Durante la UP yo tenía un programa de radio en que le advertía a la izquierda, pero especialmente a los comunistas, que si abandonaban el camino de la ley, eso alguna vez se podía volver contra ellos y hacerlos víctimas de la ilegalidad. En ese tiempo el jefe comunista, Luis Corvalán, nos advertía a los opositores, con  toda la prepotencia propia de los que tienen el poder y las armas, y en el lenguaje propio de su cultura, que si salíamos a las calles a protestar, nos iban a “sacar la cresta”. Hoy día los comunistas siguen iguales, pero ya ni siquiera advierten, sino que agreden. Agredieron a los camioneros frente a La Moneda; agredieron a Gina Facinetti, Alfonso Márquez de la Plata, los hermanos Widow y al hijo de uno de éstos (ella quedó con una costilla hundida y los Widow con narices quebradas y una pierna dislocada) por ir a un teatro a ver un documental favorable a Pinochet.

No mucho tiempo después de la UP los prepotentes y amenazadores del gobierno marxista clamaban por el amparo de la legalidad que ellos habían trasgredido primero.

Hoy vuelven a las andadas. Hay semejanzas entre entonces y algunas situaciones del presente. Es público y notorio que los jueces de izquierda burlan la legalidad para cobrar venganza contra los militares que derrotaron al terrorismo armado. Hemos visto a uno de aquéllos, Alejandro Solís, confesar en cámara que se basó en “ficciones” para condenar, sin cumplir su deber de acreditar los delitos y sin respetar circunstancias eximentes de responsabilidad.

Esa ilegalidad implica que los militares a quienes tales jueces han condenado son presos políticos. Pero como los jueces están respaldados por el Ejecutivo y una mayoría legislativa, se creen impunes. Ya nadie cumple la ley. Los controladores de vuelo paralizan todos los aeropuertos ilegalmente y en plena semana festiva y no les sucede nada. Al contrario, serán premiados. Cuando a Reagan le hicieron lo mismo en 1981 despidió a todos los huelguistas y nunca más hubo otra paralización ilegal. Acá está recién comenzando una seguidilla. Violar la ley es rentable.

Sin embargo, últimamente ha surgido una evidencia de ilegalidad demasiado aplastante: presentaciones del abogado Cristián Heerwaggen y del ingeniero Rodolfo Novakovic han acreditado que los ministros sumariantes en los juicios de derechos humanos han estado actuando sin tener competencia para hacerlo, pues esa instancia fue suprimida expresamente por la ley N°19.665 a contar del 9 de marzo de 2000.

Y la Constitución garantiza que “nadie puede ser juzgado… sino por el tribunal que señalare la ley”. En este caso la ley 19.665 dice expresamente es que se suprime a los ministros sumariantes en sede criminal, de modo que desde hace quince años no deberían haber podido juzgar a nadie.

El diario digital “diariopurochile.com” afirma que la comprobación de esta realidad legal ha provocado gran inquietud en los tribunales superiores. Y aventura la reflexión de que, si un destacamento militar resolviera liberar a los Presos Políticos Militares condenados por un tribunal jurídicamente inexistente, nadie podría objetar su proceder, porque simplemente estarían poniendo término a una ilegalidad flagrante.

A veces regímenes que gozan de un fuerte respaldo popular pueden darse el lujo de amparar ilegalidades judiciales como la descrita, y lo estamos viendo en Venezuela. Pero cuando hay una gobernante que, según la última encuesta Cadem Plaza Pública de ayer, ha caído al 20% de aprobación versus un 72% de rechazo a su gestión, y todas las reformas emprendidas por su gobierno merecen también amplios márgenes de rechazo, su capacidad de amparar ilegalidades se ve grandemente reducida.

Todavía más si se publica en un diario español (“El Mundo”) que habría consenso político en Chile para que en marzo próximo se hiciera efectiva la renuncia de la Presidenta y, tras un acuerdo transversal, el Congreso Pleno designaría por la mayoría de sus miembros en ejercicio a Ricardo Lagos Escobar para sostener la estantería hasta el fin del mandato, aplicando el “realismo con renuncia” de que habla hoy en “El Mercurio” Andrés Velasco. Todo ello hasta que asuma el (la) nuevo(a) presidente(a) el 11 de marzo de 2018, tras la elección de 2017.

Gobierno débil, ilegalidad judicial flagrante. ¿Tropezarán los herederos de Luis Corvalán otra vez con la misma piedra?

Tomado del Blog de Hermógenes Pérez de Arce