessa Kaiser

Para recordar un paso más de lo que nos llevó al 11 de septiembre de 1973:

hans_marowski

🚨LA IZQUIERDA FUNDIÓ CHILE Y AHORA FINGE PREOCUPACIÓN

Quiero ser claro: el alza en los combustibles responde a una guerra, pero también a un Estado que se quedó sin ahorros porque la Izquierda se lo gastó todo irresponsablemente. Durante años aprobaron presupuestos irreales y dejaron crecer la deuda sin hacerse cargo. Hoy, cuando no queda nada, recién se preocupan. Vamos a apoyar el proyecto que busca contener el precio del Kerosene. No nos dejaron alternativas, pero exigimos saber dónde está la plata y quiénes son los responsables 💸🇨🇱

#ChileDespierta #SeGastaronTodo #hansmarowski

https://www.instagram.com/reel/DWSWImrCQk7/

Las cosas como son:

Hoy muchos están viendo que el diésel sube más de $500 el jueves y ya hay filas eternas de vehículos esperando llenar estanque y la reacción automática es:
“¿quién tiene la culpa?”
Pero esa pregunta, aunque válida, se queda corta.
La pregunta correcta es: ¿por qué pasan estas cosas?
Voy a explicarlo en simple, porque este tema nos afecta a todos.
Primero: Chile no produce petróleo.
Lo importamos.
Eso significa que cuando el precio internacional sube —por guerras, crisis o decisiones externas— nosotros no tenemos control. El golpe llega sí o sí.
Entonces, ¿por qué antes no subía tanto de golpe?
Porque existe un mecanismo del Estado que amortigua estas alzas ( el mepco )
En simple: cuando el combustible sube mucho, el Estado paga una parte para que tú no lo sientas completo.
Suena bonito, ¿cierto?
El problema es que eso no es gratis.
Mientras tú pagabas menos, el Estado estaba poniendo la diferencia.
¿Y de dónde sale esa plata?
– De deuda
– De impuestos
– O de recortes en otras áreas
Se llegó a gastar del orden de cientos de millones de dólares por semana solo en contener el precio de los combustibles.
Ahora pensemos esto en serio:
¿Tiene sentido que un país gaste miles de millones de dólares en subsidiar bencina… mientras tiene problemas en salud, seguridad, educación y pensiones?
Esa es la discusión real.
Aquí hay tres caminos posibles:
1. Mantener precios artificialmente bajos
→ La gente no siente el golpe ahora
→ Pero el país se endeuda y después el ajuste es peor
2. Subir de forma gradual
→ El golpe se reparte en el tiempo
→ Pero sigues gastando millones cada semana
→ Sigues pateando el problema
3. Ajustar de golpe
→ Duele ahora
→ Pero dejas de seguir acumulando deuda
Lo que estamos viendo hoy es esa tercera opción.
¿Es agradable? No.
¿Es popular? Tampoco.
Pero financieramente es la forma más rápida de dejar de perder plata como Estado.
Y aquí viene la parte más incómoda de todas:
Gran parte de las crisis que estamos viendo —combustibles, energía eléctrica y otras— tienen un factor común:
el populismo.
Durante años se tomaron decisiones pensando en el corto plazo:
– Congelar precios
– Entregar beneficios sin respaldo real
– “Aliviar” hoy, aunque eso signifique cargarle el costo al futuro
Porque claro… es más fácil ser el gobernante que “te ayuda” ahora, que el que te dice la verdad incómoda.
Pero la economía no funciona con buenas intenciones.
Nada es gratis.
Nunca lo ha sido.
Si el Estado no paga hoy… alguien lo paga después.Y ese “después” puede ser:
– Más impuestos
– Más deuda
– Menos recursos en otras áreas
– O simplemente un golpe más fuerte más adelante
Lo vimos con la luz.
Se congelaron precios por años.
¿Resultado? Cuando ya no se pudo sostener, las cuentas subieron fuerte de una.
No fue casualidad.
Fue una cuenta acumulada.
Entonces la pregunta que deberíamos hacernos como país es otra:
¿Queremos soluciones reales… o parches temporales?
Porque seguir eligiendo populismo es básicamente decir:
“Que el problema no lo pague yo… que lo paguen mis hijos o mis nietos.”
Y eso, más que una solución, es simplemente patear la pelota.
Al final, la realidad siempre llega.
Y cuando llega, no pregunta por popularidad.

Una verdad irrefutable:

Vea también:

https://youtu.be/f0-UOFclvSM

Y:

Vean el monto que dejó para el MEPCO el Gobierno de izquierda:

Boric: el taumaturgo

Por Rodrigo Ojeda 

“Gracias por tanto y perdón por lo poco”. Ha finalizado el primer gobierno frenteamplista y comunista. El de las movilizaciones y asambleas universitarias. Fueron cuatro años en los cuales el relato recubrió y encubrió una forma de habitar el palacio y las instituciones. No sabemos si asumieron como vanguardia el: “otra cosa es con guitarra”. En la última cadena nacional del expresidente sobran ejemplos de lo mencionado: “puedo afirmar hoy que nuestro país es un mejor lugar que el que era hace cuatro años atrás”; “hubo errores que no puedo desconocer, y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan”, “me voy con la frente en alto y con las manos limpias”. Boric se despide haciendo gala de ese sello generacional de estar dotados de lo inmaculado, antes y después de gobernar. Además, señala que hay tiempo para revisar y ponderar “los errores”. La generación impugnadora no aplicó la misma vara con Sebastián Piñera, estuvo dispuesta a justificar la violencia y danzar alrededor del fuego en las calles. ¿Dejarán gobernar al presidente electo?

El ciudadano Boric reconvertido en expresidente es y será una voz que acompañará la contingencia y al proyecto político que buscó refundar todo. Hay un Boric del pasado que “proclamó que una parte de su ser quería abatir el capitalismo y no dejaba dudas respecto de que su inspiración principal eran Allende y la Unidad Popular”. Boric se identificó y jugó sus cartas por el proyecto constitucional identitario y plurinacional. Tras el rechazo popular tuvo que navegar en la institucionalidad nacional con una camisa de fuerza. No sabemos públicamente si sigue creyendo en derrotar los molinos de viento capitalistas ni cuál será su tono al intervenir en el debate como expresidente. Ha señalado que la política es su oficio y su convicción es: “hacer mejor a Chile”. Boric es un misterio en la esfera pública y debe ser interpelado por su actuación política en la última década. La actual oposición de izquierda tiene que convencerse y llamar a “rechazar la violencia política y a actuar dentro de las reglas del régimen democrático”, en palabras de Sergio Muñoz. Boric y la izquierda en su amplio espectro, tienen que renovar sus credenciales democráticas en los acuerdos y en los hechos. No más las palabras ni buenas intenciones. La política es una actividad de acciones. ¿Volverá a la radicalidad universitaria o liderará la alicaída izquierda culposa de pasado concertacionista?

Su tercio de seguidores es leal a “la gobernanza” y al relato oficial que culpa al empedrado y a la derecha. El expresidente fue irresponsable, partisano y odioso en la conducción de las relaciones internacionales. Su incontinencia en las redes sociales fueron guiños ideológicos. Su agenda fue majadera al atacar el país del norte y a la única democracia de Medio Oriente. Entrevistado en el programa que muestra a “la persona detrás del presidente” no reconoció sus excesos y desprecios con la comunidad judía en Chile. La prensa no siempre incomodó el poder de Boric.

El legado de Boric es confuso. Los opositores creen que gobernó un país imaginario. Otros sostienen que la estructura institucional chilena, la de los 30 años y más, resistió los embates refundacionales, además de la farra fiscal del frenteamplismo. En paralelo, sus partidarios reconocen en el expresidente a un taumaturgo por sus dones mágicos y sobrenaturales. Chile cambió y rechazó los ensayos constitucionales, la candidatura comunista y escogió al actual presidente. Bienvenidos: Baquedano y diamante, JAK y el orden portaliano. El legado de Portales es una fuente de inspiración que demanda virtudes cívicas y sobriedad al nuevo gobierno. El retorno de la estatua no significa el fin del octubrismo ni el ideario refundacional. Varios de sus representantes con prontuario octubrista se trasladaron al parlamento.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Pingüino el domingo 15 de marzo del 2026.

Otra racionalidad política

Por Álvaro Góngora 

Vivimos bajo un gobierno peculiar. Triunfó con una votación rotunda, apoyado por una coalición partidaria incoherente y con tensiones internas en varios sentidos (FA y PC). El presidente de 36 años representaba a una generación joven, pero con aspiraciones refundacionales, arrogantemente dispuesta a implementar un modelo institucional nuevo, social, cultural y económico, demostrando displicencia por las realizaciones concertacionistas y el actuar de políticos precedentes.

Se jugó entero por implementar una Constitución que respondía en su totalidad a la concepción ideológica de la alianza, pero que fue rechazada en forma aplastante en un plebiscito, lo que obligó a modificar la agenda, el discurso y pedir auxilio a figuras avezadas de la denostada Concertación, asignándoles la dirección de ministerios y otras funciones.

Su ejercicio fue seguido como lección por los equipos de principiantes. Provocó un cambio en la gestión de ellos, incluyendo al mandatario. Hubo logros a la postre de carácter social y parciales en otras áreas, a tal punto que la conducción y gobernanza se ejecutó en sentido contrario de las directrices programáticas originales. Con todo, los grandes problemas fueron abordados tarde. En fin, recordamos el devenir del régimen.

Faltó profesionalismo, madurez política, hubo más retórica que real conducción, amén de ser errática en ocasiones. Conspiró también en su contra el ideologismo, porque toda ideología con base en fundamentos abstractos potencia el ánimo confrontacional.

Con todo, sin contar a la oposición, hubo diversas críticas que registró la prensa: figuran listas de errores, de fracasos y traspiés, incluso comentarios surgidos desde las izquierdas, dos fatales: “Han fracasado en todo y han terminado por dañar la esencia de nuestra izquierda”, y el balance realizado por Pepe Auth.

El nuevo gobierno obtuvo un contundente respaldo y, al parecer, por lo conocido en días previos, es presumible que predomine la modestia. Enhorabuena, porque los principios rectores y creencias que inspiran la gerencia de un gobierno deben asumirse sin sentido de superioridad. Porque la función prioritaria es servir a la población concretamente, creando condiciones que propicien bienestar general, material y espiritual, privilegiando a sectores vulnerables.

No son necesarias altisonantes manifestaciones discursivas, sino ser desprendido, actuando en función de decisiones fundadas, con autenticidad, siendo dialogantes, eficientes y honestos con el manejo de los recursos y sin excesiva burocracia. Es decir, gobernar con una racionalidad política distinta, con sencillez y sentido común. De lo contrario, continuaremos con ciclos políticos polarizados.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el lunes 16 de marzo de 2026.

Retorna la ética en la gestión gubernamental

Por Jaime Jankelevich 

El pasado miércoles 11 de marzo, Chile dejó atrás el peor gobierno de los últimos 36 años, con un final muy doloroso para el país, producto del alevoso atentado contra el sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien vive horas críticas con diagnóstico de muerte cerebral. Hasta las últimas horas de su mandato, el Presidente Boric no logró liberarse de la incapacidad con que gobernó.

El Presidente Kast, por el contrario, comenzó su gobierno dando precisas instrucciones a sus ministros de las urgencias a las que tendrían que abocarse a partir de ese, su primer día en el poder. En su discurso desde La Moneda a las 9 de la noche dio a conocer que el país les fue entregado en peores condiciones que las que podían imaginar; con las finanzas públicas debilitadas, con avance del crimen organizado y el narcotráfico y con las familias sintiéndose abandonadas por el Estado.

Comunicó también que su gobierno no llegó para administrar lo existente, sino que para corregir lo que está mal, a recuperar lo que se perdió y a construir lo que nunca se ha hecho, desde el primer día, lo que será el sello de su gobierno. Dijo también que Chile tiene otro flagelo, la corrupción, y que les demandó a sus ministros que hagan auditorías en todos los ministerios para tener claro qué se hizo bien, pero también qué se hizo mal, para corregirlo, dejando muy claro que se perseguirá incansablemente a quienes se roben la plata de los chilenos, a quienes abusen del poder y a quienes usen el Estado para enriquecerse.

Pero sin entrar en más detalles, durante el día pudimos oír que se recalcaron y reforzaron conceptos centrales para la vida en sociedad, que en los últimos cuatro años se ignoraron. Se volvió a hablar de la importancia de la familia, del trabajo bien hecho, del mérito, de la responsabilidad, del esfuerzo, del respeto por la gente que trabaja, del respeto por los mayores, de la importancia de estudiar, de la confianza en las instituciones, del apoyo incondicional a las FF.AA. y Carabineros, de la unión de todos por el bien de todos; de la unión de voluntades por el bien del país y todos sus habitantes.

Esos conceptos que resonaron el miércoles 11 y el sello que el gobierno le ha impuesto a su mandato, nos hablan claramente del retorno de la ética en la gestión gubernamental, algo que se valora y aprecia.

Sin embargo, la izquierda no perdona que haya asumido el Presidente Kast. Tristemente, como lo informara El Líbero, el Liceo 1 de niñas se tomó el colegio como protesta por su asunción al poder, escribiendo sobre nuestra bandera “Liceo 1 anti facho-anti Kast”, lo que obligó al establecimiento a suspender las actividades. También en el Augusto D’Halmar hubo protestas de jóvenes en las afueras del liceo por la visita del Presidente y algunos apoderados incluso amenazaron con no enviar a sus hijos a clases.

Y en el Instituto Nacional, cuya Presidenta del Centro de Alumnos es militante comunista, desplegaron un letrero que decía “Un tirano electo no es algo nuevo / Es el reflejo del sistema que nos somete / Con la memoria intacta nos levantamos / En pie de guerra contra toda autoridad”. Y ese mismo día, el alcalde Mario Desbordes denunció que durante el cambio de mando se desplegó un lienzo aludiendo al Presidente Kast con una pistola en la cabeza. No bastando con eso, el jueves 12 en la mañana, salieron una vez más desde el interior del establecimiento encapuchados con overoles blancos para provocar incidentes, lanzando bombas molotov y fuegos artificiales.

También hubo incidentes el miércoles en Plaza Italia, en el marco de protestas tras el cambio de mando presidencial, resultando apedreado el auto donde viajaba el Subsecretario de Relaciones Exteriores Patricio Torres, afectando afortunadamente solo al vehículo.

Por otra parte, el triunfo en la elección de las directivas de ambas cámaras demuestra que la oposición al actual gobierno estuvo a solo tres votos en la de diputados para derrotar al oficialismo, lo cual es un llamado de atención a no comprarse la idea que sacar adelante las iniciativas gubernamentales está asegurado. La oposición será dura y hay que tener muy claro que la tarea no será para nada fácil.

Sin embargo, que a Chile le vaya bien, no depende sólo del gobierno. Depende también del compromiso de cada uno de nosotros con la causa país; del esfuerzo que hagamos individualmente y en conjunto para ayudar al éxito de esta gestión gubernamental que recién comienza. Da lo mismo dónde y cómo, lo importante es colaborar, porque esta oportunidad que tenemos de que Chile vuelva al sitial destacado que estuvo hasta hace poco, es única e irrepetible, por lo que sin duda alguna no podemos darnos el lujo de desperdiciarla.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 15 de marzo de 2026.

Opinión del abogado Adolfo Paul:

¿Por qué en nuestra patria mantenemos vivos los odios incubados durante la época 1964-1973 y no avanzamos hacia un país fraterno y en paz?
Pienso que ello se debe a que no hemos perdonado a quienes les tocó vivir el enfrentamiento fratricida al que nos llevaron políticos irresponsables que optaron por la vía violenta como método para conquistar el poder total, refundar a Chile y consolidar la revolución socialista.
Asimismo, pienso que la mantención de estos odios se debe a que los chilenos no hemos transitado por los caminos de la verdad; verdad indispensable para una necesaria reconciliación nacional y que, por motivos diversos, se la calla, se la oculta o se la tergiversa.
Deberíamos aprender la lección que nos diera el almirante Jorge Montt Álvarez quien, como presidente de la República y con gran prudencia política, dictó cuatro leyes de amnistía al término de la dramática y sangrienta Guerra Civil de 1891; una vía de reconciliación política con la que dicha guerra fue clausurada jurídicamente.
Los militares y carabineros que están privados de libertad deberían ser dejados en libertad o, en el peor de los casos, en libertad condicional; porque son inocentes, están libres de culpa o exentos de responsabilidad criminal.
Todos ellos fueron condenados arbitraria, ilegal e inconstitucionalmente; como resultado de sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes, recaídas en procesos en los que no les fueron respetados sus derechos humanos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la igualdad ante la ley y otros principios esenciales del derecho penal.
Por otra parte, es preciso considerar que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados” (PIDCP, art. 10).
No es razonable mantener encarcelados a militares y carabineros que, después de varias décadas de ocurridos los supuestos hechos delictivos, han observado una conducta intachable. Sus antecedentes personales, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza y móviles determinantes de los delitos —políticos, de contexto social histórico— permiten presumir que no volverán a delinquir y que la peligrosidad como reincidentes es inexistente.
En relación con tales militares, que están prisioneros, es preciso considerar el principio de necesidad de la pena. La pena de cárcel es innecesaria para quienes no representan peligro, además de su alto costo. No se aprecian motivos de política criminal para que a estas personas se les deje con un régimen de encierro.
Por último, no debemos olvidar el hecho de que la responsabilidad principal de las violaciones a los derechos humanos recae en los máximos dirigentes de la Unidad Popular que desataron una lucha fratricida y en quienes promovieron la violencia revolucionaria y llevaron a efecto una cruenta guerra subversiva.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política

El partido comunista y la guerra contra KAST :

@gonzaloarenash

El partido comunista y la guerra contra KAST

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Signos, gestos, palabras, fe

Por Gonzalo Rojas Sánchez 

Es correcta la importancia que algunos comentaristas les han dado a todas las dimensiones de nuestro título.

Signos ha habido varios, pero ciertamente el más importante no ha sido el retorno de la corbata a la vida pública, por mucho que esa prenda hable de una presencia completa y agradable ante los ojos de quien busca la armonía. No, el signo de mayor densidad ha sido el escudo en la banda presidencial, a la altura del corazón. El mensaje es claro: se gobernará por la razón, y cuando sea necesario, habrá que hacerlo por la fuerza, que para eso tiene el Estado las atribuciones en la materia. Ese escudo estuvo en entredicho el 2022; además, en el Chile a refundar se buscó que esa presidencia estuviese ceñida por una banda de otros colores; incluso, esa primera magistratura podría haber quedado degradada y sujeta a un neoparlamentarismo octubrista. En fin, que no se nos olvide que el cargo estuvo hasta hace pocos días “habitado” por alguien que apoyaba esas transformaciones.

Entre los gestos, ninguno más significativo que vivir en La Moneda. La idea de despojarse de casi todo lo propio —en concreto, de las historias de una familia numerosa compartidas en una casa de campo cerca de Santiago— anuncia la voluntad presidencial de identificarse al máximo con lo institucional, con lo de todos los chilenos, con la Historia nacional hecha arquitectura y ciudad: el palacio presidencial en el centro de Santiago. Por viajes, el Presidente Kast pasará muchas noches fuera de La Moneda; por descanso, otras pocas lo devolverán a la casa de familia. Pero todas las que comparta junto a la primera dama, de frente a Portales en la Plaza de la Constitución, le ayudarán a consolidar esa identificación con el cargo que va haciendo de un gran hombre un gran Presidente.

A su vez, las palabras del mandatario han estado bajo escrutinio desde mucho antes de su victoria en la segunda vuelta. Parece majadero, por decir lo menos, que a estas alturas todavía haya quienes busquen en sus discursos filosofía política, y que además, cuando en alguna oportunidad la encuentran, se molesten por igual. Y esto no va a cambiar, porque el discurso presidencial —los discursos del Presidente Kast— sacarán de quicio, una y otra vez, a tres tipos de mentalidades, cuál más enrevesada. Por una parte, a quienes siguen pensando que gobernar es solo posible para los filósofos (o para los rectores); por otra, a quienes, cegados por una determinada ideología, solo saben usar un lenguaje de oscuridad impenetrable y, por último, a esas personas que confunden sencillez con simpleza, sentido común con banalidad, claridad con falta de profundidad.

Son los que se van a sentir, una y otra vez, confundidos por la consistencia de un lenguaje, el del Presidente Kast, que entienden y hablan la inmensa mayoría de los chilenos de a pie.

Finalmente, la fe. Como un “católico político” se ha descrito el mandatario a sí mismo. Lo sustantivo son su fe y su vida cristiana. Igual podría haberse declarado como un “católico abogado” o como un “católico padre de familia”, y nadie se habría interesado. Pero la escandalera de algunos por aquella sincera definición no hace sino resaltar aún más la importancia que tienen en un gobernante sus convicciones y el modo en que las comunica. Nada puede dar más seguridad —a partidarios y a detractores— que saber con quién se está tratando y qué se le puede exigir, en el plano más fundamental de la vida, nada menos que al Presidente de la República. Y, por su parte, el mandatario sabe que con su definición queda expuesto a la acusación de un muy “notable abandono de sus deberes”. Ese riesgo solo lo pueden correr los hombres de fe, porque están anclados en Dios.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 18 de marzo de 2026.

Esto es un Cambio Radical

Por José Tomás Hargous Fuentes 

Menos de dos semanas de nuevo Gobierno han bastado para darnos cuenta de que con el cambio de mando hemos salido del Día de la Marmota. Como en la película del mismo nombre (1993), llevábamos mucho tiempo sintiendo como si todo siguiera igual, a pesar de que nos estaban desmembrando las instituciones del Estado, desproveyendo de autoridad y respetabilidad sus cargos, y saqueando a mano armada las arcas fiscales, sin preocuparse de quienes más lo necesitan –piénsese en Viña del Mar, Ñuble y Biobío–, todo esto con una gestión que más que no hacer nada terminaba atornillando al revés.

El contraste con la situación actual no puede ser más patente. No presentíamos las implicancias de lo que el entonces candidato presidencial y hoy Primer Mandatario, José Antonio Kast, se refería al proponer un Cambio Radical. Es que el giro ha sido en 180 grados. Vemos ministros no sólo elegantemente vestidos, con el retorno de la corbata, sino que empoderados y desplegados en terreno, haciendo la pega –el caso de Iván Poduje es para sacarse el sombrero–. Vemos retroexcavadoras cavando la ansiada y vilipendiada zanja en la frontera norte, una excepcional presencia policial, el comercio ambulante prácticamente desarticulado en algunos sectores de Santiago. Vemos un Presidente investido de autoridad y cercano a las personas.

Todo esto habiendo recibido el Gobierno sin caja. Pese a todas las enrevesadas explicaciones del exministro y hoy nuevamente académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Nicolás Grau, lo cierto es que el llamado “zar” de las finanzas públicas, Jorge Quiroz, recibió un Estado sin capacidad de financiar su operación, y más endeudado que hace sólo unos meses. Muchos de los decretos y urgencias legislativas impulsados estos días por el Gobierno van justamente en la línea de destrabar la pelota, como decía Kast en un debate, y reactivar la economía, de manera que el país vuelva a crecer y el Estado tenga recursos para financiar las políticas que debe implementar para que dicho crecimiento sea sostenible en el tiempo.

En el Congreso, las cosas también pintan bien. Pese a que el Partido de la Gente (PDG) mostró su cara izquierdista y estuvo a punto de darnos a ¡Pamela Jiles! como presidenta de la Cámara, el nuevo oficialismo se organizó y logró la presidencia de ambas cámaras, así como conformaciones ampliamente favorables en comisiones estratégicas, lo que facilitará la aprobación de las reformas legales necesarias para que el Gobierno de emergencia pueda cumplir sus promesas de enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, la migración descontrolada, el estancamiento económico y el desfonde de nuestras instituciones.

Estos días hemos visto por parte del Presidente y sus ministros un volumen de trabajo que sorprende para bien. Estábamos tan acostumbrados a la flojera, impuntualidad y falta de seriedad del Gobierno anterior que se agradece un equipo que muestra la importancia del trabajo bien hecho. Gestión que ha sido ampliamente valorada por la ciudadanía: según la Encuesta CADEM, se trata del Presidente con más valoración positiva en su primera semana desde que se realiza la encuesta (2010), y por amplia diferencia (5% más que los que le siguen), representando de forma casi exacta una inversión de los niveles que tenía Gabriel Boric en sus últimos meses en el poder. Con el 62% de los encuestados, podemos estar optimistas con lo que viene, y podemos ver que el hoy Presidente de la República tenía razón cuando nos decía “Todo va a estar bien”.

Entre el ser y el hacer

Por Juan Pablo Zúñiga Hertz 

En la filosofía ancestral china, se reconocían dos mecanismos de influencia: a través del ser y a través del hacer. Estamos en un tiempo en que todas las tradiciones han sido horadadas. Ante ello, de acuerdo con el teólogo y filósofo Peter Kreeft, “en un tiempo en el cual se han desechado todas las tradiciones, la única rebelión posible es la ortodoxia”.

La intentona revolucionaria de las izquierdas chilenas –una más para la colección– fue un fracaso de comienzo a fin. Sin embargo, ello no quita la destrucción material, moral y espiritual que le infringieron a la sociedad. Por ello, la elección de José Antonio Kast no fue un mero resultado circunstancial debido al hastío nacional de las insanidades progresistas; fue un proceso gradual, de años, en los cuales se fue fraguando poco a poco una suerte de contracorriente de carácter ortodoxo que pretende volver la sociedad a sus cabales. Para ello es necesario enfatizar el ser y el hacer.

Para influenciar a través del ser basta sólo la presencia y el obrar con rectitud. Parece inocuo, pero en lo más profundo de cada persona, la influencia del ser de otra puede calar hondo. El vestir correctamente, el buen hablar y actitudes que vayan en línea con la manera tradicional en la que las personas se sienten confortables y seguras, es algo que se ha visto desde que comenzara el movimiento de los republicanos hasta el día de hoy. Ello transmite seguridad, certezas y la imagen de que el país está al mando de gente seria y no de colegiales que están aprendiendo a manejar. Hace una gran diferencia ver a un presidente bien vestido, afeitado, aseado y con una mirada tranquila pero firme, que uno vestido de bermudas, con los sobacos sudados al aire y un ceño constantemente fruncido transmitiendo una profunda rabia y resentimiento.

En estos tiempos tumultuosos, el ser no basta, se necesita el hacer. En ese ámbito, en una sola semana se ha movilizado un despliegue de energía tal que ha permitido un nuevo empujón de dinamismo al país, sacando a Chile de esa inercia letárgica en que las izquierdas nos habían metido. En una semana, a través de decretos y medidas urgentes, se ha conseguido destrabar el dinamismo de una manera que nunca se vio en el gobierno anterior. Es decir, pasamos del terreno de la charlatanería, a la acción.

El saqueo del Estado a manos del Sr. Boric y compañía nos va a costar caro. El plan de ajuste fiscal resulta casi ilusorio cuando ya no hay dinero que optimizar, lo que obligará a Chile a endeudarse para poder operar. Ello puede resultar desalentador, sin embargo, cuando se tiene un equipo apropiado y una ciudadanía dispuesta, podemos y vamos a salir adelante. Es a través del ser y del hacer del nuevo gobierno y de los millones de chilenos que haremos con esta tormenta quede en el pasado.

Un Cambio de Mando Diferente

por Max Silva Abbott 

Como ha sido una tradición republicana con pocas interrupciones en la historia patria (sobre todo si se la compara con la de los países vecinos), hoy se produce el cambio de mando en el cual asume el poder el gobierno entrante, luego de haber ganado de forma contundente en las urnas.

Sin embargo y por desgracia, no se trata de un cambio de mando común. Ello, en atención a diversas conductas y a la actitud del gobierno saliente, que lleva inevitablemente a preguntarse, por desgracia, si de verdad es el bienestar del país su primera prioridad.

Lo anterior se debe entre otras cosas, como se ha señalado en anteriores columnas, al auténtico desfalco de que han sido objeto las arcas fiscales por la administración saliente, situación que hasta ahora prácticamente no ha recibido sanción alguna. Y de las investigaciones en curso, algunas de ellas amenazan con naufragar. Esto hace preguntarse si en Chile no se estará actualmente en presencia de una institucionalidad de papel.

Por eso es de esperar que las nuevas autoridades pongan orden y aclaren esta lamentable situación, no solo para el restablecimiento de la fe pública, sino sobre todo, porque las principales víctimas de esta enorme sustracción de fondos son los sectores más necesitados. Lo anterior, pues al haber menos recursos, ello incide directamente en la puesta en práctica de varias prestaciones sociales, siendo tal vez el caso más dramático el de las enormes listas de espera en el ámbito de la salud. De hecho, la situación es tan grave, que varias personas han muerto, fruto de no haber recibido la atención debida a tiempo, precisamente por esta falta de recursos.

Sin embargo, este desfalco tiene más consecuencias. La fundamental es que el actual gobierno comienza su labor con pocos medios y con mermadas reservas presupuestarias a las que acudir, fruto del “manotazo” de que han sido objeto varios fondos públicos en la administración saliente, sin que mediara una razón realmente válida para ello. A lo que debe sumarse el notable aumento del endeudamiento del Estado.

Esta falta de recursos sin duda producirá problemas, lo que seguramente afectará la popularidad del nuevo gobierno, que en buena medida, tiene las manos atadas a este respecto.

Y esto es lo más lamentable: ¿quiere decir que la saliente administración deja a propósito a la entrante sin recursos a fin de que fracase en su gestión, sea culpada por ello y criticada desde un cómodo puesto de oposición, a fin que en las próximas elecciones los que ahora se van puedan volver al poder en gloria y majestad?

De ser así, lo menos que puede decirse es que se trata de una jugada maquiavélica, pues tal como se señalaba, los principales afectados por esta falta de medios son los sectores más desfavorecidos, precisamente aquellos por los cuales dice luchar el gobierno saliente.

Sin embargo, al parecer el ansia de poder es más grande, y se juega con los recursos como en una partida de Monopoly, sin importar el daño que esto produzca al país.

Además, debe tenerse en cuenta que todo este desfalco se ha producido a pesar de contar con una institucionalidad democrática, en que teóricamente rige un Estado de Derecho. ¿Se imagina alguien cómo hubiera sido esta situación si existiera un régimen con menos garantías?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho, profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián y miembro del Capítulo Concepción de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.

Con profundo pesar lamentamos informar el sensible fallecimiento del Sargento 2º Javier Eduardo Figueroa Manquemilla (Q.E.P.D.), de dotación de la 1ª Comisaría de Puerto Varas, quien fue cobardemente asesinado mientras acudía a un procedimiento policial, cumpliendo con su deber de resguardar la seguridad de la comunidad.

Su partida enluta a toda la institución y a quienes compartieron con él su vocación de servicio y compromiso con el país.

Enviamos a su familia, amigos y compañeros nuestras más sinceras y sentidas condolencias, acompañándolos en este difícil momento.
#OrdenyPatria.

Vea:

https://x.com/carabdechile/status/2034792864589271116?s=46

Un hombre pre-claro:

Fue acogido a trámite

Militares encarcelados en Colina 1 interponen recurso contra Gendarmería por falta de acceso a salud

Una medida cuerda:

Vea Indultos:

https://youtube.com/shorts/DJadBJbKZrc?si=QGJCTeJ7tjpsK8a1

Además de hacer abuso de una propiedad fiscal sin pagar, actúan contra Carabineros:

Encuentro contra leyes represivas – El Líbero 18 03

Y para peor, la casa donde se desarrollará esa reunión, es un inmueble fiscal, facilitado por Bachellet 2, sin cobro alguno. Esperemos que el ministerio de BBNN estará viendo como revertir aquello. Es una casa inmensa que serviría de casa de acogida durante inviernos para gente indigente

En Argentina:

Debemos mucho al General Baquedano:

https://www.instagram.com/reel/DVrgO1IEY5Y/?igsh=MXRnMTY1Nzg5eDE4NQ==

*¡Hay Puro que Ponerle el Hombro!*

Por Cristián Labbé Galilea

A poco de instalado el nuevo gobierno, ya se perciben vientos favorables. Si bien las expectativas siguen altas, la comunidad ha dado señas de confiar en las nuevas autoridades. Es predecible; después de un gobierno que hizo de la inseguridad, la corrupción y la narco-delincuencia su principal legado, amén de la crisis económica, política y social en que sumió al país, llega un gobierno que desde el primer momento, “tomó las riendas” con “el talante y la formalidad” propias del poder.

Por lo dicho, dada la crisis heredada y las expectativas de volver a ser un país viable, referente y con crecimiento sostenido, es imperativo que -desde ya- cada institución y autoridad adopten las medidas necesarias con “coraje, decisión y transparencia”. El ciudadano debe volver a creer en ellas, es ahora o nunca… “Gobernar es atreverse a decidir”.

El país necesita recuperar la “Fe Pública” y el espíritu republicano, “El Estado en Forma” como lo definía Portales, lo que supone un país donde el esfuerzo vuelve a considerarse virtud, donde la palabra tiene valor, donde la ley se respeta por convicción, prima la meritocracia, el abuso es sancionado, y a la corrupción no se le da tregua. Dicho de otra manera, “la situación no permite medias tintas”. El dicho popular lo advierte: “Quien inicia con acierto, concluye con éxito”.

Lo anterior, además de ser un llamado a las instituciones en general, es un emplazamiento a la sociedad política para que deje de lado los intereses partidistas, “baje a terreno y viva en el país real”; eso los obligará a concentrarse en la solución de los problemas reales de la gente, especialmente de los sectores más vulnerables.

Lograr lo anterior exige coraje para enfrentar la apatía, rechazar la mediocridad y desafiar las componendas; exige además, comprender que, más allá de las naturales diferencias existentes, la sociedad política, la sociedad civil, y en general todos los ciudadanos, compartimos un destino común del cual somos corresponsables, y que no puede quedar a la deriva… Tras años de turbulencias, debemos volver a aguas más serenas.

No es una tarea fácil, pero es precisamente en la dificultad donde se mide la grandeza de un Mandatario, de un gobierno y de una nación. La historia nos enseña que cuando los pueblos, después de una tormenta, se ponen de pie con disciplina, convicción y sentido de propósito, prosperan.

Pensar en un “Estado en forma” —como lo entendía Diego Portales— no es simplemente imponer orden y disciplina; es convocar la voluntad ciudadana a dejar de ser espectadora y asumir su rol protagónico, ¡todos sin excepción!, cada uno en lo suyo: el trabajador que cumple con responsabilidad, el microempresario que busca crecer, el joven que estudia para ser más, el vecino que cuida su barrio, el político que actúa con integridad. Hoy más que nunca, a juicio de esta optimista pluma, se requiere el compromiso de todos, como dicen en el campo… “ahora hay puro que ponerle el hombro”.

ODS, Permisología y Ética del Equilibrio

Los ODS buscan un desarrollo equilibrado entre economía, bienestar y medio ambiente, pero su correcta aplicación requiere prudencia y deliberación.

Opinión20 de marzo de 2026Christian Slater E.

Reflexiones sobre Ética

Desde 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un marco global promovido por la ONU, que abarca 17 metas aprobadas por 193 países. Estos objetivos buscan fomentar el desarrollo sostenible a través de tres pilares interconectados: crecimiento económico, bienestar social y protección del medio ambiente. Estos pilares no son independientes; en realidad, se refuerzan mutuamente y deben ser atendidos de manera equilibrada. El desafío radica en reconocer que cada decisión impacta todos los aspectos del sistema.

Este enfoque ha ganado terreno en el discurso internacional y se ha empezado a integrar gradualmente en sistemas educativos, desde la formación escolar hasta la universitaria, convirtiéndose en un componente del entendimiento social. Sin embargo, su difusión presenta riesgos: puede simplificar ideas complejas en consignas vacías que no reflejan la realidad.

El verdadero desafío no son los ODS en sí, sino su interpretación y aplicación. Varios estudios demuestran que estos objetivos no siempre son plenamente compatibles, y su implementación requiere más que buena voluntad: es necesario un enfoque coherente y equilibrado. Desarrollar sosteniblemente no significa avanzar en cada objetivo de forma aislada, sino encontrar una armonía entre ellos, especialmente cuando entran en conflicto.

Un caso claro de este dilema se encuentra en el sector energético. La necesidad de asegurar energía accesible para la población debe coexistir con la urgencia de proteger el medio ambiente. Mientras que los proyectos energéticos son vitales para el desarrollo de un país, también pueden tener impactos negativos que generan preocupaciones válidas. En ocasiones, avanzar en un objetivo puede dificultar otro, y aquí es donde la ética se convierte en un ejercicio de discernimiento.

Esto se observa, por ejemplo, cuando se rechazan o ralentizan proyectos energéticos que cumplen con los estándares ambientales. Aunque la intención puede ser positiva, los efectos pueden resultar en menor disponibilidad de energía, mayores costos y una desaceleración del desarrollo, perjudicando así otros objetivos importantes.

Esta situación transforma la discusión de una cuestión técnica a una ética. Aristóteles afirmaba que la virtud se encuentra en el término medio, alcanzando un juicio prudente en circunstancias específicas.

En Chile, esta tensión se refleja claramente en el debate sobre la permisología. Los sistemas de evaluación y regulación son cruciales para proteger el entorno y las comunidades, pero cuando se vuelven demasiado extensos, inciertos o fragmentados, pueden tener el efecto contrario. En lugar de facilitar proyectos, los retrasa o incluso los paraliza, lo que no solo detiene inversiones, sino que limita oportunidades de empleo y desarrollo.

Esto no significa que se deba eliminar la regulación; la falta de control puede provocar daños irreparables y conflictos sociales. El problema radica en la pérdida del equilibrio, cayendo en extremos: o un desarrollo sin restricciones o un control que paraliza. En ambas situaciones, la posibilidad de avanzar de manera sostenible se ve comprometida.

En este contexto, la educación ética reviste una importancia crucial. En el ámbito académico, especialmente en instituciones comprometidas con estándares de calidad como la Universidad Bernardo O’Higgins, la tarea va más allá de transmitir principios; se trata de formar criterio. La complejidad del mundo actual exige esta formación.

No obstante, persiste una pregunta fundamental: ¿estamos formando profesionales que puedan enfrentar la realidad o simplemente replicamos ideales? La moral puede señalar lo deseable, pero la ética requiere explorar cómo implementarlo sin consecuencias negativas. Esta distinción ayuda a evitar decisiones inflexibles que, aun siendo bien intencionadas, obstaculizan el desarrollo.

