Hoy. Cl Noticias, 5 de abril de 2016

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, pidió públicamente y cara a cara a Michelle Bachelet que concrete el cierre del penal Punta Peuco, que aloja a más de 100 condenados por distintos casos de violaciones a los derechos humanos.

Pizarro compartió el lunes con la Mandataria en un acto realizado en la comuna de La Reina: la inauguración de un memorial para las víctimas del cuartel de exterminio “Lautaro de la DINA, ocasión que aprovechó para insistir en la emblemática demanda de los familiares de víctimas de la dictadura.

“Vaya que no nos queda tiempo y no podemos seguir esperando. Tenemos que sacar a los violadores (de derechos humanos) de Punta Peuco“, dijo Pizarro al intervenir con un discurso en la ceremonia.

“Compañeras y compañeros, querida Presidenta, no porque Punta Peuco esté con exceso de criminales adentro (debe seguir operando), porque Punta Peuco simboliza la impunidad“, afirmó la dirigente.

El cierre de Punta Peuco, recinto penitenciario construido en la comuna de Tiltil en la época de la transición, bajo el Gobierno de Eduardo Frei, es objeto de debate desde que, en 2013, el Presidente Sebastián Piñera resolvió cerrar el Penal Cordillera, a raíz de las entrevistas televisivas que dio Manuel Contreras en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe, donde insistió en negar las violaciones de los derechos humanos.

En el pasado mes de febrero Punta Peuco superó su capacidad máxima de 112 reclusos, y el fin de semana recién pasado el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, admitió a Cooperativa que avanzar en su cierre es “muy difícil” dado el colapso del sistema penitenciario chileno.

En agosto del año pasado Carmen Gloria Quintana, víctima sobreviviente del caso “quemados vivos”, afirmó que la Presidenta Bachelet le habá comunicado que durante el mes de septiembre se procedería al cierre de Punta Peuco, lo que no ocurrió, aunque el ministro vocero Marcelo Díaz, señaló que era un tema en evaluación.

Meses después, en noviembre, la Sala de la Cámara de Diputados, aprobó un proyecto de resolución que solicitaba formalmente a Bachelet el cierre del centro cumplimiento penitenciario especial para criminales de lesa humanidad.

Defensores de los condenados se oponen a esa posibilidad destacando que entre los internos hay decenas “que están en condición terminal, con enfermedades de cáncer y alzheimer”.