(Extracto del Mercurio de Santiago sábado 31 octubre)

“Chile cambió, se transformó en un país de clase media que tiene otras aspiraciones y sueños. Lamentablemente las políticas públicas de hoy no están pensadas para la clase media, sino que para hacer crecer la economía, o para ayudar a los más pobres. Hoy hay que pensar en políticas públicas para un país con un 80% de clase media”.

Respecto a las reformas que ha impulsado el Gobierno tales como la tributaria, laboral, educacional y constitucional, dijo que la postura del Ejecutivo de que son “derechos sociales que deben ser garantizados constitucionalmente”, dijo que “esta lectura equivocada de la sociedad, y esta división de ricos y pobres, es lo que nos está llevando a políticas públicas de la década de los 60”.

“Ningún país del mundo está hablando hoy de darles más poder a los sindicatos. Hoy se está hablando de cómo integrar a la mujer al mundo laboral, y para eso se requiere mucho más flexibilidad, teletrabajo. Cuando hablamos de educación, tanto escolar como universidad, lo único que hacen estas reformas es, a lo más, reemplazar plata por plata. Antes la ponían los papás, ahora la pone el Estado, que a su vez se la quita a los papás a través de la reforma tributaria. Pero ¿quién está hablando de cómo mejorar la calidad de la educación? Nadie. ¿Quién habla de cómo incorporar las nuevas tecnologías en la educación? Nadie”, argumentó.

Y añadió: “En la reforma tributaria, lo mismo. Se piensa en una reforma para extraerles a los ricos y darles a los pobres. Pero no es así: se les extrae a los ricos una parte, pero a la clase media otra parte importante. Y a su vez no está llegando a quienes debe llegar”.

“La discusión sobre derechos suena muy bonita, pero vamos a la práctica. Podemos decir que la educación es un derecho social, pero interpretar que tiene que ser gratuita para todos me parece equivocado. Que la educación sea un derecho social significa que nadie puede quedarse fuera de la educación de calidad por motivos económicos; eso sí que lo creo.

Y puso como ejemplo su experiencia personal: “Yo tengo dos hijos en la Universidad Católica, gasto $900 mil al mes, $10 millones al año, $50 millones en una carrera de cinco años. Según el esquema de Michelle Bachelet, en algún minuto esa plata me la va a regalar el Estado, pero eso es un absurdo total, porque mis hijos tienen el derecho social a estudiar en la universidad, pero también las personas que viven en campamentos que son 30 mil familias tienen el derecho social de vivir en una vivienda digna, y ese derecho social a mi juicio vale mucho más que el derecho de mis hijos, porque yo les puedo pagar la universidad”.

Sobre el caso de colusión de papeles tissue por parte de las compañías CMPC y SCA, revelado por la Fiscalía Nacional Económica el pasado miércoles, señaló que “es un triple golpe. Se trata de un daño millonario a los consumidores, un daño a la imagen de los empresarios y un daño a quienes defendemos la economía social de mercado. No creo que sea un tema político, es netamente un tema empresarial”.