Los antecedentes conocidos en el acto de formalización del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, por prevaricación y eriquecimiento injustificado, han hecho sonar las alarmas respecto de la verdadera limpieza del sistema judicial chileno, particularmente respecto al destino de las millonarias indemnizaciones que jueces asignan a las supuestas víctimas de Derechos Humanos.

Existirían justificadas sospechas que dichas indemnizaciones servirían para pagar sobornos entre otros a jueces, actuarios, relatores y secretarios y siendo los abogados los encargados de distribuir los dineros según el precio de cada uno de los que hicieron posible las sentencias que permitieron las millonarias sumas asignada.Con el fin de aclarar las razonables dudas al respeto, sería conveniente que se trasparentaran entre otras la cuentas corrientes de todos que hicieron posible los fallos que permitieron las millonarias indemnizaciones en causas por los Derechos Humanos.

Dr. Jaime Manuel Ojeda Torrent

Analista Político Militar

Presidente de APOLIMIL