Córdova no es ningún prisionero político ni menos está encarcelado por temas ideológicos, sino por haber participado en un crimen que conmocionó a Chile entero; un homicidio donde dos adultos mayores murieron calcinados al interior de su dormitorio, con el seguro de la puerta puesto, según revelaron los peritajes, lo cual evidenció que ambos fueron prácticamente arrinconados para que no lograran escapar de las llamas.

Hace aproximadamente dos meses, Celestino Córdova inició una nueva huelga de hambre, medida de presión con la que ya en el 2018 logró que las autoridades cedieran a sus exigencias y le permitieran abandonar la cárcel para ir a su domicilio a “renovar energías espirituales” durante algunas horas. ¿El motivo en ese entonces? Según señaló su red de apoyo, el recluso padecía “la enfermedad del machi”, consistente, entre otros aspectos, en el impedimento de conectarse con su “espíritu de machi” por estar encerrado en un recinto penitenciario, lo que podía causarle “la muerte espiritual o física”.

En este punto es oportuno recordar dos detalles. En primer lugar, un machi, dentro del mundo mapuche, cumple la importante labor, entre otras cosas, de buscar el bien y luchar contra el mal. Asimismo, es preciso recordar también por qué Celestino Córdova fue condenado a 18 años de presidio: porque la justicia comprobó que él participó en el macabro crimen del matrimonio Luchsinger Mackay. En palabras simples, quien supuestamente estaba llamado a hacer el bien, terminó ocasionando un sufrimiento enorme y aún hoy, siete años después del crimen, sigue provocándoselo a la familia de las víctimas con sus continuas exigencias, evidencia inequívoca de la actitud que ha mantenido desde el día que lo capturaron: cero colaboración con la justicia, nula demostración de arrepentimiento, inexistente intención de reparar el daño ocasionado. Lo anterior, por cierto, rasgos característicos y evidentes de una persona que no dimensiona el dolor causado ni la gravedad del delito cometido.

¿Qué quiere ahora con su nueva huelga de hambre? Ya no pide salir a renovar “energías espirituales” por unas horas, sino que derechamente exige abandonar la cárcel para cumplir el resto de la condena en su domicilio. Para conseguir su propósito, el recluso sigue contando con la mencionada “red de apoyo”, una médico de su confianza que lo visita en el penal de Temuco, y grupos en redes sociales que lo describen como “preso político mapuche”; consigna que masifican no sólo en Chile, sino también en el extranjero, generando un engaño. Córdova no es ningún prisionero político ni menos está encarcelado por temas ideológicos, sino por haber participado en un crimen que conmocionó a Chile entero; un homicidio donde dos adultos mayores murieron calcinados al interior de su dormitorio, con el seguro de la puerta puesto, según revelaron los peritajes, lo cual evidenció que ambos fueron prácticamente arrinconados para que no lograran escapar de las llamas. En palabras simples, Celestino Córdova está preso porque se convirtió en un delincuente peligroso. Y es este individuo el que hoy realiza exigencias con una medida de presión indebida a las autoridades, las mismas que, desde el estallido revolucionario de octubre han exhibido una evidente debilidad a la hora de ser tajantes e imponer orden.

Afortunadamente, el miércoles 1° de julio la jueza Marcia Castillo del Juzgado de Garantía de Temuco rechazó el recurso presentado por la defensa de Córdova, con el cual se pretendía sacarlo de la cárcel y enviarlo a su casa a cumplir la sentencia. Sin embargo, sigue con la huelga de hambre y seguramente insistirá en ser liberado, presionando hasta conseguir su objetivo o algún tipo de concesión. Es lo mismo que exigen nueve reos de la cárcel de Angol, los cuales también se autocalifican como “presos políticos”, entre ellos Víctor Llanquileo (condenado a 16 años por robo con violencia), Sergio Levinao (condenado por robo con secuestro y porte ilegal de arma de fuego), Sinecio Huenchullán (condenado por receptación), Juan Queipul Millanao (acusado de disparar y herir gravemente a un trabajador con un fusil), y Freddy Marileo (imputado por el asesinato de dos hijos del lonco José Cariqueo), además de otros tres comuneros acusados de diversos delitos (homicidio frustrado, robo con intimidación, entre otros). Algunos de estos individuos pertenecen a la comunidad Temucuicui, conocida por su conflictividad, violencia y porque su werkén, Jorge Huenchullán, fue condenado en junio del 2017 por cultivo de marihuana luego de que él mismo reconociera el delito ante la justicia (se le incautó droga avaluada en 140 millones de pesos aproximadamente). Su hermano, Omar Huenchullán, fue condenado en el 2010 por el homicidio al interior de la misma comunidad, luego de una considerable ingesta de alcohol, del anarquista Juan Cruz Magna.

No se puede ignorar tampoco una reciente entrevista concedida por Héctor Llaitul, vocero de la CAM, quien confesó abiertamente que dicho grupo terrorista comete ataques incendiarios, como así también algunas comunidades movilizadas y comprometidas con la llamada “causa mapuche”, cada vez más cuestionada en cuanto a sus verdaderos propósitos e intereses. El mismo Llaitul reveló también que su organización está preparada militarmente para dar “respuestas de combate” y que los atentados se mantendrán.

Con todo este panorama, considerarlos como “presos políticos mapuche” es prácticamente un insulto a las víctimas y una burda estrategia que busca presionar a las autoridades para que estos sujetos sean liberados o reciban beneficios carcelarios que no merecen. Y si finalmente se termina cediendo a las exigencias de estos individuos, no sólo será una mala señal política, sino principalmente quedará la sensación de que no hay justicia, de que “todo vale” cuando se trata de la “causa” y que deben recibir, sin importar el delito cometido, tratos especiales (casi al borde de la impunidad).

Publicado por El Líbero