No es suficiente con proponer principios correctos; es esencial que exista coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en la apariencia.

En este sentido, Adela Cortina, una filósofa contemporánea, ha advertido sobre la distinción entre una ética auténtica y lo que ella denomina “maquillaje ético”: prácticas que aparentan ser correctas, pero no generan resultados consistentes. Cortina también distingue entre mínimos y máximos éticos: los primeros conforman un espacio común donde es posible construir acuerdos hacia el Bien Común.

Un ejemplo cotidiano ilustra esto: separar residuos puede parecer un acto responsable, pero si luego se mezclan en la recolección, la acción carece de sentido. Algo similar ocurre con la promoción de principios de desarrollo sostenible si las decisiones adoptadas impiden su aplicación efectiva.

Frente a esta complejidad, es crucial revaluar la virtud de la prudencia. Esta no significa inacción, sino la capacidad de deliberar con criterio antes de actuar. Implica reconocer que es mejor dialogar, evaluar y permitir que los proyectos avancen de forma adecuada y en plazos razonables.

En este marco, es pertinente recordar a Jürgen Habermas, quien afirmaba que una democracia madura requiere un espacio público saludable donde se discutan los asuntos comunes con argumentos y responsabilidad. Su enfoque es útil para tratar las tensiones del desarrollo sostenible: se debe abordar desde la deliberación y no desde la imposición o el bloqueo.

En resumen, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la regulación no fallan en su formulación ni en su propósito. Ambas iniciativas responden a necesidades reales. El problema nace cuando se aplican sin juicio, se pierde el equilibrio y se sustituyen decisiones informadas por consignas. El desarrollo sostenible no depende solo de buenas intenciones, sino de la capacidad para concretarlas en la práctica. Es en ese espacio, donde la prudencia, los acuerdos mínimos y la deliberación responsable se unen, que una sociedad puede avanzar con sentido.

Christian Slater E.
Profesor de Formación Ética para el Desarrollo Sostenible.

Esto produce el comunismo:

Cuba:

Cuba y las izquierdas – El Mercurio 19 03

CUBA Y LAS IZQUIERDAS

El Mercurio, Editorial, 19/03/2026

Mientras Donald Trump aumenta la presión sobre el gobierno comunista de Cuba y amenaza con una “toma de control” de la isla, las protestas frente a la falta de alimentos y energía se incrementan.

Incluso, en Morón, una ciudad en el centro de Cuba, un grupo de personas arrojó piedras contra la sede local del Partido Comunista, después irrumpieron en el edificio, arrastraron muebles al exterior y les prendieron fuego.

En este clima, el Presidente Miguel Díaz-Canel ha reconocido que miembros del gobierno han entablado conversaciones con la administración Trump.

A su vez, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión, Óscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y de Raúl Castro, hizo una aparición televisada el lunes en la que dijo que los exiliados cubanos son bienvenidos a invertir, junto con anunciar otras medidas de apertura al sector privado.

Así las cosas, todo parece sugerir que el experimento cubano, al menos en la forma en que lo conocemos, vive su etapa final.

Ello no significa necesariamente que la democracia y las libertades vayan a llegar a la isla; de hecho, una fórmula como la seguida con Delcy Rodríguez en Venezuela —es decir, un gobierno encabezado por alguien del mismo régimen, pero sometido a la voluntad de Washington— es señalada por analistas como una de las alternativas probables.

Tal sería el vergonzoso y a la vez irónico epílogo para una revolución siempre inflamada de discursos antiimperialistas, la constatación final del fracaso de un sistema delirante que buscó sustituir la iniciativa privada por el más absoluto dirigismo estatal, con un resultado que solo ha traído hambre, carestía, corrupción y falta de libertades.

Una debacle de tal magnitud, que la pretensión de culpar al embargo estadounidense de todos los males resulta hasta pueril.

Todo esto debiera ser objeto de una profunda reflexión en las distintas izquierdas. Cuba representa la suma de los problemas de un modelo que empíricamente ha mostrado ser perverso.

Y el mundo socialdemócrata debiera tal vez ser el más interesado en el fin de ese régimen, cuya permanencia continúa operando como una suerte de antídoto contra la izquierda en general.

Es cierto que la izquierda democrática dejó hace tiempo de mirar a La Habana, pero en muchas de sus figuras sigue habiendo ambigüedad o reticencia a condenar los abusos de la dictadura caribeña.

El propio Gabriel Boric solo vino a referirse al tema al final de su gobierno, habiéndolo eludido durante casi todo su período, probablemente para evitar roces con el Partido Comunista.

Este último sigue hasta hoy solidarizando con el gobierno cubano, tal como lo ha hecho con todas las dictaduras de izquierda. Si una caída del régimen representaría para el PC chileno un golpe tan duro como lo fue el fin de la Unión Soviética, difícil es imaginar cuál sería su discurso si los jerarcas caribeños alcanzan un acuerdo tipo Venezuela con Trump.

Pero la necesidad de reflexión trasciende la política e interpela particularmente a una escena intelectual que, a nivel mundial, se dejó seducir por el modelo cubano.

Algunas de esas figuras, como Mario Vargas Llosa, supieron abandonar la utopía al advertir su naturaleza totalitaria. Muchos otros, sin embargo, han sido, con su apoyo activo o con su silencio, cómplices de una tiranía que hoy tambalea.

Cámara pide retiro de candidatura de Bachelet:

Acuerdo solicita retiro candidatura Bachelet

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS ACUERDA SOLICITAR A S.E, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SR. JOSÉ ANTONIO KAST, RETIRAR LA INSCRIPCIÓN DE LA EX PRESIDENTA MICHELLE BACHELET JERIA COMO CANDIDATA A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

CONSIDERANDO:

El pasado 2 de febrero, el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric oficializó la inscripción de la ex Presidenta Michelle BacheletJeria como candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, conforme a lo anunciado en septiembre de 2025.

Dicha decisión ha generado una legítima controversia política en nuestro país, por cuanto se trató de una determinación adoptada de manera unilateral, sin consulta previa ni mayor coordinación con la nueva administración de gobierno, encabezada por el Presidente José Antonio Kast, afectando así la necesaria continuidad y coherencia de la política exterior.

En ese contexto, resulta absolutamente improcedente que un gobierno en la etapa final de su mandato comprometa el respaldo internacional de Chile en una definición de esta envergadura, sin procurar, al menos, un mínimo consenso transversal en el ámbito político naturaleza, deben responder a una auténtica política de Estado, sustentada en acuerdos amplios y en una coordinación responsable entre la administración saliente y la entrante, garantizando además un respaldo significativo por parte de los países miembros de la ONU.

Así las cosas y tal como lo manifestamos en reiteradas oportunidades, la ausencia de un diálogo institucional y transparente con el nuevo gobierno no sólo tensionó el escenario interno, sino que también debilitó gravemente la señal de unidad y seriedad que Chile debiera proyectar hacia la comunidad internacional. La política exterior constituye una herramienta estratégica del Estado que no puede quedar supeditada a decisiones adoptadas sin consenso.

Sin perjuicio de lo anterior, si bien es efectivo que la ex Presidenta Bachelet concita adhesiones tanto en el ámbito nacional como internacional, también es innegable que su figura política genera serios cuestionamientos en Chile, especialmente considerando el balance de su segunda administración de gobierno, que estuvo marcado por uno de los peores desempeños económicos de las últimas décadas, así como por la implementación de reformas que tuvieron innegables efectos en áreas muy sensibles para nuestro país, como la educación.

En efecto, su segundo mandato registró una evaluación absolutamente negativa en diversos indicadores, tanto económicos como sociales. La desaceleración de la inversión – tanto interna como extranjera-, el aumento del desempleo en distintos períodos y la consolidación de un clima de incertidumbre asociado a su agenda de reformas fueron elementos característicos de su gestión. Desde esa perspectiva, creemos que no resulta coherente presentar su figura ante el mundo como una representación unificadora de Chile, cuando en una parte significativa del país aún subsisten reparos profundos hacia su gestión.

A ello se suma la legítima percepción de que este nombramiento constituye un nuevo “amarre” del gobierno saliente, toda vez que la premura con que se impulsó y la falta de coordinación con la administración entrante permiten sostener que se trata de una decisión de carácter político e ideológico, orientada a proyectar determinadas influencias más allá del término del mandato presidencial, utilizando para ello la política exterior como instrumento.

Así, resulta igualmente relevante recordar que en el Frente Amplio, antes de llegar a La Moneda, formularon duros cuestionamientos a las dos administraciones de la ex Presidenta Bachelet. Sin embargo, durante el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric se evidenció un estrechamiento de vínculos con la ex Mandataria, lo que refuerza la percepción de que su candidatura responde más a afinidades políticas e ideológicas que a una evaluación estrictamente técnica o estratégica acerca de lo que resulta más conveniente para nuestro país.

Chile merece que sus nominaciones se sustenten en méritos ampliamente reconocidos y en una auténtica visión de Estado, no en lógicas de retribución política ni gestos simbólicos.

La política exterior chilena debe construirse sobre la base de acuerdos amplios y transversales. Comprometer el nombre de Chile en una candidatura de alto perfil, sin un respaldo de todas las fuerzas políticas ni mucho menos una coordinación con el gobierno entrante, debilita esa tradición republicana. Las decisiones que comprometen la representación internacional de nuestro país deben estar por sobre los intereses contingentes de cualquier administración y estar orientadas, ante todo, al interés general de los chilenos.

Por tanto, en mérito de las consideraciones expuestas anteriormente, la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados acuerda:

1. Solicitar a S.E, el Presidente de la República, Sr. José Antonio Kast Rist, retirar -a la brevedad posible- la inscripción de la ex Presidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Ahora se conoce la verdad sobre la igualdad de la izquierda:

Chile se liberó de Boric (y de Pikachu). Asumió la presidencia José Antonio Kast:

https://www.facebook.com/reel/2358952177932894/

Por Max Silva Abbott 

La notable y a veces descarada ideologización de que han sido objeto los derechos humanos en las últimas décadas es tal, que a menudo no sólo cuesta reconocer su parentesco con los inicialmente acordados en la Declaración Universal de 1948, sino que incluso falta imaginación para tratar de adivinar cuál será su evolución en los próximos años.

Esta metamorfosis se debe básicamente a la notable libertad interpretativa que tienen los órganos guardianes de los tratados que los consagran, quienes, entre cuatro paredes, los hacen “evolucionar” según su modo de pensar, situación que no sólo es ignorada, sino que muchas veces va en contra del sentir de las grandes masas poblacionales del mundo. Sin embargo, encerrados en su torre de marfil, estos custodios se consideran el oráculo infalible que debe ser seguido religiosamente sin rechistar, situación que se complica aún más, al no existir control alguno sobre su actividad.

Así entonces, la ideología de género (en que todo parece reducirse a sexualidad) y la no discriminación (que considera que casi cualquier conducta discrimina a otros) han sido dos de las ideologías que más han influido en la actual forma en que estos organismos ven y exigen los “derechos humanos”, muy distintos a los inicialmente acordados por los Estados. Y otra de estas mutaciones, ha sido que muchos de estos custodios consideran que sólo el Estado, por medio de sus agentes, es responsable por la violación de estos derechos.

Es precisamente esto lo que explica que en la actualidad, las fuerzas de orden y de seguridad tengan las manos cada vez más atadas para poder cumplir con su labor de preservar y, en su caso, restaurar el orden público; como si debido a la función que hacen, dejaran de ser personas, iguales al resto, y se pudiera actuar impunemente contra ellas. Y al mismo tiempo, quienes ejecutan y organizan todo tipo de desórdenes y desmanes públicos (que van mucho más allá de una simple manifestación o protesta pacífica, que efectivamente, es un derecho), cuentan con un manto de protección total, que hace que cualquier respuesta que reciban fruto de su actuación vandálica, por razonable o incluso indispensable que resulte, sea considerada una violación inaceptable de sus “derechos humanos”.

De esta manera, la deformación ideológica que han sufrido los derechos humanos está haciendo que en la actualidad, los Estados queden inermes ante quienes literalmente, pretenden acabar con todo. Olvidando no solo que todas las personas tienen derechos (lo que incluye tanto a los agentes del Estado como a quienes sufren los desmanes de estos vándalos), sino que esta destrucción del orden público atenta contra la situación mínima que permite, precisamente, que los verdaderos derechos humanos puedan ser ejercidos y reclamados. Ello, pues si impera la ley de la selva, se llega a una situación de guerra de todos contra todos.

Lo que está ocurriendo en el fondo, tanto aquí como en las otras situaciones antes mencionadas, es que los actuales “derechos humanos” pretenden proteger sólo a algunas personas, aquellas consideradas víctimas por estos órganos custodios internacionales, dejando por ello de ser universales. Por eso surgen más y más grupos protegidos por derechos muy específicos, fragmentando así a las sociedades en bandos crecientemente antagónicos.

Todo esto explica, pues, que estos supuestos “derechos humanos” se hayan convertido en un auténtico estorbo para la convivencia e incluso para la subsistencia del orden social.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho, profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián y miembro del Capítulo Concepción de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.

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Cuando el presidente Pinochet entregó el mando a su sucesor, Patricio Aylwin, una de las razones por las cuales el país estaba pacificado y en orden ese 11 de marzo de 1990 era que mantenía a cerca de mil violentistas presos y las asociaciones ilícitas terroristas MIR y FPMR habían, por eso, dejado de operar.

Pero en 1990 había un partido (de facto) con personalidad: el comunista. No tenía personalidad jurídica, porque su conglomerado, el MDP, había sido declarado inconstitucional, logro personal de Jaime Guzmán. Pero participaban en la vida pública y repetían consignas de las que muchos, aun no siendo comunistas, se hacían eco, lo que sigue ocurriendo muy frecuentemente. “Antenas repetidoras”.

Pero Aylwin, a través de su hermano Andrés, muy de izquierda, había recibido el recado comunista: “O indulta a todos nuestros presos o le haremos la vida imposible, porque, usted sabe, tenemos armas ‘por si las moscas'”. Aylwin “entendió” e indultó a los casi mil terroristas presos. Casi nadie dijo nada., porque el mundo no comunista es así, sumiso. Salvo Jaime Guzmán, pero entonces los comunistas lo mataron.

Hoy hay cerca de 400 presos políticos militares (PPM) en Punta Peuco, Colina 1, Centro de Detención Femenino y otros recintos menores a lo largo del país. Están ilegal e inmoralmente privados de libertad sobre la base de una mentira: por tener secuestradas personas. Para burlar la amnistía y la prescripción. Si el presidente los indulta nadie tiene nada qué decir, porque legalmente son ciudadanos inocentes ilícitamente privadas de libertad.

Antes siempre se respetaron la amnistía y la prescripción (matanza del Seguro Obrero en 1938, revolución de 1891).
Pero hoy el comunismo se ha enseñoreado del Poder Judicial y por eso éste ha condenado ilegalmente a los militares, desconociéndoles las leyes de amnistía y prescripción. Lo notable es que miles de extremistas de izquierda se han beneficiado de la amnistía. ¿Por qué pasa todo esto? Por la “personalidad” de los comunistas, que los hace más temibles que los militares. Aquéllos hacen cosas para liberar a sus camaradas, éstos no hacen nada.

Pero la primera obligación de un jefe de estado es respetar y hacer respetar la ley, lo que de paso conlleva un deber moral. Pero están los comunistas y su “personalidad”. Van a mentir y decir a los cuatro vientos que se ha liberado a “violadores de derechos humanos”, cuando sólo son, en realidad, víctimas a las cuales se les ha violado su derecho humano a un debido proceso. No importa, en Chile prevalecen las consignas comunistas por sobre la legalidad.

Y así todos, y repito todos, los PPM han sido condenados, no por un delito, sino por una ficción de que se cometió un ilícito que no existe en la realidad: el de mantener hasta hoy personas secuestradas. ¿Por qué mienten así los jueces? Porque si el delito “se sigue cometiendo” no pueden aplicarse la amnistía ni la prescripción, que son leyes expresas y vigentes. Es un truco, una estratagema para castigar a los militares que les impidieron tomar el poder por la fuerza e instalar la “dictadura del proletariado”.
Además, los jueces les imputan el secuestro a militares que, como funcionarios públicos que eran, no lo pudieron cometer. El código dice claramente que sólo los particulares pueden incurrir en esa conducta.Y ninguno de los presos políticos militares actuó como particular al combatir a las asociaciones ilícitas como el MIR, el FPMR y similares.

Por añadidura, nunca ningún juez ha probado que alguien esté secuestrado. El inventor de la artimaña del “secuestro permanente” confesó ante una teleaudiencia de millones, delante de mí, en 2015, programa El Informante en TVN, conducido por Juan Manuel Astorga, que él “fingía” el delito: “es una ficción jurídica”, dijo textualmente. Añadió: “No estoy diciendo que ésa haya sido la realidad”. Una manera elegante de confesar: “mentí”. Porque el juez debe “probar” el delito para derrotar la presunción de inocencia a que todo ciudadano tiene derecho.

El presidente Kast debería, por consiguiente y por obligación legal y moral, indultar a todos los PPM. Si no lo hace es solo ante la “personalidad” amenazadora del comunismo.

Para efectos históricos y políticos tendrá que elegir si quiere parecerse a Aylwin o a Pinochet. Mientras no indulte a los presos políticos militares se estará pareciendo más al primero. Pero cuando por fin se sepa la verdad histórica (¿siglo XXII?) eso no va a ser bueno para él.

INDULTOS CON FUNDAMENTO.

Hemos podido oír argumentos a favor y en contra de los eventuales indultos que el Presidente de la República, ejerciendo su derecho, pueda otorgar. La razón más socorrida, obviando lo que es moralmente apropiado, ha sido en contra de indultar basada en que las encuestas están igualadas frente a las dos posibilidades.

Se argumenta que, si el Presidente indulta, perderá mucho apoyo ciudadano. Pienso que posiblemente así ocurra y afecte la popularidad del mandatario, pero sería por poco tiempo. En efecto, en el largo plazo ( no tendremos elecciones hasta pasados dos años y medio), la gente entenderá que indultar fundadamente, a algunos uniformados condenados por cumplir con su deber de restablecer el orden (en opinión de la Justicia en forma abusiva), es moralmente correcto; todos sabemos que los jueces pueden y suelen errar en sus fallos y para remediar esa injusticia existe la facultad presidencial de indultar.

Por otra parte, mostraría que el Gobierno respalda a las FFAA y a Carabineros y que estos podrán actuar sin temor de ser perseguidos por cumplir con lo que la ley los faculta.

Patricio Mackenna Salas.

Johannes Kaiser:

“Den gracias de que no llegue yo a la presidencia, porque yo indulto a todos los viejos de Punta Peuco por habernos defendido”

Squella (REP) defiende indultos a uniformados: “Es el primer paso para ganarle a la delincuencia”

Megam Ossandón

Periodista de Prensa en BioBioChile

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Ética y transparencia de BioBioChile

Agencia UNO

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, salió este lunes a defender una de las medidas más controvertidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast: la posibilidad de otorgar indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el Estallido social de Chile de 2019.

“Es un primer paso para ganarle a la delincuencia”, dijo el dirigente en medio de cuestionamientos desde la oposición, que ha acusado un cambio de postura del mandatario respecto de lo que planteó durante su campaña presidencial.

Aseguró que la iniciativa se alinea con lo que los chilenos votaron en noviembre.

Squella por indultos: “Primer paso para ganarle a la delincuencia”

Consultado por la polémica que ha generado la eventual concesión de indultos, Arturo Squella defendió la iniciativa y la vinculó directamente con el giro en materia de seguridad que, a su juicio, respaldó el electorado en las últimas elecciones.

“El indulto es un primer paso muy necesario, muy en la línea de lo que los chilenos votaron en noviembre y diciembre, en el sentido de que cambia la manera de entender, la manera de ejercer la seguridad pública, el ejercicio de la fuerza por parte de la autoridad, obviamente en el plano que corresponde, las policías, las fuerzas armadas”, señaló a La Tercera.

En esa línea, sostuvo que la medida sería parte de una estrategia más amplia para enfrentar la criminalidad.

“Es el primer paso para poder ganarle a la delincuencia, al narcotráfico, al crimen organizado, y también a aquellos que pretenden, por la vía violenta, instalar sus reivindicaciones políticas que no han conseguido en las urnas”, añadió.

El timonel republicano también defendió la legalidad de la medida, subrayando que se trata de una facultad contemplada en el sistema institucional, recordando que los indultos particulares pueden ser concedidos directamente por el jefe de Estado.

“Los indultos se otorgan en la medida que son solicitados y la atribución, la herramienta que tiene el Presidente de la República para conceder indultos particulares —la otra, indultos generales, está en el Congreso Nacional— es perfectamente aplicable en este caso”, afirmó.

En ese contexto, agregó que espera que exista comprensión respecto de la decisión.

“Me imagino que nadie tendrá dudas, digamos, de la importancia o de las justificaciones que tiene implementar una decisión de ese tipo”, sostuvo.

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Alvarado defiende eventual indulto a uniformados condenados por estallido: “Se revisará caso a caso”

Rol de la justicia militar

Squella fue más allá y planteó que el debate podría extenderse a eventuales cambios legales para que casos vinculados al uso de la fuerza por parte de uniformados sean revisados por tribunales militares.

“Si el indulto es el primer paso, para decirle a nuestras policías ‘se acabó el tiempo en que uno les daba vuelta la espalda, ahora cuentan con el respaldo nada más ni nada menos que del Presidente de la República’, hay que avanzar y hay que defenderlo con todo”, afirmó.

“Si es que el paso siguiente va a ser corregir la ley, para que en esos casos se les aplique la justicia militar, para que tengan al menos un juzgador que conoce del uso de la fuerza, que conoce los protocolos, no hay que complicarse, hay que avanzar en esa línea, porque es lo que los chilenos eligieron”, agregó.

La discusión sobre eventuales indultos a uniformados condenados por su actuación durante el estallido social se ha instalado como uno de los primeros focos de controversia del nuevo gobierno.

El debate, en cualquier caso, continúa abierto y se proyecta como uno de los principales flancos políticos del inicio de la administración republicana.

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Carta 18 de marzo 2026_260318_094559

                                                                                                      Por    Humberto Julio Reyes

            Seguramente el paciente lector estará de acuerdo con la frase que encabeza esta columna y que parafrasea lo expresado por el presidente de la Cámara de Diputados, al referirse a las críticas a la idea adelantada por el presidente de la República, respecto a ejercer su facultad de indultar respecto a funcionarios de las fuerzas armadas y de orden.

            Como el presidente adelantó que se analizaría caso a caso a quienes fueron condenados por cumplir un deber mandatados por el Estado, se conocieron, en primer lugar, opiniones contrarias, aduciendo que hacerlo sería lo mismo que hizo su antecesor al indultar delincuentes que destruyeron sistemáticamente propiedad pública y privada y atacaron a quienes, efectivamente cumpliendo su deber, trataron de impedirlo.

            Así, para algunos, ambas conductas serían equivalentes, siendo don Carlos Peña quien ha puesto la guinda de la torta, al expresar que la policía torturó a manifestantes, ejecutando una conducta con el propósito de causar daño.

            Le faltó agregar que se trataba de manifestantes pacíficos o como dijo una senadora, personas atacadas al dirigirse a su trabajo, aunque otra cosa hayamos visto en los noticieros de televisión.

            Siendo así, según su columna, el presidente debiera discernir una razón mejor para eventualmente conceder algún indulto.

            Por otra parte, este tema se mezcla o confunde con el proyecto de ley de cumplimiento alternativo de penas, de carácter humanitario y actualmente en trámite en el Senado, respecto del cual el presidente ha manifestado que debe seguir su curso en el parlamento, en lugar de criticarlo como lo hizo la administración saliente.

            Naturalmente que ambas iniciativas no encuentran consenso en la opinión pública, tal como se expresa en diversos medios, agregándose otras consideraciones como que el gobierno no debiera desgastarse en un tema que, naturalmente, no parece prioritario frente a otras urgencias.

            Lo señalado parece muy pragmático, pero curioso sería, por una parte, renunciar a priori a ejercer una potestad y, por otra, mantener en prisión a personas de avanzada edad cuya salud está gravemente comprometida y que están incapacitadas para repetir las conductas que se les atribuyeron y por las cuales fueron condenadas, situación que también debiera examinarse caso a caso por una instancia que garantice idoneidad e imparcialidad.

            Pero, como el Estado está al debe, no basta con refugiarse en la comodidad de la inacción. Los violentistas condenados a raíz del llamado estallido social fueron indultados e indemnizados, igual que los extremistas condenados durante el gobierno militar. Quienes se les opusieron siguen siendo perseguidos judicialmente y si están hacinados en prisión no reciben los beneficios a que legalmente tienen derecho.

Unos voluntariamente optaron por la violencia, otros cumplieron con su deber, aún si a raíz de ello la justicia ha estimado que cometieron delitos.

No pareciera ser lo mismo y, si se prefiere igualarlos en aras de la paz social, con mayor razón se debiera proceder con equidad.

18 de abril de 2026.

…Y dejaron un chiquero

Por Juan Pablo Zúñiga Hertz 

A poco andar del nuevo gobierno, tal como suponíamos, nos hemos encontrado con un chiquero bajo una situación extremadamente delicada. Siendo así, parte de las energías tendrán que ser invertidas para contener la hemorragia, ordenar, y sanear.

En el proceso de ordenar a Chile y aplicar duras medidas de recorte de gastos, nos vamos a encontrar con muchas más sorpresas. Eso de que el Sr. Boric salió con la “frente en alto y las manos limpias” no es más que otro de los delirios de sus seguidores con los cuales siempre buscan autoconvencerse de falsedades a través de realidades alternativas y fantasiosas. Lo concreto es que un déficit del 2.5%, crimen organizado instalado y consolidado, y una red de funcionarios altamente sospechosos que dejaron estratégicamente plantados, es una situación gravísima.

El ajuste fiscal y la mano dura, durísima, contra el crimen y el terrorismo, darán motivos suficientes para que la oposición haga lo que más saben hacer: sabotear. Al final, terroristas y criminales siempre han ocupado un lugar especial en el corazoncito de los progresistas. Estratégicamente, para silenciar a la oposición más dura que intentará asonadas insurreccionales y el bloqueo de toda iniciativa en el congreso, la auditoría tiene llegar a fondo y hasta sus últimas consecuencias. No se trata de venganzas, sino de que, de una vez por todas, el que roba, debe pagar. Cuando empiecen a aparecer los nombres de los responsables de tanto desastre durante el gobierno anterior, sólo ahí pensarán dos veces atentar contra el nuevo gobierno.

Sí, hay situaciones mucho más urgentes que demandan la energía y empeño del nuevo gobierno, sin embargo, no nos olvidemos de 2019, evento que tuvo cerebros, apoyo logístico nacional e internacional, coordinadores nacionales y regionales, financistas y ejecutores. Hubo situaciones extremadamente sensibles que atentaron contra la seguridad nacional y que podrían haber derrumbado la nación. La información e inteligencia existe, de manera que todos los responsables no pueden ni van a permanecer en la impunidad.

Somos cristianos y como tales la venganza no nos pertenece. Todos los responsables del daño moral e institucional, así como criminales y terroristas que han hecho insufrible la vida de millones, van a ser procesados por la justicia y los organismos contralores. Como tal, esto será materia judicial. Al ejecutivo le cabe arremangarse la camisa y trabajar duro. Y a usted y yo, como simples ciudadanos, nos cabe estar atentos y pacientes; atentos para no caer en el juego sucio de las izquierdas, y pacientes para entender que arreglar Chile es tarea a largo plazo.

EL OTRO LEGADO DE BORIC

-Durante ningún otro gobierno un ministro fue acusado de violar y abusar sexualmente de una subalterna
-Durante ningún otro gobierno mataron a un refugiado político
-Durante ningún otro gobierno trabajadores de La Moneda se suicidaron en La Moneda
-Durante ningún otro gobierno murió un trabajador en La Moneda por exceso de trabajo
-Durante ningún otro gobierno se perdieron platas en los Ministerios.
-Durante ningún otro gobierno un jefe de presupuesto por tres años seguidos se equivocó en el cálculo del presupuesto
-Durante ningún otro gobierno se entregaron miles de millones a fundaciones truchas de amigos del presidente que terminaron robándoselo todo.
-Durante ningún otro gobierno un presidente pidió la renuncia a tantas mujeres.
-Durante ningún otro gobierno se robaron tantos computadores de las oficinas de gobierno.
-Durante ningún otro gobierno se incendiaron tantas instalaciones de gobierno.
-Durante ningún otro gobierno tantos niños quedaron sin colegios.
-Durante ningún otro gobierno el Estado había dejado de pagar la subvenciones a los colegios y municipalidades.
-Durante ningún otro gobierno los hospitales se quedaron sin insumos.
-Durante ningún otro gobierno, murieron lactantes por culpa de un gobierno cuya ideología les impide recurrir al sistema privado cuando el público falla.
-Ningún otro gobierno abandonó a los damnificados de incendios o de inundaciones.

Y así podría seguir

Éste era el estado del tesoro público entregado por cada gobierno desde 2009 a la fecha… ¡Un escándalo!:

Un sin fin patético

Por Alfredo Jocelyn-Holt Letelier 

Cuesta dimensionar qué acaba de terminar. ¿Un delirio, una alucinación, una pesadilla o pura farra cuyos efectos apenas cabe imaginar? Figúrese: el oficialismo que recién hizo su exit presumió ser la salvación para este país y, sin embargo, a pesar de lo que hemos vivido, es como si nada grave hubiese pasado. Hay quienes abrigan el deseo —otros, expectación, si no resignada fatalidad— de que vuelvan. Muy extraño. Que Boric haya sobrevivido cuatro años en La Moneda dice más de nosotros como país que de este perpetuo infantilismo que seguramente seguirá siendo incorregible.

Entre los gobiernos chilenos que rivalizan por el título de mayor desastre, destacan la República Socialista de 1932 y su secuela bajo Carlos Dávila: el primero, de sólo 12 días; el segundo, de 101 días más. Otros tiempos. Quizás éramos menos tolerantes, o bien no nos habíamos inmunizado lo suficiente. Chile, desde entonces, se viene apestando de manera crónica y, a lo mejor, hemos desarrollado suficiente tolerancia inmunológica, entendida como la capacidad de un organismo para convivir con parásitos sin sufrir daños graves.

Puede que también incida el hecho de que todavía seamos una sociedad rústica, dura de mollera. Un país tan aporreado, conformista y sometido que se contenta, dentro de todo, con lo que venga y resulte. Eligió a Boric cuatro años atrás, cuando bastaba con tener un poco más de dos dedos de frente para desaconsejar dicha opción. Igual, ahora se ha optado por Kast “a la tercera, la vencida”. Y ya antes, a Allende a la cuarta, para, por último, deshacerse de él a patadas y soportar una dictadura que duró cuatro veces más años que el frenteamplismo y los comunistas. Un calvario, este último gustito que se dio la democracia chilena. La dictadura, por su parte, un infierno que también se toleró, y lo que venía de antes, ni digamos. Frei y la UP nos llevaron al despeñadero, con fuerte ánimo suicida detrás. ¿Lo entiende usted?

Apuesto lo que quieran que se entiende tanto como el haber dejado a una banda de inescrupulosos tomarse el Estado, hasta hoy impunes, permitiéndoles así provocar y fastidiar desde fuera de La Moneda, en la calle, liceos, universidades públicas y el Congreso. Que esa es la manera para que vuelvan a Palacio. Y entonces nos iremos turnando de nuevo, como cuando Bachelet y Piñera lograron sus 16 años compartidos que empataron con los 16 de la dictadura, y se tuvo la sensación de que somos serios por lo mismo que “estables”. Para qué decir los 16 adicionales entre Aylwin y la aparición de Bachelet. ¿Época dorada, de bonanza, consenso y cuoteo?, que algunos siguen vendiendo como pomada milagrosa, para justificar la magra cuota de poder que les queda. Y vamos traspasando, en el entretanto, la piocha que cuelga y se aviene con cualquiera que la lleve, con o sin corbata.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el viernes 13 de marzo de 2026.

En cambio ahora:

“Orden, Trabajo y Alegría”

Por José Tomás Hargous Fuentes 

Uno de los versos del último jingle del entonces candidato y hoy Presidente de la República decía que “lo que Chile elige es valentía, orden, trabajo y alegría”. Los primeros días de José Antonio Kast encabezando la Primera Magistratura de la Nación nos muestran en qué medida esas palabras no sólo lo representan de cuerpo entero, sino que resumen muy bien lo que parece que será el sello del nuevo Gobierno.

Esto puede verse desde las distintas medidas que han sido anunciadas hasta los gestos del Presidente y la Primera Dama. Desde la rehabilitación del dormitorio presidencial en Palacio, pasando por el Mandatario almorzando en el casino con los funcionarios de La Moneda y Pía Adriasola sirviendo los almuerzos, no sólo son expresión de la sencillez que vive el matrimonio presidencial, sino que representan que los primeros en asumir la austeridad fiscal son ellos. O la señal del retorno de la corbata a La Moneda, que parece menor pero es una muestra de respeto por unas instituciones que fueron saqueadas y desprovistas de autoridad en los últimos años.

Probablemente la palabra que más dijo en su discurso el miércoles en la noche desde el balcón de La Moneda fue “trabajo” y sus derivados. Un total de veintitrés veces el Presidente enfatizó que llegaban al Gobierno a “trabajar” y “servir” al país. Pero el Gobierno no es capaz de resolver todos los problemas. Como dijo el Presidente, “sólo lo haremos si cada uno de ustedes, cada uno de los chilenos, también trabaja y cuida la Patria. Desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, todos debemos ocuparnos de hacer el bien y cumplir responsablemente nuestras obligaciones. Todos somos responsables”.

Muchos dicen que el excandidato exageró la situación del país durante la campaña, y que en realidad no viviríamos una crisis que demande un gobierno de emergencia. Sin embargo, la situación con que José Antonio Kast recibió el país de manos de Gabriel Boric es de las más graves de las últimas décadas. Como explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, su predecesor Nicolás Grau le entregó la “caja” del Estado completamente quebrada: si los gobiernos anteriores entregaban unos US$3.000 millones al pasar la posta, Boric dejó las arcas fiscales con sólo ¡40 millones de dólares! –alrededor de un 10% del costo mensual de los sueldos de los funcionarios públicos– a diciembre de 2025, y durante este verano contrajo más deuda para maquillar la situación.

Si a eso le sumamos el desborde de la delincuencia y el crimen organizado, el descontrol de las fronteras, una economía estancada, unas instituciones públicas destruidas, la polarización política y la corrupción sin freno en el mundo público, privado y social, durante la administración anterior, junto con el olvido de Valparaíso, Biobío y Ñuble, se puede concluir sin exagerar que estamos ante una emergencia total, que requiere un gobierno de emergencia.

Por eso se anunció esta semana un Plan de Reconstrucción Nacional, orientado a la reconstrucción de nuestras ciudades luego de los incendios de los últimos años, así como a la reconstrucción de los cimientos de nuestra economía. Al mismo tiempo, comenzó la auditoría completa al Estado para descubrir la profundidad de la corrupción, absolutamente desbordada en el Gobierno de Gabriel Boric, desde el Caso Fundaciones hasta la fallida compra de la casa de Salvador Allende, pasando por el Caso Monsalve. Finalmente, ya se encuentran en la Frontera Norte las Fuerzas Armadas (FFAA) para dar inicio a la construcción del Escudo Fronterizo y el Canciller peruano reabrió las negociaciones por el corredor humanitario para que los migrantes ilegales vuelvan a sus países.

En resumen, como el mismo Kast dijo en su discurso, Chile necesita recuperar el “orden”. “Para enfrentar esas emergencias en seguridad, en salud, en educación, en empleo y tantas otras, Chile necesita un gobierno de emergencia y eso es lo que vamos a tener. Un gobierno de emergencia no es un eslogan, es la realidad que vamos a vivir. Es orden donde hay caos, es alivio donde hay dolor, es mano firme donde hay impunidad. Y es también esperanza real, concreta y posible para quienes han sido ignorados por mucho tiempo”, argumentó.

Por eso, recurrió al ejemplo del arquetipo del orden y la autoridad en nuestro país: “Diego Portales era un hombre claro y nos acompaña, al comienzo de nuestra caminata en la plaza nos detuvimos ahí, y Diego Portales nos dejó una enseñanza que sigue plenamente vigente. Un país no puede gobernarse sólo con ideas, tiene que gobernarse con carácter y el carácter no es arbitrariedad. El carácter es estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer, aunque sea incómodo, aunque sea impopular, aunque cueste, lo vamos a hacer”. Esto quiere decir que “la autoridad tiene que ser fuerte porque nuestro país en esta hora así lo demanda, no para someter, sino para proteger a nuestros compatriotas”.

Como dijo el Presidente, “Estimados amigos, desde este balcón, desde la Casa de Todos los Chilenos, les digo de frente que vamos a recuperar nuestro país, vamos a recuperar nuestras calles, vamos a recuperar nuestras instituciones, vamos a recuperar la esperanza”.

Gobernar en emergencia

Por Mara Sedini 

Desde que el Presidente José Antonio Kast propuso a los chilenos el establecimiento de un “gobierno de emergencia” para hacer frente al estancamiento que vive nuestro país en múltiples materias, el concepto ha sido objeto de un nutrido debate. Muchos lo han valorado como un acierto político, capaz de reflejar con claridad el momento que vive el país y de orientar con realismo la acción del Ejecutivo en los próximos cuatro años. Otros, legítimamente, han manifestado reparos o dudas respecto de su alcance. Pero más allá de la discusión pública, lo fundamental hoy es comprender el diagnóstico de fondo y actuar en consecuencia frente a los problemas que Chile ya no puede seguir postergando.

Cuando se observa con detención la situación de nuestro país, con un crecimiento estancado entre un 1,5 y 2,5% anual, el peor desde el retorno a la democracia; un desempleo de 8,5%, siendo el sexto país de la OCDE con la mayor tasa de desocupación; 2,5 millones de personas en listas de espera, con más de 40 mil fallecidos entre personas que estaban esperando una consulta o una cirugía en el sector público durante 2024, y un 278% de aumento en secuestros y extorsiones respecto de 2018, resulta evidente que enfrentamos problemas acumulados que urgen solución.

