Por Fernando Thauby

Los ciudadanos sufren la corrupción en dos niveles: uno que requiere de su complicidad y concurso, como son el tráfico de influencias, el sobornola extorsión y el fraude que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación; pagar una coima para evitar una clausura u obtener un contrato que de otra manera no conseguiría, y otro mas complejo que deriva del ejercicio sistemático y organizado del abuso de poder político en la gestión del estado, en beneficio del funcionario, de sus familiares, de su partido o de sus socios o para causar a daño a otros.

En la primera el afectado es cómplice, ya que se requiere su consentimiento y complicidad, en la segunda es víctima, ya que el sistema estatal le impone una situación a la que él debe someterse.

La primera es un delito de las personas directamente involucradas, la segunda es institucional y por consiguiente mucho mas grave y dañina ya que involucra la confianza pública, el respeto a la autoridad y funciona sobre la base de  estructuras políticas de facto creadas para defraudar y robar haciendo uso del poder político otorgado por la misma ciudadanía, para otros fines.

En Chile este segundo tipo de corrupción se ha apoderado de grandes sectores del estado y está causando grave daño a la economía y destruyendo la moral ciudadana. Es un ataque directo, constante y mortal a la institucionalidad política y al estado democrático.

Esta corrupción no es nueva, no ha pasado inadvertida ni han faltado políticos que la hayan denunciado. El ex Presidente y ex Diputado del PPD Jorge Schaulsohn lo hizo ya el año 2006, en que denunció públicamente esta situación y fue conminado a “explicar sus declaraciones”, lo que hizo al siguiente tenor:

“Santiago, 22 de diciembre de 2006

Señores Miembros

Tribunal Supremo Partido Por la Democracia

Compañeros:

Respondo a la nota fechada el 12 del corriente en la cual se me solicita “informe por escrito acerca de los hechos que podrían explicar mis declaraciones”, aparecidas en los medios de comunicación y que se refieren al tema de la falta de probidad durante los últimos años.

En primer lugar, cabe señalar que ellos son públicos y notorios y obran en conocimiento de la opinión pública en general ya que han recibido profusa difusión y condena de la propia Presidenta Michelle Bachelet … se desprende inequívocamente que existe plena conciencia de que afrontamos un serio quebrantamiento de la probidad pública, junto a abusos de poder y recursos fiscales para fines políticos … en el caso de Chiledeportes hay varios funcionarios formalizados por los delitos de fraude y estafa al fisco. Entre ellos, algunos militantes de nuestro partido, por haber confeccionado un listado de asignaciones cuyos  beneficiarios serían parlamentarios, concejales y alcaldes PPD. De hecho, los implicados en el ya famoso “affair” del email, Farías y Morales, han sido objeto de sanciones por este mismo tribunal y el jefe de gabinete del ministro Secretario General de Gobierno debió dimitir.

… Mención aparte merece el hecho que dos de los cuatro vicepresidentes electos en los últimos comicios internos enfrentan acciones judiciales por, entre otras cosas, haber incluido facturas falsas en su rendición de cuentas ante el Servel. Me refiero al senador Guido Girardi y a la diputada Carolina Tohá … Como resultado de todo ello, tres de los vicepresidentes están cuestionados y dos suspendidos del ejercicio de sus cargos …  .

… En el contexto de estos escándalos se abrió también un debate sobre la presencia masiva de los denominados “operadores” en puestos de la administración pública. Se trata de individuos que acceden a cargos de relevancia fruto del “padrinazgo” de caudillos al interior de los partidos, en compensación por apoyos recibidos en campañas internas o de elección popular y que han sido protagonistas de muchos de los hechos de corrupción. … Ello, sin perjuicio de una gran cantidad de personas que ocupan formalmente cargos en el Estado, pero sólo como medio de sustentar sus gastos de vida mientras se dedican por entero a la actividad político partidista.

Desgraciadamente los casos analizados no son únicos ni extraordinarios y han persistido pese a todos los esfuerzos de la Concertación por atacar el problema. En Chiledeportes, entonces Digeder, ya en 1992 se habían suscitado situaciones irregulares que dieron lugar a la formación de una Comisión Investigadora de la Cámara y a reformas legales, llegándose incluso a cambiar su nombre. Todos recordamos el caso del “desmalezamiento” que afectó a la Refinería de Petróleos de Concón … .También está el doloroso episodio de las indemnizaciones de Enap, las asesorías de Codelco, los sobresueldos y la saga de MOP-Gate, que consistió en el uso de medios ilegítimos e ilegales para alcanzar propósitos declarados como loables, tales como el mejoramiento de la infraestructura, y que derivó en el procesamiento, detención y condena de numerosos funcionarios públicos.

Es difícil aquilatar el daño que ha significado para la probidad el que estas ilegalidades en vez de haber sido condenadas se hayan justificado. Con ello se envió la señal equivocada respecto de lo que se espera de los funcionarios públicos en materia de probidad y se avaló la doctrina de que el fin justifica los medios. … La persistencia de hechos censurables llevó al ex ministro del Presidente Patricio Aylwin Edgardo Boeninger, en entrevista publicada en el diario El Mercurio el domingo 3 de diciembre, a hablar de “generalización de prácticas indebidas, corruptelas crecientemente difundidas en el Estado”. Agrega que en la Concertación se pensó que así como el privado favorecía fundamentalmente a los partidos de derecha “no sería ilegítimo recibir financiamiento público a través de los recursos estatales para los programas sociales”. Estos conceptos fueron refrendados el domingo recién pasado por el ex subsecretario del Presidente Eduardo Frei y del Presidente Ricardo Lagos y ex presidente del Partido Socialista, Gonzalo Martner, quien afirmó que los partidos de la Concertación se beneficiaron con fondos reservados y que el intervencionismo electoral existió.

