El Estado tiene la obligación esencial e irrenunciable de preservar el orden público. Si cada individuo o grupo pudiera, a su arbitrio, provocar disturbios, ejercer violencia o presiones sobre las personas o la colectividad, el Estado no existiría, ni habría siquiera sociedad civilizada. El orden público es fundamental para acometer los fines propuestos por las personas, por los grupos intermedios y por el propio Estado. Sobre él descansan todas las actividades y empresas que se proyecten. La mantención del orden público requiere muchas veces —imperiosa e inevitablemente— usar la violencia física legítima, cuyo monopolio está en manos del Estado.

Las acciones vandálicas que presenciamos normalmente en Santiago y en otras grandes ciudades de Chile así como el terrorismo en la Araucanía nos hacen recordar que, como la historia de la humanidad lo ha demostrado, sin el respaldo de la fuerza y de la aplicación de la violencia legítima del Estado para reprimir la violencia ilegítima y el crimen, no hay interés defendido ni objetivo alcanzable ni, en suma, política posible.

Lamentablemente, el discurso de los derechos humanos —que tanto pregonan quienes han sido sus mayores violadores en la historia de la humanidad— ha llevado a la absurda situación de que quienes por deber de autoridad están obligados en justicia a emplear la violencia legítima del Estado para reprimir a quienes subvierten el orden social se inhiben de hacerlo; así como también se inhiben de establecer los estados de excepción constitucional que permitirían combatir efectivamente al terrorismo.

Adolfo Paul Latorre, Abogado