Por fin surgieron las pruebas irrefutables. Es la narco-guerrilla colombiana la que financia a los comunistas chilenos en su afán de mantener el clima de violencia en la Araucanía. Es dinero manchado con la sangre de chilenos inocentes.

El gobierno reconoció que la Fiscalía investigó los lazos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Partido Comunista de Chile y algunos activistas del pueblo mapuche.

Ahora, la justicia debe actuar. La relación entre guerrilleros, comunistas criollos y violentistas en la Novena Región debe ser investigada hasta las últimas consecuencias. El ejecutivo, por su parte, debe asumir su responsabilidad en el clima de inseguridad, atentados incendiarios y crímenes que ocurren en dicha zona.

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