Por Fernando Thauby García, Analista Político

El financiamiento, por parte de los gobiernos, de actividades culturales que contribuyan a la formación de los ciudadanos se ha prestado para múltiples abusos. En los regímenes autocráticos los gobiernos asignan esos recursos a quienes apoyan o promueven la ideología o las políticas que sus autoridades señalan, así sucede en Cuba, Venezuela y en Corea del Norte cuyos gobiernos vulneran las conciencias de la población, convirtiendo al arte, la cultura y la educación en vehículos de propaganda. En las sociedades democráticas esos recursos suelen asignarse mediante comisiones independiente que garanticen que la política y la cultura se mantengan separadas entre si.

El ejemplo más notable fue la BBC en Gran Bretaña de la pos guerra, cuyo gobierno controlaba la distribución general de recursos pero transfería a la BBC la potestad sobre las decisiones y operaciones diarias. Este modelo tuvo muy buena recepción y sirvió de facilitador cultural durante muchos años y otros países optaron por crear organismos parecidos.

En Chile, este modelo fue admirado e intentado aplicar, a comienzos de los años 90, mediante un modelo de asignación de recursos públicos a través de concursos a cargo de jurados independientes, que fue prontamente desvirtuado y luego abandonado hasta politizarse completamente.

En Chile, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue construido durante los años 2008 y 2009 e inaugurado el 11 de enero de 2010, en el gobierno de Bachelet.

El 27 de febrero de 2012, en el gobierno de Sebastián Piñera, se firmó un acuerdo entre la  Dirección de Bibliotecas, Archivos, Museos (Dibam) para operativizar la ley de presupuesto Nº 20.557 de 2012 propuesta por el gobierno, transfiriendo $1.448.390.000 a la organización privada “Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos”, sin concurso alguno, es decir por una decisión de la mayoría política existente en el Congreso en esa fecha y cuya misión quedó establecida como “dar a conocer las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, es decir, durante la dictadura del general Pinochet”.

El Museo de la Memoria costó $12.040.000.000 y requiere algo mas de $1.500.000.000 anuales para cubrir sus gastos operacionales.

Podemos ver que la toma de distancia política entre el Estado y la asignación de fondos a organizaciones culturales quedó eliminada por la dictación de una ley que permitió asignar directamente recursos públicos a una fundación privada elegida arbitrariamente.

La entonces directora de Dibam, Magdalena Krebs ingresada a esa organización en 1983, se opuso a esta asociación tanto porque el nuevo proyecto favorecía a esa empresa privada en forma muy desproporcionada respecto a otros museos y bibliotecas nacionales como por el evidente sesgo ideológico del mismo. Esta actitud poco colaborativa posteriormente le costó el fin de su carrera en el Dibam por una campaña en su contra en las redes sociales y la acción de la Comisión de la Cultura y las Artes de la Democracia Cristiana.

En Junio de 2012 en una Carta a El Mercurio la Sra. Krebs manifestó que “Sería valioso que sus visitantes comprendiesen, por ejemplo, que entre muchos de los factores que contribuyeron a la destrucción de la democracia, tuvo un rol significativo la violencia imperante. A la luz de la contingencia que vivimos hoy, sería una gran contribución que el museo explicara los hechos anteriores al golpe, pues pondría una nota de atención sobre los límites, la necesidad de cuidar las formas y los procedimientos democráticos”, agregando: “En ese sentido, la opción que tomó el museo en cuestión, de circunscribir su misión sólo a las violaciones a los DD.HH., sin proporcionar al visitante los antecedentes que las generaron, limita su función pedagógica. La no existencia de consensos sobre la historia no exime al museo de su responsabilidad de ofrecer una visión amplia.”

Descalificándola los promotores de la visión acotada del Museo de la Memoria alegaron que “podríamos contextualizar también las purgas de Stalin, el Holocausto judío en la Alemania Nazi o las matanzas de Ruanda”. A este respecto me parece que tanto en el estudio de la historia como en el derecho, el contexto da el marco imprescindible para comprender y valorar las acciones de los protagonistas, lo que en este caso en particular, se eliminó por completo. Respecto al Holocausto, es precisamente lo que hizo Hanna Arendt en su obra “La banalidad del mal”.

No sorprende que este tema genere un debate relativo a discrepancias políticas ni tampoco que existan personas que crean (o les convenga creer) que las violaciones a los derechos humanos no podrían ser “contextualizables” en muchos sentidos. En este ámbito, en Chile, en que la ideología, las pasiones y las conveniencias chocan tan frontalmente, no se ve viable un terreno común en el cual situar un debate conducente, sin embargo, esto no excluye otro tipo de cuestionamiento: el financiamiento público como validación para la existencia de un único Museo de la Memoria que ademas, al incorporar el logo de Dibam induce a creer que representa la opinión del gobierno de turno.

