La Tercera

Las últimas cifras de violencia en La Araucanía asociadas al conflicto indígena no han resultado alentadoras, pues de acuerdo con el Ministerio Público los atentados en zonas rurales han experimentado un aumento de 71% en el período enero-septiembre, en comparación con igual período del año anterior, donde se cuentan atentados incendiarios en predios, destrucción de maquinaria y disparos a unidades policiales, entre otros. En el mes de octubre también se han registrado ataques -incluso en la zona del Biobío-, configurando un cuadro ciertamente inquietante.

Ha sido el propio Presidente de la República quien ha reconocido que no se han logrado los resultados esperados en controlar la violencia, restablecer el estado de derecho y combatir el terrorismo. “Créanme, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y no es una tarea ni lucha fácil”, señaló en el marco de un encuentro organizado por la SNA. El sinceramiento del Jefe de Estado resulta preocupante, porque además de constituir una promesa incumplida de campaña, revela que las falencias del Estado para enfrentar un tema acuciante como es la violencia en dicha zona han resultado mucho más severas de lo previsto.

Es evidente que tras la crisis que el caso Catrillanca desató en Carabineros -el próximo mes se conmemorará un año de la muerte del comunero mapuche a manos de un equipo del Gope- así como los devastadores efectos políticos que provocó en el propio gobierno, la estrategia de seguridad desplegada por la autoridad en La Araucanía experimentó un brusco giro, y la intensidad en el combate a la violencia parece haber perdido fuerza, cuando menos desde el punto de vista de las prioridades públicas.

El retroceso en la tarea de devolver el estado de derecho a La Araucanía debe ser motivo de inquietud general, no solo porque está representando una grave violación a los derechos de miles de personas que están siendo vulnerados por parte de minorías radicalizadas, sino porque a la luz de lo que ha señalado el Mandatario, no es claro que a futuro esta situación vaya a cambiar. Si esta percepción se va confirmando en el tiempo, constituiría una verdadera estocada a la credibilidad del Estado y sus instituciones.

Los caminos de acción no resultan de todo claro en este momento, pero es evidente que la presencia policial debe ser reforzada -sin necesidad de la estridencia que rodeó al llamado “Comando Jungla”- y es indispensable que al más alto nivel se revisen las dificultades para producir información de inteligencia que permita una mejor prevención y llevar a juicio a los responsables. También cabe analizar por qué el Ministerio Público no logra exhibir resultados significativos a la fecha, a pesar que desde 2018 se han presentado más de 130 querellas y la ley antiterrorista ha sido invocado decenas de veces. Los planes de reactivación que el gobierno ha puesto en marcha para fomentar el crecimiento, la inversión y el empleo en La Araucanía están bien orientados, pero en la medida que la violencia siga sin control en determinadas zonas de la región es difícil que prosperen iniciativas para destrabar el conflicto e impulsar a la región