Frente a este panorama, negar la existencia de una emergencia supone, en los hechos, aceptar como normales situaciones que hace pocos años habrían sido consideradas inaceptables, o confiar en que bastará con perseverar en las mismas respuestas del último tiempo para resolver desafíos que han demostrado ser cada vez más complejos. Desde el Gobierno, creemos que Chile merece algo distinto: reconocer con claridad la magnitud de sus dificultades para enfrentarlas con decisión y sentido de urgencia.

Asumir esta realidad también implica una forma distinta de ejercer la responsabilidad de gobernar. Revertir una situación crítica en múltiples frentes exige convocar voluntades amplias y comprender que los desafíos del país superan las fronteras habituales de la política. Nuestro Gobierno tiene convicciones claras y un mandato democrático para impulsar su programa, pero también la certeza de que el momento que vive Chile requiere amplitud de miras, generosidad y disposición a poner siempre por delante el interés del país.

Desde el primer minuto, el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha comenzado a implementar una serie de medidas para afrontar las emergencias. Estas responden a las urgencias sociales, económicas y de seguridad que enfrenta el país. En seguridad, se instruyó la Política Nacional de Cierre Fronterizo, el Plan Escudo Fronterizo y el nombramiento de un Comisionado Presidencial para coordinar a las fuerzas de orden y seguridad en la macrozona norte. En materia económica, se ordenó destrabar 51 reclamaciones pendientes en el Sistema de Evaluación Ambiental que mantienen paralizadas importantes inversiones y se inició una auditoría total al Estado. Y en el plano social, se fortaleció el rol del Ministerio de Vivienda para acelerar la postergada reconstrucción en las regiones afectadas por incendios. Son decisiones iniciales que buscan devolver capacidad de acción al Estado frente a problemas que durante demasiado tiempo se fueron acumulando.

El camino para dejar atrás esta situación ha sido señalado con claridad por el Presidente de la República en sus primeros mensajes a la Nación. Salir de la emergencia implica recuperar el orden que permite a los ciudadanos vivir con tranquilidad, reactivar el crecimiento y reconstruir la confianza en las instituciones. Es un proceso que exige el carácter para tomar las decisiones difíciles que el bienestar de todos demanda, pero también el compromiso de cada ciudadano para enfrentar este desafío con responsabilidad y patriotismo.

Nuestra labor desde el Gobierno estará enfocada en devolverle al país un entorno de certezas y reglas claras que permitan a cada chileno desplegar con libertad sus capacidades y proyectos. Asumimos esta emergencia con optimismo, conscientes de que no estamos condenados a una mediocridad que ofrece cada día menos oportunidades. No ignoramos que la magnitud del desafío es grande ni que el esfuerzo requerido será exigente. Es precisamente la profundidad de esta crisis la que determina el sentido de urgencia con que estamos actuando.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el domingo 15 de marzo de 2026.

Semana de símbolos y esperanza

Por Gonzalo Cordero 

Las sociedades se debaten en una tensión política entre el orden y el cambio. Restauración y revolución se articulan como relatos que periódicamente configuran la esperanza de un futuro mejor, sobre ciertos valores encarnados en símbolos que agitan emociones atávicas.

A Chile no le ha ido bien con las revoluciones. Ni la que prometía hacerse en libertad ni, menos aún, la que se nos ofrecía con empanadas y vino tinto condujeron a nada bueno. Algo parecido, aunque menos traumático, sucedió con la que se vistió –disfrazó, en realidad– de “estallido social”. Del movimiento que iba a ser “la tumba del neoliberalismo” apenas quedó un recuerdo de violencia, destrucción y frustración que envejeció mal.

Esta semana se selló su fracaso. Antes de terminar el gobierno del Presidente Boric, la estatua de Baquedano volvió a su lugar, del que nunca debió salir. Finalmente, el peso de las instituciones, de nuestra historia y de la tradición construida durante más de un siglo, terminó imponiéndose a la piedra, al encapuchado y a la bomba molotov. La convicción y perseverancia del alcalde Bellolio fueron fundamentales para que todo lo que simboliza esa estatua volviera como testimonio de reconocimiento a los valores predominantes de nuestra identidad.

En una ceremonia impecable, justo es reconocerlo, gracias al sentido republicano de todos quienes participaron en ella, juró el Presidente José Antonio Kast y recibió los símbolos que lo invisten como el gobernante constitucional de Chile por los próximos cuatro años. En el Congreso bicameral propio de nuestra tradición, con la participación de todas las instituciones que configuran la República, representantes de iglesias, organizaciones sociales e invitados extranjeros y en aplicación de las normas de nuestra Constitución Política, la misma que quisieron reemplazar por el delirante texto de la Convención, nuestro país vivió la continuidad de su orden democrático.

Una sólida mayoría eligió al más conservador de los presidentes que hemos tenido desde el retorno a la democracia. Un católico observante, que en su primer discurso evocó a Portales y que ha dado reiteradas señales de valoración de Carabineros y de nuestras Fuerzas Armadas, así como una persistente voluntad de recuperar los principios de libertad y orden que han sido la base de nuestras épocas de estabilidad y progreso. Todo un giro, no sólo político, sino cultural, que hace apenas cuatro años habría parecido imposible.

Churchill decía que en política ninguna victoria es definitiva y ninguna derrota es fatal. Sabias palabras que llaman a todos quienes comparten los valores del gobierno de la ley como marco de convivencia, del mérito como principio de justicia para asignar bienes y oportunidades, así como de la solidaridad con el desfavorecido, a valorar este momento y trabajar para que el gobierno del Presidente Kast tenga éxito y su gestión se proyecte, afianzando los valores que una vez más han prevalecido, porque desde los orígenes de Chile están en nuestro ADN.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el sábado 14 de marzo de 2026.

El verdadero cambio de mando que Chile necesita

Por Enrique Cruz Ugarte 

Chile acaba de vivir un nuevo cambio de mando. Y aunque esa imagen vuelve a recordarnos una fortaleza institucional que no conviene dar por descontada, también deja en evidencia una fragilidad que se ha ido profundizando con los años: el desgaste de las confianzas.

El nuevo Gobierno recibe un país que no sólo enfrenta urgencias en seguridad, crecimiento o migración. Recibe también una sociedad cansada, polarizada y golpeada por una sucesión de hechos que han debilitado la credibilidad de la política, de las empresas y de otras instituciones que, en distintos momentos, debieron estar a la altura y no lo estuvieron. Ese deterioro no es una sensación abstracta. Se expresa en la sospecha permanente, en la dificultad para creer en la palabra del otro y en la idea, cada vez más extendida, de que detrás de muchas decisiones hay interés particular antes que vocación de servicio.

Por eso, la reconstrucción de las confianzas no puede entenderse como un asunto secundario, ni como una consigna bien intencionada para adornar discursos. Es una condición de posibilidad para avanzar. Sin un mínimo de confianza compartida, el desarrollo se vuelve más frágil, la convivencia más tensa y la tarea de gobernar mucho más cuesta arriba.

Este problema, además, no es solo chileno. El Edelman Trust Barometer 2026 muestra que la crisis actual ya no pasa únicamente por la distancia frente a las instituciones, sino también por una creciente dificultad para confiar en quienes son distintos. Distintos en sus ideas, en sus valores, en su historia o en su manera de mirar el mundo. Cuando eso ocurre, la sociedad se repliega. Se achican los espacios comunes y se debilita la posibilidad de construir algo entre personas que no piensan igual, pero que igualmente comparten un destino.

En ese contexto, el rol de la empresa adquiere una relevancia especial. No porque esté exenta de errores, ni porque tenga por sí sola las respuestas, sino porque sigue siendo uno de los pocos espacios donde la confianza puede vivirse de forma concreta. Para muchas personas, la relación con su trabajo, con su empleador y con los equipos de los que forma parte es bastante más cercana y real que el vínculo que logran tener con otras instituciones más lejanas.

Esa cercanía impone una responsabilidad mayor. La empresa no puede reducir su papel a generar empleo, pagar sueldos o producir resultados. También está llamada a ser una comunidad donde las personas puedan desarrollarse con dignidad, ser respetadas en sus convicciones y sentirse parte de un proyecto que las considera en serio. Cuando eso ocurre, la empresa no solo aporta valor económico. Aporta cohesión, sentido de pertenencia y una experiencia concreta de confianza en medio de una sociedad fragmentada.

Lo mismo vale para el Estado. Reconstruir las confianzas exige instituciones que funcionen, que actúen con integridad y que sepan responder a las necesidades reales de las personas. Exige también políticas que hagan más humana la vida cotidiana y fortalezcan a las familias, especialmente en ámbitos donde todavía persisten obstáculos evidentes.

La confianza no se recupera de un día para otro. Mucho menos por decreto. Se reconstruye con coherencia, con rectitud y con una disposición sincera a ponerse al servicio del bien común. Ahí está uno de los grandes desafíos de este nuevo tiempo político. Y ahí también las empresas tienen una tarea ineludible.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 15 de marzo de 2026.

Kast y Portales

Por Josefina Araos 

“Un país no puede gobernarse solo con ideas. Tiene que gobernarse con carácter y el carácter no es arbitrariedad”. Así citó el presidente Kast a Diego Portales en su discurso en La Moneda el día del cambio de mando. La mayoría de los análisis han usado la referencia para confirmar sus temores respecto de los énfasis, el estilo y los principios que inspirarían al mandatario (la sombra autoritaria que muchos buscan atribuirle), pero ha quedado pendiente una mayor detención en el significado de la cita escogida. El Presidente no será el mejor orador, pero pareciera no elegir nada al azar. Y en ese sentido debe interpretarse también su alusión a Portales: por la manera en que dialoga con el momento en que le toca asumir la primera magistratura, así como con su propia apuesta política. Veamos si podemos sacar alguna conclusión sobre ello.

Se ha vuelto casi un lugar común la conclusión de que vivimos tiempos inciertos, con problemas tan graves como de difícil solución. Predominan por lo mismo las hipótesis que subrayan la larga duración de los procesos en curso, el peso y arraigo de las dinámicas instaladas, la complejidad de los sistemas que dan forma a la vida social. Nada de eso es falso, por cierto, pero tiene el riesgo de terminar en una suerte de resignación intelectual, y también política. Si las cosas son tan complicadas, si aquello que tenemos delante es una montaña inabordable, no hay mucho que hacer. Y tampoco hay mucho que reclamar: los que mandan quedan liberados de culpa. En ese sentido, uno podría pensar que la referencia del Presidente a Portales busca justamente afirmar lo contrario: reivindicar la agencia de los actores, en especial de aquellos que están a cargo del destino del país; abrir un margen de acción para enmendar el rumbo, así como para exigir responsabilidades. La apuesta no deja de ser inteligente: sabemos que la ciudadanía está cansada de los discursos que piden paciencia, al mismo tiempo que la política es cada vez más lenta en dar respuestas o probar su eficacia, y pródiga en señales de ensimismamiento y, más veces de las que quisiéramos, de corrupción. No por azar aumenta la cifra de aquellos para quienes se ha vuelto indiferente vivir o no en democracia. No es un abandono de convicciones arbitrario el de la gente, sino que es resultado de un entramado institucional al que se le cuesta mostrar cotidianamente su valor. Afirmar el carácter frente a las ideas es entonces una manera de volver a asignar a los actores el papel protagónico que les corresponde, para mostrar que todavía puede hacerse algo, y que podemos exigirles explicaciones si fracasan.

Pero no por inteligente la apuesta deja de ser arriesgada. Es fácil pasar de la reivindicación de la agencia al voluntarismo, a subestimar los puntos ciegos, a reducir la política al efectismo, si acaso te convences estando en el poder que la resignación era inevitable. Y en ese difícil equilibrio tendrá que aprender a moverse el mandatario, pues ha decidido enmarcar su mandato en un “gobierno de emergencia” que debe justamente abordar problemas muy graves y complejos. Materias donde las personas esperan, con razón, respuestas o cambios efectivos, pero que no son sencillas de demostrar. Requerirá entonces gran destreza para hacerse cargo de la distancia que existe siempre en política entre lo dicho y la realidad, entre las palabras y lo que se puede hacer. Un ámbito en el que el gobierno saliente fracasó rotundamente y donde es probable que se juegue también parte importante del éxito del nuevo mandato. Porque dar respuestas tomará tiempo, y habrá que saber justificarlo. En ese sentido, no es sólo carácter lo que asegura la agencia de los actores; también una aguda lectura de los tiempos que vivimos y una conciencia clara del margen efectivo de acción del cual se dispone. Sin ello, la acción política puede ser eficaz, pero no necesariamente mejorar la vida de las personas. Y es ese justamente el objetivo que se ha trazado el nuevo presidente.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el sábado 14 de marzo de 2026.

La verdad tarda, pero finalmente sale a la luz:

Breve Estadística de Procesos Judiciales y Personal Condenado de las FFAA y Policiales:

2026. Breve Estadística de Procesos Judiciales y Personal Condenado de las FFAA y Policiales

Johannes Kaiser: “Den gracias de que no llegue yo a la presidencia, porque yo indulto a todos los viejos de Punta Peuco por habernos defendido del lum…

Vea una declaración valiente con toda la verdad y razón:

https://www.facebook.com/reel/1321604593134096

HIPÓCRITAS Y FARSANTES

Los cuidados del sacristán …..

Toribio, había mantenido un sostenido silencio -para quienes lo seguían- refugiado en su voluntario ostracismo, en busca de una cura que la “chimuchina política” que sin orden ni concierto había terminado por agotarlo, y nada mejor que cuando el hilo de la carretilla da señales de un eventual agotamiento, hacer un prolongado “break,” aprovechando las ventajas de su isla.

No obstante, la discusión desatada en torno a la reciente aprobación en el Senado -en primer trámite constitucional- del proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para ciertos condenados, ha logrado sacudir su modorra y sumar su modesta opinión -la que, por cierto, puede que no satisfaga a moros ni cristianos-.

En primer lugar, habiendo fracasado los anteriores esfuerzos para aliviar la suerte de nuestros camaradas de armas, víctimas de una justicia espuria, sostenida en el tiempo por la acción de los diferentes gobiernos, una derecha feble, sin más armas que las asegurasen la conservación de sus cargos en el Congreso y mayor poder, frente a una izquierda ávida de venganza e insaciable, como un Drácula en el cuello de quienes son realmente sus víctimas, -abandonados por quienes los llamaron hace medio siglo a poner orden y recuperar la libertad amenazada- esparciendo su caldo de odiosidad y calumnias en una población presa de anomia y mayoritariamente ignorante; un grupo de parlamentarios, conscientes -en buena hora- ante una situación insostenible, gracias a la valiente y denodada  acción  de sus familiares y amigos que a fuerza de su perseverancia y amor por sus seres queridos -solos ante el mundo- lograron permear la sensibilidad de sus autores en un proyecto amplio  y que incluyera a nuestros camaradas privados de libertad.

Toribio ha percibido que existía una acentuada confianza por la aprobación de este proyecto, que pondría fin al deterioro y abandono de sus familiares ante la crítica situación de salud en que se encuentra un número importante de ellos; y poder así, otorgarles los cuidados correspondientes en el seno de sus hogares en un corto plazo.

Sin embargo, es importante tener en consideración que el camino por recorrer es extenso, por cuanto existen los siguientes pasos: -salvo error u omisión-: Discusión particular en el Senado, artículo por artículo en las comisiones técnicas y luego votación en sala, ya realizado- Segundo trámite constitucional, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, lo recibe la comisión correspondiente, quien debe elaborar un informe y luego pasar a Discusión y Votación, en general y particular artículo por artículo. Una Comisión Mixta se establece en el caso de sufrir modificación en la Cámara encargada de resolver el problema con un texto de consenso, que debe ser aprobado por ambas cámaras; y luego Aprobación Presidencial. El presidente puede promulgar la ley o vetarla parcial o totalmente.

Pero al parecer “los cuidados del sacristán mataron al señor cura”, pues en el propósito de que sea una ley general y no particular que beneficie a los miembros de las FF. AA., ha dado lugar a variadas indicaciones y en especial a especulaciones -según algunas opiniones- ante la falta de un criterio que establezca a qué tipo de delito aplicaría el proyecto, originando una serie de dudas sobre las personas a las que beneficiaría. En esto, la izquierda ha demostrado ser muy eficiente al citar casos emblemáticos que obviamente contarían con la reprobación por parte de la opinión pública, como los casos conocido de “La Quintrala”; el chacal de “Alto Hospicio”; El Asesino del Tambor, etc., a los asesinos del Senador Guzmán, Galvarino Apablaza y Hernández Norambuena, etc., sacando además a la palestra la situación de Miguel Krassnoff. Este a lo largo de todos estos años ha sufrido la falta de un debido proceso y haciéndole partícipe de todos los actos de la DINA -aun cuando ya no servía en ella- por haber sido parícipe en la destrucción de la cúpula del MIR, movimiento terrorista y asesino, encabezada por el padre del ya varias veces candidato a la presidencia de  la república.

En esta cruzada de hipócritas donde hasta ministros, como el comunista de Justicia y el senador Espinoza se consideran víctimas, olvidando que el P.S. encontró legítimo el uso de las armas y de la fuerza para alcanzar el poder en plena democracia; y posteriormente, ser participe de los desórdenes y alentar al campesinado en contra del gobierno militar. Hoy estos farsantes rompen huevos en defensa de los manoseados derechos humanos, omitiendo descaradamente que a partir de 1990 todos los mandatarios, sin excepción, han cursado numerosos indultos: Aylwin: 928, incluyendo todos los que habían cometido delitos de sangre durante el Gobierno Militar, en aras de la reconciliación; Frei: 343, incluyendo un condenado por tráfico de droga y hermano de una concejal D.C.;  Lagos:240; Bachelet I y II: 77; y Piñera I. y II: 38; Boric: 10 indultos (2022) y más de 400 individuos relacionados con el estallido delincuencial, entre los cuales habían cerca de 50 con antecedentes penales, a los cuales además les otorgó una pensión mensual.

El camino para nuestros camaradas de armas -no quisiera desalentar- porque entiendo, comprendo y me hago cargo del dolor que afecta a todos sus familiares, pero no creo que el camino más rápido sea una ley por las razones antes señaladas. Cifro mayores esperanzas en la facultad presidencial, quien ha señalado estudiar caso a caso, para lo cual sería muy importante facilitar su resolución proveyéndole de los antecedentes necesarios por los conductos regulares.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

EstimadoToribio:

Comparto lo expuesto por Usted. Quiero agregar que los errores de apreciación de la situación se pagan caro y eso fue lo que ocurrió a partir de la detención en Londres del C.J.E. Él estimó que su estrecho vínculo con la PrimeraMinistra Margaret Thatcher era una garantía de indemnidad y no fue así. La política, lamentablemente, no es una actividad precisamente transparente, sino que obedece, en primer lugar, al interés y objetivos personales del actor político y la señora Thatcher no fue una excepción.

La tergiversación de la historia de Chile a partir de 1970, con la elección de Salvador Allende como Presidente a la República por el Congreso, ya que en las urnas obtuvo sólo algo más de un tercio de los sufragios, previo Pacto de Garantías con la Democracia Cristiana, que de inmediato fue violado sistemáticamente para lograr el objetivo de instaurar la pseudo “Dictadura del Proletariado”, que no es otra cosa que la del Comité Central del Partido Comunista y sus afiliados y la esclavitud posterior de ese proletariado, como ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela y ocurrió hasta la caída del Muro de Berlín en toda Europa del Este, constituía un riesgo para su imagen que la señora Thatcher no estuvo dispuesta a correr.

El costo político de la libertad y retorno al país del C.J.E. fue altísimo, ya que los intentos previos de procesar militares habían sido refrenados sólo por el respeto y si se quiere, temor a la reacción de las FF.AA., que ya habían manifestado su desacuerdo en dos oportunidades previas. Difícilmente podría haber habido una tercera después de ese episodio en Londres.

Con el control político por parte de quienes habían sido opositores y en muchos casos “enemigos declarados” de los militares, hubo una progresiva renovación de los más altos cargos en el poder judicial, accediendo a ellos miembros que, sin pudor alguno, sentaron una doctrina totalmente opuesta a los principios esenciales del derecho que hacen del mismo una ciencia y lo transformaron en una herramienta para transformarlo en un instrumento adecuado a su concepción de la “justicia”, de la mano con el poder político que, simultáneamente, procedió a indultar a todos aquéllos que, en su oportunidad, recurrieron a la violencia armada para sustituir, incluso, al propio gobierno de Salvador Allende, por uno sistema similar al de Cuba, muy de moda en aquéllos años, con el apoyo y presencia en Chile del propio Fidel Castro, quien en una memorable frase alertó al propio Salvador Allende, advirtiéndole públicamente que si perdía la lucha en el terreno, es decir, en las calles, perdería también el poder, ya que había observado como la violencia de ciertos sectores de su propio gobierno, habían generado un repudio cada vez mayor en la ciudadanía que, sin temor alguno se manifestaba en su contra comenzando a responder a la violencia con violencia. La guerra civil era inminente.

Y oh, paradoja de paradojas!: Siendo público y notorio que el sistema democrático agonizaba el año 1973, debido a la violencia de los grupos extremistas que buscaban instaurar un régimen totalitario similar al de Cuba, denunciado incluso por el poder judicial y el parlamento de la época, el inevitable enfrentamiento que se produjo en el contexto de lo que llegó a ser calificado como una suerte de guerra irregular o guerrilla, en que se impusieron las Fuerzas Armadas, instadas por las referidas autoridades, ha culminado con el indulto y libertad de todos quienes promovieron el enfrentamiento y con la condena de quienes se impusieron y restauraron la democracia y el estado de derecho.

Que hubo excesos, difícilmente podría desconocerse, pero lamentablemente es lo que suele ocurrir en este tipo de confrontaciones. Y la pregunta inevitable es: ¿qué hubiera ocurrido si los vencedores hubiesen sido los vencidos? La respuesta es obvia: Chile habría sido una Cuba más, tras una larga persecución y ejecuciones en el paredón, el ningún respeto posterior y hasta el día de hoy, por los derechos humanos, en medio de una miseria del pueblo que no tiene parangón en América, salvo en los países que se encuentran en un proceso similar, cuyo es el caso de Nicaragua y Venezuela.

Difícilmente se pueda, por vía de una ley, lograr poner término a la vergonzosa, abusiva e inhumana condición de los militares que hoy permanecen en prisión por hechos ocurridos en el contexto antes descrito, ya que nuestros legisladores son personas que velan antes que nada por sus propios intereses y jugarse por la justicia y equidad, en estas circunstancias, implica un eventual costo político cuya mayoría no está dispuesta a pagar.

Sólo tengo la esperanza fundada que el actual Presidente de la República, don José Antonio Kast, fiel a sus principios cristianos y en especial al de la caridad, se compadezca de quiénes, a lo menos, merecen eso: compasión y además, como abogado recuerde y aplique el principio jurídico conforme al cual “donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición”, y si los anteriores Presidentes indultaron a centenares de condenados por delitos cometidos en aquélla época, en aras de una ideología política, otorgue el mismo beneficio a quiénes, cumpliendo órdenes superiores, aún en el contexto de lo que muchos califican de dictadura, debieron reprimirlos.

Evidencia de cómo el Estado de Chile viola sistemáticamente los Derechos Humanos de Ancianos Octogenarios:

En Argentina:

Entrevista con el *Dr Alberto Solanet* para el canal del CES (Centro de Estudios Salta) a 50 años del 24 de Marzo:
– *”El derecho fue sustituido por la política de derechos humanos”:

https://youtu.be/s8VUs3hC6Gk?si=U1gmi2rnLl9enuTt

LA TRAICIÓN: CÁTEDRA UNIVERSITARIA

marzo 12, 2026

Por Osvaldo Rivera Riffo

Retrato del mitológico minotauro luchando contra el humano

La traición política es la ruptura de lealtades, promesas o la confianza pública para tener beneficio personal, destruir oponentes o cambiar de ideología. Filosóficamente, se conceptualiza como una violación del contrato social o la ética personal a menudo justificada por el realismo político -una forma eufemística ya empleada por Maquiavelo- para mantener el poder o, desde una perspectiva crítica, como una herramienta de corrupción.

Tratemos de entender mejor estas circunstancias que hacen tan difícil comprender el comportamiento político. En el Príncipe, obra de Maquiavelo, se argumenta que el líder debe estar preparado para ser desleal -concepto de malo- si la necesidad o la supervivencia del estado lo requiere, priorizando la eficacia sobre la moral.

También en los escritos de Platón se indica una expresión, llamada “mentira noble”, donde se sugiere que el poder puede mentir o traicionar la verdad si esto resulta en un bien superior para la comunidad.

Sin embargo, Séneca es lapidario, llamándolo violación de la conciencia. La traición, el escritor romano, la considera una erosión del carácter, ocurriendo cuando se rompe la lealtad con la propia ética personal antes que con el público.

Quedémonos con la explicación del romano Séneca, quien destacó como intelectual y político. Consumado orador, fue una figura predominante de la política romana durante los reinados de Claudio y Nerón, siendo uno de los senadores más admirados, influyentes y respetados. Incluso gobernó de facto el imperio romano cuando su joven pupilo Nerón subió al poder.

Como escritor pasó a la historia como uno de los máximos exponentes del estoicismo y su obra constituye la principal fuente de filosofía estoica hasta nuestros días.

Fue citado por los famosos cristianos San Agustín, doctor de la iglesia y San Jerónimo. En el renacimiento fue el oráculo de la edificación moral.

Entonces, reiterando el planteamiento de este gran filósofo, la traición política vista desde una perspectiva práctica genera secuelas como la desconfianza institucional, corrupción y la destrucción de la unidad interna de los partidos políticos y el desprecio por el soberano.

Por tanto, tendremos que concluir que la traición es uno de los delitos legales más graves que existen en la mayoría de las jurisdicciones, si no en todas. Las leyes contra la traición se basan en una profunda repulsión moral hacia actos que, en el ámbito político, constituyen ejemplos paradigmáticos de falta de lealtad.

Así las cosas, uno de los actos de traición más abyectos de nuestra historia reciente ocurrió durante el estallido delictual que culminó con la destrucción de la capital, la quema de las estaciones del Metro; de múltiples iglesias y un claro intento de golpe de estado.

La autoridad política en vez de ejercer todo el imperio de la ley y conservar la estabilidad política del país renunció a todas sus facultades constitucionales y, a cambio, entregó la Constitución de la República, salvando así su pellejo y traicionando el juramento que hizo al terciarse la banda presidencial y tomar los símbolos del poder. Conjuró esta traición con un eufemismo llamado acuerdo por La Paz social al que concurrieron todos los incumbentes políticos menos el Partido Comunista, el Partido Republicano recién fundado (2019) y el Frente Amplio, sumiéndonos en un proceso político que intentó refundar nuestra nación y que, felizmente, el pueblo soberano comprendiendo esta traición rechazó ese proyecto con más del 62% de los votos.

La historia de este país es de memoria muy corta y pobre y los inescrupulosos abusan de la ignorancia. Hoy día la prensa informa que una universidad ha creado la cátedra con el nombre de quien fuera el gran traidor de la República. Todos los involucrados en esta felonía fueron empleados del difunto presidente, pero no hay empacho para que la Universidad, el epicentro de la búsqueda de la verdad a través del conocimiento, rinda homenaje a lo descrito tan claramente por Séneca.

Demás está decir que el homenajeado nunca escribió un libro, nunca planteó una teoría que fuese sustantiva de investigación ni menos, un investigador útil a la humanidad que son, por lo general, los nombres que llevan las cátedras en las prestigiosas universidades no ideologizadas y que buscan el bien, la verdad y la belleza. Bien se dice en el campo: ¡Dios le da muelas a quien no tiene quijada!

No hay duda de que se continúa con la tradición de traicionar. Según palabras del actual Presidente esa ceremonia se realizaría el día 11 de marzo, el mismo día en que el protagonista sería el Presidente electo Kast, aprovechando la visita al acto de investidura de dignatarios extranjeros.

No sé si pueda asistir comentó el presidente electo en esa oportunidad reconociendo, inocentemente,  como favorable esta iniciativa.

La traición también se usa para opacar, deslucir, robar cámaras dirían los expertos en comunicación. Finalmente, impero la cordura y el acto se realizó el día 12. Pero ¿Quiénes lo organizaron? No olvidar que fueron los mismos que gobernaron cuando se entregó la Constitución.

Al acto asistieron varios expresidentes de países amigos y, por cierto, también asistió con todo su gabinete el nuevo Presidente de Chile.

Nunca se había visto tal magnitud de maldad para reescribir la historia.

¡Es una lástima que no esté vivo don Ricardo Claro, lo habría explicado mejor que yo!

Pero téngalo siempre presente: ¡la verdad nos hará libres! (Juan 8:32)

*Un Faro de Esperanza*

Por Cristián Labbé Galilea

Un cambio de gobierno no es sólo alternancia en el poder. En muchos casos es una rectificación histórica, como es nuestro caso, porque la administración Boric abandona el poder dejando una estela de mala gestión: deterioro económico, corrupción, violencia, inmigración descontrolada, una justicia marcada por su debilidad, etc., etc.. ¡Se trata de un cambio de rumbo!

El Presidente claramente recibió junto a la banda presidencial un “Presente Griego”, un legado nefasto, imponiéndole que: donde hubo improvisación, debe haber gestión; donde hubo complacencia, debe haber autoridad firme; y donde reinó la mediocridad… debe imponerse el compromiso.

La tarea le obliga necesariamente a tener coraje y decisión. Gobernar después de un mal gobierno exige “poner al país de pie”, reconstruir la confianza en las instituciones y … ¡sacudirnos de la indiferencia!

Las señales que el nuevo Presidente ha dado a la nación, en su primer mensaje, corresponden a “un gobierno de emergencia” cuyas intenciones resultan esperanzadoras. En este nuevo tiempo donde el país necesita reencontrarse consigo mismo, él ha puesto el acento en aquellas medidas urgentes que el país estaba pidiendo durante demasiado tiempo.

El Mandatario ha subrayado, además, la importancia de fortalecer y reafirmar los valores de la Sociedad Libre: la libertad, el orden, la propiedad, el crecimiento, la meritocracia. Reiteró su convicción en que el progreso es el camino más sólido para superar la crisis, y es la base sobre la cual se debe construir, tanto la estabilidad, como el Estado de Derecho.

Pero quizá lo más relevante es que, junto con esa visión, el Presidente ha insistido en la necesidad de buscar soluciones concretas a los problemas que afectan a los sectores más vulnerables. ¡Educación, salud, vivienda y seguridad no pueden seguir esperando!… Cuando un gobierno pone rigurosamente la gestión al centro de sus preocupaciones, y entiende que el progreso debe llegar a todos, comienza a trazar el verdadero camino de la reconstrucción.

Nuestros sagaces contertulios comprenderán que, con el primer mensaje del Presidente, no se resolverán los problemas de un día para otro, pero sí podremos deducir que marcó el tono de una nueva forma de gobernar y, en ese sentido, la señal fue clara: es tiempo de dejar atrás la inercia, y comenzar con decisión la tarea de recuperar el rumbo.

En ese sentido, el Mandatario dejó suficientemente claro que el espíritu de convivencia republicana no es de ninguna manera una señal de debilidad frente a quienes violenten el orden y la paz cívica: se utilizará todo el peso de la ley y de la institucionalidad para enfrentar la delincuencia, el narcoterrorismo y la corrupción, flagelos que en los últimos años han golpeado con fuerza la seguridad y el orden… El crimen no tendrá impunidad.

En suma, a juicio de esta optimista pluma, el equilibrio entre expectativa y firmeza es un “Faro de Esperanza” para esta nueva etapa. ¡Se acabó la debilidad: la ley volverá a gobernar, y el orden será la base de la libertad!

Todo chileno debería ver esta entrevista:

Homicidio, secuestro y abuso sexual:

Casi 3 mil prófugos fueron detenidos en primeros días del Gobierno de Kast

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, calificó los operativos como un “éxito rotundo” y un “golpe fuerte” para la delincuencia en el país.

16 de Marzo de 2026 | 15:21 | Por Sofía Campos, Emol.

Esta jornada el Comité de Seguridad del Gobierno reveló que los primeros días del Gobierno de José Antonio Kast, del 12 al 14 de marzo, se concretaron cerca de 3 mil detenciones de personas que se encontraban prófugas de la justicia. La instancia se realizó este lunes desde la ciudad de Arica, siendo liderada por el Presidente José Antonio Kast y los ministros de Seguridad, Trinidad Steinert; de Interior, Claudio Alvarado; de Defensa, Fernando Barros; y de Justicia, Fernando Rabat.

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Detienen a tres personas con más de 1,7 toneladas de cannabis: La iban a distribuir en la zona sur de Santiago A la reunión también asistieron el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y el Director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, quienes dieron cuenta del detalle de los operativos de búsqueda y detención de personas prófugas que se realizaron entre el jueves 12 y sábado 14 de marzo.

En total, se registraron 2.905 detenidos en todo el país durante los tres días. De ellos, 2.411 corresponden a hombres y 494 a mujeres. En el desglose por delitos, 8 fueron capturados por homicidio, 174 por robos violentos por intimidación y 66 por delitos sexuales, entre otros ilícitos. Sumando los procedimientos de ambas policías se logró la incautación de más de una tonelada de droga. Operativo paralelo de policías Carabineros detuvo a 1.328 personas; 1.087 en regiones y 241 en la RM. De ellos, 1.260 son de nacionalidad chilena, 23 venezolanos, 17 bolivianos, 14 colombianos, 9 otra nacionalidad y 5 peruanos. Además, se incautaron 421 kilos de marihuana, 244 kilos de ketamina, 4 automóviles y 7 armas. 2.905detenidos en todo el país se registraron entre el 12 y 14 de marzo. En el caso de la PDI, se detuvieron a 1.577 personas. Del total, 4 por el delito de homicidio, 2 por secuestro, 31 por robo con intimidación, 9 por violación, 23 por abuso sexual, 41 por tráfico de drogas, 104 por microtráfico y 47 por porte de armas de fuego.

El resto por delitos como amenazas simples o lesiones menos graves. Además, la policía civil incautó 684 kilos de drogas entre clorhidrato de cocaína, cannabis sativa procesada, cocaína base y otras, 6 armas de fuego y 20 vehículos. La ministra Steinert mencionó que “queremos dar cuenta en lo que ha sido desde el primer día en que asume el Presidente Kast, la organización de este operativo conjunto con Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, durante tres días, 12, 13 y 14, con un éxito rotundo.

Ha sido un golpe fuerte para quienes se encontraban prófugos de la justicia”. “Esta especie de operativo lo vamos a seguir realizando, no vamos a parar. Es más, vamos a unir a más instituciones del Estado para que la justicia no pare y los autores del delito enfrenten la misma.

Vamos a sumar a la policía marítima y otros actores para que esto no pare”, aseguró la titular de Seguridad. Añadió que “es importante que los chilenos sepan que nos encontramos trabajando para que efectivamente la seguridad vuelva a nuestro país. Quiero agradecer muy especialmente al General Director de Carabineros y al Director General de la Policía de Investigaciones por el esfuerzo realizado (…) ellos realizaron un trabajo profesional y con gran impacto a nivel nacional”.

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/03/16/1194437/detenidos-operativos-comite-seguridad-kast.html

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)

Por Juan Carlos Aguilera P.

marzo 8, 2026

En tiempos de transición cultural, cuando el lenguaje político pierde contacto con la realidad y el derecho se desvincula del bien, evaluar un gobierno no puede limitarse al conteo de cifras ni a la administración de errores. Lo que está en juego es más hondo: se trata de discernir qué concepción del ser humano ha guiado las decisiones, qué noción de verdad ha informado las políticas y qué modelo de sociedad ha sido promovido —aunque no siempre declarado— desde las estructuras del poder.

El gobierno del presidente Gabriel Boric representa algo más que una alternancia de coalición o una crisis de gestión. Es, en muchos aspectos, la cristalización de una visión totalizante: la del constructivismo antropológico, que niega la naturaleza humana como dato y la sustituye por identidades móviles, derechos subjetivos y afectos legitimados por el Estado. Este enfoque no es accidental ni meramente técnico. Es una apuesta filosófica, con consecuencias sociales medibles y huellas culturales profundas.

Por eso, el balance que aquí se propone parte de una mirada que reconoce en la persona humana su dignidad irreductible, su vocación al bien común y la necesidad de un orden político que respete la verdad del hombre. Esa verdad no se construye: se recibe, se conoce, se custodia, se cultiva y se promueve.

Desde esta perspectiva, las políticas sobre la vida, la salud, la familia, la educación, el trabajo o la cultura no pueden evaluarse solo por su eficacia instrumental, utilitaria o económica. Deben juzgarse por su capacidad de afirmar o negar al hombre, de fortalecer sus vínculos fundamentales, de respetar su libertad trascendente y de promover su responsabilidad personal. Porque, como advirtieron los grandes pensadores políticos del siglo XX, cuando el poder olvida al hombre, la política se vuelve técnica de administración o escenario de manipulación. Y entonces el mal deja de ser visible: se vuelve sistémico, estructural, anodino.

Vida: entre la ideología y la indiferencia

Como es sabido, la valoración del bien de la vida humana es el fundamento de toda sociedad verdaderamente humana y civilizada. A la luz de esta afirmación, resulta ineludible iniciar esta evaluación del gobierno del presidente Gabriel Boric con el tema más esencial: la vida.

Lejos de promover una cultura de la vida, el actual gobierno ha favorecido, por omisión y por acción, una cultura de la muerte, disfrazada de derechos reproductivos, eufemismos feministas y sofística interseccional. La defensa del aborto libre ha sido no solo una promesa, sino una agenda persistente. Desde el inicio de su mandato, el Ministerio de la Mujer ha sostenido una campaña ideológica constante, presionando por legitimar jurídicamente el aborto, pese a que la legislación chilena, tras el fallo del Tribunal Constitucional de 2017, ya permite su práctica en tres causales extremas.

Desde marzo de 2022, el Ministerio de la Mujer ha impulsado campañas, protocolos y declaraciones que exigen legalizar el aborto sin causales. La estrategia no ha sido solo comunicacional: en octubre de 2023, el gobierno celebró en La Moneda la votación favorable al proyecto de aborto libre en la Comisión de Mujer de la Cámara, con un entusiasmo que no mostró ante ninguna reforma sanitaria o educativa.

Chile, con la actual legislación de aborto en tres causales, registró 5.324 abortos en el sistema público entre 2018 y 2025, según el Ministerio de Salud. En 2024, además, se avanzó en protocolos de distribución de anticoncepción de emergencia sin controles ni advertencias a menores. Mientras esto ocurre, el Estado ha abandonado el acompañamiento a mujeres embarazadas en situación de sufrimiento y no existe una sola política pública destinada a fomentar la adopción.

