Según el abogado Adolfo Paúl, el camino que estamos siguiendo se debe a un ” Debilitamiento de la Ley Suprema.

El debilitamiento de nuestra Constitución Política comenzó con un agujero en el dique del Estado de Derecho por el que ha estado entrando un hilo de agua y que, al no haber sido tapado oportunamente, se ha venido agrandando cada vez más y amenaza con destruir el dique entero. Podríamos decir que el agujero primigenio fue la promulgación de la “ley de aborto” (21.030), no obstante que nuestra Carta Fundamental establece “la ley protege la vida del que está por nacer”.

Para ello se utilizó el resquicio legal — forzamiento del propósito de una norma a fin de lograr un resultado deseado— de denominarla “despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”; en circunstancias que para tal despenalización habría bastado agregar un par de líneas en los artículos 344 y 345 del Código Penal.

Lamentablemente el Tribunal Constitucional avaló tal despropósito al declarar que la referida ley es conforme con la Constitución Política. Otras resoluciones de ese Alto Tribunal han contribuido a debilitar la Ley Suprema, tales como las que —vulnerando las garantías constitucionales del debido proceso y de la igualdad ante la ley— han rechazado o declarado inadmisibles los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas que permiten la coexistencia de dos clases distintas de justicia (con posterioridad a la fecha de entrada en pleno vigor del nuevo sistema procesal penal en todo el territorio de la República, el 16 de junio de 2005). Estos resquicios legales han llegado al extremo de lograr la aprobación de proyectos de ley inconstitucionales y al ejercicio de un “parlamentarismo de facto”.

Proceso constituyente y plebiscito ratificatorio

En las encuestas efectuadas con anterioridad al “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” suscrito el 15 de noviembre de 2019, el cambio de la Carta Fundamental ocupaba uno de los últimos lugares en el listado de temas de preocupación ciudadana.

El proceso constituyente en curso tuvo origen en el precitado acuerdo y fue impulsado por minorías políticas que se valen de la violencia para alcanzar sus fines: un cambio profundo del orden político, social y económico de nuestra comunidad nacional; el cambio de la institucionalidad actual, propia de una sociedad libre y responsable, y su reemplazo por otra de orientación colectivista, igualitarista y estatista, que lleva en sí el germen del totalitarismo.

Los partidarios del “Apruebo” en el plebiscito constitucional, en su gran mayoría, tenían afinidad con los sectores políticos de izquierda, que son los que han venido promoviendo desde hace varios años el cambio de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente y que pretenden instaurar “el otro modelo” o “el régimen de lo público”, eufemismos de “Estado socialista”.

El cambio de nuestra Carta Fundamental  constituirá un asunto de tan enorme trascendencia, que exige que el nuevo texto constitucional propuesto a los ciudadanos en el plebiscito ratificatorio o “de salida” sea aprobado, en su integridad, con el voto conforme de a lo menos los dos tercios de los votantes.

Ello debería quedar clara y categóricamente establecido, puesto que la norma del artículo 133 —“la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”— puede prestarse a interpretaciones antojadizas.