Abogada de carabinero de caso Pío Nono: “Hay una clara vulneración al principio de objetividad en el rol investigativo de la fiscal Chong”

“Creo que hay interés profundo de que esas imágenes no sean difundidas a conocimiento público antes del plebiscito de este domingo”, asegura la abogada Nubia Vivanco, encargada de la defensa del carabinero Zamora. El Ministerio Público accedió el viernes a entregar las imágenes de la cámara que llevaba en el cuerpo el uniformado, con un plazo que se cumple la próxima semana.

Como una utilización política, ad portas del plebiscito, califica la abogada Nubia Vivanco, la actitud de la fiscal Ximena Chong de impedir a la defensoría del ex carabinero Zamora, el acceso a las imágenes personales que obtuvo con su cámara GoPro, el 2 de octubre, porque, a su juicio, estas muestran una perspectiva diferente de lo que se ha exhibido, hasta ahora, a la opinión pública.

La abogada afirma que “la cámara registra este encuentro entre estos dos jóvenes, uno haciendo de las suyas y otro haciendo su trabajo. Esta cámara registra también cuando Sebastián vuelve al carro, se quita el casco y rompe en llanto, y escucha el ánimo de sus compañeros que le dicen: tranquilo, si se cayó”.

Además sostuvo que “nadie que salga a la calle a ejercer su trabajo y que pretenda ese día actuar con un ánimo homicida, se pone una cámara en el pecho para registrar estas circunstancias”.

Vivanco señala que no ha visto dichas imágenes, solo ha escuchado el relato que le entregó Sebastián Zamora. Por ello, dice, es importante tener acceso al material audiovisual. El Ministerio Público tuvo acceso desde que las imágenes fueron entregadas por el mismo imputado al Juzgado de Garantía. “Existe lo que viene a ser la igualdad de armas, tanto para la entidad acusatoria como para la defensa”, expresó la abogada.

Explica que hasta ayer no había respuesta a la solicitud de la defensa a estas imágenes. Sin embargo, hoy, tras dar una entrevista al medio digital La Anomia, donde cuestionaba la objetividad del caso, la fiscal Chong le comunicó que la petición fue aceptada.

-En estos momentos, ¿en qué esta el caso del carabinero Zamora?

-Desde el punto de vista judicial Sebastián ha sido imputado por homicidio frustrado. Se ha decretado a su respecto la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de 120 días para la investigación. Por lo tanto, estamos dentro del plazo de investigación. Ambas partes estamos trabajando en las diligencias pertinentes para sumar antecedentes probatorios, que para la teoría de esta defensa son absolutamente no inculpatorios, no solamente de la imputación de visión de túnel, que hace el Ministerio Público respecto a homicidio frustrado. Nuestra postura es que esto fue un lamentable accidente dentro del contexto de la detención de un joven. 

-En una entrevista al medio La Anomia usted habla de las imágenes y dice que la fiscalía se niega a darles acceso a la defensa…

-Efectivamente, hasta el día de ayer se mantenía la negativa del Ministerio Público, pero hoy (ayer viernes) en la mañana me llegó un correo de la fiscal Chong señalando que vamos poder tener acceso. Durante la primera entrevista personal con Sebastián, él me puso en conocimiento de que al momento de los hechos del 2 de octubre estaba usando una cámara personal. Todo esto dentro del contexto en que la institución solamente entrega tres cámaras fiscales por sección. Una sección está compuesta por 20, más un jefe y las cámaras fiscales las usan solamente los de mayor antigüedad. Frente a estas circunstancias muchos carabineros habían tomado la decisión de usar cámaras personales, precisamente para blindarse respecto de imputaciones calumniosas, como la de en este momento está sufriendo Sebastián.

La abogada continúa el relato: “Cuando el padre de Sebastián va a buscar sus pertenecías al casillero, Sebastián ahí recordó que andaba con su cámara personal. Me avisan y de inmediato a través de un correo electrónico le comunico de la existencia de esta cámara a la fiscal Chong. El Ministerio Público y la fiscal Chong insisten que ellos incautaron esa cámara y la verdad es que ese material fue puesto a disposición por Sebastián al Ministerio Público, para cooperar en la investigación, porque los registros de la cámara personal daban cuenta clara de cuál había sido la dinámica de los hechos que se están investigando. Por lo tanto, a pesar de que no habíamos tenido acceso a las imágenes, el relato que hacía Sebastián de las circunstancias eran muy importantes para que esta evidencia fuera resguardada y aportada a la investigación.

Ese correo se envió el día martes a la fiscal Chong, y avisé inmediatamente al comandante Bascur de la 40 comisaría que se iba a llevar a cabo una diligencia. Se incauta la cámara y el día 13 de octubre la fiscal Chong solicita acceso a las imágenes al Juzgado de Garantía. El juez provee el acceso y acogiendo la argumentación de la fiscal Chong, que como habían sido entregadas por nosotros no se requería que nos notificara del acceso de las imágenes al Ministerio Público. Al día siguiente solicito el mismo acceso a las imágenes, argumentando que dentro de este contexto existe lo que viene a ser la igualdad de armas, tanto para la entidad acusatoria como para la defensa. 