En lugar de atender la raíz del problema —una cultura que abandona a la mujer en su fragilidad y sufrimiento—, se ha optado por legitimar la eliminación de vidas humanas inocentes como un acto de liberación. Mientras se multiplican los discursos inclusivos, las cifras de abortos realizados en el sistema público crecen silenciosamente, y ninguna política seria ha sido implementada para apoyar la maternidad vulnerable, fomentar la adopción o educar en el valor de la vida desde su concepción.

A la vez, los homicidios han aumentado con cifras alarmantes. Según datos oficiales, el país alcanzó su cifra más alta de homicidios en décadas, con una tasa de 6,7 por cada 100 mil habitantes en 2023, más del doble de lo registrado en 2018. En 2024 se registraron 1.207 asesinatos, con una tasa de 6,0 por cada 100.000 habitantes; y en 2025 la tasa fue de 5,4. Son cifras propias de países en conflicto armado. La impunidad es alta, el control de armas es frágil y la respuesta estatal ha sido tibia.

Un caso simbólico: en julio de 2024, un joven fue asesinado en pleno centro de Santiago al resistirse a un asalto. Su madre, en entrevista televisiva, dijo entre lágrimas: “Salió a trabajar y volvió en un ataúd. ¿Quién responde por eso?”. La mayoría de estos crímenes tiene un patrón común: bandas de narcotráfico, inmigración desregulada y armas ilegales. El Estado ha fracasado en su misión básica: proteger la vida de sus ciudadanos. Sin esa exigencia elemental de justicia, la ley se convierte en un cascarón vacío y el delito termina por adquirir apariencia de derecho.

El gobierno de Gabriel Boric ha instaurado, con decisión y sin disimulo, una cultura de la muerte. Bajo la sofística de los “derechos sexuales y reproductivos”, se ha promovido activamente el aborto libre, en desmedro de toda política de protección de la maternidad vulnerable o de apoyo a la vida naciente.

Salud: listas eternas, abandono estructural y derechos negados

La salud es un bien intrínseco de la persona; el silencio de los órganos, como alguna vez se la representó.

En salud, la promesa fue transformar, pero el resultado ha sido retroceder. A junio de 2025, más de 2,7 millones de personas esperaban una atención en el sistema público, y más de 362 mil requerían una cirugía. La mediana de espera quirúrgica superó los 251 días. A esta lentitud se suma una tragedia persistente: entre enero y septiembre de 2025, más de 26 mil pacientes murieron esperando atención. El Fondo Nacional de Salud, que atiende al 78% de la población, sigue saturado. El aumento del copago, la escasez de especialistas y el deterioro de la atención primaria hacen que miles de personas opten por pagar consultas privadas, endeudándose o recurriendo a rifas comunitarias.

El caso de los medicamentos vencidos o mal distribuidos, denunciado por Contraloría en diciembre de 2023, reveló la negligencia crónica del Estado. Millones en fármacos esenciales se perdieron por errores logísticos y falta de supervisión.

La salud mental, uno de los grandes ejes discursivos del gobierno, ha sido tratada con superficialidad. No existe una red seria de atención territorial, ni programas formativos en colegios, ni un aumento significativo de profesionales. Solo declaraciones, días conmemorativos y conferencias.

Los testimonios abundan. En abril de 2024, el canal 24 Horas mostró a una mujer de 60 años que falleció en plena vía pública mientras esperaba un traslado para realizarse exámenes. Su hija, indignada, declaró: “Esperamos dos años por una hora médica y murió sin ser atendida. Para ellos era un número más”. Y, en medio de este desastre, se siguen financiando consultorías con sesgo ideológico, jornadas sobre salud trans y campañas simbólicas, como si la precariedad sanitaria se resolviera con lenguaje inclusivo. El desarrollo humano requiere instituciones que promuevan el bien común y respeten la subsidiariedad. Aquí no se ha promovido ni lo uno ni lo otro.

Familia: la institución olvidada

La familia ha sido ignorada, debilitada y, en muchos casos, directamente atacada por las políticas del actual gobierno. No ha existido una sola gran iniciativa legislativa que la refuerce como núcleo básico de la sociedad. Al contrario: se han promovido proyectos que la fragmentan, la relativizan o la subordinan a intereses ideológicos.

El gobierno de Gabriel Boric no ha desplegado ninguna política robusta de fortalecimiento familiar. La familia ha sido sustituida en el discurso oficial por “cuidadores”, “diversidades” o “parentalidades múltiples”. El ideal de una familia fundada en el matrimonio y abierta a la vida ha sido expulsado de la política pública, como si se tratara de un privilegio burgués, como pensaba Engels.

Las cifras reflejan el desgarro. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el 34,5% de los hogares en Chile son unipersonales o monoparentales. Más del 58% de los nacimientos en 2022 fueron de madres no casadas. El matrimonio ha caído en picada: si en 2005 hubo más de 84.000 matrimonios, en 2023 la cifra bajó a poco más de 64.000. En contraste, los divorcios se han mantenido altos: más de 38.000 anuales, con una duración promedio del vínculo de solo 14 años.

Las tasas de natalidad están en su punto más bajo en la historia del país. La fecundidad ha caído por debajo del nivel de reemplazo, con 1,03 hijos por mujer en 2024, y no existen políticas públicas serias para revertir esta tendencia. Mientras tanto, se implementan programas de anticoncepción de emergencia desde la adolescencia, se difunden materiales escolares que banalizan la familia tradicional y se excluye sistemáticamente a los padres del proceso educativo.

El abandono del rol paterno, el individualismo emocional y la precariedad económica contribuyen a esta crisis, pero el Estado no ha hecho nada serio por revertirla. No hay campañas que promuevan la estabilidad conyugal ni apoyos directos a la crianza. La política de salas cuna se limita al discurso. Las licencias parentales no se han ampliado. La ideologizada educación afectiva y sexual se ha entregado a fundaciones con agenda de género.

El Estado no ha protegido el derecho de los padres a educar a sus hijos. Se ha intervenido la relación filial a través de leyes como la de identidad de género, que permite a menores cambiar nombre y sexo sin consentimiento parental. En los manuales escolares se promueve la genitalización de niños y jóvenes, y en los jardines infantiles se introducen materiales sobre diversidad familiar sin mediación.

La autoridad parental ha sido socavada en nombre de la autodeterminación infantil, promovida por el mismo Estado que luego no sabe cómo contener la violencia escolar ni la deserción juvenil. La Encuesta Bicentenario UC 2023 muestra que un 72% de los chilenos cree que “la familia es lo más importante en su vida”. Pero el Estado no lo cree así. Prefiere invisibilizarla o redefinirla.

El futuro de la humanidad se fragua en la familia. Cuando ella se debilita, no hay sociedad que se sostenga. Este gobierno, en cambio, ha preferido sustituirla por una red de derechos abstractos, desconectados del bien común. La familia aparece como un obstáculo que debe ser deconstruido y reemplazado por el Estado cuidador.

Vivienda: fundaciones, favores y frustraciones

Lo que fue presentado como una de las grandes promesas del gobierno —la construcción de 260 mil viviendas sociales— ha terminado por convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción institucional desde el retorno a la democracia. El llamado “Caso Convenios” reveló un modus operandi sistemático en que fundaciones recién creadas, sin experiencia técnica ni solvencia administrativa, recibieron transferencias millonarias desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ejecutar proyectos habitacionales que nunca se concretaron o que quedaron a medio andar.

Según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hasta marzo de 2024 se habían entregado 254.102 viviendas, equivalentes al 97,7% de la meta. Pero lo que marcó la gestión fue el Caso Convenios. A mediados de 2023, la fundación Democracia Viva, estrechamente vinculada al partido Revolución Democrática, recibió 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta sin respaldo técnico ni concurso público. La investigación reveló vínculos directos entre el seremi y los miembros de la fundación, y abrió la puerta a una red de traspasos similares en todo el país.

Hasta abril de 2024, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público investigaban más de 60 convenios irregulares en distintas regiones, por un monto superior a los 14.000 millones de pesos. Mientras las fundaciones fantasma crecían, miles de familias seguían viviendo hacinadas, en campamentos sin agua ni luz, o esperando subsidios que no se concretaban. La inversión privada también ha sido afectada. La permisología, los cambios normativos y la incertidumbre jurídica paralizaron proyectos habitacionales clave. Según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, la inversión en vivienda apenas creció un 0,1% en 2025, y el número de viviendas autorizadas disminuyó un 11,1% respecto de 2024. La consecuencia ha sido el alza del costo del suelo, la disminución de proyectos en carpeta y una mayor informalidad en la tenencia de terrenos.

El acceso al crédito hipotecario también se ha restringido, frustrando a miles de familias, especialmente jóvenes, que se han visto impedidas del sueño de la casa propia. El Banco Central informó que las tasas de interés para vivienda superaron el 5% en 2023, las más altas en dos décadas. Esto ha marginado especialmente a los sectores medios y a los adultos mayores. A ello se suman contribuciones desmedidas, con alzas de hasta un 200% en algunos casos tras la actualización del catastro fiscal, lo que afecta especialmente a adultos mayores con pensiones bajas, convertidos hoy en rehenes del catastro fiscal.

La vivienda digna no es solo un muro y un techo. Es el lugar donde se forja la intimidad y la estabilidad. El desinterés por garantizarla, unido al uso ideológico de los recursos públicos, constituye un acto de profunda injusticia. El derecho a la vivienda es inseparable del deber de transparencia y justicia en la gestión pública. Este gobierno ha fallado en ambas dimensiones.

Seguridad, paz y libertad: el precio del descontrol

Chile ha dejado de ser un país seguro. Los datos son categóricos. Según el Observatorio de Homicidios de la Policía de Investigaciones, el número de asesinatos creció un 66% entre 2018 y 2023, pasando de 789 a 1.322 casos. El 70% de ellos corresponde a homicidios con armas de fuego, y en regiones como Tarapacá y Arica la tasa ya supera los 15 por cada 100.000 habitantes, más que en Ciudad de México.

El gobierno ha actuado con tibieza, ambigüedad y tardanza. El primer año estuvo marcado por un negacionismo ideológico: se hablaba de “crisis de convivencia” en lugar de delincuencia y se evitaba usar la fuerza legítima del Estado por temor a “criminalizar la pobreza” o por reducir el problema a “causas estructurales de desigualdad”. Al mismo tiempo, se criticaba a Carabineros por supuesto “uso excesivo de la fuerza”. Así, los policías veían restringido su actuar, cuestionados desde el Ejecutivo y sin respaldo jurídico ni político suficiente. Solo tras el asesinato de la sargento Rita Olivares, en marzo de 2023, el Ejecutivo reconoció públicamente la gravedad del fenómeno.

La criminalidad organizada ha penetrado barrios completos. El narcotráfico ha colonizado escuelas, poblaciones y servicios municipales. Los barrios críticos aumentaron un 28% desde 2021. Las cárceles están sobrepobladas y desbordadas por bandas que operan desde dentro. El control de armas ilegales ha fracasado.

El crimen organizado se ha expandido con total impunidad. Bandas extranjeras como el Tren de Aragua operan en el norte del país, controlan territorios, extorsionan comerciantes y utilizan métodos como el secuestro y el sicariato. El Ministerio Público reportó 341 secuestros en el primer semestre de 2025, un delito que hace cinco años era casi inexistente en Chile.

La seguridad es un deber moral del Estado. Su renuncia equivale a entregar a los inocentes a la ley del más fuerte. Y hoy, el más fuerte es el crimen organizado. No puede haber desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin justicia. La paz no es solo ausencia de violencia. Es también fruto de la verdad, la justicia y la libertad. En ese sentido, el gobierno ha promovido una paz aparente, mientras socava las condiciones para una libertad auténtica.

Durante el proceso constitucional, el oficialismo propuso una carta maximalista, identitaria y disgregadora, rechazada por el 62% de los chilenos en el plebiscito de septiembre de 2022. El texto pretendía redefinir la nación como “plurinacional”, debilitar el principio de igualdad ante la ley, institucionalizar el aborto libre, expropiar la educación parental y crear sistemas judiciales paralelos. Fue, en palabras simples, un manifiesto ideológico.

A pesar del rechazo, muchas de sus disposiciones han sido promovidas por vía administrativa: manuales ministeriales, reglamentos escolares, pautas de género, políticas lingüísticas y reeducación en organismos públicos. Se ha utilizado el Estado como instrumento de reingeniería social, con un nivel de imposición simbólica que recuerda a los regímenes más dogmáticos del siglo XX.

La libertad de expresión también ha sido condicionada. La Ley de Incitación al Odio, que el gobierno apoya, permitiría perseguir penalmente opiniones morales o religiosas que disientan del canon progresista. Organizaciones feministas e identitarias han buscado silenciar discursos que defienden la vida y la familia, muchas veces con aval institucional.

Las universidades han sido colonizadas por la corrección política. Profesores sancionados por expresarse, alumnos que no pueden debatir, seminarios censurados. La cancelación se ha convertido en el nuevo instrumento del control cultural.

La verdadera libertad es incompatible con el miedo. La libertad se fundamenta en la verdad y se destruye cuando se separa de ella. En Chile hoy hay miedo de pensar distinto, y eso es síntoma de una democracia enferma.

Trabajo: informalidad, ideología y desprecio por la iniciativa

El trabajo es una actividad inteligente y libre que comporta esfuerzo, y contribuye al desarrollo y perfeccionamiento de la persona y de la sociedad.

Chile vive una paradoja laboral. Mientras el gobierno se jacta de haber recuperado empleos tras la pandemia, el desempleo ronda el 8,0%, con tasas más altas entre mujeres y jóvenes, y la informalidad alcanza el 26,8%. Eso significa que casi 2,6 millones de personas trabajan sin contrato, sin cotizaciones ni previsión.

El desprecio gubernamental por la pequeña y mediana empresa, que representa el 65% del empleo nacional, se ha manifestado en múltiples frentes: alzas tributarias regresivas, burocracia asfixiante, inestabilidad normativa y ausencia de una política seria de incentivo al emprendimiento. En nombre de una equidad redistributiva, se ha castigado al que crea empleo y se ha promovido una cultura de subsidios sin horizonte productivo. Según la Asociación de Emprendedores de Chile, más del 23% de los pequeños negocios quebraron o redujeron su planta laboral entre 2022 y 2023.

Las empresas estatales, como la Empresa Nacional del Petróleo y la Corporación Nacional del Cobre, han visto reducida su eficiencia bajo el peso de operadores políticos, contrataciones ideologizadas y pérdida de foco estratégico. La reciente caída en la producción de cobre, atribuida al retraso en proyectos de expansión y a la politización de sus directorios, representa no solo un revés económico, sino una irresponsabilidad histórica. Codelco, bajo esta administración, ha perdido más de 1.500 millones de dólares por retrasos y sobrecostos. Enap presenta pérdidas continuas. El Estado no ha sido buen empleador ni buen gestor. Solo ha sido buen clientelista.

Peor aún, las reformas laborales propuestas —como la jornada de 40 horas sin flexibilidad suficiente ni incentivos a la productividad— reflejan un voluntarismo desconectado de las necesidades reales de empresas y trabajadores. Se legisla desde una oficina, con lenguaje inclusivo y eslóganes feministas, pero sin comprender el drama cotidiano del trabajador informal, del comerciante acosado por los permisos, del emprendedor que debe pagar IVA antes de haber vendido. El discurso gubernamental de la “dignidad laboral” no ha tocado esa realidad.

Se ha olvidado que el trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino una vocación. El trabajo humano tiene un valor ético directamente unido al hecho de que quien lo realiza es una persona. Reducirlo a un objeto de ingeniería social, por afanes ideológicos, es una forma más de violencia institucional. Cuando la ideología reemplaza a la justicia, el trabajo se degrada y el trabajador también.

Educación: retroceso, violencia y decadencia institucional

Educar es ayudar a crecer y acompañar a la persona para que salga de sí misma y se relacione amorosamente con las diversas dimensiones de la realidad: la naturaleza y los artefactos técnicos, las demás personas y Dios. Si la educación es el alma de una nación, entonces la nuestra padece una anemia progresiva. En estos cuatro años, el retroceso ha sido evidente, medible y trágico.

Los resultados del Simce 2023 confirmaron una baja sostenida en comprensión lectora y habilidades matemáticas, con especial afectación en los sectores más vulnerables. El ausentismo escolar crónico afecta a más del 40% de los estudiantes. Las tomas, los paros, la violencia escolar y la nula autoridad de los directivos han consolidado una anarquía institucional que ni el Ministerio de Educación ha querido ni ha sabido enfrentar.

La entrega de útiles escolares en 2024, atrasada en varias regiones, simboliza el desorden y la falta de previsión. Pero lo más grave ha sido el deterioro moral y cívico de los colegios públicos, algunos de los cuales han sido convertidos en trincheras ideológicas o laboratorios de experimentación identitaria. La ideología de género, impuesta sin mediación ni evaluación, avanza con respaldo ministerial incluso en niños de edad preescolar. La violencia al interior de los establecimientos ha obligado a implementar planes de seguridad en liceos emblemáticos. Las agresiones a profesores han aumentado, así como los casos de acoso escolar. Mientras tanto, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ha protagonizado escándalos por fallas en la distribución de alimentos, falta de insumos, irregularidades en licitaciones y descoordinación con las comunidades educativas.

La violencia escolar ha escalado dramáticamente: agresiones físicas a profesores, uso de armas blancas en liceos y tomas prolongadas sin consecuencias. El ministerio, en lugar de respaldar a los equipos directivos, ha relativizado las sanciones, temiendo la presión de centros de alumnos radicalizados.

En las universidades públicas, la situación no es mejor: parálisis académica, cancelación de clases por motivos políticos e imposición de una hegemonía ideológica que impide el pensamiento crítico. Se ha expulsado la diversidad real en nombre de una diversidad meramente declarativa.

El sistema de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ha colapsado en varias regiones por retrasos en la entrega de alimentos, malas licitaciones y distribución deficiente. La entrega de útiles escolares, prometida para marzo de 2024, llegó incompleta o tardía a miles de estudiantes.

Pero quizá lo más grave sea la colonización curricular. La ideología de género se introduce desde preescolar, con materiales ajenos a la formación integral. La visión de la persona ha sido sustituida por una concepción fluida, desarraigada y reducida al deseo.

En lugar de fortalecer el principio de subsidiariedad —por el cual el Estado ayuda, pero no asfixia a las familias ni a los proyectos educativos libres—, se ha optado por una mentalidad estatista y planificadora, en nombre de una equidad abstracta que genera mayor desigualdad real. La libertad de educación es un derecho primario de la familia, y su negación tiene consecuencias devastadoras.

La educación, sin verdad ni moral objetiva, deja de ser formación para transformarse en adiestramiento.

Inmigración: hospitalidad sin ley, caos sin compasión

La inmigración no es en sí misma un problema. De hecho, ha sido una riqueza histórica para Chile. El problema surge cuando se gestiona sin criterios de justicia, sin orden legal ni orientación ética. Desde 2022, la frontera norte ha sido escenario de un ingreso masivo y descontrolado de personas, muchas de ellas sin documentación, sin medios de subsistencia y, en algunos casos, vinculadas a redes delictivas.

El gobierno ha reaccionado con lentitud y ambivalencia. Mientras se facilitaban visas y se negaba la expulsión de quienes ingresaban ilegalmente, las comunidades locales veían colapsar sus servicios de salud, aumentar los arriendos, degradarse el espacio público y multiplicarse los delitos. La compasión mal entendida se transformó en irresponsabilidad política.

Como enseña el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, la inmigración debe ser regulada “en conformidad con las exigencias del bien común” (n. 298). No se trata de cerrar las puertas, sino de abrirlas con justicia, verdad y prudencia. Lo contrario solo multiplica el sufrimiento, tanto de los migrantes como de las comunidades receptoras.

Política: ingeniería deconstructiva, corrupción moral y dogmas ideológicos

La política del gobierno de Gabriel Boric ha sido una operación constante de demolición: de símbolos nacionales, de instituciones republicanas y de la historia compartida. Su proyecto de nueva Constitución, rechazado por el 62% de los chilenos, es el ejemplo más claro: un texto maximalista, identitario, feminista, indigenista, ecologista, desarticulado y hostil al sentido común. No buscaba unir, sino sustituir. No reformar, sino reeducar.

Esa misma lógica se ha expresado en la acción cotidiana del Ejecutivo. La agenda de género ha absorbido buena parte del discurso gubernamental, pero bajo una forma ideológica radical, desligada de las verdaderas necesidades de las mujeres. Se ha promovido una ley de autonomías corporales —léase, aborto sin restricciones—, se ha financiado con recursos públicos la imposición del lenguaje inclusivo y se ha reducido a la mujer a una consigna que excluye la maternidad y la familia como bienes propios.

El indigenismo, por su parte, ha sido tratado con una mezcla de romanticismo y cobardía. En la Araucanía, el gobierno ha oscilado entre el negacionismo de la violencia y una fallida estrategia de diálogo con grupos radicalizados, sin mostrar un compromiso serio con el Estado de Derecho. La paz sigue siendo una promesa abstracta, mientras se multiplican los atentados, los desalojos y la sensación de abandono.

La política medioambiental ha sido otro campo de ensayo ideológico. Se han detenido proyectos clave, se ha demonizado la inversión extractiva y se ha dado tribuna a activistas que promueven el decrecimiento como horizonte ético. Sin embargo, se importan autos eléctricos producidos con litio chileno extraído en condiciones que aquí se condenarían. Es una doble moral con disfraz verde.

En este contexto, la corrupción moral ha sido más peligrosa que la corrupción financiera, porque ha consistido en instalar una visión del mundo que relativiza el bien, desprecia la naturaleza humana y convierte en sospechoso todo lo heredado. Lo que en otros gobiernos fue desidia o ineficiencia, en este ha sido convicción ideológica: construir un “nuevo Chile” sobre las ruinas de su identidad histórica.

Religión: la libertad acorralada y la fe instrumentalizada

En un país que durante décadas convivió pacíficamente con la libertad religiosa, el actual gobierno ha introducido un clima de sospecha y marginación hacia las expresiones públicas de fe. No se trata de una persecución abierta, sino de una progresiva exclusión simbólica, institucional y cultural.

Las comunidades religiosas —especialmente la Iglesia católica y las iglesias evangélicas— han visto reducida su presencia en actos públicos, han sido excluidas de consultas políticas relevantes e incluso cuestionadas por sostener una visión antropológica distinta de la ideología dominante. Las objeciones de conciencia por razones de fe han sido ridiculizadas, y se ha considerado discriminación lo que en realidad es fidelidad doctrinal. La religión solo tiene lugar si se adapta a los códigos de la ideología dominante: lenguaje inclusivo, diversidad afectiva, validación del aborto o de la autodeterminación sexual.

La exclusión ha sido sutil, pero constante: en ceremonias oficiales, en políticas públicas, en la distribución de fondos y en el lenguaje del poder. La fe ha sido confinada al ámbito privado. La razón política se ha cerrado a la trascendencia.

La libertad religiosa ha sido redefinida no como el derecho a vivir y expresar la fe, sino como la obligación de callarla si no se somete al nuevo dogma del Estado laicista ideologizado. El Estado ya no es neutral, sino hostil frente a toda visión trascendente del hombre.

Como advirtió la Dignitatis Humanae, “la libertad religiosa no es una concesión del Estado, sino un derecho natural que se deriva de la dignidad misma de la persona humana” (n. 2). Su negación solapada constituye una herida al alma nacional, especialmente cuando los propios gobernantes relativizan la verdad moral mientras reivindican festividades cristianas por conveniencia comunicacional.

Balance del gobierno: el olvido del hombre

El balance del gobierno del presidente Gabriel Boric no puede limitarse a cifras ni a promesas incumplidas. Lo que está en juego es algo más profundo: la concepción del ser humano y de la sociedad. En cada una de las áreas analizadas —vida, salud, educación, vivienda, trabajo, política, religión, seguridad, familia e inmigración— se repite un mismo patrón: la subordinación de la realidad a una ideología.

La visión antropológica que ha guiado este gobierno es individualista, sentimentalista, escéptica, relativista, constructivista y fragmentaria. No reconoce la naturaleza humana, niega los vínculos objetivos y reemplaza el bien común por una suma de identidades, deseos y demandas sectoriales. El resultado es una sociedad más dividida, más insegura y más cínica.

Frente a esta lógica, urge recordar la visión realista y cristiana del hombre, en la que se encuentran nuestros orígenes como república: una criatura con dignidad inviolable, que florece en comunidad y tiene vocación a la verdad, al bien y a la trascendencia.

Una sociedad sana no se configura sobre la manipulación cultural, sino sobre la educación de las virtudes, el respeto por la vida, la promoción de la familia, del trabajo digno, del progreso económico, de la cultura, de la amistad cívica y política, de la libertad religiosa y de la protección de los más débiles.

De otro modo, “una democracia sin valores se convierte fácilmente en un totalitarismo visible o encubierto”. Chile vive hoy ese totalitarismo encubierto: la dictadura del deseo, adornada de derechos.

El 11 de marzo acaba este gobierno y se abre la posibilidad de recuperar el alma de Chile.

CONMUTACIÓN DE PENAS. LA HIPOCRESÍA DEL SENADOR FIDEL ESPINOZA (PS)

El senador Fidel Espinoza del partido Socialista, en reciente entrevista, se refirió al proyecto que conmuta penas a reos en condición de enfermos terminales o de muy avanzada edad, incluyendo entre ellos a quienes cumplen condena en Punta Peuco o en otros establecimientos similares. Como se sabe, esta no es una remisión de la pena, sino sólo del lugar donde cumplirla: del recinto penitenciario a un arresto domiciliario. Sin embargo, el senador Espinoza califica este proyecto como el más “canallesco” que se haya presentado y hace hincapié en los crímenes que habrían cometido los condenados en Punta Peuco.

Sin embargo, el senador Espinoza olvida un hecho fundamental, esto es, que si la violencia adquirió condición de legítima entre nosotros fue precisamente por culpa de su partido, el Socialista. Este, en su congreso de Chillán de 1967 proclamó expresamente que: “La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. . .Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. . . 3. Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada”.

El partido Socialista se armó para esta lucha y la declaró abiertamente. Y fue por eso que en Chile hubo de recurrirse a las Fuerzas Armadas y a Carabineros para que impidieran la guerra civil que, entre otros, el partido Socialista propiciaba abiertamente. Que ahora se quejen de las consecuencias que entonces se produjeron es muestra de máxima hipocresía. Antes de pedir, para otros, penas por sus conductas, que los militantes de ese partido primero reconozcan su culpabilidad en el desencadenamiento de la violencia en Chile y que a ellos se les aplique las correspondientes penas por incitar a la violencia y por practicarla abiertamente. Si el senador Espinoza quiere que se haga política honrada en Chile que primero saque la viga de su propio ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno.

https://www.facebook.com/gonzaloibanezsm

Nosotros debemos ser mejores que ellos

Señor Director:

Cuando las políticas públicas se diseñan bajo la lógica de la lucha de suma cero, donde aspectos ideológicos, partidistas o revanchistas prevalecen por sobre el espíritu del bien buscado, la ley nace muerta.

Lamentable sería que eso ocurriera con el noble proyecto de Conmutación de Penas. El objetivo original está muy lejos del indulto y la impunidad; en simple solo pretende dar un trato humanitario a los ancianos frágiles, con enfermedades complejas, o ya del todo incapaces de recordar su propia historia ni comprender la situación que viven, trasladando su pena de reclusión al domicilio con todas las rigurosas evaluaciones profesionales y resguardos que correspondan.

Al no haber indulto y la pena de reclusión sigue su curso, no es del caso entrar a discutir nuevamente los crímenes que se les adjudican. Es cierto que muchos de ellos fueron incapacesde compasión con sus víctimas, pero como nos decía José Zalaquett, nosotros debemos ser mejores que ellos.

Si con el fin de sacarlo adelante se permiten indicaciones que transformen el proyecto en un engendro lleno de resquicios e imprecisiones que permitan liberar gente plenamente capaz de seguir causando daño a la sociedad, la oleada de rechazo que indudablemente se generaría terminaría por sepultarlo, dejando a los desvalidos en eterna indefensión.

MARÍA ALICIA RUIZ-TAGLE ORREGO

Nosotros debemos ser mejores que ellos

Abogada querellante tilda de “patético” que ministro de Corte de Temuco no declare en causa contra él

Roberto Neira

Periodista Radio Bío Bío Temuco

Publicado por Jean Valencia

CONTEXTO | Agencia UNO

Una serie de críticas realizó la abogada querellante, Carla Fernández, a la decisión del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, de acogerse a su derecho a guardar silencio en la causa donde es investigado por el Ministerio Público por un cuasidelito de prevaricación, tras acogerse una querella presentada en su contra.

El 3 de diciembre del año pasado, el alto magistrado fue citado a declarar ante la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien indaga esta causa.

Ese día, según un documento al que tuvo acceso Radio Bío Bío, el ministro expresó que “en conocimiento de mis derechos, por el momento haré uso de mi derecho a guardar silencio, dado que no conozco todos los antecedentes de esta investigación. Una vez obtenido, solicitaré que se me tome declaración”.

No obstante, la abogada querellante, Carla Fernández, reaccionó a la decisión del ministro calificándola como una acción patética. “Demuestra que la estrategia de defensa no está alineada con las pretensiones procesales del querellado”, subraya.

“Resulta algo patético ver cómo un juez de la República prefiere poner toda la carga de la prueba en manos del Ministerio Público, en vez de defender sus fallos”, criticó.

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La querella contra el ministro Álvaro Mesa Latorre, quien investiga delitos de violaciones de Derechos Humanos (DD.HH) en el sur del país, fue presentada por Fernández, quien representa a tres exfuncionarios del Ejército condenados por homicidio calificado y apremios ilegítimos en la causa conocida como ‘El Polvorín’.

Cabe recordar que la querella fue declarada admisible por el juez de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, quien en menos de 24 horas cambió la resolución y luego la declaró inadmisible. Y tras diversas instancias finalmente fue la Corte Suprema la que dio luz verde para que se indagara esta causa.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyó que el Ministerio Público de Los Ríos indague la causa que se abrió en contra del ministro Álvaro Mesa Latorre. La Radio intentó obtener una cuña de la fiscal Tatiana Esquivel sobre este caso, pero no fue posible. Desde la Fiscalía solo se aclaró que el ministro efectivamente hizo uso de su derecho a guardar silencio y que tiene la calidad de imputado por cuasidelito de prevaricación.

Radio Bío Bío intentó también obtener una versión del defensor regional de La Araucanía, Humberto Serri, quien asumió la defensa del ministro, sobre la decisión del magistrado de no declarar, pero hasta el momento no ha sido posible obtener una respuesta de la Defensoría Penal Pública.

Comentario de la Abogada Fernández:

Es patético porque en las causas de DDHH que él investiga y juzga el silencio del inculpado es sinónimo de auto incriminación bajo la figura del “pacto de silencio”.
En cambio, en el proceso bajo el cual se le investiga a él, el silencio es sinónimo de derecho a no auto incriminarse, un derecho que los investigados por causas de DDHH -en la práctica- no pueden ejercer.
Por un tema de coherencia, el ministro Mesa debería haber “defendido” su fallo en vez de asilarse en un derecho que él como fiscal/juez en las causas que instruye no le reconoce a los inculpados, sino bajo la óptica del encubrimiento delictual, aplicando un sesgo incompatible con la función judicial.

En Argentina:

AAJC – EL pacto, origen cercano de la demolición de la justicia

DITÁMEN:

Dictamen 100 de 2026 Sobre Escudo en la Banda Presidencial 1

Un importante juramento:

Jaime Guzmán, un legado real

Gonzalo Rojas Sánchez 

No son pocos los exalumnos con los que me he topado en las últimas semanas estivales y que me han manifestado con entusiasmo: “¿Sabe? Me voy a trabajar al gobierno” (otros tantos son ya parlamentarios).

No todos ellos, ciertamente, pero sí una proporción importante, forman parte del tronco gremialista, de esa cadena de generaciones que Jaime Guzmán describiera casi 40 años atrás como “un movimiento generacional nutrido de ideas, valores y testimonios, que conforman ese estilo singular que nos honra y nos distingue”. Quizás alguno de los que me he encontrado conoció a Guzmán; la inmensa mayoría, no. Pero en todos los que se sienten identificados con la impronta gremialista, late una especial ilusión por involucrarse en esta nueva tarea de servicio a Chile.

Fue hace 60 años, en marzo de 1966, cuando Jaime Guzmán fundó, en Derecho de la Universidad Católica, el nuevo Movimiento Gremial —había habido otros en tiempos cercanos— para extenderlo un año después a toda la Universidad, y desde ella a todo Chile. Han pasado 60 años, y hoy, con asombro y gratitud, los más viejitos contemplamos la nueva hornada de mujeres y hombres, jóvenes profesionales y técnicos, que nos conmueven por su generosidad.

Son gremialistas que militan en la UDI; los hay que pertenecen al Partido Republicano; uno que otro ha preferido RN; y, por supuesto, muchos son independientes, pero todos pasaron por esa gran escuela de formación para el servicio que han sido los Movimientos Gremiales a lo largo de todo Chile. Bien podrían relatar sus experiencias de aquellos años el Presidente Kast, variados ministros, subsecretarios y otros importantes colaboradores de la nueva presidencia, y así sucesivamente, hasta el más joven de quienes experimenten el 11 de marzo un especial temblor ante la gran responsabilidad que van a asumir.

Servicio. Qué claro lo dejó Guzmán: “Somos eso; servidores siempre imperfectos —pero también siempre perseverantes— de principios conceptuales sólidos y de valores morales objetivos y graníticos”.

En esa dimensión hay que moverse. Por eso, cuidado. Que ni uno solo de los gremialistas que asuman tareas de gobierno vaya a incurrir y perseverar en alguno de los errores más típicos de los grupos con fuerte identidad: una tendencia a la mentalidad de secta que, aprovechando los vínculos preexistentes, tienda a marginar a quienes no vienen del tronco común; una equivocada presunción de sabérselas todas y, por lo tanto, un abandono de la propia formación; una mentalidad en extremo combativa, propia de los conflictos universitarios, pero inadecuada para servir a todos los chilenos desde el aparato estatal o desde el Poder Legislativo. Dicho de manera clara, clarita: que por ningún motivo se replique una soberbia frenteamplista entre los gremialistas.

Les ayudará, ciertamente, recordar que este es un Año Guzmaniano, ya que el 1 de abril próximo conmemoraremos los 35 años de su asesinato, y que el 28 de junio, el líder gremialista habría cumplido 80 años. Así se han alineado los astros para que las generaciones que comienzan esta maravillosa aventura de recuperar Chile, puedan contar —entre otros, ciertamente— con un marco de referencia muy exigente: la vida y la muerte de Jaime Guzmán en la historia nacional.

Parece como si Guzmán, visionario siempre, hubiese pensado hace 40 años en este momento concreto del 2026 cuando nos dijo. “Somos un movimiento generacional que ya ha dejado su impronta en la historia de Chile, y que hoy renueva su voluntad de seguir profundizándola”. Qué tremenda responsabilidad la que les espera en el día a día a todos esos queridos gremialistas: concretar el legado real de Guzmán.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 4 de marzo de 2026.

Entre tradición y subversión

José Tomás Hargous Fuentes 

Nos encontramos entre dos efemérides que dan cuenta de dos pulsiones contradictorias en nuestra sociedad: este domingo, en el Día Internacional de la Mujer –originalmente de la Mujer Trabajadora– y la ceremonia del Cambio de Mando Presidencial en Chile, que se realizará el miércoles 11 de marzo, culminando el proceso abruptamente interrumpido por el affaire del cable chino. Ambos hitos representan muy bien el conflicto entre tradición y subversión, que se ha profundizado en los últimos años.

Que el 8M represente la subversión parece bastante claro. Un día que originalmente buscaba recordar la muerte de cientos de mujeres trabajadoras que demandaban mejores condiciones laborales, fue convertido en la causa de un movimiento ideológico radical que, partiendo de la “constatación” de una supuesta lucha de sexos, busca transformar las relaciones entre hombres y mujeres, así como modificar el sentido mismo de qué es una mujer, despreciando la maternidad, el matrimonio y otras instituciones sociales, así como la misma feminidad, haciéndonos cuestionar si realmente buscan apoyar a las mujeres.

La transmisión del mando en Chile entre el gobierno saliente y la administración entrante, por el contrario, es una expresión de la tradición republicana del país. No sólo en los últimos años se habían desarrollado con muestras de gran amistad cívica y personal, sino que muestran una serie de prácticas o rituales que refuerzan el sentido de continuidad de nuestras instituciones –prácticamente ininterrumpida en cinco siglos de desarrollo institucional, antes y después de 1810–, evitando las rupturas y los cambios revolucionarios.

Baste con un ejemplo que puede parecer anecdótico: dos días antes del cambio de mando en el Congreso en Valparaíso, este lunes se produjo el primer traspaso en La Moneda. Max Pavez, desde este lunes 9 de marzo subsecretario del Interior, cuando el Presidente Boric y sus ministros dejen el Palacio, asumirá el ministerio subrogante, quedando al mando del Estado hasta la asunción del hoy Presidente electo José Antonio Kast.

El asunto del cable chino no sólo opacó la buena gestión del ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, ni tensó aún más las relaciones entre el gobierno de Gabriel Boric y Estados Unidos. También muestra el profundo desprecio de este gobierno por las instituciones, que en cuatro años –y más si consideramos la insurrección de 2019 y su experiencia en el Congreso– se han dedicado a destruir el engranaje institucional que tanto costó construir, socavando nuestra seriedad y el funcionamiento de nuestro Estado.

La tarea de José Antonio Kast a partir de este miércoles será ardua: no sólo deberá preocuparse por recuperar la economía y el control de nuestras fronteras. También deberá reconstruir nuestras instituciones políticas. Sus actuaciones como Presidente electo auguran un buen pronóstico en este desafío reconstructor.

El desafío es ahora

Juan Pablo Zúñiga Hertz

Cuando era niño y mis padres encontraban el desorden que había creado en casa, la primera frase que me decían era “¿qué chiquero es este?”. El 11 de marzo comienza un nuevo ciclo de gobierno con la entrada del Presidente José Antonio Kast, y la salida del Sr. Boric. Sospecho que a poco andar se van a dar cuenta del “chiquero” en que transformaron el ejecutivo y poner orden –nuevamente– será un desafío en sí mismo.

