Editorial diario La Tercera, 17 Octubre de 2016

La nueva subsecretaria de Derechos Humanos, en entrevista con este medio, planteó que el país debería abrirse a la discusión sobre la procedencia de entregar beneficios carcelarios a adultos mayores y enfermos terminales condenados por crímenes de lesa humanidad. “Es un tema que debe debatir el Congreso a través de una propuesta de ley de Indulto General en caso de DDHH (…) Lo peor que nos puede pasar a los defensores de derechos humanos es perder la humanidad”.
Sus dichos motivaron la inmediata reacción de agrupaciones de DDHH, que rechazan terminantemente cualquier tipo de beneficio, y el propio gobierno, a través de su vocero, descartó que el Ejecutivo se encuentre considerando la posibilidad de indultar a este tipo de condenados. “El gobierno no tiene en carpeta, ni en idea, y descarto absolutamente que nosotros estemos siquiera pensando una posibilidad de un indulto en esta materia”.

Las afirmaciones del secretario de Estado resultan contradictorias a la luz del planteamiento formulado por la subsecretaria, y al tratarse de una materia no bien deliberada resulta precipitado que el gobierno cierre la puerta a esta discusión.
El tema de conceder este tipo de beneficios cobró notoriedad cuando el sacerdote Fernando Montes planteó en junio de este año que los reclusos de Punta Peuco “tienen también que ser tratados como seres humanos”. Sus palabras provocaron revuelo, pero permitieron poner de relieve la existencia de limitaciones que solo rigen para un tipo de presidiarios. El debate fue potenciado porque un grupo transversal de senadores presentó un proyecto de acuerdo, instando a la Presidenta de la República a adoptar las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento al derecho penal humanitario en la aplicación de penas privativas de libertad a condenados aquejados de enfermedades graves e incurables, sin distingo alguno.  Tal moción incluso recibió el respaldo del presidente de la Corte Suprema, como un gesto importante para ir avanzado en la reconciliación nacional.
Sorprende entonces que estos primeros pasos para una discusión sobre los estándares penales y su armonización con los derechos fundamentales se vean abruptamente interrumpidos a propósito de un proyecto de ley originado en moción parlamentaria, que busca sustituir la normativa sobre beneficios carcelarios -la cual data de 1925- para reemplazarla por otra, en uno de cuyos artículos prohíbe que todo condenado por crímenes de lesa humanidad acceda a beneficios carcelarios. Tal prohibición desecha cualquier consideración de tipo humanitaria, consagrando la existencia de discriminaciones dentro del sistema penal que no parecen haber sido apropiadamente aquilatadas.
El país ha hecho en los últimos años avances sustantivos en materia de reconciliación, para lo cual ha puesto en marcha varios programas de reparación a víctimas de derechos humanos, creando además comisiones especiales para intentar hacer verdad sobre personas que han desaparecido o fueron víctimas de tortura o apremios ilegítimos. A pesar de ello, las heridas distan de haber cicatrizado, y los esfuerzos deben centrarse en cómo ir superando una dolorosa etapa de la historia.