Araucanía y Biobío son las regiones más afectadas por la quema de recintos educacionales: cada una registra siete escuelas quemadas desde 2018, todas con perdida total. En el último incendio ocurrido en Curacautín, en la IX Región, el establecimiento afectado atendía solo a estudiantes mapuche; mientras que en el suceso anterior ocurrido en Victoria el instituto siniestrado ha sido quemado tres veces desde 2019.

Escuela Particular Trapilhue. Pérdida total. Jardín Infantil Antu Rayen. Pérdida total. Escuela Tricauco. Pérdida total. Jardín Pidina. Pérdida total. Semillas Cañete. Pérdida total. Escuela Pailahueque. Pérdida total. Y así la lista sigue. Desde 2018, 15 establecimientos educacionales han sido afectados por incendios intencionales en la macrozona sur, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación.

Los datos también indican que 660 alumnos se quedaron sin un recinto estudiantil. Del total de 15, siete de los centros se encuentran en la Región de La Araucanía, siete están en Biobío y una en Los Lagos.

En uno de los episodios más recientes la quema afectó a un centro que atiende enteramente a niños mapuche: el 18 de abril un incendio intencional acabó con el establecimiento ubicado en un sector rural de Curacautín. La escuela Radalco albergaba a 4 alumnos y según describe la presidenta de Mujeres por La Araucanía, Ruth Hurtado, “la mayoría de los chicos que van ahí son miembros de comunidades y este atentado fue netamente porque horas antes habían ido a hacer un desalojo a un fundo”.

Hurtado explica que esto responde a una nueva estrategia de retaliación: “Ahora tienen este modus operandi; si ocurre un desalojo, ellos van a atentar contra algo que sea importante para la comunidad. Acá, en Padre Las Casas, fue la iglesia de la comunidad mapuche Arturo Lonqueo, y en Curacautín la escuela”.

La presidenta de Mujeres por La Araucanía precisa que si bien antes se atacaba a empresarios y dueños de tierras, “hoy en día les da lo mismo, ahora están atacando a su misma gente, porque finalmente buscan el terrorismo e infundir temor. Así tienen amedrentados a los comuneros que son pacíficos, para que no los denuncien o para que se unan a la causa de ellos”,

Hay casos en que las quemas ocurren en más de una ocasión. Un ejemplo es la Escuela Las Cardas (o Pailahueque), ubicada en la comuna de Victoria (Región de La Araucanía), que ha sido incendiada hasta sus cimientos tres veces desde el año 2019. Ese año el establecimiento sufrió una quema que afectó las mismas salas que fueron siniestradas en junio de 2020, cuando nuevamente hubo un atentado intencional. Un mes después del siniestro robaron los implementos que quedaron. Y si bien fue reconstruida, el 11 de abril de este año volvió a ser atacada y declarada con pérdida total.

En ese momento, el ministro de Educación Raúl Figueroa condenó el hecho y lo tachó de “repudiable”. Escribió en su cuenta de Twitter: “Repudiable ataque en escuela de Pailahueque en Victoria. Su comunidad nuevamente víctima de la extrema violencia, atentando contra la educación de 130 niños y privando a docentes de su espacio de trabajo”. De todos los establecimientos afectados, esta es precisamente la que tiene más estudiantes matriculados con 137 en total. Le sigue la Escuela Juan Aguilera Jerez, ubicada en Biobío (Cañete), que dejó sin colegio a 126 estudiantes.

En la lógica descrita por Hurtado, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, también se refirió al ataque incendiario que afectó a la escuela en la comuna de Victoria y apuntó que era “especialmente grave porque los rayados que se encontraron hacen alusión a las detenciones practicadas por carabineros en la noche del día de ayer (domingo), que fue justamente en un control que se está haciendo por la pandemia y en que se detiene a un grupo de personas que no contando con sus permisos transitaban por la zona”.

El conteo de los daños

Si bien el Mineduc reporta 15 escuelas afectadas declaradas por el Ministerio Público como pérdida total y por causas intencionales, las cifras varían de acuerdo con el registro que se mire. 

“En todos los delitos de violencia rural, los datos que maneja el Ministerio Público no necesariamente son tan fidedignos porque ocurre que en muchos atentados, la capacidad investigativa, tanto de Carabineros, PDI y el Ministerio Público, no son capaces de llevar adelante”, advierte Carola Martínez, presidenta de la agrupación Mujeres Unidas por la Paz (Muppa).

Según describe, por temas administrativos o incapacidad investigativa, “resulta que muchos de esos delitos quedan impunes y en el aire, nunca se transforman en un hecho legal”. Es por eso, que para las personas de la zona “es casi un chiste de mal gusto cuando las autoridades manifiestan ‘vamos a levantar una querella contra todos quienes resulten responsables’. En el 90% de los casos jamás hay responsables”, señala.

El catastro que maneja la subsecretaría del Ministerio de Educación, en la oficina regional de La Araucanía, tiene un listado que asciende a siete establecimientos en el período 2018 a 2021. E incluye dos quemas que no fueron contempladas en las siete que corresponden a La Araucanía en el listado de 15 afectaciones en la macrozona sur que entregó el Mineduc. De ser así, a los siete establecimientos de este registro habría que sumarle la Escuelas Cruzaco (Lonquimay), con 39 estudiantes y que fue incendiada en diciembre de 2020; y la Escuela Millaleiva (Ercilla), con 102 alumnos y siniestrada en noviembre de 2018.