Ordenar nuevamente la casa es un ciclo permanente de nuestra historia: gobernantes de poca sesera –generalmente de izquierdas– llegan a desgobernar, dejan la crema, le dan una buena encachada a sus cuentas corrientes y luego se van para que venga otro gobierno, por lo general de derechas, a ordenar el desastre. Esa parece ser la maldición de Latinoamérica, al menos una de las tantas. El desastre es profundo: financiero, técnico, humano y moral.

Otro de los grandes desafíos es atender las altas expectativas. Sí, para gobernar, la prioridad tiene que ser Chile, pero quiérase o no, habrá que lidiar con lo que se espera y, lamentablemente, hay muchos ciudadanos que aún no entienden que Kast no viene con una varita  mágica a resolver de golpe y porrazo todos los problemas para luego mirar al país y decir como señalaba un antiguo comercial “aquí, no ha pasado nada”. No, lamentablemente aquí ha pasado mucho en la última década y las cicatrices y secuelas van a estar presentes por mucho tiempo más.

Un frente difícil será la oposición. Por naturaleza, todo gobierno tiene una oposición, sin embargo, los opositores a Kast han sido por años sumamente virulentos, al punto que desde el día del triunfo han comenzado su campaña. Más preocupa ver personas que se dicen ser de derechas y patriotas criticar al presidente electo diciendo que “es muy blando” o que “le falta mano dura”. ¡Por favor, señores, déjenlo asumir primero y entrar en acción!

Son muchos los escenarios que tengo en mente que podrían darse en Chile, sin embargo, lo único que interesa es el bien nacional. Con toda seguridad hay un 30% del país dispuestos a atornillar al revés con tal de que José Antonio fracase. Hay otro porcentaje que lo llama de “blando”. Pero por cierto hay un sector mayoritario que quiere que a Chile le vaya bien y para eso al nuevo gobierno le tiene que ir bien. Es nuestra responsabilidad ciudadana hacer todo lo posible para que este nuevo gobierno pueda hacer todo lo posible, a pesar del chiquero con que se va a encontrar.

Kast: ardua tarea

Joaquín Fermandois 

Nadie duda de los innumerables escollos que hallará el Presidente electo, José Antonio Kast, apenas se tercie la banda presidencial. Habiéndolo escuchado en el Instituto de Chile, no me cabe duda de que está consciente de lo arduo de la tarea. Entre sus votantes hay muchas expectativas, quizás demasiadas. La posibilidad de que el nuevo alineamiento político —más bien un reacomodo o modificación al que ha existido desde fines de los 1980— pueda otorgar un marco para que la estabilidad dinámica que se requiere en una democracia que funcione depende del vigor político tanto de la administración como de los sectores políticos que la acompañan, en principio bastante amplio, al menos por el momento.

Nuestra democracia está sometida no solo a los desafíos de cualquiera, sino que a uno más profundo, también compartido en tantos países de la región, que la vida práctica está alejada de valoraciones políticas y de lo público, de manera que la constitución de los poderes del Estado viene a ser una superestructura quebradiza, que en algún grado sucede en todo sistema democrático. Solo que es una característica distintiva de nuestra América.

Ahora en Chile el triunfo de las derechas muestra a estas al menos exteriormente muy seguras de sí mismas. El Zeitgeist las acompaña. ¿Por cuánto tiempo? Si el pasado inmediato es un indicio de pronóstico, desde el 2010 la alternancia y la pugna en torno a cuáles debieran ser las tareas propias del Estado se han agudizado marcadamente, muy diferente a la relativa convergencia entre fines de los 1980 y el bicentenario.

La brecha entre las izquierdas y las derechas se ha transformado en una zanja profunda. Las primeras exigen derechos identitarios a todo dar; las segundas, irrestricta libertad personal, que puede conducir a cualquier parte. No lo es todo, pero estos alardes de exageración han colaborado en distanciar a la población en su sentimiento íntimo de cualquier sentido del deber, compañero irrenunciable de todo derecho. La sociedad de masas, colectivista en emociones, rueda cuesta abajo.

¿Puede romperse este sortilegio? El gran desafío de la administración Kast ciertamente consiste, en primer lugar, en lograr un avance que se sostenga en lo económico y en seguridad, las prioridades máximas de las fuerzas de derecha, así como en la izquierda lo es la proyección hacia la igualdad socioeconómica. La derecha debe poner énfasis en que no se trata de postergaciones, sino de vigorizar los fundamentos de un Estado social, que está en nuestra Constitución, más amplios aunque también no todo pueda permanecer estable (“derechos irrenunciables”, salvo en unos pocos principios, es una consigna resbalosa y hasta falaz).

De esta manera, como en muchas partes, las derechas pueden ser más eficaces que las izquierdas en apoyo social, así como estas últimas en algunos países, asumiendo plenamente una democracia liberal y en lo básico una economía de mercado, fueron más exitosas en lo de ley y orden.

Cuatro años son insuficientes, sobre todo porque toda corrección solo muestra sus frutos cuando ya ha ocurrido un desgaste irrecuperable y viene la vuelta de la tortilla. Retornaríamos al ciclo del 2010 al 2025, ahora con menos paciencia.

Hay ocasiones en que el electorado comprende los sacrificios, al menos por un tiempo. Para ello tiene que haber una comunicación efectiva, que reúna estadística, razón, transmisión de lo razonable y ese elusivo don de radiar emociones empáticas. Su objetivo estratégico debe ser crear las condiciones para que tanto en economía política como en la acción social no sea tan fácil deshacer lo creativo de lo ya caminado.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el martes 17 de febrero de 2026

Entre dimes y diretes

Leonidas Montes 

Cómo no va a ser curioso que el Presidente Boric termine el período estival en Isla de Pascua y después navegando a Juan Fernández. Y cómo no va a ser curioso que otra polémica entrevista gatille el cambio de mando más tenso en nuestra historia reciente. Pero tal vez todo esto no es tan curioso.

Partamos por lo más evidente: la economía. Este gobierno terminará con un crecimiento rasguñando el 2%. En lo laboral celebra la reducción de la jornada a 40 horas y el aumento del salario mínimo, pero la tasa de desempleo promedió un 8,6%, afectando más a las mujeres. Un destacado economista declaró que “en materia laboral este es el peor de los gobiernos desde el retorno de la democracia”. Por si fuera poco, nuestra deuda subió cerca de un 25% sin crisis de por medio. El año 2025 destinamos el 5,1% de todo el gasto público al pago de intereses. Son US$ 4.616 millones. Y para qué hablar del déficit fiscal y la pesada carga que deja a la futura administración.

Habituados a la política como elusión de responsabilidades, el ministro de Hacienda acusa “anomalías” en los ingresos. Lo cierto es que todo esto fue advertido, pero no enfrentado.

En lo político este gobierno dejará la banda en manos de la derecha y no cualquier derecha. Fue un puente entre el estallido y Kast. Una pesadilla que hace cuatro o cinco años la izquierda jamás hubiera imaginado. Pero esta derrota va acompañada de algo peor: la sombra de Boric fue cáustica. Los viejos baluartes de la Concertación que saltaron al rescate terminaron como náufragos a la deriva. La lista es larga. El caso más simbólico fue la derrota de Carolina Tohá ante Jeannette Jara en las primarias. No podemos olvidar a Carlos Montes, quien recién declaró haberle prestado su capital político al Presidente. Quizá lo quemó. En fin, lograron enterrar a la Concertación. Pero irónicamente también resucitaron al neoliberalismo. Vaya ironía.

El ministro Muñoz, que hizo la pega y era reconocido por sus competencias, no pudo escapar de ese trágico destino. Tampoco lo logró el canciller Van Klaveren, otro rescatista-concertacionista. En medio de la vorágine de uno de los mayores escándalos de amateurismo de este gobierno tuvo que dar la cara. El caso del cable submarino ha terminado ahogando o salpicando a los pocos que seguían sosteniendo la estantería.

El cablegate replica y corona una escenografía conocida. Desde la opacidad del caso de los indultos, pasando por la casa de Allende hasta el escabroso caso Monsalve, hay un patrón común que deja muertos y heridos. Primero fue la ministra de Justicia que partió al extranjero. Luego lograron lo inimaginable: mancillar la figura de Allende y dejar fuera de la política a su familia. Con Monsalve, fue el turno de las mujeres. Y como guinda de la torta, Bachelet quedará fuera de la ONU. Todo esto, sin querer queriendo.

Hace cien años Chesterton escribió: “no es que no vean la solución, sino que no pueden ver el problema”. Tal vez ese fue el gran inconveniente de esta generación política. Entre tanta confusión, improvisación, frivolidad, voluntarismo, ingenuidad, impericia, irresponsabilidad, solipsismo —llámelo como quiera— hay una conciencia que conduce a los inocentes a la negación o el autoengaño.

La gran lección de todos estos casos —y de estos cuatro años— es que la política es un oficio que requiere especialistas con herramientas y experiencia. Sobre todo, esa experiencia que aleja a la vanidad y se arrima a la prudencia.

Cuando pase este triste festín de dimes y diretes en torno al cable chino, quizá sabremos lo que realmente ocurrió el último verano de la administración Boric. Todo hace suponer que algunos compañeros se arrancaron con los tarros.

Como puede ver, no es tan curioso el cierre de este gobierno. Al final, termina como fue.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el jueves 5 de marzo de 2026.

La verdad maltratada

Joaquín García-Huidobro |

¿Cómo se recordará al gobierno saliente dentro de medio siglo? Lo ignoro, pero cualquier historiador medianamente perspicaz deberá advertir un rasgo singular en nuestras autoridades actuales. Para decirlo de manera amable, una constante en su discurso y sus acciones ha sido una relación un tanto “creativa” con la verdad.

El caso del polémico cable chino es perfecto para ilustrar lo que digo. En un país donde los trámites ante el Estado se prolongan, aquí se avanzó en un asunto particularmente delicado con tanta rapidez como hermetismo. Se dictó un decreto que luego se anuló, para posteriormente decir simplemente que el proyecto estaba en trámite, sin dar a conocer todas estas idas y venidas. Al mismo tiempo, ante una indagación acerca de un viaje de funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones a Shanghái para asistir al Mobile World Congress, un importante encuentro internacional sobre telecomunicaciones, se le dice a la Contraloría que los gastos habían sido pagados por la entidad organizadora (GSMA), pero ella lo niega.

¿Se trata de unos hechos aislados? Me temo que no: el mismo patrón, aunque agravado, se observa en los indultos presidenciales de fines de 2022 o en el caso Monsalve. En todos estos asuntos, las versiones de las autoridades fueron variopintas y contradictorias. En el campo económico, sorprende el descaro con que han ido ajustando la meta fiscal frente a un déficit inaudito del que no logran dar cuenta.

¿Cómo explicar estas opacidades, verdades a medias o explicaciones que no se corresponden con los hechos? Buena parte de los votantes de derecha tienden a abordarlas con un prisma moral: solo la maldad de unos jóvenes mentirosos puede explicar estos desaguisados. Otros prefieren destacar la torpeza, fruto de la inexperiencia de estas autoridades. En efecto, hay que carecer de toda habilidad política para pensar que esas afirmaciones tan desprolijas no iban a ser descubiertas.

Me parece, sin embargo, que no se necesita recurrir a la maldad para entender estos frecuentes enredos, aunque tampoco baste con aludir a la ineptitud de esas personas para explicar su comportamiento errático. Me temo que haya una razón más filosófica detrás de estos hechos que se repiten, aunque no se trate de una filosofía particularmente profunda.

Me explico. La mayoría de nosotros distingue de modo espontáneo entre la realidad que nos rodea y nuestras afirmaciones acerca de ella. Si lo que decimos coincide con lo que efectivamente es, entonces nos encontramos en el terreno de la verdad. En cambio, si nuestras palabras no calzan con la realidad, hablamos de “error” (si es involuntario) o de “mentira” (si existe ánimo de engañar). Esta es la aproximación de las personas corrientes al tema, que básicamente coincide con la tradición filosófica occidental.

Ahora bien, nuestros sofisticados jóvenes progresistas no habitan en ese planeta. Por eso, las decisiones fundamentales de su vida se articulan en torno a “yo siento que” y constantemente utilizan expresiones como “crear realidad” u otras equivalentes. En otras palabras, ellos están inmersos en el subjetivismo.

De ahí, entonces, que las autoridades de la nueva izquierda enfrenten la política de una manera muy distinta a como lo hacían Aguirre Cerda, Ibáñez, Alessandri, Frei, Allende o cualquier otra figura de nuestra historia. Por supuesto que estos políticos podían mentir y a veces lo hacían, pero todos estaban convencidos de que las cosas eran verdaderas o falsas. Y punto: el suyo era un mundo donde la verdad era algo objetivo e importante.

En cambio, para nuestros subjetivistas, esas concepciones binarias son cosa del pasado. Todo para ellos es fluido, desde lo que puede haber pasado cuando tomaban un vaso de pisco hasta el alcance de los acuerdos o el sentido de las decisiones políticas, entre ellas, unos indultos. Para mentir, hay que reconocer una realidad que está allí de manera independiente de nosotros y admitir que somos responsables de nuestros actos, incluidas las palabras que pronunciamos, pero, en el marco de ese tipo de subjetivismo, las nociones mismas de verdad y mentira quedan difuminadas.

En este contexto, convendría recordar a nuestras autoridades unos breves versos que compuso Antonio Machado hace cien años: “¿Tu verdad? No, la Verdad, / y ven conmigo a buscarla. / La tuya, guárdatela”.

El proyecto de la nueva izquierda pretendía no solo hacer determinadas reformas, sino, en el fondo, transformar la realidad hasta el punto de cambiar nuestro sentido común. El fallido proyecto constitucional que iba a ser su armazón institucional nos presentaba un mundo patas arriba, donde se hacía trizas nuestra tradición institucional. Los chilenos no estuvimos de acuerdo y lo rechazamos de modo masivo. Pensamos que este mundo que, con tanto sacrificio, nos han legado nuestros mayores tiene muchos defectos, pero no es tan malo como ellos dicen y, en todo caso, es bastante mejor que ese que la nueva izquierda nos propone.

En suma, todo hace pensar que queremos mantener nuestra vieja e ingenua concepción de la verdad, es decir, que a los chilenos nos molesta que se la maltrate de modo sistemático o que se rían de ella.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el domingo 1 de marzo de 2026.

Un Final:

@don_0tt0

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Humanidad:

La abogada Carla Fernández Montero, explicó que su participación en el proyecto de Ley humanitario, se dio a partir de su experiencia profesional vinculada al sistema penitenciario.

“Acudieron a mí como abogada porque conozco la realidad carcelaria ya que visito penales y defiendo reos rematados. Además, cuando solicitaron mi ayuda (que por cierto preste ad honorem) ya había logrado bastantes triunfos en la Corte Suprema (que el proyecto menciona en las ‘cuestiones previas’), quizás el más relevante fue el fallo ELEAM, de septiembre de 2024 (Rol 249.389-2023) que homologó los penales que albergan ancianos y enfermos a los ELEAM del medio libre. Toda esa experiencia fue lo que se quiso plasmar”, expresó.

La abogada sostuvo además que el debate en torno a la iniciativa ha estado marcado por una discusión política que, a su juicio, ha dejado de lado el enfoque humanitario del proyecto. “Lamentablemente, el proyecto en cuestión hasta ahora ha sido abordado desde una óptica puramente político-partidaria, sin tener en consideración su ‘alma’ por así decirlo, que no es otra cosa que conjugar factores humanitarios con criterios de eficiencia político-criminal”.

En esa línea, afirmó que la iniciativa busca enfrentar un problema estructural del sistema penitenciario. “Se trata de entregar una salida a un ‘problema carcelario’ como es el hacinamiento y la incapacidad del Estado (voluntad y falta de recursos económicos) para mantener en condiciones dignas a reos enfermos y ancianos”, indicó.

Fernández también cuestionó las condiciones actuales en que se encuentran los internos vulnerables dentro del sistema carcelario. “Es un hecho notorio y público que el sistema carcelario no ha sido capaz de salvaguardar la dignidad de los presos vulnerables más que solo a través de fórmulas vacías contenidas en el reglamento penitenciario, que aseguran la salud y bienestar al interior del penal pero sin base fáctica para cumplirlo”.

“La pregunta es: nos quedamos inertes ante esta situación?”, planteó. “La respuesta no puede ser otra que No!”.

Finalmente, explicó que la intención fue abrir un debate legislativo que permita perfeccionar la propuesta. “De ahí surge la idea de escribir este proyecto esperando que en su discusión se afinen sus contornos y salga algo mejor de lo que hay. Si con ello logramos mejorar la situación de los presos destinatarios de esta moción creo que la labor estaría cumplida y por mi parte, sentiría que se ha hecho algo de justicia en materia de ejecución penal, devolviéndole la dignidad a personas que sufren”, concluye.

Según reveló  Informe Especial de TVN, el borrador elaborado por la abogada habría llegado al senador Chahuán a inicios de enero del año pasado, pocas semanas antes de que el proyecto fuera ingresado oficialmente al Senado.

Tras varios intentos legislativos fallidos, el pasado miércoles 4 de marzo la iniciativa logró por primera vez ser aprobada en general en la sala del Senado, por una mayoría de 23 votos a favor y 22 en contra.

*El Juicio que Nunca Termina: cómo el pasado sigue gobernando la justicia en Chile*

Por Ing. Jorge Sepúlveda Haugen_

Hay momentos en la historia de los países en que la justicia deja de parecerse a una balanza y comienza a parecerse a un escenario. Un escenario donde los actores ya están definidos antes de que comience la obra, donde el público espera un resultado específico y donde los jueces, muchas veces sin darse cuenta, terminan participando en una representación más grande que el propio expediente judicial.

Para entender lo que ha ocurrido en Chile durante décadas en torno a los procesos por hechos ocurridos en los años setenta, hay que partir por una imagen simple. Imaginemos un tribunal como un faro. El faro no elige a quién ilumina. Su función es proyectar luz para que todos puedan ver con claridad dónde están las rocas. La justicia funciona exactamente igual: su misión es iluminar los hechos, separar verdad de suposición, responsabilidad de rumor, culpa de circunstancia.

Pero cuando el faro deja de iluminar el mar y comienza a iluminar solo el barco que todos esperan ver naufragar, entonces deja de ser un faro y se convierte en un reflector.

Ese cambio aparentemente pequeño es el corazón del problema.

Durante décadas, la discusión sobre el pasado reciente de Chile dejó de ser una investigación abierta sobre hechos complejos y se transformó en una narrativa cerrada donde los roles quedaron definidos con antelación. En esa narrativa existen víctimas absolutas y culpables absolutos. Y cuando una sociedad adopta ese tipo de relato moral, algo muy delicado comienza a ocurrir dentro de la justicia.

El proceso deja de buscar la verdad y comienza a buscar confirmación.

Es como cuando una persona cree firmemente que alguien le mintió. A partir de ese momento todo lo que observa parece confirmar esa sospecha. Cada gesto se interpreta como prueba. Cada silencio como confesión. Cada duda como estrategia.

Ese fenómeno tiene un nombre en psicología: sesgo de confirmación.

Y cuando ese sesgo se instala en un sistema judicial, el tribunal corre el riesgo de convertirse en una máquina que confirma lo que ya cree saber.

Aquí aparece otra metáfora útil.

La justicia es como un reloj antiguo. Funciona porque cada engranaje tiene un lugar preciso: la ley, la prueba, la defensa, la presunción de inocencia, el principio de legalidad. Si uno de esos engranajes se mueve demasiado, el reloj empieza a perder precisión. Si varios engranajes se alteran al mismo tiempo, el reloj deja de marcar la hora correcta.

En muchos procesos relacionados con los hechos de los años setenta, algunos de esos engranajes comenzaron a moverse. La interpretación de tratados internacionales, la creación de figuras jurídicas expansivas y la reinterpretación de delitos permitieron reabrir causas décadas después de ocurridos los hechos. Esto no fue solo una evolución del derecho; fue un cambio profundo en la forma de entender la ley.

Una de las herramientas más discutidas ha sido la idea del “secuestro permanente”, una construcción jurídica que permite considerar que un delito continúa ocurriendo mientras no se determine con certeza el destino final de una persona. Esa interpretación permitió evitar la prescripción de delitos y mantener abiertos procesos durante décadas. Desde el punto de vista técnico, muchos juristas han debatido intensamente esta tesis porque modifica la naturaleza misma del delito y altera principios clásicos del derecho penal.

Aquí conviene detenerse en una pregunta fundamental.

¿Por qué ocurre algo así?

La respuesta no es simple, pero podemos entenderla con otra imagen.

La memoria colectiva de un país es como un fuego. Puede dar luz y calor cuando se utiliza para recordar y aprender. Pero también puede transformarse en una hoguera cuando se usa para mantener viva una emoción permanente.

Después del fin de los grandes proyectos revolucionarios del siglo veinte, muchas corrientes políticas encontraron en el discurso de los derechos humanos un nuevo centro moral. Ese discurso cumplió una función histórica importante: recordar abusos, proteger a las víctimas y evitar que los Estados vuelvan a cometer los mismos errores.

Pero con el tiempo también se transformó en algo más.

En algunos espacios se convirtió en una identidad política.

Y cuando una causa moral se convierte en identidad política, necesita símbolos permanentes para mantenerse viva.

Los símbolos pueden ser fechas, monumentos, relatos históricos… o procesos judiciales.

En ese punto aparece un fenómeno que rara vez se menciona con claridad: la formación de una verdadera industria institucional alrededor de estos temas.

No se trata solo de justicia. También existen abogados especializados, programas estatales, organizaciones internacionales, financiamiento académico y litigación permanente. Cada uno de estos actores cumple una función legítima dentro del sistema, pero juntos forman un ecosistema que necesita seguir funcionando.

Como cualquier ecosistema, necesita energía.

En este caso, la energía son los procesos judiciales.

Cuando un sistema depende de la existencia permanente de procesos, condenas e indemnizaciones, el riesgo es evidente: el sistema puede comenzar a necesitar nuevos casos para mantenerse activo.

Aquí aparece otro elemento delicado: el dinero.

Las reparaciones económicas y las pensiones asociadas a algunas sentencias introducen incentivos materiales dentro del sistema. Esto no significa que el sufrimiento de las víctimas sea falso ni que las reparaciones sean injustificadas. Pero sí significa que el proceso judicial deja de ser completamente neutral. Hay intereses humanos, expectativas económicas y trayectorias profesionales en juego.

Es como cuando una ciudad comienza a vivir alrededor de una sola industria. Poco a poco todo se organiza para que esa industria continúe existiendo.

En paralelo ocurre otro fenómeno profundamente humano: el odio heredado.

El odio no siempre nace de la experiencia directa. Muchas veces se transmite como una historia familiar, como un relato social, como una emoción colectiva. Con el tiempo puede transformarse en una energía política poderosa.

Pero el odio tiene una característica curiosa: necesita alimentarse constantemente. Si deja de encontrar nuevos símbolos, comienza a apagarse.

Por eso muchas sociedades mantienen abiertos conflictos del pasado durante generaciones. No porque la justicia lo exija necesariamente, sino porque el relato emocional necesita seguir vivo.

En ese ambiente, los tribunales pueden convertirse en escenarios donde el pasado se sigue representando una y otra vez.

El problema es que dentro de ese escenario hay personas reales.

Personas que envejecen, que enferman, que enfrentan procesos judiciales durante décadas. Muchos de los acusados hoy tienen edades avanzadas y han pasado años defendiendo su inocencia o intentando reconstruir hechos ocurridos medio siglo atrás.

El proceso judicial se transforma entonces en una especie de laberinto.

Un laberinto donde cada pasillo conduce a otro juicio, cada apelación a otra revisión, cada sentencia a una nueva interpretación.

Y en ese laberinto ocurre algo que debería preocupar a cualquier sociedad que valore el derecho: el proceso mismo comienza a convertirse en castigo.

La justicia deja de ser una respuesta y se transforma en un estado permanente.

Al mismo tiempo han surgido episodios que han generado dudas en la opinión pública, como casos en que personas inicialmente consideradas desaparecidas fueron posteriormente ubicadas en otros países o en circunstancias distintas a las originalmente planteadas. Aunque estos casos no representan la totalidad de los procesos, muestran lo complejo que puede ser reconstruir hechos ocurridos hace décadas y cómo un error inicial puede arrastrar consecuencias enormes.

Cuando se juntan todos estos elementos —memoria histórica, narrativa política, incentivos institucionales, sesgos humanos y procesos judiciales prolongados— el resultado puede ser un sistema judicial sometido a tensiones enormes.

La pregunta que queda flotando en el aire es simple pero profunda.

¿Puede la justicia investigar el pasado sin convertirse en instrumento del pasado?

Porque cuando la justicia comienza a parecerse demasiado a una herramienta para confirmar una historia previamente escrita, algo esencial se pierde.

El derecho fue creado para proteger a las personas frente al poder.

Pero cuando el derecho se transforma en una herramienta del poder simbólico de la historia, el equilibrio se rompe.

Y cuando ese equilibrio se rompe, el tribunal deja de ser un lugar donde se descubre la verdad.

Se convierte en un lugar donde la historia continúa escribiéndose.

No con tinta.

Con sentencias.

Para los zurdos si, pero para el otro lado nada:

Revés para exagente DINA: Corte Suprema rechaza demanda por “error judicial” en caso Frei Montalva

El máximo tribunal descartó unánimemente que la condena inicial contra Raúl Lillo Gutiérrez fuera arbitraria, subrayando que el fallo del ministro Alejandro Madrid se basó en antecedentes racionales y no en un capricho.

• Diario UCHILE

La Corte Suprema puso fin a las pretensiones indemnizatorias de Raúl Diego Lillo Gutiérrez, exagente civil de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), al rechazar el recurso que buscaba declarar como un “error judicial” su procesamiento y condena en primera instancia por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Lillo había sido condenado originalmente como autor de homicidio por el ministro de fuero Alejandro Madrid, decisión que fue revertida en instancias superiores, lo que motivó su acción legal contra el Estado.

En un fallo unánime, la Segunda Sala Penal del máximo tribunal —integrada por los ministros Valderrama, Llanos y Letelier— determinó que las resoluciones impugnadas no fueron “injustificadamente erróneas” ni “arbitrarias”. Según los magistrados, el hecho de que la sentencia fuera revocada posteriormente por tribunales de alzada no implica que el juez de primera instancia haya actuado de forma caprichosa o irreflexiva, sino que simplemente existió una discrepancia en la valoración de los antecedentes.

Fundamentos del fallo:

El tribunal fue enfático en señalar que el ministro Madrid dictó su sentencia basándose en un gran número de pericias, informes científicos y declaraciones de testigos que permitieron fundar racionalmente la convicción de un homicidio. El fallo aclara que el concepto de “error judicial” solo es aplicable cuando una resolución contradice la razón o carece de una explicación lógica, lo cual no ocurrió en este caso sublite.

“No puede erigirse como motivo suficiente la discrepancia con los juicios de valor allí emitidos”, plantea la resolución, subrayando que la investigación cumplió con las exigencias del Código de Procedimiento Penal. Con esto, la Corte Suprema blinda la labor de los ministros de fuero en causas de derechos humanos, validando que la existencia de interpretaciones jurídicas distintas en instancias superiores es parte del ejercicio normal del derecho y no una falta grave a la justicia.

                                                                                                     Por      Humberto Julio Reyes

            Probablemente usted, estimado lector, así como muchos otros, no ha olvidado el récord logrado años atrás por un emblemático parlamentario socialista, quien realizó una maratónica intervención, para dar tiempo a que llegara a votar un correligionario y, de esa forma, alcanzar una mayoría que asegurara el triunfo en una reñida contienda legislativa.

            Y su esfuerzo vocal se vio recompensado.

            Este episodio pintoresco o quizás vergonzante, según se aprecie, vino a mi memoria de inmediato cuando leí en la prensa que, otro emblemático parlamentario socialista, declaraba explícitamente su intención de formular tantas indicaciones a un proyecto de ley como para hacer inviable su trámite y aprobación final.

            Se refería el H. senador al proyecto de ley sobre conmutación de penas, recientemente aprobado por el Senado en primer trámite por una mayoría de un voto.

            No es que, como es legítimo y otros lo han hecho, formulara alguna crítica o desacuerdo en particular, sino a su intención de “torpedearlo” al no contar con votos seguros para rechazarlo, más adelante, en la cámara de diputados.

            Así que, en este caso, para burlar la eventual mayoría que estaría por aprobarlo, opta por virtualmente paralizar el trámite por la vía de infinitas indicaciones.

            ¿Cuáles serían esas indicaciones?

            Eso sería lo de menos, bastaría con imaginación y creatividad, lo que en buen chileno se llama embolinar la perdiz.

            Esta forma de recurrir a artificios, para burlar la mayoría democráticamente expresada, también me recordó tiempos en que, una minoría llegada al gobierno, tozudamente llevó adelante un proyecto rechazado mayoritariamente, sin descartar la violencia a falta de mejores argumentos.

Nada menos que quien presidía el Partido Socialista fue quien, principalmente, puso entre la espada y la pared al presidente Allende, impidiéndole negociar con la oposición con las consecuencias que algunos sufren hasta el día de hoy.

A menudo se nos dice que este partido ha hecho, posteriormente, un tránsito hacia el socialismo democrático, olvidando la entonces proclamada violencia revolucionaria, pero poco democrático parece el recurrir a triquiñuelas, para conseguir la aprobación o rechazo de algún proyecto de ley que se supone debe ser evaluado en su mérito.

Para no evadir el fondo, en lo personal estimo que, por tratarse de un proyecto humanitario, a nadie de los eventualmente beneficiados con la conmutación de su pena, debiera excluírsele a priori recurriendo como argumento a la gravedad del delito cometido.

El conceder o negar un beneficio, en este caso, debiera atender exclusivamente a razones humanitarias debidamente calificadas y no repetir, en la práctica, el juicio por el cual una persona ya fue condenada.

8 de marzo de 2026

Una muy buena respuesta, a veces mejor quedarse calladita:

VEA ESTAS VERDADES:

https://www.threads.com/@pepe.torres.98031506/post/DVlEIDUlhLd?xmt=AQF0Vf8NEbZswQQS3iqHwowpLWRM691ZNdlJl4lrlwlnSlp9QmwEgua4YDiQqQOa2htV7uQ&source_surface=35&slof=1

Respecto del proyecto de ley de conmutación de penas:

Me extraña del ex fiscal Sr. Gajardo tamaña desinformación respecto de este proyecto, hablando que beneficiaria a criminales peligrosos para la sociedad pero nada dijo este señor cuando Boric indultó a personas que si eran potencialmente peligrosas para la seguridad de la sociedad.

Le diría al Sr. Gajardo que relea al Roxin de hoy, y la prevención especial.
Me pregunto por último cuál sería la intranquilidad tan grande del Sr. Gajardo si personas octogenarias quedaran libres versus aquellos delincuentes que este Gobierno ha dejado escapar de sus cárceles, hechos respecto de los cuales no he escuchado críticas de este “paladín de la justicia chilena”.

Carla Fernández Montero

La Corte Suprema empieza a aplicar la verdadera justicia:

Una justicia justa

Roberto Hernández Maturana, Coronel en Retiro

En estos días se discute vehementemente sobre la resolución del Senado de plantear la idea de legislar penas alternativas al cumplimiento de penas para mayores de 80 años.

El fondo del asunto desde el punto político mas que judicial es que hay quienes plantean que esta idea de legislar beneficiaría a condenados por delitos de lesa humanidad.

El hecho es que la izquierda en su ánimo de venganza y lucro con las condenas a los ex uniformados y el poder judicial, con su descarada prevaricación, han empujado a buscar estas soluciones político judiciales que en lo personal no me gustan, porque mezclan situaciones de personas presas por delincuencia común con prisioneros por causas políticos militares.

Todos quienes serviamos en las instituciones de la defensa y de orden en 1973 y que hoy seguimos con vida, en esos años ostentábamos grados subalternos. Todos actuamos bajo un contexto político y militar en crisis; todos cumplimos órdenes bajo una legalidad distinta tanto en el país como en el extranjero.

Hoy se nos aplican penas por presuntas violaciones a los derechos humanos contempladas en la legislación internacional que Chile no suscribía en la época de los hechos.

El Estado de Chile depositó el Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 29 de junio de 2009, incorporandose a la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio, guerra y agresión.

Aunque el estatuto fue adoptado en 1998, su aprobación en Chile se formalizó recien mediante la Ley 20.352 y el Decreto 104 en 2009, convirtiéndose asi nuestro pais en parte de este trato internacional.

Fuimos por tanto juzgados a la bandada y con efecto retroactivo, una monstruosidad jurídica, además bajo un sistema judicial derogado en Chile el año 2005, cuando entró en vigencia el nuevo sistema por las numerosas falencias que mostraba el antiguo sistema procesal penal, especialmente la falta de garantías procesales para los procesados, pero que hoy solo se continúa aplicando a ex uniformados, con pruebas inaceptables bajo cualquier sistema judicial moderno, lo que ha permitido la condena de personas sólo con testimonios de terceros y sin pruebas concretas, después de procesos interminables con todo el desgaste moral, familiar, físico y material y que se tradujeron en condenas, que dada la edad de los condenados, son verdaderas condenas a muerte, aún cuando no se haya podido probar fehacientemente la participación de los condenados en los hechos por los que se les acusaba.

Hoy cientos de ancianos ex uniformados condenados bajo las condiciones antes descritas padecen y mueren en prisión ante una tremenda indiferencia y falta de humanidad.

La clase política ha manoseado este tema hasta el límite, la izquierda nunca ha cedido en su ánimo de venganza bajo excusas de inexistentes pactos de silencio y sin esforzarse por la búsqueda de una verdadera justicia y verdad (aún se encuentra pendiente en el Instituto Médico Legal la identificación de numerosos restos humanos de presuntos detenidos desaparecidos) y la derecha (salvo honrosas excepciones), no ha tenido el coraje, ni las ganas, de buscar una solución justa y definitiva.

Todos los ex uniformados… y creo que todos los chilenos queremos una justicia humanitaria y justa, nada más, nada menos.

En Argentina:

AAJC – A medio siglo del 24 de marzo – Por Una Justicia que No Sea Venganza – Marzo 2026

A medio siglo del 24 de marzo. Por una justicia que no sea venganza.

Al cumplirse cincuenta años del 24 de marzo de 1976, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia considera imperativo dirigirse a la ciudadanía. No nos convoca hoy la reivindicación de un quiebre institucional, sino la denuncia de una degradación jurídica y moral que, lejos de cerrarse, se ha profundizado durante las últimas décadas. Hace más de veinte años que la República Argentina asiste a una persecución implacable y sistemática contra los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esta acción no se ha guiado por el examen riguroso de la conducta individual de cada hombre, sino por un estigma de origen: el haber combatido y vencido a la subversión que pretendía asaltar el poder por las armas.

La instrumentalización del dolor. La fecha es emblemática. Sin desconocer el dolor sembrado en aquel tiempo de tragedia – dolor que aún persiste en toda la sociedad -, observamos cómo ciertos sectores que se autodefinen como víctimas han desvirtuado una causa que podría haber sido atendible. En su lugar, han diseminado el encono y la retaliación, transformando la bandera de los derechos humanos en un instrumento de enriquecimiento escandaloso a expensas del erario público.

Este proceso no habría sido posible sin la complicidad activa de sucesivas administraciones gubernamentales y la indiferencia – temerosa o pusilánime – de otras. Bajo un relato de supuesta ética, se ha construido un andamiaje de privilegios y prebendas que nada tiene que ver con la verdadera justicia.

El fracaso de las instituciones. Como abogados, denunciamos una vez más, con pena e indignación, la claudicación y el prevaricato serial del Poder Judicial. Salvo pocas y muy honrosas excepciones, la magistratura no ha estado ni está a la altura de su misión moral y constitucional. Gran parte de los jueces se ha comportado como instrumento servil del poder político, permitiendo la vulneración de principios básicos como la irretroactividad de la ley penal, el debido proceso y el plazo razonable. Esta calamidad se ha extendido a todos los fueros e instancias: el Poder Judicial se encuentra hoy en una paupérrima y triste condición, demostrando a diario que no está en condiciones de impartir justicia, esto es, haciendo que la ley se cumpla con eficacia y en tiempo oportuno.

Acompaña este escenario un periodismo que, en su mayoría, opta por mirar hacia otro lado, omitiendo el debate profundo y silenciando las arbitrariedades que se cometen en nombre de una memoria torcida y plagada de cinismo y falsedades.

Un llamado a la superación.

Una nación, si no carece de fortaleza, puede superar cualquier tragedia que le sobrevenga. Pero le será imposible si se muestra incapaz de hacer justicia. Siglos atrás lo expresó San Agustín con palabras certeras: “Arrebatada la justicia, ¿qué son entonces los reinos sino grandes robos? Acaso la justicia es la diferencia clave entre un reino y una banda de ladrones y, por lo tanto, solo si un reino busca la justicia en sus leyes, estas adquieren autoridad.

” La Argentina se encuentra por esto degradada. No existe justicia cuando la ley se aplica con asimetría y quienes atentaron contra el orden constitucional desde la insurgencia no encontraron tiempo, durante medio siglo, para esbozar siquiera una autocrítica. Nadie se hace cargo de la sangre vertida fuera del relato oficial; nadie agradece el sacrificio de quienes preservaron la integridad de la Nación.

Es hora de superar esta etapa de nuestra historia. La concordia no es olvido, sino el restablecimiento del imperio de la ley para todos, sin excepciones. Es momento de clausurar definitivamente las heridas mediante el reconocimiento de la verdad completa y la restauración de las leyes. Solo así la Argentina evitará que se la conozca como una banda de ladrones.

FIRMADO: Alberto Solanet y Juan Antonio Vergara del Carril

Presidente y Secretario

*En Seguridad… el Toro por las Astas*

Por Cristián Labbé Galilea

Los temas que copan los medios se concentran en: “me dijo, no me dijo” … “se retractó o desmintió” … “el ministro no informó”… “se acabaron las conversaciones” … “que el cable chino… “ y muchos otros etcéteras, amén de la grave confrontación que se vive en el Medio Oriente donde se libra una horrorosa batalla entre el mundo occidental y el fundamentalismo islámico.
Así llegamos a un nuevo periodo Presidencial… además amenazando al nuevo gobierno, que le van a tomar la calle, una desvergüenza y un desafío, porque… “Un país que pierde la calle pierde su libertad”.