Lo que existe y se elude enfrentar es la crítica a los mecanismos de financiamiento: ¿por qué subsidiar un único museo sobre un tema respecto al cual no se ha llegado a un consenso país y, por lo mismo, entregar recursos que llegan hasta los 1.400 millones de pesos anuales para una corporación cultural privada como ésta?. En diferentes países del mundo, existen museos dedicados a la memoria y los derechos humanos, o al mismo Holocausto, que cuentan básicamente con financiamiento privado o colaboraciones de individuos, lo que legítimamente les permite elegir y difundir su interpretación de la historia.

En subsidio de lo anterior, parece evidente que una forma de neutralizar este déficit de ecuanimidad de los gobiernos pasa por la promoción y el apoyo a la diversidad de expresiones y a la mantención de archivos de carácter histórico con diferentes interpretaciones de una realidad que de por si es opinable y respecto de las cuales la opinión pública chilena se encuentra profundamente
dividida. En este orden de cosas, la realidad cotidiana en la Araucanía, en el Sename y recientemente en el ataque terrorista a un ejecutivo de Codelco en Santiago, confirman que contextos que llevan o promueven la violencia facilita la violación de los derechos humanos y cuya contención oportuna facilitaría la protección de estos últimos.

El proceso de creación de un nuevo Museo de la Memoria en la ciudad de Concepción (Museo del Bio Bio) se encuentra avanzado y en proceso para iniciar su construcción el año 2018. El proyecto ganador ya fue seleccionado de entre 30 propuestas. Es interesante notar que el proyecto habla de dejar testimonio de “la represión política”, mezclando “causas con efectos”, creando de hecho “un contexto” que oficialmente es rechazado.

Dado que los estatutos de la Fundación para la Memoria y los Derechos Humanos incluyen a todo el país como su área de operaciones, no queda claro si el Museo de Concepción es una ampliación del Museo de Santiago o es una “franquicia” del Museo de la actual Corporación operada en el Bio Bio por otro grupo, pero lo que si queda claro de la información disponible es que su costo de construcción y operación será igual al actualmente existente: $12.000.000.000 y $1.500.000.000 anuales respectivamente y todo con cargo al Estado.

También está en proceso otro Museo en Puerto Montt, en efecto, la prensa local informa que: “El Consejo Regional de Los Lagos, aprobó el presupuesto Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2017, en donde están consideradas la licitación y comienzo de ejecución de las obras del Museo de la Memoria en Puerto Montt para el próximo año (2018). El estudio de Pre Factibilidad contratado por la Dirección de Arquitectura, con fondos FNDR, se ha implementado durante 2016 cumpliendo todas las etapas comprendidas y comprometidas en él”.

El financiamiento será igual a los museos de Santiago y al de Concepción: “para este proyecto, la dirección regional de arquitectura del MOP ha gestionado con Dibam (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos) el financiamiento para instalar el inmueble, una vez que los trabajos estén terminados”, considerando costo similares, $12.000.0000.000 para el edificio y $1.500.000.000 anuales para el gasto de operación.

Estos tres Museos implican un gasto operacional de $4.500.000.000 anuales para sus gastos de operación, algo desproporcionado respecto a otros gastos, por ejemplo, respecto al Sename o el Museo Histórico Nacional.

Sin exagerar es posible la repetición, a futuro, de estos Museos en Antofagasta e Iquique y tal vez en Arica y Punta Arenas.

Estas realidades y estos proyectos muestran la disposición del actual gobierno para invertir en apoyo a la cultura y la existencia de ingentes recursos para ello, lo que aun no se nota es la disposición a financiar de la misma manera a quienes tienen otras ideas respecto a la forma de evitar la violencia política y sus trágicas consecuencia como es la violación de los derechos humanos.

De la misma manera se aprecia un esfuerzo por crear una cadena de Museos que, además de difundir una visión sesgada, percibida como hostil y violenta hacia muchos chilenos, crea una red de sustento y refugio para centenares de funcionarios políticos cesantes y ayuda a establecer una base para la supervivencia de un tipo de políticas fracasadas en toda  la región y en Chile.

En Chile hay diferentes Memorias respecto a la época de la violencia política, la destrucción de la democracia, la reconstrucción de la misma y de la lucha contra quisieron impedirlo, todos tienen el mismo derecho a recibir el apoyo del estado de Chile para exponer sus puntos de vista, otra cosa sería volver a un pasado que por opuestas razones, todos rechazamos. Este conflicto no de diluirá por olvido y acostumbramiento, sino que continuará acrecentando un tumor infeccioso que con seguridad explotará.

Hay dos tipos de memorias, debe haber dos tipos de museos.