-¿Por qué cree que se lo negaron a ustedes y no a la fiscal Chong?

-Yo creo que hay una clara vulneración. En primer lugar, al principio de objetividad en el rol investigativo de la fiscal Chong. En este caso porque si investiga debe ser en todo lo que aporta o afecta al imputado. Debe ser objetiva. Y en segundo lugar creo que hay interés profundo de que esas imágenes no sean difundidas a conocimiento público antes del plebiscito de este domingo. 

-¿La entrega de estas imágenes será después del plebiscito?

-Efectivamente, después del plebiscito. Recién hoy (ayer viernes), después del revuelvo de la entrevista, me llegó el correo de la fiscal en donde me envía otras cosas de la carpeta investigativa que había solicitado y que la respuesta era que se enviará dentro de 10 días hábiles. Cuando uno da una resolución, solo depende de apretar un botón para enviar un correo con la información que están solicitando. Ese plazo significa que la defensa pierde 14 días de investigación dentro del contexto de plazo de 120 días de investigación.

-Pero la fiscalía dijo que la defensa debía aclarar la petición con respecto a las imágenes para poder dar el acceso.

-En la petición que hice en el portal al tribunal, le pedí acceso a las imágenes de la cámara personal de Sebastián. La solicitud que hice en el portal fue especifica, pedí piezas de la carpeta investigativa, pedí las imágenes audiovisuales y audiográficas que se habían acompañado en la audiencia de formalización y las que se habían incorporado con posterioridad a la audiencia. Más claro que el agua. En 24 horas me responde la primera parte y me dice que me va a enviar las carpetas con todos los antecedentes que se han agregado, pero me deja pendiente resolución, sin exigirme aclaración alguna respecto de las imágenes de la cámara. Y hoy me llegan el mail, como magia, porque los diez días se cumplían la próxima semana. Y hoy, como magia, sin haber aclarado nada, se me aprueba el acceso.

-¿Qué opina de que en la franja del Apruebo se usaron imágenes del caso del puente Pío Nono?

–Me parece de una bajeza absoluta. Eso rompe con el principio de inocencia. Es como si viviéramos en un país en que la política se hiciera a prueba de no pensantes. Creo que incluso debieran ser sancionados quienes usan estas imágenes, porque no he visto que hayan usado las imágenes de carabineros heridos o la figura de Mauricio Jofré Leal, uno de los primeros carabineros heridos y que termina suicidándose el 12 de febrero de este año por el estrés post traumático. No veo la otra parte.

-¿Usted cree que este material grabado por la GoPro va a jugar a favor del carabinero Zamora? 

-No he visto el material, lo que he podido reconstruir ha sido a través del relato de Sebastián, en las conversaciones que he tenido con él. Independiente de si va a ser a favor o en contra, mi tema es la colaboración de Sebastián con la investigación y la entrega absolutamente voluntaria. Los tribunales son quienes van a señalar si esto a favor o en contra, pero por una lógica básica, en materia penal los tribunales dictan sus sentencias en virtud del principio de sana crítica. Con respecto de las máximas de la experiencia nadie que salga a la calle a ejercer su trabajo y que pretenda ese día actuar con un ánimo homicida, se pone una cámara en el pecho para registrar estas circunstancias. Eso para mí ya es una situación que se contradice absolutamente con el ánimo homicida que pretende sostener en su imputación del caso.

Además, según el relato de Sebastián, la cámara registra este encuentro entre estos dos jóvenes, uno haciendo de las suyas y otro haciendo su trabajo. Esta cámara registra también cuando Sebastián vuelve al carro, se quita el casco y rompe en llanto, y escucha el ánimo de sus compañeros que le dicen: “tranquilo, si se cayó”.

-Sebastián Zamora fue dado de baja por la institución, ¿qué ha significado esto para la defensa?

-Lo que pasa es que el tema jurídico tiene sus dos tipos de responsabilidades, la penal, que es la que se esta persiguiendo en la investigación que lleva adelante la fiscal Chong, que es un procedimiento penal, pero también hay un sumario administrativo. Cuando se entrega la cámara personal de Sebastián, el alto mando de la institución emite esta declaración pública en la que señala que ha tomado conocimiento con la defensora particular de carabineros, y que eso era una falta administrativa que califica como grave  y que, por lo tanto, eso amerita la expulsión de Sebastián de Carabineros.

A juicio de esta defensa, porque yo soy la defensora judicial, pero también, estoy defendiendo a Sebastián desde el ámbito administrativo, al interior de la institución, ese sumario está absolutamente viciado. Partiendo por la declaración pública que se hace. En primer lugar, esta precalificando una falta como grave, una falta administrativa puede ser leve, levísima, grave, y por lo tanto, hay una amplia gama de sanciones. Y la están calificando como grave. En el reglamento de Carabineros, una falta administrativa grave se sanciona con 30 días de arresto, pero jamás con la expulsión.