Asumiendo que dichos temas son importantes, esta prospectiva pluma se aparta un instante de ellos para advertir que, estando a días del cambio de gobierno, subyace una realidad a la que pareciera no se le está prestando suficiente atención: las movilizaciones a las que está llamando la izquierda, las que -sí o sí- traerán consigo violencia, crimen organizado, narco terrorismo, ajustes de cuentas, sicariatos, secuestros y toda suerte de atrocidades…

Da fundamento a esta advertencia el recordar que, durante años, países como el nuestro observaron la violencia y el narcotráfico en México como si se tratara de un problema lejano, casi exótico, propio de una realidad distinta. Sin embargo, lo que ha ocurrido allí es una advertencia severa de lo que sucede cuando el crimen organizado logra crecer durante demasiado tiempo sin que el Estado lo enfrente con decisión desde sus raíces.

México no se derrumbó de un día para otro. El poder de los carteles no apareció súbitamente ni fue producto sólo de errores políticos. Fue el resultado de décadas de tolerancia, corrupción, debilidad institucional y una progresiva pérdida de control territorial. Mientras la política discutía, el narcotráfico se organizaba; mientras la justicia vacilaba, los carteles acumulaban armas y poder.

Hoy, como lo hemos comprobado en los últimos días, el fenómeno ha alcanzado dimensiones que hace algunos años habrían parecido impensables. En varias regiones, las organizaciones criminales no sólo trafican drogas: controlan territorios, extorsionan a la población, infiltran instituciones públicas e incluso imponen sus normas. Allí donde el Estado se debilita, la violencia ocupa el vacío de poder que éste genera.

Se equivocan quienes creen que el narcotráfico se mueve sólo como una red de delincuencia. Los narcos funcionan como una estructura de poder, tienen capacidad financiera, control territorial, redes de corrupción y una maquinaria de violencia capaz de desafiar al propio Estado.

En suma, si el nuevo gobierno ha fijado como una de sus prioridades el tema de la seguridad, lo ocurrido en México -incluso en estos días- no debería mirarse con distancia, sino con preocupación. Lo que allí ocurrió puede repetirse en cualquier democracia donde se reproduzcan las mismas condiciones: instituciones inoperantes, justicia debilitada, corrupción política, pérdida de autoridad y una sociedad que comienza a acostumbrarse a la violencia. El camino en materia de seguridad es uno solo… ¡el toro hay que tomarlo por las astas!

LA ECONOMÍA.

Así ha crecido la DEUDA de Chile en los últimos gobiernos:

Esta deuda la tendremos que pagar todos.

LA VERDAD SOBRE LA CARRETERA AUTRAL:

https://www.instagram.com/reel/DVcMDhTjtc_/?igsh=MXVpbTVvcHJtaXdkeQ==

TANQUES EN LA MONEDA:

LA VERDAD HISTÓRICA:

@gatubela.gatu8

♬ Last Summer – Tele Music

A pesar del odio y venganza de la izquierda, especialmente de algunos periodistas, la HUMANIDAD gana terreno en Chile:

La verdad del proyecto de Ley:

La iniciativa consta de cuatro artículos, el primero de los cuales establece cinco principios que deben seguirse en el cumplimiento de la pena penal.

El segundo artículo establece que la reclusión domiciliaria total consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por el encierro en el domicilio del condenado, durante las veinticuatro horas del día y que en ningún caso podrá fijarse como domicilio aquel en el que actualmente resida la víctima del delito por el cual la persona fue condenada.

El tercer artículo establece las hipótesis en que el tribunal puede decretar el cumplimiento alternativo de la pena en una modalidad de reclusión domiciliaria total, por el tiempo que reste de condena. Esto es:

Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario, por cualquier motivo, le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica
Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal
Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel.

Al interno mayor, cumplido 80 (ochenta) años o más, como resultado de la suma de su edad real, más los años que efectivamente ha estado privado de libertad en un recinto penal, teniendo una edad mínima de 70 (setenta) años.

Es falso que hay impunidad, por cuanto siguen cumpliendo la pena en sus domicilios y controlados por el Estado.

Diputado Luis F. Sanchez 

@sanchezdiputado

Algunas personas quieren que adultos mayores con graves enfermedades sigan presos e incluso mueran engrillados, no por justicia, no por reparación, sino solo por odio. Es una buena noticia que ellos no sean mayoría. Me alegro que esta ley avance.

Cita La Tercera

Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH. https://latercera.com/nacional/noticia/en-tensa-sesion-senado-aprueba-en-general-proyecto-que-abre-puerta-a-conmutar-condenas-a-presos-por-causas-de-ddhh/

Mientras en Argentina:

Opinión de un Socialista sobre este gobierno:

Un buen resumen de como  termina un gobierno ineficiente:

https://youtube.com/shorts/CBEpPLyfe0E?si=XPPakn2-qF6fWIR9

Desempleo sube por sobre las expectativas y llega al 8,3% en trimestre noviembre-eneroLa cifra se encuentra por sobre lo que esperaban los especialistas. 27 de Febrero de 2026 | 09:15 | Por Pablo San Martín, Emol129 El Mercurio El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer esta mañana la tasa nacional de desocupación. Según la entidad, esta se ubicó en 8,3% durante el trimestre noviembre 2025 – enero de 2026. El número está por sobre las expectativas del mercado. “La cifra registró un incremento de 0,3 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,8%, incididas por quienes se encontraban cesantes (3,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (18,4%)”, informó la entidad. NOTICIAS RELACIONADAS El desempleo en Chile cierra 2025 a la baja, pero encadena 35 meses sin lograr caer del 8% Tasa de desempleo de las mujeres cae del 9% por primera vez desde enero de 2024 Destacó, asimismo, que las “tasas de participación y de ocupación se situaron en 62,4% y 57,2%, creciendo 0,3 pp. y 0,1 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo no presentó variación en doce meses producto del incremento de los inactivos potencialmente activos (6,1%) y de la disminución de los inactivos habituales (-1,0%). “. El INE informó asimismo que “en las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 8,7%, decreciendo 0,4 pp. en el período, producto del ascenso de 2,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,7% registrado por las ocupadas, mientras las desocupadas se contrajeron 3,3%, incididas únicamente por las cesantes (-4,8%)”. “Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,4% y 48,7%, incrementándose 0,7 pp. y 0,8 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,6%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras”, comunicó. En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,0%, creciendo 0,8 pp. en un año, a raíz del alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, y la nula variación presentada por los ocupados en el período. Informalidad La tasa de ocupación informal se situó en 26,8%, con un incremento de 0,5 pp. en un año. En tanto, en las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,2% y 25,7%, con variaciones de 0,1 pp. y 0,8 pp., respectivamente. En doce meses, las personas ocupadas informales aumentaron 3,2%. Según sector económico, el ascenso se debió, principalmente, a servicios administrativos y de apoyo (17,0%) y alojamiento y servicio de comidas (13,0%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por asalariadas privadas (8,8%) y trabajadoras por cuenta propia (1,1%). En la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre noviembre 2025 – enero 2026 alcanzó 9,0%, aumentando 0,3 pp. en doce meses, producto del alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, superior a la variación positiva registrada por las personas ocupadas (0,6%). Por su parte, las personas desocupadas se expandieron 4,2%, incididas exclusivamente por quienes buscan trabajo por primera vez (65,2%). El aumento de la población ocupada fue incidido, principalmente, por servicios administrativos y de apoyo (28,7%) e industria manufacturera (7,8%), y por las categorías personas asalariadas informales (12,4%) y trabajadoras por cuenta propia (4,9%).

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Economia/2026/02/27/1192788/desempleo-chile-tasa.html

Reos de la cárcel ex Punta Peuco inician huelga de hambre por condiciones actuales del penal

Juan Peredo

Periodista de Prensa en Radio Bío Bío

Publicado por Felipe Delgado

Agencia UNO

A través de un comunicado, siete internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil, ex Punta Peuco, tomaron la drástica decisión de iniciar una huelga de hambre.

La idea surgió luego del incumplimiento reiterado que acusan los reos por parte de Gendarmería, con respecto a fallos judiciales y órdenes de no innovar que no habrían sido acatadas por la institución penitenciaria.

Los movilizados apuntaron contra el coronel Héctor Labrín, a quien le enviaron una carta el pasado 23 de febrero manifestando su preocupación. Se trata del director regional metropolitano que ayer fue removido de su cargo por la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría.

Estos siete internos denuncian el deterioro de las instalaciones, la remoción de carpas, retiro de chacras, eliminación de espacios como “la gruta” o la biblioteca y el uso de comedores como dormitorios. Según dicen, esto generó un nivel de hacinación extrema, en el marco de lo que ha sido también la transición a un penal común.

Cabe destacar que estos 7 reos son todos de edad avanzada, y padecen de diversas complicaciones a su salud y problemas crónicos. Sus identidades no fueron reveladas.

Diario Constitucional:

Siete internos del Centro Penitenciario de Tiltil (ex Punta Peuco) iniciaron hoy una huelga de hambre, decisión que fue formalizada mediante carta entregada esta mañana al alcaide del recinto.

La medida no obedece a un hecho puntual ni reciente. Si bien el retiro de refrigeradores ha generado atención pública, dicha resolución es posterior a la decisión adoptada y constituye un elemento más dentro de una acumulación de situaciones que, según exponen en su comunicado, configuran el incumplimiento reiterado de fallos judiciales por parte de Gendarmería, incluyendo resoluciones con orden de no innovar.

Se denuncia el deterioro de instalaciones, la remoción de carpas, el retiro de la chacra, la eliminación de espacios como la gruta y la biblioteca, el uso de comedores como dormitorios generando hacinamiento y una restricción progresiva que, según expresan, ha alcanzado su máximo nivel, sumado al ingreso de presos comunes.
Todo lo anterior, pese a resoluciones judiciales vigentes.

La imagen expone las edades y condiciones de salud de quienes hoy adoptan esta medida. Se trata en su mayoría, de personas de edad avanzada y con patologías, y que si bien no se exponen sus nombres, entre ellos hay soldados conscriptos condenados por hechos ocurridos mientras realizaban su servicio militar obligatorio.

Desde Punta Peuco señalan que esta huelga es una decisión asumida con plena conciencia de sus consecuencias. La responsabilidad frente a cualquier deterioro en su estado de salud recae en quienes tienen el deber legal de resguardar su integridad bajo custodia del Estado.

Asimismo, afirman que la huelga de hambre se declara como un acto frente a lo que consideran una vulneración persistente del imperio de la ley y de estándares mínimos de trato bajo custodia estatal.

Finalmente, aseguran que el respeto al imperio de la ley no puede depender de la voluntad administrativa. Es una obligación ineludible del Estado.

 

25 de FEBRERO 2026   Boletín Cren N° 55   www.ongcren.cl boletin@ongcren.c Ejemplares 1.200

Esta síntesis expone, en lenguaje claro y en tono de denuncia formal, los puntos centrales del artículo publicada ayer en el Diario Constitucionl por la destacada y comprometida abogada Carla Fernández M, en dercho penitenciario  sobre la prescripción gradual, su fundamento jurídico y su vulneración sistemática que hoy realiza la Corte Suprema. Mas abajo, artículo completo

Artículo completo:

Las “bondades” de la prescripción gradual (a propósito de la reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y la doctrina y jurisprudencia alemana actuales)

El fallo de la Corte Suprema (Rol N° 24.317-2025) no solo consolida la aplicación directa del artículo 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sino que reabre el debate sobre el “factor tiempo” en procesos penales de larga duración. En causas de DD.HH. tramitadas bajo un modelo inquisitivo y extendidas por décadas, el artículo 103 del Código Penal —prescripción gradual— opera como un mecanismo legítimo de atenuación y compensación, fundado en el principio pro reo y en el respeto irrestricto a la dignidad humana, eje esencial del Estado de Derecho.

24 de febrero de 2026

Imagen: IA/Elke

El fallo de la Excma. Corte Suprema de 31 de diciembre de 2025 (Rol n° 24.317-2025), que casi dos décadas después declaró la inaplicabilidad de la media prescripción en ciertas causas de DHH que fueron falladas por ese tribunal, constituye una jurisprudencia esencial en materia de DDHH, que merece ser analizada desde diversas aristas.

En una carta anterior, destacamos los aspectos positivos de esta sentencia, y que básicamente, dice relación con la consagración jurisprudencial de la autoejecutabilidad (aplicación directa e inmediata) del Art. 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las Personas Mayores, que mandata el otorgamiento de formas alternativas al cumplimiento efectivo en personas mayores condenadas a pena de cárcel (sobre todo cuando por motivos de salud, requieren cuidados médicos especiales), como es el caso de los condenados por causas de DDHH, habiéndose por parte del tribunal contrastando el principio de proporcionalidad con el “principio de humanidad”, y haciendo primar este último en casos de personas ancianas enfermas privadas de libertad.

Ahora bien, más allá de las duras críticas que ha sido objeto este fallo, especialmente en lo que respecta a la violación de la cosa juzgada y el principio de legalidad penal, hay un aspecto -que es propio de la naturaleza del proceso penal inquisitivo- que no ha sido merecedor de la atención de los críticos, y que se asoma a la par de la importancia que cumple el Art. 103 del Código Penal como un instituto morigerador de la pena, cuando el responsable del delito -de acuerdo a esta norma- “… se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, pero habiendo ya trascurrido la mitad del que se exige, en sus respectivos casos, para tales prescripciones …”.

En este orden de ideas, la aplicación de este instituto, además, tiene un importante efecto derivado de la esencia del proceso por este tipo de causas de DDHH, cuya investigación y juzgamiento suele durar varias décadas antes de la dictación de la sentencia de primera, y mucho más, para que la Excma. Corte Suprema se pronuncie -de manera definitiva e irrevocable- sobre la solicitud de nulidad del fallo.

En efecto, no es inusual encontrar causas reabiertas por problemas de “cosa juzgada fraudulenta” o que se inician habiendo transcurrido décadas desde la perpetración del hecho delictivo que motiva la instrucción, etc. y que ha llevado a que los ministros de fuero -que condenan hoy por hechos ocurridos hace más de medio siglo- declaren con total desparpajo que no existe límite de tiempo para la investigación de hechos que pudiesen constituir crímenes de lesa humanidad (como así lo hizo, por ejemplo, el Ministro Álvaro Mesa, en la causa Rol n° 113.089, conocida como “Asalto al Polvorín”).

Con todo, y frente a este dispar escenario procesal, dominado además por el poder absoluto que detenta el inquisidor en el proceso que él mismo dirige y resuelve, el inculpado prácticamente no tiene defensa, y la desigualdad de armas es evidente. Y si bien pueden existir motivos para no aplicar el Art. 103 del CP, asociados a la proporcionalidad de la pena y la necesaria retribución al mal causado -y que los querellantes suelen argüir bajo el manto del denominado “Bloque de Constitucionalidad”- la aplicación de este instituto de la media prescripción no necesariamente debe ser asociada a la idea de una “infracción” (por la aplicación inconvencional), sino que puede justificarse a partir de una “observancia”, igualmente válida, y que recibe sustento en el respeto absoluto de la dignidad del ser humano.

Entonces, ante la pasividad de nuestro legislador para modificar o derogar el Art. 103 del CP, y el no reconocimiento explícito de nuestra jurisprudencia del denominado “Bloque de Constitucionalidad” -que, entre otras cosas, permite esquivar en sede nacional la aplicación estricta del principio de legalidad penal- nuestros tribunales de justicia -sobre todo aquellos que investigan causas de DDHH- tienen la obligación de tomar en consideración el “factor tiempo” del proceso penal, particularmente, teniendo en cuenta el principio universal “pro reo”.

Y como el sistema inquisitivo hace que no exista una división funcional en el ejercicio de la administración de justicia en causas de DDHH, los ministros de fuero -cual Dios Jano- tienen su mirada puesta en el pasado y en el futuro, tanto para desentrañar los hechos pretéritos en busca de la verdad jurídica, como para asegurar que esa verdad sea materializada conceptualmente en una sentencia “justa”, y por ende, no deben olvidar jamás que en la consecución de este objetivo, no existe, por así decirlo, una “necesidad de acusar”, o de “condenar a pena efectiva”, ni siquiera, cuando en situaciones similares exista jurisprudencia contra el inculpado, en primer lugar, porque en nuestro sistema prima la ley escrita y no el precedente (common law); en segundo término, porque la analogía in malam partem está proscrita en el Derecho penal, donde rige el principio del hecho, de la autorresponsabilidad y de la culpabilidad; y en tercer lugar, porque el impulso acusatorio no puede explicarse por otra cosa que no sea el Derecho (adecuación típica), pero jamás por las presiones políticas que pretendan correr el velo de Temis, ya que la separación de poderes no es una utopía sino un imperativo constitucional (Arts. 6, 7 y 76 de la Carta Política).

Y si, por el contrario, existe coincidencia entre el precedente y lo que la investigación y juzgamiento arroja, al momento de dictar la sentencia condenatoria, el juez instructor no puede soslayar los “criterios de humanidad” establecidos para los condenados provectos y enfermos, y que la Excma. Corte Suprema en su icónico fallo de 31 de diciembre pasado expresamente consagró. En este caso, el precedente opera como un mecanismo para salvaguardar la dignidad del reo, una cuestión que no puede ser sometida al arbitrio del sentenciador. En otros términos, forma parte de la obligación “estatal” en estos casos, dictar un cumplimiento alternativo a la pena efectiva, ya sea de manera directa (por aplicación del Art. 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las Personas Mayores) o de forma indirecta, por aplicación del Art. 103 del CP que, en situaciones de ancianos enfermos, pueda librarlos de ir a la cárcel. En este último caso, las probables críticas sobrevinientes de ciertos grupos de nuestra sociedad centradas en la “impunidad” o “falta de justicia” no podrían contrarrestar la finalidad detrás de esta decisión judicial, que repetimos, se centra en el valor supremo de todo Estado de Derecho: el respeto absoluto e irrestricto a la dignidad del ser humano (teniendo en cuenta además un factor formal: que la reserva legal del precepto que regula la prescripción gradual tiene su fuente en los incisos 8° y 9° del Art. 19 n° 3 de nuestra Constitución Política).

De hecho, en Alemania -el fetiche de algunos ministros de fuero para aplicar los criterios doctrinales y jurisprudenciales post Holocausto a los hechos que investigan y juzgan en Chile- los maestros Claus Roxin y Bernd Schünemann, analizando la jurisprudencia del BGH (Tribunal Federal de Justicia alemán), ante una duración excesiva del proceso que para el imputado resulta intolerable, plantean la necesidad de “compensar este daño”, derivado de que por la excesiva duración del proceso “se ocasiona una atenuación penal del mal, que se encuentra en el permanente perjuicio, ya anticipado a la pena”. Esta suerte de “compensación”, se podría hacer por la vía de diversos mecanismos penales, verbigracia, “la medición de la pena simple”, según el cual un espacio de tiempo largo entre el hecho y la sentencia, ya por sí solo significa una circunstancia atenuante de la pena; o “la consideración de una causa atenuante de la pena adicional e independiente”, cuando el Estado tiene la responsabilidad en la demora del proceso; o “la solución de ejecución”, por medio de la cual, se “compensa la violación de los DDHH del condenado” mediante la declaración “por cumplida” de una parte determinada numéricamente de la pena impuesta, etc. (Vid. Roxin, Claus/Schünemann, Bernd, 2017, “Derecho Procesal Penal”, 29ª edic., Trad. Mario Amoretti y Darío Rolón, Edit. Didot, p. 177 ss.).

No resulta ocioso entonces hacer presente la importancia que -en materia de causas de DDHH- cumple el Art. 103 del CP que regula la prescripción gradual, y que permite una atenuación de la pena que opera como un “mecanismo de compensación” para el condenado, recogiendo el transcurso del tiempo de una forma acorde al principio pro reo, y de paso, enalteciendo el valor de la dignidad humana.

Carla Fernández Montero

Abogada

Derecho-penal penitenciario

Post

Enrique Slater @slater_enrique

Injusta jurisprudencia de la Corte Suprema, que revirtió un derecho legal, atentando contra la cosa juzgada. Así se corrobora, la odiosidad y sesgo de la Justicia, contra uniformados, muchos de ellos inocentes, procesados y condenados en causas de DDHH.

PPHOY INFORMA

” Cuando el Estado tiene la responsabilidad en sus manos y el Instituto de Derechos Humanos guarda silencio”

Llamar “privilegios” a la posibilidad de conservar medicamentos o alimentos especiales en una cárcel donde el promedio de edad es 78 años es desconocer deliberadamente la condición real de quienes allí permanecen.

En Punta PEUCO, hoy TilTil, hay hombres de 70, 80 y más de 90 años, muchos con diabetes insulinodependiente, cáncer activo, enfermedades cardiovasculares y múltiples patologías crónicas. No cuentan con presencia médica permanente dentro del establecimiento y dependen completamente de la gestión de Gendarmería para acceder a controles, tratamientos y traslados.

En ese contexto, retirar refrigeradores incide directamente en la conservación de medicamentos sensibles y en la posibilidad de mantener dietas indicadas médicamente.

En una población geriátrica frágil, interrumpir o dificultar la continuidad de tratamientos “tendrá consecuencias graves”, previsibles y evitables.

Cuando el Estado mantiene bajo su custodia a personas de edad avanzada y con patologías severas, asume una responsabilidad total sobre su integridad física.

No se trata solo de custodia, sino de garantía efectiva de condiciones compatibles con la vida y la salud.
Y si el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene el mandato de velar por la dignidad y la integridad de todas las personas privadas de libertad, la situación de adultos mayores enfermos, sin cobertura médica permanente y sometidos a condiciones que afectan directamente sus tratamientos, exige algo más que silencio.

En una población tan vulnerable, las decisiones estructurales NO pueden evaluarse únicamente desde la formalidad jurídica. Deben analizarse desde sus efectos reales, porque cuando las personas no tienen autonomía para proteger su propia salud y dependen completamente del Estado, cualquier deterioro o muerte evitable recae, inevitablemente, en la esfera de responsabilidad estatal.

PREGUNTA:

Ahora QUIÉN PODRÁ DEFENDERLOS, si el Poder Judicial está alineado con sus custodios?

Lea el artículo y saque sus propias conclusiones.

https://www.latercera.com/nacional/noticia/se-acaban-los-privilegios-en-ex-punta-peuco-suprema-se-alinea-con-gendarmeria-y-confirma-retiro-de-refrigeradores/

Un nuevo SENADOR con convicciones claras:

https://youtube.com/shorts/yNUnpaakoQI?si=6X2CVNRZBL7cN7dj

Y en Argentina:

Vea la opinión del Diputado electo Sebastián Zamora:

https://www.instagram.com/reel/DVJ8Ju7icSh/?igsh=MWpjcmdwOWR4YWlkZA==

Por Osvaldo Rivera Riffo

Pareciera que se ha cumplido una maldición sobre este largo y angosto país: el silencioso destino de Casandra.

He intentado explicármelo desde diferentes ángulos y no encuentro una explicación lógica al comportamiento del pueblo chileno y sus instituciones. ¡¡No pasa nada y todos guardan silencio!!

A diario los medios de comunicación y las redes sociales invaden nuestra vida con información referente a un escándalo gubernativo o de organismos ligados a él.

Se incendian zonas completas con muertos, heridos y pérdida total de bienes materiales. Ahí quedan los damnificados a merced de la buena voluntad de privados, ya que el estado brilla por su ausencia. ¡¡No pasa nada y todos guardan silencio!!

Desaparece dinero de las arcas fiscales asignadas por ley para materias específicas cuyos objetivos no se cumplen y el dinero no aparece.

Existen leyes armadas por los políticos que premian cumplir con el deber de trabajar eficientemente y cada tres meses se suben el sueldo los funcionarios públicos de alta jerarquía, incluido el Presidente de la República, mientras las pensiones de los jubilados no reciben la totalidad de lo prometido. ¡¡No pasa nada y todos guardan silencio!! Y para rematar, el designado ministro secretario general de la presidencia, sale a defender esta cuchufleta de los políticos. Era que no, el fue por años presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, donde se aprobaron dichas atrocidades.

Reciben bono de eficiencia todos los involucrados en dejar al Estado de la Nación en prácticamente banca rota. Es premiada la “equivocación” de la directora frente amplista de la Dipres con 17 y fracción millones de pesos por ser brillante ejecutiva que dejó el presupuesto de la nación con un desequilibrio de cientos de millones de dólares para el 2026. ¡¡No pasa nada y todos guardan silencio!!

Se ha sabido que las pensiones vitalicias otorgadas por el Presidente a los violentistas del 19/10 llegan a la estratosférica cifra de más 7 mil millones, incluidos en ellos los delincuentes beneficiados y con prontuario judicial. ¡¡No pasa nada y todos guardan silencio!!

El Ministerio Público, en un delirante fracaso judicial, intentado perseguir la trama de las Fundaciones, en que Procultura, dirigida por un amigo y médico del Presidente obtuvo millonarios recursos de la región metropolitana los cuales para la justicia no son antecedentes suficientes probatorios para acreditar el delito y resulta que no aparecen más de 1.000 millones. Ahora se sabe que Procultura trabajó con dineros brujos en la campaña presidencial de Boric. Incluso construyeron un mural en la comuna de Limache, bajo la supervisión del entonces candidato. Todos los involucrados en ese mural hoy son funcionarios del gobierno. Suma y sigue. ¡¡No pasa nada y todos guardan silencio!!

Para que hablar de la insistencia, colocando millones en juego, para hiperventilar una candidatura muerta a la ONU y el desastre de las relaciones diplomáticas con USA. ¡¡No pasa nada y todos guardan silencio!! A excepción de los que ponen el boliche con los chinos por sobre la soberanía y la identidad cultural. Amén de los parlanchines del parlamento que, viendo un micrófono, corren a gritar.

Los mecanismos de amarre en las distintas reparticiones públicas, a días de abandonar el gobierno, son terroríficas; particularmente las realizadas en la Subsecretaria de Defensa, organismo clave en la provisión de recursos, estrategias y control sobre las FFAA. ¡¡No pasa nada y todos guardan silencio!!

Días pasado en un chat de amigos, uno de ellos envió información referente a lo que les comentó en líneas más arriba. Me voy a permitir reproducirlo ya que todo lo anterior es una perfecta y planificada estrategia para perpetuarse en el poder y refuerza el ALERTA, objetivo de esta columna:

–     Cronología del “Amarre” y la Degradación Administrativa (2022-2025)

El 11 de marzo de 2022: Asume Gabriel Boric. Se inicia la desvinculación masiva de cerca de 3.000 funcionarios. Aunque el discurso es “sacar operadores”, salen técnicos con décadas de experiencia (era Aylwin/Frei). En la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) se desmantela el trabajo previo que incluso había desbaratado centros médicos de fachada, despidiendo a personal administrativo clave de la gestión anterior.

Diciembre 2022: La Ley 21.526 (Reajuste) introduce el Artículo 67, que permite teletrabajo en 40 servicios piloto (incluyendo la SUSESO). Se instala la idea de “trabajo desde casa” sin mecanismos de control robustos.

–     El Auge de las Fundaciones y la Tesis Errejón (2023)

En Junio 2023: Estalla el Caso Convenios (Democracia Viva). Se hace evidente la aplicación de la tesis de Íñigo Errejón: traspasar fondos públicos a fundaciones de militantes para crear un “suelo material” fuera del Estado. La falta de control se convierte en la herramienta principal en provecho propio. El caso Procultura se vuelve emblemático.

En Julio 2023 (El origen del cerrojo): En sesión del Consejo de la Sociedad Civil,  (COSOC), se confirma la modificación del reglamento de elecciones para el periodo 2024-2025, eliminando el límite de reelección de los consejeros. Esta medida permite la “eternización” de cúpulas gremiales afines, en la instancia de participación ciudadana.

Segundo Semestre 2023: Informes de la DIPRES muestran que, pese a los despidos del 2022, la dotación pública sube considerablemente. Se detecta el ingreso masivo de militantes del FA+PC a cargos de “contrata”.

–     El Escándalo de las Licencias Médicas (2024)

En Mayo 2024: Se revela que miles de funcionarios públicos viajaron al extranjero estando con licencia médica. La SUSESO queda en la mira por no fiscalizar, tras haber sido manejada políticamente desde el Ministerio del Trabajo con una fuerte influencia del PC a través de su División Jurídica.

En Diciembre 2024: En el reajuste de ese año, el gobierno intenta por primera vez rigidizar las contratas (el primer atisbo de la “Ley de Amarre”), ante el temor de perder las elecciones municipales y regionales.

–     El Blindaje Final y el Colapso de la SUSESO (2025)

En Junio 2025: Contraloría publica el informe devastador sobre la SUSESO: 5.104 cuentas de fallecidos activas y mora de 400 días en sanciones. Se confirma que la institución dejó de fiscalizar lo que la gestión anterior había saneado.

El lunes 01 de diciembre de 2025: Asume como Superintendente, Andrea Soto Araya, quien fue la mano derecha jurídica de la ministra Jeannette Jara (PC) y Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría del Trabajo. Este movimiento asegura que la autoridad que visó las políticas cuestionadas sea ahora quien deba “autofiscalizarse”.

El viernes 05 de diciembre de 2025 (Instalación del COSOC): En su quinto día de gestión, la nueva Superintendente lidera la Sesión de Constitución del COSOC 2025-2027. Al consumar esta renovación express —sin obligación legal de hacerlo en este momento—, deja instalada una estructura presidida por la CUT (Erasmo Correa). La celeridad del proceso (Lunes a Viernes) evidencia una planificación previa desde el Ministerio para capturar la “trinchera social” antes del cambio de mando.

El 17 de diciembre de 2025: Se firma el Protocolo de Acuerdo con la CUT. Se extiende el teletrabajo hasta el 31 de diciembre de 2028 para el Gobierno Central, GORES y Universidades.

En Diciembre 2025: Tras la victoria de la oposición, el oficialismo acelera la implementación para asegurar la continuidad de las políticas actuales. Existe el riesgo inminente de que las resoluciones de teletrabajo se dicten entre el 1 y el 10 de marzo de 2026 por la Superintendente en funciones, blindando jurídicamente a la militancia antes del cambio de mando.

Resumo la Conclusión de la Cronología para que usted pueda tener conciencia del silencioso destino de Casandra: El Círculo del “Juez y Parte”

El plan cierra un círculo perfecto:

–     Sacan a los que saben (2022).

–     Meten a los propios mediante el aumento de dotación visado por la División Jurídica del Ministerio (2023-2024).

–     Desmantelan la fiscalización técnica, permitiendo la opacidad (Caso SUSESO).

–     Instalan a la arquitecto jurídica como Superintendente, quien en su primera semana (Lunes 1 a Viernes 5 de diciembre) ejecuta el amarre del COSOC, como escudo social mediante un acto administrativo discrecional.

–     Posible próximo paso: blindar la salida con teletrabajo y resoluciones apresuradas en marzo de 2026.

El resultado: El gobierno entrante de 2026 recibe un Estado con miles de funcionarios que trabajan desde sus casas sin control, amarrados por resoluciones de última hora diseñadas por expertos en resquicios legales y protegidos por un consejo ciudadano “blindado”, funcionando como una “oposición interna”. Es físicamente imposible que una autoridad técnica asuma un lunes y el viernes ya tenga constituido y sesionando un consejo nacional con aliados políticos (CUT), a menos que el diseño del amarre fuera la prioridad absoluta desde antes de cruzar la puerta del servicio.

Los COSOC, (Consejo de la Sociedad Civil), no son solo un escudo civil de la izquierda, son los Soviets territoriales que inicio Bachelet y que la extrema izquierda intentó instaurar para un copamiento social ideológico sistémico que habría tomado comando y control del mundo civil, vecinal y comunitario.

Se debe observar con mucho detalle sus actividades para este nuevo mandato, porque serán nodos-trincheras de subversión, poderosos en cada comuna y se van a coordinar nacionalmente.

No quiero ser pájaro de mal agüero; pero si Kast no pone de inmediato mano dura, días duros y negros se le avecinan y la profecía en Troya se hará presente.

Es preferible un golpe de timón y enderezar el barco de una, que titubear esperando mejores vientos que no van a soplar.

¡¡Somos 7,2 millones de chilenos que ciframos nuestras esperanzas en UD, excelentísimo Presidente Kast!!

LIBERTAD Y DESARROLLO: ENTRE EL SER Y NO SER

febrero 16, 2026

Desde Múnich, defendiendo occidente y la batalla cultural que viene

El domingo recién pasado un matutino de la capital realizó una entrevista al presidente del consejo asesor del Instituto Libertad y Desarrollo.

De la larga entrevista es necesario destacar el siguiente párrafo que, incluso fue parte del titular de la entrevista y destacado en rojo en el centro de ésta: “Un proyecto sobre la base de una batalla cultural conservadora no tiene ninguna posibilidad de éxito en Chile“ (sic.)

Hace un tiempo atrás, con motivo del once de septiembre, la juventud del Partido Republicano realizó un video celebrando la victoria del Pueblo chileno frente al comunismo.

Acto seguido militantes de la hoy fallecida Evopoli, todos ex ministros de Sebastián Piñera, en carta pública aparecieron criticando a los jóvenes republicanos y diciendo: “representa un lamentable retroceso democrático desde un sector de la derecha” (sic)

Luis Larraín Arroyo, quien fuera ministro en el Gobierno Militar, preguntó en redes sociales: quiero saber si haber apoyado al gobierno del General Pinochet es incompatible con votar por Evopoli, aseverando: “yo lo he hecho en el pasado y pareciera que no podría seguir haciéndolo“ (sic)

En ambas declaraciones públicas se observa una profunda incongruencia conceptual y, peor aún, histórica.

La Revolución Silenciosa que él escribiera junto Joaquín Lavín y cuyo primer ejemplar le entregaran sus hijos al Presidente Pinochet en acto público, habla de los grandes cambios modernizadores de Chile y como silenciosamente fue cambiando la calidad de vida del pueblo Chileno, rompiendo con el concepto de masas impulsado por la izquierda y aburguesando a la clase trabajadora (movilidad social, lo llaman).

Esa fue, sin duda, una batalla cultural, sustentada en la declaración de Principios del Gobierno de Chile y del discurso de Chacarillas y de cuyos elementos se nutre la Comisión Ortuzar que más tarde quedan plasmados en la Constitución de 1980; una de las pocas, sino la única, de origen iusnaturalista en el mundo. La que nos rige.

¿Qué significa este concepto?: el iusnaturalismo es una corriente filosófica y jurídica que sostiene la existencia de derechos inalienables y principios morales universales -el derecho natural-anteriores y superiores a cualquier ley creada por el hombre (derecho positivo). Defiende que el derecho justo debe basarse en la razón humana y la moralidad.

Pues bien, sobre la base de esta Constitución se fue reconstruyendo el país.

También, sobre la base de dicha Constitución el pueblo rechazó dos veces los proyectos refundacionales motivados el primero, por la izquierda extrema y apoyado por el gobierno liberal de Sebastián Piñera, quien para ello claudicó a sus obligaciones y deberes presidenciales, llamando a un acuerdo por La Paz. El segundo intento, apoyado por la derecha, amparada por Libertad y Desarrollo y materializada por la derecha política cobarde, también fue derrotada. ¡Felizmente, fueron derrotados abrumadoramente por el pueblo!

¿Alguien se ha preguntado la razón de fondo de este inmenso rechazo? Nadie, solo se lo tomaron como una repulsa a los individuos electos para orquestar este proceso y al gobierno de Boric, que apoyó con toda su energía refundar el país. Pero no, el pueblo consciente de su identidad no estuvo dispuesto a perder primero la condición iusnaturalista de su legado y a sentir que son  ante todo personas con vida espiritual y material; que se yerguen en la vida sujetos a sus valores, principios, costumbres y tradiciones; que vibran con el sonido de los himnos nacionales; que respetan los símbolos patrios; que se identifican con su tierra; su pasado; que glorifican la familia y la enseñanza familiar; que aman almorzar con sus hijos ya grandes los domingos y que muchos, en familia, los domingos, asisten al templo de su religión.

Todavía quedan grabados los más de un millón de peregrinos que en procesión asistieron a rendir su devoción a la Virgen María en el Santuario de Lo Vásquez el pasado 08 de diciembre y, otro tanto, lo hacían el 16 de julio en las calles de Santiago, rindiendo tributo a la Patrona de Chile y recordando aquella heroica batalla de Maipú que selló nuestra independencia nacional y donde O’Higgins pronunció el famoso Voto de Maipú, implorando a la Virgen la protección de Chile. Desconocer estos hechos presentes e históricos que dieron sentido al rechazo del pueblo a todos los fundamentos consagrados en ambos mamarrachos, inspirados ambos en la agenda 2030 y en sus 17 objetivos de desarrollo sustentables, llevados a la práctica bajo 169 metas, es no conocer el alma del Chile.

Entiendes, Luis Larraín, ¿qué es una batalla cultural? Entiendes, Luis Larraín, ¿por qué Chile no es liberal, sino profundamente conservador?

Pero, créeme que con dolor entiendo tu contradicción. Has dirigido por años un centro de pensamiento Económico-Político cuyo norte ha sido poner la economía por sobre la política y hacer funcional el Estado y sus gobiernos, solamente desde la perspectiva material, olvidando la importancia espiritual del hombre. Ustedes le cambiaron la identidad al ser nacional y hoy solo es reconocido por un código de barras y cuanto es posible que produzca. Ustedes han intervenido la política, haciéndola funcional a los interés empresariales. Ustedes han despreciado la voluntad soberana del Pueblo y se sienten ganadores de una batalla política en que salieron quintos. Es que el pueblo comprendió por fin lo que hace la diferencia entre una página Excel y una página Word. En esta última, está la historia de la vida de cada uno de nosotros; ahí se plasma su identidad iusnaturalista, en cambio, en la de ustedes, en la Excel, solo hay datos fríos e impersonales donde, por cierto, tiene más cabida una concepción liberal que tradicionalmente se basa en el relativismo tan amigo de las corrientes progresistas, que ustedes también han apoyado.

Por eso, Luis, nuestra batalla cultural, es el término de todos los “ismos” y ten lo claro, no es una idea, es un mandato. Más de 7 millones de chilenos votaron por Kast, porque creyeron y tienen la esperanza de que vuelva a reinar la historia, la filosofía, el respeto al hombre y la mujer por igual, se termine el lenguaje inclusivo y se encaminen la ciencia y la tecnología para el bien común. Se respete la autoridad y el orden y, por sobre todo, reine la convivencia familiar, base de la estructura social .

