Se publica que en otros países van presos presidentes y ex presidentes por habérseles comprobado delitos, pero no se publica –salvo en este blog– que acá un presidente cometió delito, el de compra de acciones con información privilegiada, pero no fue preso sino que fue elegido con primera mayoría en 2010, porque la Superintendencia no se querelló penalmente sino que sólo le impuso una multa. Y sin que nada de eso le importara mucho a nadie: por algo ganó la elección.
Y después, en 2017, pese a habérsele comprobado otros delitos, como captar financiamiento electoral por más de 500 millones mediante facturas no representativas de prestaciones reales y desviación de parte de esos fondos a pagar más de 200 millones a sus ejecutivos de Chilevisión, tampoco fue condenado ni preso y sí fue reelegido. Nadie dijo nada, salvo este blog, al que le llamó la atención que, en cambio, fuera procesado por todo eso el gerente y apoderado electoral del presidente, Santiago Valdés, que no fue candidato, no se benefició de los cobros y evidentemente sólo hizo lo que le ordenó su jefe. Por eso, ironizando, escribí también que todo chileno debía tener el “derecho social a un Santiago Valdés” en caso de cometer un delito. Es decir, arreglar con otra persona que pase por culpable de lo que uno hace y el verdadero autor quedar impune, con la complicidad de los jueces, por supuesto. Pero eso sólo apareció en este blog (23.11.18). Todo está podrido en Chile y todos hacen como que no huelen nada.
Ahora la prensa, la radio y la TV se refocilan informando de unos jueces de corte de apelaciones de Rancagua que, se denuncia, reciben pagos por no aplicar las leyes. Son sumas irrisorias: 28 millones de pesos. Y grandes titulares al juicio porque un general recibió reembolsos de pasajes por ocho millones. ¡Peanuts! Pues en los mismos días la subsecretaria de Justicia informa que el presupuesto del ministerio reserva dos mil millones de dólares, es decir, ¡un BILLÓN 340 mil millones de pesos, 270 mil millones al año! para pagar indemnizaciones en los próximos cinco años en juicios donde NO aplican las leyes, pues los jueces de izquierda cometen el delito de prevaricación. Y cero escándalo. 

Sí, se desconocen las leyes para obligar al erario a pagar esa astronómica suma. ¡Y todo eso está bien! Semejante multimillonario delito lo cometen habitualmente ministros de corte de apelaciones sumariantes y la mayoría izquierdista de la sala penal de la Corte Suprema desde hace años. ¡Y apenas veintiocho millones en Rancagua y ocho millones de reembolsos indebidos en el Ejército llaman a escándalo, mientras 270 mil millones de pesos al año ni siquiera se comentan! Hasta los 23 mil millones del fraude en Carabineros es apenas una fracción de eso otro. Esto puede pasar sólo en Chile, donde todo está podrido.
Hace cuatro años, ante un fallo especialmente escandaloso de la Corte Suprema, que condenó a cinco militares por un delito no probado y que, según el código, sólo pueden cometer “particulares”, no los uniformados (que eran funcionarios públicos) el delito de secuestro, escribí un artículo para la Revista del Abogado del Colegio de Abogados denunciándolo. Pero no lo quisieron publicar porque el redactor del fallo escandaloso también iba a publicar un artículo en ese número. Después la “mayoría de centroderecha” del consejo editorial de la revista tampoco lo quiso publicar, de modo que lo hice en mi blog del 23 de marzo de 2015 bajo el título de “Artículo Impublicable en la Revista del Colegio de Abogados”, y ya lleva dos mil lecturas, más de lo que habría tenido en ella. 

Por eso no iré a votar por un “candidato de centroderecha” en las próximas elecciones de consejeros del Colegio de Abogados que hay en estos días, porque los de centroderecha son como los de izquierda y no huelen lo que está podrido. “Cómplices pasivos” de la podredumbre judicial. “Si pongo este tema”, me dijo hace años una consejera, sobre la prevaricación de los jueces de izquierda, “se quiebra el Colegio”. Entonces ¿para qué sirve tener consejeros de centroderecha”? Para nada. No iré a votar.
Y eso que el del fallo que comenté fue un caso notable, porque los jueces de primera instancia y apelaciones, conscientes de estar prevaricando, habían condenado a sólo 541 días remitidos (o sea, sin cárcel) a cinco militares por la muerte de un mirista entrenado en Cuba cuarenta años atrás; y todos, querellantes y querellados, se habían  conformado. Entonces la oficina de DD. HH. del primer gobierno de Piñera (con puros abogados de izquierda) recurrió de casación a la Corte Suprema, en cuya sala penal ya había mayoría de izquierda, y ésta dictó el fallo escandaloso del delito que sólo podían cometer particulares y no estaba probado, y así metieron presos a los militares por cinco años y un  día, los cuales a estas alturas ya cumplieron. Pero como todo está podrido en Chile, “nadie dijo nada, nadie dijo nada”, salvo este blog,
Y todo sigue podrido en Chile. Se hace gran escándalo en Rancagua y porque un general recibió un  reembolso de pasajes de 8 millones o por el fraude en Carabineros. Ríos de tinta. Pero no se dice nada y se censura la publicación del robo al Estado, anual, de muchas veces más millones, dispuestos en el presupuesto de Justicia, mediante sentencias que desconocen todas las leyes. Es el robo legalizado y de eso apenas se informa y nadie lo comenta. Porque todo está podrido.
No siempre fue tan así. Hace años había alguna reacción del cuerpo social cuando los jueces no aplicaban las leyes. El prestigiado penalista y decano universitario Miguel Alex Schweitzer escribía en “La Segunda” del 16 de marzo de 2005 que los fallos de los tribunales desconocían no una, sino todas las bases del derecho penal, del debido proceso y del estado de derecho, como eran la cosa juzgada, el principio de legalidad, la irretroactividad de la ley penal y la presunción de inocencia. Escribía: “Pues bien, todos, y repito, todos esos principios básicos del derecho han sido abandonados en algunos casos que actualmente se tramitan en nuestros tribunales”. El historiador Gonzalo Vial denunciaba lo mismo en “La Segunda” del 7 de febrero de 2006: “…una denegación de justicia a un grupo de chilenos, por no darles el debido proceso, cuya responsabilidad última corresponde a la Corte Suprema”. Voces poderosas. Ahora ya no escribe nadie, salvo este blog, cuando ese mismo delito de prevaricación cuesta 400 millones de dólares anuales. El país se acostumbró a la podredumbre general.  La prensa se ocupa de los “peanuts” de los jueces de Rancagua, de Carabineros y el Ejército y deja indemne al “gran robo del siglo” en Chile.

Nunca va pasar nada, porque la impunidad viene desde arriba y todos deben hacer como que no huelen nada.