Sobre esta materia debo consignar que me consta que efectivamente cuando asumí la presidencia del PPD en 1994 existía desde antes y continuó después un sistema de ayuda económica directa que en ese entonces recibían todos los partidos de la Concertación proveniente del Ejecutivo.

El tema de la corrupción no es nuevo entre nosotros; ya emergía con fuerza en la agenda pública a mediados de los noventa. Casos como los que afectaron a la Onemi, RPC, Digeder, Serplac III Región, Colectores de Esval, falsificaciones de Aduanas, fraude al fisco en Empremar, arriendos ilícitos en Emporchi, Indap, Sence, entre muchos otros, llevaron al Presidente Frei a constituir una Comisión Nacional de Ética Pública, la que me correspondió integrar en mi calidad de presidente de la Cámara de Diputados, y que  propuso 40 medidas para combatirla. Sin embargo, al cabo de unos pocos años una nueva crisis derivó en el acuerdo Insulza-Longueira, cuyo propósito fue superar una difícil coyuntura política derivada del uso indebido de gastos reservados para inflar las remuneraciones de un conjunto de funcionarios públicos. Y, ahora, en el cuarto gobierno de la Concertación, la Presidenta Michelle Bachelet se ha visto obligada a repetir la historia, convocando, una vez más, a un grupo asesor y a proponer 30 medidas adicionales, entre las que llaman especialmente la atención las que combaten la intervención abusiva del Ejecutivo en los procesos electorales, un hecho que hasta hace muy pocas semanas nos negábamos a reconocer.

Es necesario, entonces, preguntarse ¿por qué, pese a las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos concertacionistas, que obviamente reconozco y valoro, no hemos podido derrotar este flagelo? Es indudable que corrupción siempre existirá, pero hay que estar vigilantes.

Como afirma el profesor Carlos Peña González, nada sacamos con hablar de corrupción si no somos capaces de ver la realidad y tomar nota de que se trata de una forma de conducta fuertemente arraigada en una tradición de Estado muy fuerte que ha estimulado el surgimiento de una cultura de la mendicidad hacia el Estado que es aprovechada por quienes viven de la política; estar largo tiempo en el poder genera ocasiones para la corrupción y para la captura del Estado por oligarquías y grupos que acaban aferrándose al poder a cualquier costo.

El antídoto, sugiere Peña, es que hay que esmerarse en hacer circular y renovar las elites, cosa que entre nosotros no ocurre. La cultura a la que aludo impone como valor y obligación superior lealtad al grupo por sobre los principios; privilegiar a los amigos y parientes; seleccionar proyectos en función de intereses y no de mérito. En síntesis, el cultivo de la mediocridad en desmedro de la excelencia.

Me entristece la intolerancia y falta de espíritu democrático de que han hecho gala muchos de mis compañeros”.

Sin otro particular, les saluda afectuosamente,

Jorge Schaulsohn B.

Santiago, 22 de diciembre de 2006

EFECTOS DE ESTA CARTA RENUNCIA

“Jorge Schaulsohn fue expulsado del Partido por la Democracia”

Publicado: Martes, 26 de Diciembre de 2006 a las 22:35hrs. 

“El abogado Jorge Schaulsohn Brodsky perdió su calidad de militante del Partido por la Democracia (PPD), según resolvió el Tribunal Supremo de la tienda, que consideró que el político fue incapaz de entregar antecedentes que justificaran sus denuncias de corrupción en la Concertación, amparadas bajo lo que denominó “ideología de la corrupción”.

Han transcurrido 13 años desde esta denuncia y la situación ha empeorado sustancialmente. Se han conformado mafias que cubren todo el espectro de la institucionalidad del Estado: Municipalidades; Servicios Públicos; Empresas del Estado; Cámara de Diputados; Senado; Ministerios; Contraloría y la recientemente descubierta extensión hacia el Poder Judicial.

Su influencia también alcanza a la empresa privada e incluso las iglesias y clubes deportivos.

Los jefes/propietarios de estas mafias pueden ejercer su poder a lo largo y ancho de la instituciones del estado y de la sociedad toda y mover influencias, dinero, cargos, favores y dádivas a su gusto y placer.

Se han transformado en poderes paralelos a las autoridades legítimas y abusadores de la ciudadanía desde una condición de impunidad total.

¿Desde donde operan estos capos mafiosos?, desde los partidos políticos y a través de diputaciones y senaturías que se prolongan a lo largo de 10, 20 y 30 años cargos sobre los cuales ya han adquirido títulos de propiedad como ocurre con Letelier y otros.

El primer paso, modesto pero imprescindible, para romper las cadenas que estas pandillas nos han impuesto es reducir sustancialmente la cantidad de diputados y senadores, eliminar la reelecciones, reducir drásticamente sus dietas escandalosas, aumentar el poder y actividad de los organismos fiscalizadores y generar nuevas instancias que permitan a los ciudadanos requerir informaciones a diputados y senadores, las que deban tener respuesta obligatoria y a breve plazo.

Vamos mal, mañana peor.