Eso estimado Luis, es Chile: ¡¡profundamente conservador!!

Te sugiero leas y profundices el reciente discurso de Marco Rubio, en Múnich, y aproveches de recomendárselo como lectura obligada a la futura ministra de educación que salió de las entrañas de tu institución, a ver si logran salir del dilema Ser o no Ser.

El caso del Cablegate y la ausente seguridad nacional

Los que fallamos fuimos los chilenos. China y los Estados Unidos no son los culpables o responsables por lo ocurrido el viernes 20 de febrero de 2026 o de los males que afectan a Chile. Fallamos al no tener un sistema de seguridad nacional chileno que nos permita manejar los desafíos y amenazas del siglo XXI.

por Richard Kouyoumdjian25 febrero, 2026

Credit: @EmbajadaEEUUcl

El caso del cable chino que eventualmente uniría Valparaíso con Hong Kong ha generado una polémica política y comunicacional, pero por sobre todo es un ejemplo de los problemas que pasan cuando no se tiene un sistema y arquitectura de seguridad nacional, y peor aún, se navega por el mundo con ausencia de pensamiento estratégico, no entendiendo nada de lo que está ocurriendo en el contexto global y hemisférico, sin tener claro el interés nacional propio y el de los terceros con los cuales interactuamos, y de los riesgos y amenazas que enfrentamos.

Partamos porque Chile, a pesar de tener un Consejo de Seguridad Nacional, no tiene un sistema propiamente tal, no tiene una arquitectura que se haga cargo del tema, no tiene comunicaciones y coordinaciones formales entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Seguridad Pública. Tampoco tiene un sistema de inteligencia robusto y efectivo, algo que la nueva ley busca mejorar, como tampoco tiene un asesor presidencial que se haga cargo del tema seguridad en su concepto más amplio, y que se preocupe de que tengamos una aproximación coherente y lógica, y que nos permita no cometer errores de principiantes y estar a la altura de lo que se espera de un país mediano como Chile, tricontinental, potencia en el Pacífico Sur Oriental, con un “Soft Power” que supera su tamaño físico, su población y PIB.

Si bien es cierto que el caso del cable chino es digno de análisis, hay temas que son mucho más complejos y de los cuales nadie a nivel de gobierno está preocupado. Partamos por la dependencia económica que tenemos de China, tanto en exportaciones como en importaciones. Muchos hablan de abrir nuestra matriz de exportaciones, pero nada efectivo se hace. Hablamos de abrirnos al Asia y la India, pero no lo hacemos con mucha fuerza y convencimiento. Somos una economía abierta al mundo, los reyes de los acuerdos comerciales, pero también los reyes de la inacción y la complacencia, de la falta de visión estratégica.

Sabemos que somos campeones en el cobre, en el litio y en las tierras raras, pero poco o nada hacemos para regular las inversiones en el sector minero. En los tiempos actuales la posesión de materias primas de este tipo da una posición dominante. No estoy hablando de su procesamiento y comercialización, pero el sólo dominio ya da poder. Si fuéramos consecuentes estaríamos buscando entender cuáles son las fuentes de poder que Chile tiene, cómo las regula y cómo las protege.

Un 90% o más de nuestro comercio exterior va por vía marítima, pero sin embargo las inversiones y presupuestos asignados a la Armada de Chile, su capacidad de proyección y de protección de los intereses de Chile son mínimos, sólo de continuidad. Asumimos y mal asumimos que alguien se preocupara de proteger nuestros intereses nacionales más allá de nuestro territorio, mares, y espacios aéreos y espaciales. La ingenuidad con que transitamos por el mundo es muy preocupante.

Llegamos al tal punto de ingenuidad que son las mayores potencias del mundo las que hoy en día opinan y nos indican sobre lo que debemos preocuparnos los chilenos. En buena hora se produjo el problema del cable chino. En buena hora el secretario Rubio quitó las visas a tres funcionarios del actual gobierno. De lo contrario aún estaríamos bajo la modorra de los calores de febrero que duermen a la capital en esta época.

El embajador Brandon Judd nos ha hecho un tremendo favor al recordarnos cuáles son las cosas de las que nos debemos preocupar, entre otras, la protección de datos del Registro Civil, la capacidad real de evitar ataques cibernéticos, de entender los riesgos que enfrentamos cuando optamos por distintas soluciones tecnológicas en el ámbito de las telecomunicaciones y la transmisión de datos. Es muy distinto un cable submarino con supervisión chilena como es el caso del Humboldt, a uno como el que nos propone la empresa China Mobile International, que no tiene control de entrada por parte de Chile de lo que entra y en donde todo es manejado y monitoreado por el proveedor del servicio.

Australia tiene aproximadamente ocho cables que corren desde ese país directo a China, pero tienen una de las organizaciones más fuertes en control de telecomunicaciones y digital del mundo. Estados Unidos no repara en que Australia tenga cables directos con China porque tiene la capacidad de controlar lo que entra. Si ellos tienen una dependencia estructural en tener todos sus cables con China, los que los puede cortar o desconectar cuando quieran, pero por lo menos saben que información tránsito por ellos. Soluciones como la del cable Humboldt, que pasan por su territorio, les permiten mitigar sus dependencias estratégicas de comunicaciones.

El embajador Judd nos indicó que podríamos eventualmente perder el programa “Visa Waiver”, pero no lo dijo en mala, lo dijo porque no les podemos asegurar que la información que nos pasan está protegida y libre de ciberataques. No tiene nada con los chilenos, pero si no les damos seguridades de que sus intereses están protegidos, no les quedará otra que dar término al programa que tantos chilenos valoran. Ellos valoran y reconocen cuáles son sus intereses nacionales y que cosas afectan a su seguridad nacional. Para un mejor entendimiento recomiendo leer su recientemente publicada estrategia de seguridad nacional.

Un análisis de seguridad nacional parte por entender quiénes somos, nuestras capacidades económicas, con quienes comerciamos y las dependencias que tenemos, de nuestra ubicación geográfica, de nuestro abastecimiento energético, de lo que nos interesa y motiva, de quiénes nos quieren y quiénes no, de los objetivos de nuestros vecinos, de las capacidades militares propias y de las de otros, de las capacidades de inteligencia, contrainteligencia y diplomáticas que poseemos, de los desafíos, riesgos y amenazas que enfrentamos, la capacidad de manejo del orden público, de protección de datos, de ciberdefensa, de la protección de infraestructura critica, de prevención y persecución de delitos, y así muchas otras cosas más.

La seguridad nacional es mucho más que la seguridad pública, o la defensa nacional. Implica una arquitectura, un sistema, alguien que la administre, una estructura de gobierno corporativo, políticas y regulaciones. Para más información recomiendo pinchar aquí.

Por de pronto agradezcamos a los Estados Unidos de Norteamérica y China por abrirnos los ojos, y darnos cuentas de nuestras falencias. La sacamos barata. Sólo nos costó tres visas oficiales. El desafío es aprender de lo ocurrido y entender que no podemos andar por este complejo mundo sin la brújula que provee un sistema de seguridad nacional.

Los que fallamos fuimos los chilenos. China y los Estados Unidos no son los culpables o responsables por lo ocurrido el viernes 20 de febrero de 2026 o de los males que afectan a Chile. Fallamos al no tener un sistema de seguridad nacional chileno que nos permita manejar los desafíos y amenazas del siglo XXI.

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Richard Kouyoumdjian

Experto en Defensa y Seguridad Nacional, vicepresidente ejecutivo de AthenaLab y concejal por Las Condes Más de Richard Kouyoumdjian

6 Comments

1. Carlos Souper Quinterosdice:

25 febrero, 2026 en 00:10

Absolutamente de acuerdo con la necesidad y urgencia de contar con un Sistema Nacional de Seguridad, definir su arquitectura y tener un Asesor de Seguridad Nacional. Su ausencia es una grave vulnerabilidad. No obstante, tener un pdte normal y ministros normales, y no sufrir desde su interior la maquiavelica presencia e interferencia del PC, ya descomprime las vulnerabilidades……..

2. Andrés Montero J.dice:

25 febrero, 2026 en 08:01

Excelente columna, la cual comparto. La carencia de una política de seguridad nacional nos debe preocupar, pensando también en lo que sucede en México con los narcos. Nosotros tenemos Temucuicui y varios otros lugares controlados por mafias. La seguridad nacional es un concepto que tuvo relevancia bajo el gobierno militar y que más tarde perdió importancia por el mediocre nivel de nuestros políticos, más ocupados de la memoria histórica que del futuro de Chile.

3. Edmundodice:

25 febrero, 2026 en 11:58

Excelente columna Richard, concuerdo plenamente. Ademas de lo que tú señalas creo que no se puede «servir a dos señores». Chile puede comerciar con que quiera, pero siempre y cuando ese comercio no vaya de la mano con restricciones a nuestra seguridad nacional. Un buen ejemplo, en otro interés marítimo, es lo que está sucediendo con el puerto de Chancay. Como bien dices, la sacamos barata.

4. Daphne Lackington Hunterdice:

25 febrero, 2026 en 14:42

Excelente columna. Muchas gracias

5. Jaime Bustos Gandaradice:

25 febrero, 2026 en 15:19

Excelente columna.

6. Christian Fuenzalidadice:

26 febrero, 2026 en 23:34

Creo qué la columna desvía la atención principal sobre la causa raíz del problema. Con estos argumentos que descargan la responsabilidad en la inexistente Política o Marco regulatorio lo único que se está logrando es liberar a Muñoz y sus secuaces Comunistas de la Alta responsabilidad que se le exige a un ministro de estado y de las obligaciones administrativas y jurídicas que debe enfrentar.
Una decisión de esta envergadura e impacto por simple aplicación del derecho administrativo debe requerir la opinión de Cancillería y Defensa, no se requiere un marco especial y una política Estrategica para velar por los convenientes interese del Estado-Pais. Sólo se requiere un chileno bien nacido y medianamente culto para entender aplicar estás normas y buscar el Bien común nacional antes que intereses partidistas e ideológicos.

EL DESCALABRO ECONÓMICO:

Revisión Domingo 22

La opinión de Vallejos:

https://www.facebook.com/share/r/1Wivbt9Xok/

21 de FEBRERO 2026   Boletín Cren N° 54   www.ongcren.cl boletin@ongcren.c           Síntesis de las publicaciones en el Diario Constitucional de 3 de enero 2026, en que la Corte Suprema Reafirma obligatoriedad de la sentencias de Corte IDH, revisa condenas por crímenes de lesa humanidad, aumento de penas y la de 18 de febrero, «Historia Sin Fin»: de la certeza a la incertidumbre en la administración de la justicia, por Lucy Fariña y Pablo Paniagua, ambos temas referidos al impacto institucional. Desarrollada con apoyo de Chat Gtp     1. Un fallo que altera pilares del sistema judicial chileno La CIDH ordenó revisar o anular sentencias penales firmes dictadas hace años en causas calificadas como delitos de lesa humanidad, al considerar “ilícita” la aplicación de la media prescripción. La Corte Suprema acató este mandato reabriendo catorce causas y ajustando condenas, afirmando que el Estado está obligado a obedecer las sentencias internacionales en virtud del artículo 5° de la Constitución y del artículo 68.1 del Pacto de San José. 2. Tensiones entre legalidad, soberanía y Estado de Derecho La revisión retroactiva de sentencias firme tensiona los principios de cosa juzgada, irretroactividad penal, non bis in idem y seguridad jurídica. Ambos artículos advierten que permitir que un tribunal internacional fuerce la reapertura de procesos concluidos equivale a subordinar la Constitución a criterios supranacionales ambiguos y cambiantes, debilitando la autonomía del sistema jurídico chileno. 3. La imprescriptibilidad no permite reabrir procesos cerrados La imprescriptibilidad habilita investigar hechos sin límite temporal, pero no convierte las sentencias firmes en decisiones revisables a perpetuidad. Reabrir causas cerradas mediante criterios creados posteriormente erosiona la certeza jurídica y genera un modelo de justicia sin cierre real, en el que ninguna sentencia es definitiva. 4. Riesgo para la previsibilidad jurídica y la confianza ciudadana Los artículos enfatizan que este precedente debilita la confianza pública: si cualquier sentencia puede ser revisada años después por estándares no existentes al momento del fallo, se instala un sistema impredecible. Esto abre espacio a decisiones influenciadas por ideología o presiones externas, erosionando la legitimidad del Poder Judicial. 5. Consecuencias institucionales profundas La respuesta de la Corte Suprema implica aceptar un modelo en que futuros casos podrían ser reabiertos bajo nuevos criterios internacionales. El resultado es un sistema judicial inestable, donde la cosa juzgada pierde su valor y la separación de poderes se debilita. Además, la ciudadanía percibe un Poder Judicial errático y contradictorio, lo que agrava la crisis de confianza institucional. 6. Conclusión central Ambos artículos coinciden en que lo ocurrido no es un asunto técnico, sino un punto de quiebre para el Estado de Derecho. La subordinación expansiva de la legalidad penal interna a criterios externos vulnera principios constitucionales esenciales. Esto deja a la Constitución en una posición subordinada y a la ciudadanía expuesta a un sistema penal imprevisible. En síntesis, estos artículos alertan sobre un riesgo mayor: el reemplazo de la legalidad constitucional por interpretaciones internacionales cambiantes, generando arbitrariedad y debilitando las garantías básicas que sostienen el Estado de Derecho. No se discute impunidad; se discute la necesidad de que las sentencias firmes sean verdaderamente definitivas. aclararlo. Para ampliar su difusión compártelo y coméntalo.

La «Historia Sin Fin»: de la certeza a la incertidumbre en la administración de la justicia, por Lucy Fariña Matheus y Pablo Paniagua

Asuntos de Interés PúblicoOpinión

El reciente fallo de la Corte Interamericana en el caso “Vega González y otros vs. Chile” y su posterior acogida por la Corte Suprema reabren el debate sobre los límites de la cosa juzgada, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y el impacto de los estándares internacionales en la certeza jurídica y el cierre procesal.

Imagen: ADN Radio

«La cosa juzgada debe ceder», afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un reciente fallo (Caso Vega González y otros Vs. Chile[1]), declaración suscrita también por la Corte Suprema de Justicia de Chile en un fallo suyo posterior y que podría suponer una estocada crítica a los cimientos y fundamentos del ordenamiento jurídico chileno. Allí donde antes regían la certeza, la previsibilidad y la estabilidad jurídicas, quedan ellas, entonces, relegadas, a propósito de la orden de la Corte Interamericana al Estado chileno de «revisar y/o anular» las reducciones a las penas —ya establecidas— de determinados condenados por crímenes de lesa humanidad, cometidos en el período entre 1973 a 1990.

El referido fallo del tribunal internacional sostiene, entre otras acusaciones, que, en los procesos penales tramitados en Chile por los crímenes en cuestión, fue aplicada inconvencionalmente[2] la «media prescripción»[3], en tanto que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles[4]. Es a propósito de ello que afirma la ilicitud internacional de las sentencias dictadas[5] y exige su nulidad. Así las cosas, mandó al Estado de Chile la revisión y/o anulación de las reducciones de las penas que hubieren derivado de la aplicación de la medida antes enunciada, en los casos examinados en tal sentencia[6].

Con todo, la Segunda Sala de la Corte Suprema nacional falló (Rol N.°24.317-2025) en consonancia con el razonamiento de la Corte IDH[7], y ordenó dar cumplimiento a su sentencia, efectivamente revisando las causas que aquella señaló, e, incluso, aumentando algunas de sus penas. Asimismo, enunció en su sentencia que las defensas alegan la inamovilidad de lo fallado en su momento, en virtud del efecto de «cosa juzgada nacional»[8] obtenido de la sustanciación del proceso conforme a la normativa procesal vigente, por lo cual ella no puede acusarse de fraudulenta, siendo esto último el excepcionalísimo escenario bajo el cual podría revisarse y rectificarse una sentencia firme. Posteriormente, se remitió a la determinación que hace el tribunal interamericano del alcance del efecto de cosa juzgada nacional, según la cual un fallo judicial firme gozará de tal efecto siempre que, en su tramitación, se hayan respetado las garantías fundamentales básicas[9].

Se advierte en los criterios enunciados por las Cortes en sus respectivos fallos, en lo relativo a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, una atribución de implicaciones y efectos que le son impropios; ella no comporta la improcedencia del efecto de cosa juzgada ni supone una habilitación para reabrir procesos fenecidos y firmes que se hubieren sustanciado satisfactoriamente conforme a la ley vigente respectiva. La imprescriptibilidad del delito asegura la persecución penal sin límite temporal, mas no autoriza la disolución del cierre procesal ni la conversión de la sentencia firme en una provisional.

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En el mismo sentido, y como se ha venido señalando, lo anterior sugiere un régimen de imprevisibilidad e inseguridad jurídicas, pues, de lo estatuido tanto por la Corte Interamericana como por la Corte Suprema sobre la cosa juzgada nacional, se puede colegir que la calidad de firme de las sentencias —como también dicho efecto— será irrelevante, en tanto que se estime que no se cumplió con los estándares del debido proceso —aunque, en su momento, sí hubieren sido cumplidos—. Así, jamás será posible dar un correspondiente cierre procesal; todo fallo judicial será entonces susceptible de futura revisión y anulación, sin importar más que los «estándares» del debido proceso vigentes al momento de tal revisión[10].

A la luz de lo anterior, cabe destacar que el problema manifiesto no es, en lo principal, meramente técnico-jurídico ni tampoco exclusivamente de soberanía nacional, sino mucho más profundo y complejo en su alcance, particularmente por las instituciones y principios jurídicos que desmantela, y sus inquietantes potenciales consecuencias. Lo concluido por ambos tribunales es especialmente preocupante, pues atenta contra principios jurídicos esenciales, como el «nullum crimen nulla poena sine lege praevia» (no hay delito ni pena sin ley previa) y el «non bis in idem» (no [se juzga] dos veces por lo mismo) —principios indispensables, por lo demás, para la garantía del debido proceso que tanto se defiende—, en tanto que posibilita la redefinición de la condena previa bajo nuevos criterios.

Este preciso caso —regido casi exclusivamente por la primacía de los derechos humanos, a los ojos de ambas Cortes— podría dar pie a una suerte de yugo de principios y nociones supraconstitucionales —los que, generalmente, terminan siendo vacuos, ambiguos e indefinidos— el que operará, inevitablemente, de forma improvisada y arbitraria, y carecerá de apego a reglas prestablecidas; provocando falta de previsibilidad jurídica y la consecuente incertidumbre para los individuos. Tales posibles consecuencias deberían generar alarma, pues disminuyen la confianza ciudadana en el sistema judicial, lo que desincentiva el cumplimiento voluntario de las normas y la cooperación con las instituciones — entre otros numerosos problemas derivados—; más aún, representan un riesgo directo para la libertad individual frente al poder del Estado y el poder judicial —y, también, frente al poder de los organismos «supranacionales», en tanto que se le estaría confiriendo un poder de límites difusos en el ámbito judicial, abriendo así paso a decisiones potencialmente arbitrarias, fundadas en conceptos vagos, ambiguos y cambiantes, sobre materias especialmente delicadas como lo son la justicia y la libertad[11].

Lucy Fariña Matheus es Pasante Investigación Fundación para el Progreso (FPP).

Pablo Paniagua es Investigador Senior FPP y Académico Faro UDD.

Bibliografía consultada y citada:

• Alessandri Rodríguez, A., & Somarriva Undurraga, M. (1962). Curso de derecho civil: Basado en las explicaciones de los profesores de la Universidad de Chile(Tomo I). Editorial Nascimento.
• Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2024, 12 de marzo). Caso Vega González y otros vs. Chile(Sentencia). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_519_esp.pdf
• Corte Suprema de Chile. (2025, 31 de diciembre). Sentencia Rol N.º 24.317-2025(Segunda Sala). Santiago, Chile. https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/139021
• Fuller, L. L. (1969). The morality of law(Rev. ed., p. 162). Yale University Press.

[1] Ver en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_519_esp.pdf

[2] Suele emplearse para referirse a la contradicción o incompatibilidad de una norma o acto jurídico interno con los tratados internacionales de derechos humanos, implicando que jueces y autoridades deben preferir la norma internacional (control de convencionalidad).

[3] Contemplada en el art. 103 del Código Penal chileno, consiste en una figura que permite reducir a la mitad la pena aplicable a un delito cuando, sin haberse cumplido el plazo de prescripción de la acción penal, han transcurrido largos periodos sin que la persecución penal avance, buscando atenuar castigos excesivos para hechos muy antiguos.

[4] Ello implica que el transcurso del tiempo no extingue la acción penal ni la pena, de modo que el Estado conserva indefinidamente su potestad de investigar, juzgar y sancionar esos hechos (Ley N.º 20.357, 2009, art. 40).

[5] Pérez Manrique, 2024, Voto razonado concurrente, Título IV: “El impacto en la cosa juzgada”, párr. 35.

[6] Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2024, párr. 291.

[7] Ver en: https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/139021

[8] Según Arturo Alessandri Rodríguez, la cosa juzgada (nacional) es: «la calidad que adquiere la sentencia firme de ser inmutable y obligatoria, impidiendo que el mismo asunto vuelva a ser sometido al conocimiento de los tribunales». (Derecho Procesal, Tomo I).

[9] Corte Suprema de Chile, 2025, considerando sexto.

[10] Los estándares, sea que estén consagrados expresamente por cuerpos jurídicos o que se funden en principios generales del derecho no escritos, suelen experimentar cambios adaptativos en el transcurso del tiempo, lo que potencia la imprevisibilidad e inseguridad jurídicas.

[11] Resulta atinado citar a Lon L. Fuller: «Juzgar sus actos [del individuo] por leyes no publicadas o retroactivas, o mandarle realizar un acto imposible, equivale a transmitirle tu indiferencia respecto de su capacidad de autodeterminación». — The Morality of Law (1969).

¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas de Chile?

Los recursos asignados para las FF.AA. son pocos, no permiten un adecuado entrenamiento y preparación para poder asegurar lo principal, como tampoco las labores supuestamente excepcionales que se requieren de ellas.

por Richard Kouyoumdjian18 febrero, 2026

Se anticipan fuertes discusiones presupuestarias producto de la estrecha situación fiscal, razón por la cual en semanas recientes he dedicado un par de columnas a la preocupante situación financiera de la Defensa Nacional, incluyendo la responsabilidad presidencial en esta fundamental e indelegable materia de estado.

En esta oportunidad la idea es entender para qué sirven las Fuerzas Armadas de Chile, qué hacen, qué les podemos exigir, con qué recursos hacen sus tareas, y por qué las debemos cuidar y proteger de aquellos que no ven un valor en ellas, la más de las veces, por desconocimiento o tener otros intereses políticos.

Es importante que las nuevas autoridades que asumen recuerden que el artículo 101 de la Constitución de la República indica que las Fuerzas Armadas son dependientes del ministerio encargado de la Defensa Nacional, y están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.

La Constitución chilena no entra en detallar qué es la patria o qué se entiende por esenciales para la seguridad nacional, o qué es la seguridad nacional como concepto. Tampoco lo hace la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, pero este último cuerpo legal sí agrega en las disposiciones generales dos aspectos de sumo interés:

Indica que existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República, y que, para la consecución de los fines anteriores, que son permanentes, y no circunstanciales, descansa en un adecuado nivel de alistamiento del personal y del material, y en el cumplimiento del juramento de servicio a la patria y defensa de sus valores fundamentales.

La ley orgánica del Ministerio de Defensa Nacional no agrega nada nuevo en lo que a propósitos se refiere, reafirmando y confirmando lo indicado en la Constitución y la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas. Con todo lo antes mencionado, podemos abordar las preguntas realizadas al comienzo.

Pregunta 1: ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas? En corto, para la defensa de la patria, que no es otra cosa que el territorio y de quienes lo habitan, de sus mares por los que transita, su comercio y las riquezas que contiene, del espacio aéreo que usamos para transportar personas y bienes, y el espacial desde donde vigilamos y protegemos lo que ocurre en Chile, como también donde sea que estén ubicados los intereses nacionales, algo muy ligado al comercio exterior y supervivencia económica de los chilenos, algo que claramente puede estar muy alejado, pero crítico, muy crítico para nuestra realidad de país abierto al mundo, exportador e importador.

Lo de esenciales es evidente, son la parte principal de la defensa y, por ende, de la seguridad nacional, pero es normal que este concepto sea mal utilizado por el mundo político cuando interpretan el concepto de la seguridad nacional a su antojo, lo que ha llevado a que usen las Fuerzas Armadas como un antibiótico de amplio espectro que puede curar todos los males.

Pregunta 2: ¿Qué hacen? Se entrenan para ser letales y efectivas en la guerra. Si logran ser eficientes en lo anterior, podrán disuadir a potenciales enemigos de no atacar a Chile o buscar dañar sus intereses.

En Chile y en otras partes del mundo, producto de que no siempre se está en guerra o en riesgo, se busca usar sus capacidades polivalentes, las que vienen dadas por sus capacidades logísticas, organizacionales y operativas en labores no bélicas como son las emergencias climáticas, terremotos y tsunamis, atención de zonas extremas, y de apoyo a la política exterior del Estado. El tema es que estas labores importantes, pero no críticas confunden y distraen de lo principal, por lo que siempre se debe estar atento a que no se transformen en primarias junto con las supuestamente extraordinarias contribuciones que hacen a la seguridad pública bajo el régimen de los estados excepcionales constitucionales o los resguardos de infraestructura crítica, incluyendo fronteras que el mundo político les exige adicionalmente.

Pregunta 3: ¿Qué les podemos exigir? Básicamente les podemos y debemos exigir que estén en condiciones de cumplir con su mandato constitucional y lo que está en su ley orgánica constitucional. Su uso permanente en labores de seguridad pública, de fronteras o de anti-insurgencia, si bien es cierto que pueden ser consideradas como esenciales desde la perspectiva de seguridad nacional, no son algo para lo que están diseñadas, que no es otra cosa que lo principal, la defensa de Chile, su territorio y soberanía.

Pregunta 4: ¿Con qué recursos hacen sus tareas? Con los presupuestos que el Estado les asigna, tanto para su operación como inversiones en capacidades estratégicas, incluyendo chilenas y chilenos que se desempeñan en las tres instituciones, en el Estado Mayor Conjunto y en el mismo ministerio de Defensa Nacional.

El problema actual es que los recursos asignados son pocos, no permiten un adecuado entrenamiento y preparación para poder asegurar lo principal, como tampoco las labores supuestamente excepcionales que se requieren de ellas. Los fondos son pocos y soldados casi no existen. Como se indicó en columnas anteriores este es el problema principal, uno que no se atendió en los cuatro años anteriores y que sería negligente no atender en los cuatro años del gobierno del Presidente Kast y su ministro Barros.

Pregunta 5: ¿Por qué las debemos cuidar y proteger de aquellos que no ven un valor en ellas? Me remito a lo que indica la Constitución, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Si ello no es razón suficiente, mejor cerramos el local y nos vamos para la casa.

Espero haber dejado para qué sirven las Fuerzas Armadas de Chile, unas que nos han dado cientos de años de paz, tranquilidad y prosperidad, y que un mundo revuelto, incierto y complejo, son algo que más vale cuidar y desarrollar, que descuidar. No queremos que a las Fuerzas Armadas de Chile les pase lo que les pasó a las de Argentina bajo los gobiernos de los Kirchner, o de Alberto Fernández.

Obviamente siempre será políticamente más correcto el gasto social que el gasto en defensa, algo que privilegian los políticos que buscan votos, algo que privilegian hasta que las amenazas ya son demasiado evidentes y no hay tiempo para construir o desarrollar capacidades estratégicas.

Para cerrar los dejo con tres cosas en qué pensar. Las Fuerzas Armadas de este país, Chile, son de las pocas sino las únicas que piensan estratégicamente, mirando el mediano y largo plazo. Su negocio de proteger y cuidar a Chile las obliga a focalizarse en lo importante y no en la contingencia política. No están preocupadas del corto plazo, están preocupadas por Chile, su patria, por la que juran dar su vida de ser necesario.

Las integran chilenos y chilenas de norte a sur, de la costa a la cordillera, de todos los orígenes sociales, económicos, culturales, y raciales. Son el único instrumento de cohesión nacional que existe, algo en que nada se les compara, ya que atraen a todos los hijos de la patria para su defensa y existencia.

Han sido claves en el desarrollo e innovación tecnológica, algo que viene de su necesidad de estar preparadas para la guerra y de la defensa de Chile. La Marina de Guerra, la Aviación militar y el Ejército han sido instituciones precursoras en traer y desarrollar nuevas tecnologías, en volverlas de uso civil y cotidiano.

Entre otras, a su amparo se desarrollaron Famae, Asmar y Enaer, empresas que trabajan en conjunto con la industria nacional, e impulsan la innovación tecnológica y la existencia de start-ups.

Sus escuelas siempre han estado en la vanguardia tecnológica y debemos cuidar en que eso se mantenga. Los ingenieros y técnicos que en ellas estudian son altamente valorados y de calidad militar mundial. Juegan en la primera división de los profesionales de la defensa, bajos estándares OTAN.

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Richard Kouyoumdjian

Experto en Defensa y Seguridad Nacional, vicepresidente ejecutivo de AthenaLab y concejal por Las Condes Más de Richard Kouyoumdjian

4 Comments

1. Adolfo Paúl Latorre dice:

17 febrero, 2026 en 22:18

En las FF.AA. “se enseña a matar”

Con frecuencia, a quienes hemos hecho exposiciones relacionadas con la Defensa Nacional ante auditorios conformados por civiles, se nos formula la siguiente pregunta: ¿Por qué las cuantiosas sumas que se emplean en los gastos de defensa no se utilizan para tener mejores hospitales, más escuelas y más viviendas? La respuesta que hemos dado a esta inquietud es que el Estado debe contribuir a cubrir las necesidades sanitarias y culturales, así como a facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, especialmente a aquellos sectores más modestos de la población. Ello es obligación primordial de todos los gobiernos; pero en igual medida lo son la defensa, la policía y la justicia, es decir, atender a la seguridad de los gobernados. No son obligaciones excluyentes, sino complementarias. Lo que sí debe hacerse es mantener los gastos de la Defensa Nacional dentro de unos límites prudentes.
En otras oportunidades nos hemos encontrado con personas que afirman que en las Fuerzas Armadas se enseña a matar. A ellas les hemos respondido que en las Fuerzas Armadas se enseña a defender a la patria, lo que es diferente.
Nadie quiere la guerra, pero la historia de la humanidad nos dice que por desgracia ninguna nación está libre de verse envuelta en ella. La guerra es siempre posible. Las Fuerzas Armadas tienen conciencia de la posibilidad de una guerra en cualquier momento, lo que no quiere decir que la deseen. A su cargo está la defensa militar de la nación, y para hallarse a punto —física, técnica y moralmente— deben instruirse y educarse de día y de noche, durante todas las estaciones del año. Los ejercicios que realicen deben acercarse, dentro de lo posible, a las realidades que pueden tener que afrontar.
Lamentablemente la guerra es, por definición, un acto violento para imponer nuestra voluntad al enemigo. En el plano humano de la guerra luchan dos principios, el de la necesidad de la violencia para dañar al enemigo y el de los límites de esta violencia, para evitar daños inútiles.
Los gobernantes de un Estado deben saber, por experiencia propia o ajena, que los demás estados pueden hacer uso de la fuerza en cualquier momento. Si los jefes de Estado, con una actitud pacifista, no adoptan las disposiciones oportunas para garantizar la existencia de la nación —y la seguridad de su pueblo y la dignidad y libertad de sus gobernados— y no están preparados para repeler por la fuerza cualquier agresión de la que puedan ser objeto, corren un riesgo suicida y se condenan a pagar el alto precio de su imprevisión y debilidad.
La finalidad de los institutos armados no es hacer la guerra, como afirman esas mismas personas. La finalidad de los ejércitos es preparar a los hombres que los constituyen para defender con las armas, si llegara el caso, la independencia de la patria, su integridad territorial, la seguridad nacional y el orden institucional.
En las Fuerzas Armadas no se enseña a matar, por más que su razón de ser sea formar hombres aptos para el combate. La existencia de ellas significa que la nación tiene voluntad de conservar una identidad forjada en siglos de existencia. Los cuerpos armados constituyen el medio coactivo del Estado al servicio de la comunidad nacional frente a la amenaza exterior, y, en su caso, frente a la subversión interior.
Además su espíritu, su organización, sus complejos medios y la preparación de sus componentes, le permiten cooperar eficazmente con otros organismos en casos de emergencia o de catástrofe, o cuando circunstancias extraordinarias lo requieran.
Las Fuerzas Armadas contribuyen eficazmente al desarrollo nacional. Las instituciones armadas ejecutan muchas actividades en ámbitos tales como los científicos, técnicos, industriales, culturales y de apoyo a la comunidad. Sin embargo, su mayor contribución al desarrollo es la de permitir un clima de orden, paz y seguridad, en que las diversas actividades nacionales puedan ser realizadas con normalidad y tranquilidad.

Equipados “para ser asesinos”

El general Reinwald, de la Infantería de Marina de EE.UU., fue entrevistado en un programa de radio por una periodista muy «políticamente correcta».
El motivo de la entrevista era una iniciativa de Reinwald para facilitarle a un grupo de boy scouts la visita a las instalaciones militares a su cargo.
Dentro de ese contexto se produjo el siguiente diálogo:
—Periodista: Bien general Reinwald. ¿Qué cosas les enseñará a estos jóvenes muchachos cuando visiten su base?
—Reinwald: Bueno, les enseñaremos algo de escalada, canotaje, arquería y tiro al blanco
—Periodista: ¿Tiro al blanco? Eso es un poco irresponsable ¿no le parece?
—Reinwald: No veo por qué. Los chicos estarán apropiadamente supervisados en el polígono de tiro por verdaderos instructores profesionales y con todas las garantías.
—Periodista: Pero ¿no admite usted que es terriblemente peligroso enseñarle a tirar a los chicos?
—Reinwald: Sigo sin ver por qué. Antes de que alguien toque siquiera un rifle en mi Base, a cualquier persona primero le enseñamos todo lo que hay que saber acerca de la seguridad en el manejo de armas de fuego. Los niños no correrán ningún peligro.
—Periodista: ¡Pero usted los estará equipando para ser asesinos!
—Reinwald: Mire. Por lo que puedo ver, usted está perfectamente equipada para ser prostituta. Pero no lo es. ¿No es cierto?
La radio quedó en silencio por varios, largos segundos, y la entrevista quedó interrumpida.

Adolfo Paúl Latorre
Capitán de Navío
Oficial de Estado Mayor
Magíster en ciencia política

2. Adolfo Paúl Latorredice:

17 febrero, 2026 en 23:03

Ecuación de la seguridad.
Si bien las Fuerzas Armadas contribuyen eficazmente al desarrollo nacional con algunas actividades concretas y específicas en ámbitos tales como los científicos, técnicos, industriales, culturales y de apoyo a la comunidad; debemos destacar el hecho de que su mayor contribución al desarrollo es la de permitir un clima de orden, paz y seguridad, en el que las diversas actividades nacionales puedan ser realizadas con normalidad y tranquilidad.
En las academias militares se enseña la denominada Ecuación de la Seguridad, cuya formulación es: DESARROLLO + DEFENSA = SEGURIDAD; con lo que se quiere señalar que, para una adecuada seguridad, debe haber un equilibrio entre ambos factores; si se privilegia uno de ellos en desmedro del otro, la seguridad se verá afectada.
Es posible que sea efectivo lo que tan gráficamente señalan diversas personas, en el sentido de que el gasto en dos fragatas podría haberse usado “para solucionar el déficit de alcantarillado de todo el país” y que el gasto en cuatro misiles Exocet pudo haber sido destinado a “construir cuatro liceos completos”; pero lo que sí es efectivo, con certeza absoluta, es que ni las fragatas ni los Exocet habrían estado disponibles para disuadir a Argentina de una agresión armada en 1978
Adolfo Paúl Latorre

3. Sergio Robinson Prietodice:

18 febrero, 2026 en 08:07

A menudo circunscribimos el actuar e influencia de las Fuerzas Armadas solo a lo que sucede en el territorio y espacios aéreos, aeroespaciales y marítimos que rodean al país del que son parte, omitiendo que también a través de su existencia e involucramiento internacional, contribuyen a un mundo más seguro y lo hacen o debieran hacer en proporción a lo que toman o usan de los espacios comunes más allá de sus fronteras. Si los chilenos queremos comerciar con todo el mundo, influir y hacernos respetables globalmente, es indispensable que nuestras Fuerzas Armadas estén capacitadas y se les entregue los recursos que requieren para ello.

4. Christian Slater Escanilladice:

18 febrero, 2026 en 11:12

Me una a esta carta y sus apoyos con mi comentario en The Times en Español.
https://thetimes.cl/contenido/10033/chile-urgente-fortalecimiento-de-instituciones

FOTO: Firma del contrato de asociación para cable Humboldt, Luz Granier de Desarrollo País y Cristián Ramos de Google / AFP.

21 de Febrero de 2026  John Griffiths & Richard Kouyoumdjian

En el actual escenario global, en que nos encontramos con un orden internacional en transición que ha modificado —en la práctica— al menos las principales normas de cooperación y relacionamiento internacionales, que nos rigieron durante décadas, la pregunta es ¿Cuál es la mejor opción o estrategia para países de tamaño medio como Chile para lidiar en este entorno y en estas circunstancias? Es evidente que lo anterior esta desencadenado durante las últimas horas por la decisión estadounidense de sancionar a tres funcionarios del gobierno chileno —con la cancelación de sus visas— por su relación con la autorización de un proyecto de cable submarino que uniría el puerto de Valparaíso (Chile) con Hong Kong (China).

Al respecto algunas consideraciones desde la perspectiva de la Estrategia y Geopolítica:

1.- Hoy en materia de comunicaciones “los cables submarinos constituyen un activo estratégico” y su relevancia como instrumentos de poder entre las grandes potencias va en aumento. Son las nuevas carreteras de información global por donde fluye información crucial y vital para el interés nacional de ellas. En otras palabras, esta infraestructura se suma a las capacidades que definen los instrumentos de poder tradicionales como el ámbito económico, militar, tecnológico, cultural etc. Podríamos agregar que los cables submarinos constituyen una columna vertebral de la economía digital, considerando que más del 95% del tráfico mundial de datos se transmite por esta vía. De allí que podríamos mencionar que quien controle esta infraestructura vital, ejercerá mayor poder en el control de la información, finanzas y comercio digital, entre muchos otros factores de interés. Por lo anterior es que los cables submarinos se han convertido en un activo estratégico vital,para las grandes potencias en dicho contexto. Es una nueva forma de poder, más allá de los elementos tradicionales que lo componen.