Desde la subsecretaría informan que de las escuelas registradas, cuatro de ellas han sido o están en proceso de reconstrucción. La escuela de Ercilla Tricauco, atacada en junio de 2020, cuenta con el apoyo de un proyecto de emergencia por un monto de $232 millones y que terminará su construcción en agosto de 2021. Además, la escuela Cruzaco de Lonquimay tiene una solicitud de $112 millones para su reconstrucción.

Al mismo tiempo, la escuela Las Cardas que registra tres atentados desde 2019 -los últimos dos en un período menor a 50 días-, está a la espera de que los recursos asignados sean reevaluados por la subsecretaría.

En relación a la IX Región, la Fiscalía de La Araucanía coincide en que investiga dos escuelas siniestradas en 2021, mientras que del año 2020 revisa los ataques a tres escuelas y un jardín infantil. 

De acuerdo con la presidenta de Muppa, el gran problema es que no existe un registro acabado con los datos, “finalmente quienes tenemos más cercanía con el dato real somos las agrupaciones, y si hay un organismo estatal al menos deberíamos esperar que tengan datos fidedignos”.

Aumenta la brecha educativa

Si bien la pandemia tiene canceladas las clases presenciales, Ruth Hurtado de Mujeres por La Araucanía, plantea que los establecimientos sirven para la entrega de canastas de alimentos Junaeb, son centros de reunión para las comunidades y fuente de espacios deportivos; pero advierte que igualmente “esto vulnera la calidad y el acceso a la educación si es que estuviéramos en tiempos normales”.

Si es que los hechos hubiesen ocurrido con clases presenciales, dice Hurtado, los efectos serían catastróficos, porque “mayoritariamente la quema de escuelas es en sectores rurales, donde los niños tienen más dificultades y más necesidades de emparejar el tema educativo”. Y en caso de que los jóvenes sean reubicados, esto representa otra dificultad pues podría ser “en sectores que quedan lejos de sus casas, donde ellos no tienen los medios para desplazarse. En Curacautín, por ejemplo, ya en poco tiempo empieza a caer nieve y es más difícil movilizarse”, insiste.

“Una de las cosas que pedía el estallido social era mejor educación y, finalmente, estos terroristas lo único que hacen es aumentar más la brecha en cuanto a la educación entre los niños que viven en sectores rurales y los que viven en la ciudad”, manifiesta Hurtado.

Con respecto a los otros servicios que prestan los centros educativos, la presidenta de Muppa Carola Martínez explica que algunas de estas ayudas han sido trasladadas a gimnasios municipales donde son coordinadas por el municipio.

Sin embargo, advierte que las escuelas son más que un lugar de entrega de conocimientos. “El tema puntual de las canastas, la entrega de apuntes, la realización de pruebas, todo lo que tiene que ver con el desempeño educativo y alimentación, se va a solventar. Pero va más allá, es el centro social donde se hace el bingo, donde la gente se junta, sobre todo porque la gente está más diseminada y más lejos”, describe sobre las áreas rurales.

Ante esta situación, el director nacional de Junaeb, Jaime Tohá, señala que han “realizado desde el primer minuto las coordinaciones para trasladar las entregas de beneficios y atenciones presenciales a otro colegio que cumpla con los criterios de cercanía y capacidad para mantener los aforos permitidos, procurando siempre que esta situación impacte lo menos posible a los estudiantes”.

Las canastas de alimentos se entregan en los establecimientos en reemplazo de las comidas diarias que se dan en las instituciones educacionales. “El proceso logístico que implican este tipo de beneficios, en algunos casos, como por ejemplo en la entrega de canastas de alimentación o tamizajes médicos coordinados con anticipación con profesionales médicos, podrían existir algunos días de desfases, mientras se realizan las nuevas coordinaciones, las que siempre son realizadas con sentido de urgencia, entendiendo la difícil situación que están viviendo nuestros beneficiarios”, afirma Tohá.

Contra la propia cultura

Respecto a la situación de los niños en el sector, el diputado de Renovación Nacional por La Araucanía, Jorge Rathgeb, plantea que “la mayoría de las escuelas está en sectores rurales, muy cercanas o dentro de comunidades indígenas, y en esas mismas escuelas se enseña la lengua de nuestros pueblos originarios, es algo absolutamente inentendible este tipo de hechos que se atenta contra esas escuelas”.

El parlamentario enfatiza en que a largo plazo los niños van a tener que ir a otra escuela o internados y “van a perder contacto con su propia comunidad”. Critica: “Quien hace estos atentados no está ni ahí con la cultura, cuando atenta contra aquellos lugares donde se les está entregando educación, se les da a conocer su propia cultura, entonces son actitudes irracionales”.

Sobre la constante disputa que existe en la zona, agrupaciones del sector fuera de micrófono, describen que existe una gran estigmatización que impide generar un debate entre las diferentes comunidades. Es por eso que algunos conglomerados han buscado, a través de alianzas estratégicas con comunidades mapuche avanzar en esta materia. “Las hemos podido entender, entender su dolor y heridas históricas, pero eso bajo ningún punto de vista puede validar los hechos violentos y los ataque a las personas, en este caso, a una comunidad estudiantil”, describe la fuente.

Desde la IX Región sostienen, en anonimato por razones de seguridad, que hay que hallar una metodología y “sentarse a conversar”. “Los niños nos están mirando y estamos haciendo todo mal, somos incapaces como adultos de sentarnos y conversar, de llegar a acuerdos” y dejar atrás “los guiños románticos al levantamiento subversivo”.