2.- Los cables submarinos —a la fecha— son difíciles de proteger completamente y en consecuencia como lo demuestra el sabotaje del gaseoducto Nord Stream, las infraestructuras submarinas críticas son posibles de afectar, y con ello vulnerar las comunicaciones militares, financieras y de todo tipo, impactando los mercados financieros en segundos, con todas las implicaciones que ello conlleva, solo por mencionar un solo ámbito. En otras palabras, los cables submarinos son parte de lo que denominamos infraestructura critica, y en consecuencia se han convertido en un activo de vigilancia e inteligencia, constituyendo un elemento clave de confrontación y competencia estrategia entre las grandes potencias.

3.- En el ámbito estratégico militar, derivado del impacto de las tecnologías, las dimensiones del conflicto, que definen el carácter del mismo se han ampliado en nuevas dimensiones más allá de las tradicionales de ámbito terrestre, marítimo y aéreo para incorporar lo espacial y lo propio del ciberespacio. Sin embargo, cada vez son más los autores que incorporan la dimensión submarina como una nueva dimensión, en la que los cables submarinos y su relevancia estratégica son parte de ella, como lo demuestra la relevancia creciente de esta infraestructura en particular.

4.- ¿Cuál es la relevancia de los cables submarinos conjugado con el posicionamiento geopolítico de Chile? Por su ubicación geográfica y su larga costa que se proyecta no tan solo hacia la polinesia, sino que, al Asia Pacífico, Chile podría convertirse en el hub digital de la región y puerta de entrada hacia el Asía Pacífico. Hoy Chile posee el cable submarino Humboldt que unirá nuestro país con la Polinesia y Australia. Si tenemos clara esta realidad geopolítica, la pregunta que lógicamente se desencadena, es ¿de qué manera Chile va a conjugar este potencial, defendiendo su interés nacional, en el contexto de una competencia y confrontación geopolítica en desarrollo entre China y los EE.UU. de A? Para ello se requiere un proceso gubernamental de reflexión estratégica, que pueda primero identificar, para luego alinear nuestro interés nacional, con las acciones que deberemos tomar en el corto plazo. El escenario más negativo sería, no hacerlo y dejar que la decisión anterior no sea una política de estado y dejarla al albedrio de cada gobierno de turno, o bien de instituciones subordinadas al Estado de Chile. Por cierto, que este tipo de decisiones es una que afecta claramente la seguridad nacional de Chile, que a la fecha no cuenta con una arquitectura de seguridad nacional, instrumento en donde por excelencia este tipo de decisiones debe ser analizada, para adoptar las mejores decisiones posibles y no correr el riesgo que distintos ministerios adopten decisiones sectoriales, que terminen dañando precisamente nuestro interés nacional, como ocurrió en el norte de Chile con el proyecto de observatorio astronómico  en el Cerro Ventarrones, Región de Antofagasta. Chile se encuentra en una localización geográfica particular, que hoy la define como de gran importancia geopolítica.

5.- Nadie pone en duda la capacidad soberana de Chile para tomar sus propias decisiones.Ello no está en juego lógicamente, pero lo que sí es parte de su responsabilidad, que recae en los respectivos gobiernos de turno, es adoptar las medidas necesarias para que dichas resoluciones no afecten el interés nacional, que termine perjudicando a nuestro país.  Ello se puede evitar si decisiones que afectan dicho interés son tratadas, estudiadas y resueltas en un proceso que integre y coordine a las principales instituciones involucradas en el tema. Eso es lo que en esencia realiza una arquitectura de seguridad nacional, como la propuesta por AthenaLab, en enero de 2026, con el correspondiente sistema de inteligencia nacional. Ello por si no impedirá errores, pero minimiza sustantivamente la posibilidad de cometerlos, por falta de coordinación.

6.- Pensar que el cable submarino que este gobierno piensa desarrollar con China, es nuestro único problema a resolver constituiría una falta de visión estratégica. En el actual contexto de competencia estratégica global, este tema, junto al del ámbito de la ciberseguridad, la dimensión espacial, los minerales críticos, tierras raras, entre otros, son todos factores estratégicos de alta relevancia y criticidad para las grandes potencias, como también lo son nuestras dependencias económicas y el hecho de que poseemos una alta dependencia del cobre, que en el contexto actual, pasa a ser un bien estratégico a considerar que en nuestra realidad geopolítica posee consecuencias económicas relevantes. Abordar nuestra arquitectura y estrategia de seguridad nacional, es una prioridad de la mayor relevancia, sobre todo para el gobierno que deberá asumir a partir de marzo de 2026. Nuestro país enfrenta un tremendo desafío geopolítico, en el actual escenario global, pero también tiene una extraordinaria oportunidad de abordarlo hoy en la forma más inteligente y adecuada en conformidad a nuestro interés nacional.

7.- Finalmente, es altamente recomendable hoy materializar la lectura y comprensión de las principales estrategias de seguridad nacional de las grandes potencias, como es el caso de China (2025) y la respectiva de los EEUU de A., publicada a fines del año 2025, y sus estrategias derivadas de política exterior, de defensa y militar, con la finalidad de identificar sus intereses, prioridades, visión del escenario internacional, principales puntos de convergencia y fundamentalmente de divergencia, para en su conjunto visualizar de qué manera podrían traducirse en riesgos, amenazas o bien, oportunidades para nuestro interés nacional.

La «casta» unida, jamás será vencida

Por Rodrigo Cooper Cortés. Señor Director: Cuando parecía que al fin se vislumbraba justicia en el oscuro túnel de la corrupción, con responsables pagando por desvalijar las arcas públicas…

20 febrero, 2026

Señor Director:

Cuando parecía que al fin se vislumbraba justicia en el oscuro túnel de la corrupción, con responsables pagando por desvalijar las arcas públicas, volvemos a toparnos con una operación transversal de encubrimiento y protección. Tal como ocurrió en el pasado, la “casta” se activa sin pudor para bloquear cualquier verdad que amenace su estructura. Ahora, en el caso de la Fundación Procultura —donde las evidencias apuntan directamente al círculo cercano del Presidente Boric—, se observa la misma maquinaria de contención: cambio de un fiscal cero, proactivo e imparcial, lentitud inexplicable en las investigaciones, nulidades de diligencias clave y un esfuerzo evidente por evitar que el caso explote.

No se necesita ser muy astuto para ver que ciertos sectores dejan el poder con los bolsillos llenos, dejando “topos” instalados en la administración pública para cubrir rastros y esperar tiempos mejores, tal como preconizaba Íñigo Errejón. Mientras tanto, los fiscales honestos quedan silenciados para no provocar un estallido en el corazón del poder.

Emulando a Carlos Pezoa, tras la paletada, nadie dirá nada. Quedaremos con otra humillación: los que cumplimos la ley día a día solo servimos de marco para la vida impune de políticos, jueces, fiscales, empresarios y comunicadores que flotan como espuma, siempre sobre la ola, sin salpicarse por la ética.

Hablamos mucho del crimen organizado, pero olvidamos que enfrentamos una gran organización ilícita dedicada a perpetuar el poder por el poder. Cada vez que la desfachatez de unos pocos la expone, la operación de contención triunfa.

Tendremos que conformarnos con críticas de salón, mientras los sinvergüenzas regresan renovados tras un prudente silencio. Porque si todo saliera a la luz, Chile no explotaría en las calles, sino en las entrañas del Estado, y eso no conviene a quienes manejan los hilos desde sus refugios lejanos. Es hora de exigir que la justicia avance sin tutelas. La impunidad no puede ser el precio de la estabilidad.

Rodrigo Cooper Cortés

1 Comment

1. Carlos Souper Quinterosdice:

19 febrero, 2026 en 23:15

Así es, muy de acuerdo. Creo que la primera gran reforma debiera ser al poder judicial, con minúscula, por lo chato y turbio. Se requiere renovar a TODOS los ministros Suprema y cortes de apelaciones, está todo podrido. Habrá en la historia judicial chilena otro fallo por 24 a cero???? Ahora, si el fallo fuera ajustado a derecho, qué dice y hace el Fiscal Nacional???? Sus brillantes fiscales no fueron capaces de convencer a UN JUEZ DE 24?????? Tan detestable y pobre o coludidamente mala fue su presentacion????????

*Reflexiones de una Burla Tardía*

Por Crsitián Labbé Galilea

Hay gestos que son inocentes, otros son culposos y maliciosos. Hay viajes que no son viajes, sino ausencias disfrazadas. Sabrá el Presidente, a pesar de sus limitaciones, que gobernar es estar siempre, y no aparecer como fantasma al final de su mandato.

Visitar la Isla de Pascua cuando el reloj del poder ya se ha quedado sin arena no es un acto honesto, es una hipocresía. Es el intento desesperado por dejar una huella en las tierras de Hotu Matu’a, el legendario primer Ariki Mau (rey), cuando se ha sido cuatro años Presidente y nunca pisó “Te Pito o te Henua” pero… “Topa iho koe i Rapanui” (¿A esta hora llegas a RapaNui) … ¡Eso es una burla!.

La isla, con su historia, sus ancestros y sus moáis, no es un decorado comunicacional ni menos un escenario turístico para redenciones de último minuto. Es un territorio que encarna la soledad, la resistencia y la dignidad. Sus Moais no miran hacia el mar buscando aprobación externa; miran hacia “Henua” (la tierra), hacia sus “Tangata” (sus hombres), como recordatorio permanente de que el deber del líder es proteger su cultura.

Por eso, cuando un gobernante llega a visitar la isla al final de su mandato, sin obras que lo sostengan, sin legado que lo respalde, su presencia no es un acto de autoridad, es un gesto de provocación. Es el eco de una deuda insoluta.

Durante cuatro años, Rapanui esperó conducción, carácter y claridad. Esperó decisiones firmes, esperó coraje, esperó grandeza, esperó reconocimiento, mientras la mediocridad amenazaba con convertirse en norma.

Pero el tiempo, implacable como el océano que rodea la isla, no concede indulgencias. No se puede pedir el reconocimiento de gobernante en el último minuto. No se puede construir al final lo que no se tuvo la voluntad de levantar desde el principio.

Para esta pluma, amante de la Isla, hay algo profundamente simbólico en este viaje tardío. Es la imagen de un poder que llega cuando ya no tiene poder. De una autoridad que aparece cuando ya no tiene autoridad. De una presencia que intenta compensar una larga ausencia.

Los moáis, testigos silenciosos de siglos, parecen observar con la serenidad de quienes han visto pasar innumerables hombres que han hecho mucho por la isla, y de otros que, convencidos de su efímera importancia, sólo la visitan sin dejar más rastro que el polvo de sus pasos.

Visitar la isla en los últimos días no es un acto de gobierno. Es una metáfora involuntaria. Es la representación de un mandato que llega tarde a todo: tarde al orden, tarde a la firmeza, tarde a la responsabilidad, y en definitiva, tarde a sí mismo.

Finalmente, quienes creemos y respetamos al pueblo Rapanui, sabemos que la isla permanecerá siempre altiva y serena porque, al final, no es el gobernante quien honra su territorio, es el territorio el que revela la verdadera dimensión del gobernante y sabe reconocer cuándo una visita… es una burla tardía.

Cuando la legalidad no basta – Defensa nacional y estándar profesional – LA TRINCHERA:

https://latrinchera.cl/cuando-la-legalidad-no-basta-defensa-nacional-y-estandar-profesional/

Legado:

https://www.instagram.com/reel/DTI9OZwiT0Q/

Comentarios importantes:

https://www.instagram.com/reel/DU6vTE8kZ4g/?igsh=MTJ5NXJvMDl0Y2lwdw==

https://www.facebook.com/share/v/16MeTKUPQQ/

Vea video de H. y N .P .P.:

Una vez más el señor General de Brigada , (R) Heriberto Justo Auel (ARGENTINO); da cátedra de pensamiento estratégico y de criterio para el empleo de las FFAA.

_”En este escenario, desplegar soldados sin doctrina, sin amparo jurídico y sin objetivos definidos no es solo una irresponsabilidad: es una TRAMPA”

*¡O TEMPORA, O MORES!*

_Los inadaptados al cambio y la contraofensiva revolucionaria en marcha_

“No sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio.”
Charles Darwin.

La célebre exclamación de Cicerón, “¡Oh tiempos, oh costumbres!”, resuena hoy con dolorosa vigencia. En el año 63 a.C., indignado ante la impunidad de Catilina —a pesar de las pruebas que lo incriminaban— Cicerón denunció en el Senado Romano la decadencia de las instituciones y la corrupción moral de su tiempo.

Dos mil años después, en la Argentina, nos enfrentamos a desafíos similares. Debemos legislar para impedir que los delincuentes accedan al poder, y sin embargo gran parte del Senado se opone.

La decadencia no es nueva, pero se ha hecho más consciente. Aun así, una mayoría silenciosa de ciudadanos —los “cicerones” del presente— sigue indignándose con razón.

Lamentablemente, el diseño electoral imperante permite que la primera minoría conforme el Congreso, mientras el Ejecutivo surge de la mayoría, sembrando el campo fértil de la ingobernabilidad.

Pero la indignación moral no es suficiente. A esta le debemos sumar otro fenómeno más sutil pero igual de grave: la incapacidad de gran parte de nuestra dirigencia para comprender el “tiempo”.

Porque el tiempo —en su triple dimensión cronológica, de oportunidad y de ritmo— es una categoría estratégica.

En esta etapa civilizatoria caracterizada por una aceleración sin precedentes, muchos actores políticos no logran adaptarse. Algunos cerebros se atrasan. Confunden pasado con presente y responden a amenazas del ayer con instrumentos oxidados. Como dijo Darwin, no sobrevive el más fuerte ni el más sabio, sino el que se adapta al cambio.

En diciembre de 2023 advertimos que, si el nuevo gobierno no transformaba de inmediato su política de defensa y seguridad nacional, perdería una oportunidad histórica. Esa transformación no ocurrió, aún.

En abril de 2025 lo reiteramos: sin planificación, sin doctrina, sin inteligencia estratégica, sin equipamiento adecuado, cualquier despliegue militar sería imprudente y riesgoso.

El 11 de abril se anunció la “Operación Julio A. Roca”, formalizada por la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa. Se desplegó o desplegaría el equivalente a una división —10.000 efectivos— en la frontera norte.

Si esta operación es más que un despliegue y conlleva misiones operacionales de vigilancia y control, no se informó planeamiento estratégico alguno, ni marco legal específico. Lo más grave: las tropas operan bajo el Código Penal Ordinario, bajo el cual una muerte en enfrentamiento será tipificada como homicidio. Es decir, en caso de enfrentamiento armado, los militares podrían ser juzgados por fiscales y jueces de “Justicia Legítima”, como en los juicios de lesa humanidad que siguen afectando a soldados de los años ’70.

La situación es inaceptable.

¿Cómo puede pretenderse que los oficiales de esta generación enfrenten las amenazas actuales en las mismas condiciones que las de hace medio siglo?

Sin planeamiento, sin doctrina, sin inteligencia, sin ley, sin código militar, sin alianzas internacionales. Y, además, con una estructura legal y política que sigue respondiendo a los parámetros establecidos por los derrotados de los ’70, que lograron legislar en 1988 y 1991 una Seguridad Nacional diseñada para desarmar moral y funcionalmente a las Fuerzas Armadas.

Publicamos el 1º de mayo el ensayo “Zapatero… a tus zapatos”, donde señalamos estas incongruencias. La respuesta no fue un debate, sino una descalificación personal. El actual Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, coronel y licenciado Marcelo Rozas Garay, recurrió a las redes sociales para calificarme —públicamente— como “el general zapatero”.

Evidentemente leyó el título, pero no comprendió su sentido. La expresión proviene de una antigua anécdota del pintor griego Apeles, quien corrigió a un zapatero que pretendía opinar fuera de su oficio.

En este caso, Señor Viceministro, el zapatero es usted.

Y si tanto le preocupan los oficios, le sugiero con respeto: lea el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional —donde se establece que la única condición para ejercer cargos públicos es la idoneidad— y, hecho eso, convoque a un sastre. Porque la Argentina no necesita improvisaciones: necesita trajes a medida para enfrentar amenazas reales.

Y esas amenazas existen. Desde el Foro de São Paulo se lanzó en 2019 una contraofensiva revolucionaria que ya logró reinstalar a Lula en Brasil, colocar a Boric en Chile, a Petro en Colombia, y mantener las tiranías de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En nuestro país, esa misma estrategia busca regresar al poder en 2027. Mientras tanto, muchos dirigentes niegan la existencia de una revolución en marcha. Prefieren hablar de populismo, kirchnerismo o peronismo. Así se invisibiliza la subversión castro comunista, cuyo sostén económico es hoy el narcoterrorismo regional.

Y es en este contexto donde se lanza la “Operación Roca”, celebrada tanto por Rozas Garay como seguramente por Horacio Verbitsky. El primero, con ingenuidad técnica o fervor político en un año electoral. El segundo, con cálculo estratégico.

Ambos, desde lugares distintos, aplauden el despliegue. El primero lo hace afirmando que “recién ahora” comienza el planeamiento, la capacitación y el equipamiento adecuado.

¿No deberían haber comenzado antes de desplegar tropas? ¿Cuál fue el planeamiento estratégico? ¿Dónde está la inteligencia previa? ¿Qué doctrina sustenta la operación? Ninguna.

Y lo peor: ni una resolución ministerial ni un decreto pueden suplantar las leyes. La “vigilancia y control de fronteras” por parte de las FFAA, en el interior, será inexorablemente explotada por la maquinaria judicial y mediática afín al viejo régimen.

Es probable que ya se esté preparando un “incidente no provocado” —como el caso Carrasco— o, peor aún, uno “provocado”, al estilo Donbass, para ser usado políticamente. El objetivo: generar los “primeros desaparecidos, torturados o estaqueados del gobierno de Milei”, y reiniciar la maquinaria de los juicios de lesa, que ya se queda sin ancianos para condenar.

Desde 1988, las FFAA. fueron arrinconadas mediante leyes que las relegaron a la defensa civil. Se les quitó la capacidad de disuasión, se las desprofesionalizó y se las convirtió en meras fuerzas auxiliares de policía. Hoy, el intento de reemplazar a la Gendarmería sin modificar doctrina ni legislación solo agrava el problema. No se trata de intercambiar funciones entre policías y militares. Se trata de decirle la verdad al mandante: al pueblo argentino.

El verdadero riesgo estratégico es la disolución del Estado institucional, infiltrado en sus tres poderes.

La verdadera amenaza es el narcoterrorismo, que actúa como brazo operativo y financiero del proyecto Castro comunista en América Latina. Negarlo es insensatez. Callarlo es complicidad.

En este escenario, desplegar soldados sin doctrina, sin amparo jurídico y sin objetivos definidos no es solo una irresponsabilidad: es una trampa. Y los enemigos de la Nación —los verdaderos, no los imaginarios— están atentos a cada paso en falso. No se trata de eludir las amenazas, se trata de obrar bien.

Como en tiempos de Cicerón, nos queda la voz y la advertencia. Pero también, como él, tenemos el deber de decir lo que muchos callan.

“Grl Br R Heriberto Justo Auel*

“Analista en estrategia y defensa nacional*

                                               Por Humberto Julio Reyes

            El amable lector que, al leer el título de esta columna, piense que me referiré a alguna de los recientes incendios que periódicamente nos azotan, causando graves pérdidas de vidas y bienes materiales, comprobará que, en esta ocasión, abordaré un tema de nuestra contingencia política sobre el cual creo que conviene reflexionar.

            Me explico.

            La frase en cuestión ha sido recientemente pronunciada por un destacado ideólogo del llamado Frente Amplio, quien “acompaña a su mujer, en sus últimos días como embajadora en Gran Bretaña”, en entrevista a El Mercurio.

            Así, desde Londres, califica lo sucedido en nuestro país como consecuencia del rechazo del proyecto de la Convención Constitucional que él, en gran medida, inspirara.

            ¿Catástrofe para el país o para los que piensan como él?

            ¿Acaso la voz del pueblo, que se expresa en un plebiscito mediante voto libre, secreto e informado, no es la voz de Dios?

            Entiendo que, para un agnóstico, el resultado de este proceso no exprese la voluntad divina, pero, si se considera un demócrata, debiera aceptar que dicha voluntad debe respetarse sin buscar enrevesadas explicaciones para justificar dicho juicio ya que, antes de emitirlo calificó al actual gobierno como exitoso.

            ¿Exitoso a pesar de la catástrofe? Gran logro entonces. Podríamos estar satisfechos y tranquilos.

            Pero, cuidado, nos previene además que, “como ese camino (el de un nuevo texto constitucional) quedó cerrado, eso va a dejar sentir sus consecuencias en el tiempo que viene ahora”, habiendo sido una muy mala noticia para Chile ya que “la crisis que llevó al estallido es una crisis cuyo desarrollo continúa.

            Estamos advertidos.

            Respecto a una “relación democrática de oposición”, precisa que “vamos a defender todo lo que este gobierno quiera cambiar que vaya en contra de lo que nosotros nos parece, y que en el resto tendremos disposición a conversar”.

            Es decir, si algo les parece, podrían ser generosos.

Ignoro en qué medida estas definiciones representan a la oposición que enfrentará el gobierno próximo a asumir, pero, recordando que mientras Lenin vivió lejos de la Rusia de los zares, tranquilamente en Suiza, la catástrofe que significó la revolución bolchevique no se produjo, por ello, quizás no sería mala idea prolongar la estadía en Londres de la esposa embajadora, a fin que el ideólogo continúe disfrutando de su cómodo auto exilio y no tengan que venir a compartir nuestra suerte y de paso, dirigir la oposición democrática en los términos ya señalados.

Creo que muchos estaríamos agradecidos, salvo los postulantes a reemplazar a la embajadora.

Una primera reflexión:

Probablemente la distancia y diferentes condiciones de vida (factores objetivos) y las propias convicciones (factores subjetivos) lleven a alguien a ver nuestra realidad en forma muy distinta a como la vemos quienes la vivimos a diario.

A mediados de los años 80 también viví en Londres por mi trabajo, no el de mi mujer, y escuchaba de boca de algunos de sus habitantes, desde personas cultas e informadas hasta sencillos vendedores de la feria, opiniones muy negativas sobre el Chile de ese entonces y que, naturalmente asumían que Allende, todo un demócrata, había sido depuesto por militares ambiciosos de poder.

Sin embargo, en ambos casos, un 4 de septiembre y un 11 de septiembre, una mayoría respiró aliviada. La verdadera catástrofe había sido conjurada, aunque ello desde lejos no se apreciara en igual forma.

Como se dice, cuestión de perspectivas.

17 de febrero de 2026.

Opinion

Cuando el problema no es el recurso

Más allá del cobre, de las tierras raras, del litio o del hidrógeno verde, el problema de fondo no está en los recursos que Chile posee, sino en la capacidad de conducirlos con visión estratégica.

En 20 Ene, 2026

Por Christian Slater, coronel (R) de Ejército

Durante años, en la cultura militar de las Fuerzas Armadas, existió una práctica que hoy resulta ilustrativa. Las áreas consideradas “no centrales” —logística, personal, bienestar— rara vez quedaban en manos de los mejores cuadros. Muchos oficiales preferían el mando de unidades operativas, brigadas o direcciones directamente asociadas a la acción militar. Aquellos cargos menos visibles, menos épicos, eran vistos como secundarios. El resultado fue predecible: durante largo tiempo esas áreas no prosperaron, se volvieron burocráticas, reactivas y, en no pocos casos, mediocres.

No porque fueran irrelevantes, sino porque nunca se entendió su verdadero valor estratégico.

Ese mismo patrón parece repetirse hoy, a escala país, en la forma en que Chile concibe ciertos ministerios y áreas clave del Estado. Se los trata como espacios administrativos o técnicos, y no como lo que realmente son: instrumentos de conducción estratégica. Cuando no se pone liderazgo político de primer nivel allí donde se juega el desarrollo de largo plazo, no se pierde solo eficiencia; se desperdicia capacidad país..

La minería es un buen ejemplo de esta confusión. Chile es, por definición, un país minero. Sin embargo, con frecuencia sigue pensando la minería únicamente como una fuente de recaudación fiscal y no como una poderosa herramienta de desarrollo, progreso y posicionamiento estratégico. El Ministerio de Minería termina así reducido a un rol administrativo, cuando debiera ser una de las carteras con mayor peso estratégico del Estado.

El debate reciente sobre las tierras raras ilustra bien este problema. Conviene aclararlo. Cuando se habla de “tierras raras” no se alude a un territorio especial ni a un mineral escaso en términos absolutos, sino a un conjunto de elementos químicos utilizados en tecnologías avanzadas: desde celulares y baterías, hasta turbinas eólicas, equipos médicos y sistemas de defensa. Su importancia no radica en su volumen ni en su valor inmediato, sino en que son insumos críticos para industrias estratégicas y difíciles de sustituir. Por eso, más que una riqueza tradicional, constituyen un factor de autonomía y de poder tecnológico.

Por un lado, se las ha sobredimensionado, presentándolas como el “nuevo cobre”, algo que no son ni serán. No generarán ingresos comparables, no sostendrán el presupuesto nacional ni reemplazarán el rol estructural del cobre en la economía chilena. Pero, por otro lado, también se las ha subestimado, tratándolas como un asunto menor o marginal.

Ambas miradas son erradas. Las tierras raras no son riqueza inmediata; son capacidad de decisión futura. No valen por su volumen, sino por su carácter estratégico. En un mundo crecientemente competitivo, no tenerlas —o depender totalmente de otros— es una forma silenciosa de vulnerabilidad.

Más allá del cobre, de las tierras raras, del litio o del hidrógeno verde, el problema de fondo no está en los recursos que Chile posee, sino en la capacidad de conducirlos con visión estratégica. No se trata de confundir temas ni de mezclar agendas sectoriales, sino de entender que todos ellos son expresiones de un mismo desafío: transformar ventajas naturales en poder real de desarrollo y no dejarlas atrapadas en la inercia administrativa o el cortoplacismo político.

Este desafío no nace en Chile. Responde a un cambio profundo del orden regional e internacional. Más allá de la figura circunstancial de Donald Trump, Estados Unidos —como potencia— ha comprendido que debe reducir su dependencia de adversarios geoestratégicos históricos como China o Rusia, asegurando el acceso a recursos críticos dentro de su propia región o en países políticamente confiables. La interdependencia irrestricta dejó de ser virtud para convertirse en vulnerabilidad.

En ese rediseño del escenario global, ninguna potencia diseña el desarrollo de otro país. Estados Unidos, como cualquier actor estratégico, buscará asegurar sus propios intereses. Si Chile no define los suyos, otros lo harán por él. No podemos esperar que una potencia extranjera nos diga cómo, cuándo o en qué condiciones explotar nuestras tierras raras, nuestro litio o nuestro hidrógeno verde. Esa definición no es técnica ni ideológica: es una decisión soberana que exige visión de Estado.

Cuando un ministerio clave en un país minero es visto como una cartera menor, administrativa o carente de proyección estratégica, no estamos frente a una anécdota comunicacional, sino frente a un error de enfoque. La minería —y hoy también el litio, las tierras raras o el hidrógeno verde— no es solo una actividad económica; es una herramienta de desarrollo, de posicionamiento internacional y de seguridad ampliada. Tratarla como algo secundario es renunciar, por omisión, a una parte importante del poder país.

Cuando el Estado no conduce con claridad, se produce algo más grave que una mala política sectorial: se genera un vacío de liderazgo. Y los vacíos, en política y en sociedad, no permanecen vacíos. Son ocupados por teorías conspirativas, relatos simplificados y discursos estridentes que proliferan en redes sociales.

Aquí aparece un punto clave: no se trata solo de un problema de información, sino de poder blando. El concepto de poder blando, desarrollado por Joseph Nye, recuerda que la influencia no depende solo de la fuerza o de los recursos, sino también de la credibilidad y la capacidad de conducción. Cuando el Estado renuncia a ese plano, otros ocupan el espacio.

Las consecuencias de no entenderlo quedaron dolorosamente expuestas con el grave accidente ocurrido el año pasado en la División El Teniente. Más allá de las responsabilidades técnicas y operativas —que deben investigarse con rigor—, lo que se observó fue la inexistencia de una conducción comunicacional clara. En rigor, no hubo un mal manejo de crisis; hubo inexistencia de manejo de crisis, justamente porque no existió comunicación estratégica capaz de ordenar la información, asumir liderazgo y anticipar los efectos públicos de lo ocurrido.

El hecho de que hoy el tema haya desaparecido del debate público no necesariamente indica que haya existido una adecuada gestión comunicacional. Más bien refuerza la impresión de que el conflicto se cerró por la vía de la negociación material, sin que mediara una explicación clara capaz de reconstruir confianza. Resolver un conflicto no equivale a gestionar una crisis; y cuando la crisis no se explica, simplemente queda latente.

Mirado en su conjunto, lo que ha faltado no es conocimiento técnico ni recursos, sino algo más elemental: sentido común. No entendido como intuición vulgar, sino como la capacidad básica de reconocer prioridades, anticipar consecuencias y actuar con responsabilidad. En la conducción pública, ese sentido común constituye el primer peldaño de la ética: decidir no solo lo conveniente para el presente, sino lo razonable para el país en el largo plazo.

El cobre sostiene el presente de Chile.

La estrategia —bien entendida, guiada por sentido común y liderada con responsabilidad— es la que puede asegurar su futuro.

Ministra increpada por damnificados:

ASI RECIBIERON A BORIC EN ISLA DE PASCUA:

“PRINCIPIO RECTOR”

12 de febrero de 2026 1 min de lectura

* Francisco Bartolucci Johnston, abogado

La reacción del conductor que busca escapar de la emboscada que le tienden delincuentes a la salida de una rotonda en un “nudo” de tránsito en la comuna de Quilicura en la capital, debe enmarcarse en el “principio rector” de quien “actúa motivado por un razonable temor por su vida y/o su integridad física”.

Dicho principio – que no es exactamente lo mismo que la legítima defensa – es hoy ampliamente aceptado en varios ordenamientos jurídicos del mundo y constituye una eximente de la responsabilidad penal en cuanto la conducta de la víctima se considera ajustada a derecho.

Es de esperar que nuestros tribunales, organismos gubernamentales y ONG defensoras de los derechos humanos se informen acerca de este “principio rector” para aplicarlo al momento de juzgar o emitir juicios acerca del comportamiento de los ciudadanos que reaccionan frente a las agresiones de que son víctimas por parte de una delincuencia desatada y cada vez más osada y peligrosa.

Los ciudadanos también, y de preferencia, tienen derechos humanos que deben ser resguardados.

Lesa humanidad: una claudicación histórica

La Justicia está abarrotada de causas de lesa humanidad por crímenes de hace 50 años que violan el derecho de todos a ser juzgados en un plazo razonable

• 2 de febrero de 2026

El sinuoso direccionamiento que luego de 20 años ha mostrado la jurisprudencia sentada por la mayoría de Corte Suprema durante la administración kirchnerista, ha convertido el juzgamiento de los graves sucesos ocurridos en los años 70, en una trágica parodia, que mantiene en alto la inseguridad jurídica del país.

Se destaca en primer lugar el oscuro origen de la doctrina sentada por aquella mayoría, a partir del ataque y posterior desplazamiento compulsivo de varios antiguos ministros del alto tribunal. El objetivo confesado públicamente por el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, tenía dos propósitos: la pesificación de la economía y la reapertura de los juicios contra militares por hechos de los 70, objetivo prometido al inesperado socio que se sumaba al proyecto político en ciernes: la izquierda revolucionaria, incorporada prometiendo “el fin de la impunidad de los represores”. Lo que subyacía – descubierto después- era la instalación de un proyecto de poder que se financiaría mediante un sistema de recaudación y enriquecimiento ilegal, especialmente a través de la obra pública. Néstor Kirchner concedería a sus socios el Decreto 1086/05 que a través de su Anexo oculto cambiaría la matriz cultural de la Argentina por la agenda woke que nos regiría a partir de entonces, mientras la educación pública brindaba una nueva versión de la historia reciente, con guerrilleros presentados como jóvenes idealistas que luchaban por la democracia, mientras se demonizaba a las Fuerzas Armadas y de seguridad y a todos sus miembros. Nacía así el kirchnerismo.

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Se pidió el juicio político a toda la Corte, mientras los nuevos socios de la izquierda efectuaban escraches en los domicilios de los jueces. El automóvil que transportaba a uno de ellos fue ametrallado. La nueva conformación necesitaba solo un voto para desnivelar la paridad que impediría volver a juzgar los delitos ocurridos en aquellos enfrentamientos armados. Lo lograron gracias al súbito cambio de uno de los que había desechado tal pretensión en cinco fallos anteriores, el doctor Enrique Petracchi, que cambió su voto solo tres meses después de que el Congreso archivara un pedido de juicio político con el que lo perseguía una comisión integrada, entre otros, por la entonces diputada Cristina Kirchner. Los pronunciamientos de la nueva mayoría para lograr el propósito pretendido por la política, continuaron arrasando, además de la prescripción, otras garantías constitucionales aún más importantes. Declararon que tales delitos eran desde siempre considerados de “lesa humanidad”, una calificación nacida para el Derecho argentino 25 años después de los hechos. Barrieron así con el principio de que “no hay crimen sin ley penal previa”, muralla contra la tiranía. La irretroactividad de la ley penal más gravosa para el inculpado es un principio básico que permanecía, hasta estos fallos, sagrado para el Derecho argentino y sus tribunales. En otro inexplicable giro, la Corte declaró luego que tales delitos no podían ser objeto de amnistías o indultos, desconociendo el perdón otorgado a todos los contendientes por las leyes del Congreso de Alfonsín y los indultos de Menem. Al dclarar inválido el instituto de la “cosa juzgada”, terminaron con con el principio que impide en todo el mundo civilizado que cualquier ciudadano pueda ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

El kirchnerismo convirtió en parodia el juzgamiento de los graves sucesos de los 70

No solo saltaron vallas que deberían mantenerse inexpugnables para asegurar el orden cívico y las garantías elementales de los individuos, vigentes solo cuando rigen para todos los ciudadanos, sino que impulsaron injustificadamente el enjuiciamiento solo de los militares -nunca de los jefes políticos que dieron las órdenes- y no de los guerrilleros. Más de 21.000 atentados y crímenes en los que 1094 personas perdieron la vida, quedaron amparados por la prescripción, las amnistías dictadas, los indultos y la cosa juzgada. La persecución judicial se extendió luego, fuera de las jerarquías de las tres fuerzas que habían quedado impunes, alcanzando a todos sus miembros, y los de las fuerzas de seguridad federal y provinciales sin distinción de grados. Tras semejante ofensiva, siguió la colonización de toda la Justicia mediante la creación de la agrupación militante Justicia Legítima promoviendo a sus miembros en puestos claves para servir a sus propósitos.

Los juicios se desarrollaron con una nueva modalidad: dada la “gravedad” de los delitos no existieron más los institutos de eximición de prisión ni la excarcelación. Los imputados permanecen detenidos desde el inicio y mientras duran los juicios, convirtiendo la excepción en una regla solo para esta clase de procesos. Dada la desaparición de pruebas a casi 50 años, se admitieron como válidas e incuestionables las presentadas y se condenó por el reconocimiento fotográfico o la versión de una sola víctima, que en muchos casos identificó a los supuestos autores por su voz, sus zapatos y aun cuando al momento de los hechos tenían apenas 8 o 9 años de edad. Las penas fueron en todos los casos las más severas, sin importar la jerarquía ni el hecho de que ninguno de los procesados tuviera antecedentes delictivos ni antes ni después de aquello por lo cual se los imputó. Las prisiones preventivas se extienden por 10 o 15 años, triplicando las de presos comunes. No hubo para ancianos enfermos ni detención domiciliaria ni salidas anticipadas ni libertad condicional ni otros institutos que rigen para todo ciudadano. La persecución continuó ampliándose hasta nuestros días. Comenzaron con militares retirados que prestaron funciones gubernamentales durante la dictadura; luego incorporaron a civiles, empresarios, opositores políticos, periodistas y dueños de medios de comunicación, exjueces, sindicalistas y sacerdotes como el entonces arzobispo Jorge Bergoglio, y muchos otros apuntados como objetivos por el gobierno o sus socios de la izquierda.

Además de los juicios tantas veces amañados montaron un escandaloso negocio de millonarias indemnizaciones. Ante la presión de exguerrilleros y familiares de víctimas de los enfrentamientos armados previos a la dictadura militar, comenzaron a abrirse procesos por hechos ocurridos en períodos constitucionales con nuevas detenciones y nuevas indemnizaciones a supuestas víctimas por más de US$3500 millones que desembolsó el Estado. La deriva jurisprudencial ha producido un alejamiento cada vez más elocuente de lo declarado por la Cámara Federal en la sentencia de la causa 13/84. En ella, los jueces declararon que la Argentina se enfrentó a una guerra revolucionaria. Señalaron textualmente: “No puede soslayarse que los hechos objeto de juzgamiento se produjeron en un contexto de violencia generado por la acción de organizaciones armadas que pretendían tomar el poder por la fuerza. Sin esa agresión subversiva, los acontecimientos que aquí se analizan no se habrían producido”. La condena a los comandantes no fue por aniquilar la guerrilla, sino por hacerlo a través de métodos ilegales. Una de las más importantes verdades calladas durante estos veinte años.

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Los juzgados federales argentinos, encargados de combatir el narcotráfico y la corrupción, están colmados de juicios de lesa humanidad por crímenes ocurridos hace 50 años que violan el derecho de toda persona a ser juzgada y determinados sus derechos en un plazo razonable. Ninguna nación del mundo ha juzgado a las más bajas jerarquías de sus fuerzas armadas y de seguridad en un conflicto armado como lo viene haciendo la Justicia argentina. Tres mil quinientos oficiales y suboficiales han sido encarcelados y ya murieron detenidos 959 imputados, más del 80% sin sentencia firme. Un número mayor que todas las bajas que el ejército inglés nos infligió en la guerra de Malvinas. Nunca debemos olvidar el horror y las trágicas consecuencias del abandono de la legalidad por parte de las juntas militares en el combate contra el terrorismo. La forma que tuvo y tiene el Estado de Derecho de reconocerlas es precisamente la de no caer en la misma claudicación.