El fallo de los ministros Balmaceda, de la Barra y Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en el caso Frei ha revocado la sentencia del sumariante Alejandro Madrid condenatoria de seis personas por el supuesto homicidio del ex presidente, ha absuelto a los injustamente sentenciados, fundado en que el deceso lo provocaron exclusivamente causales médico-quirúrgicas. Esos ministros, al fallar así, se atuvieron a la verdad y al derecho, lo que queda de manifiesto tras leer la sentencia de 97 páginas.

Obviamente, al hacerlo desatendieron el mandato político predominante en Chile en todos los regímenes posteriores a 1990: “hay que culpar a Pinochet”. Mandato que satisfizo por completo el dictamen del fiscal judicial Norambuena, de la misma Corte de Apelaciones de Santiago. Éste no sólo no recomendaba sobreseer, sino aumentar hasta veinte años de presidio las penas de los supuestos autores, por tratarse, afirmaba, de un homicidio calificado o asesinato. Pero la sala lo desoyó.

Recuérdese que el recurrido fallo de Madrid confesaba que “lamentablemente” (sic) no había encontrado indicios de una conspiración del régimen militar para dar muerte a Frei Montalva. Pero, no obstante eso, hasta voces DC supuestamente “moderadas” se arreglaron para escribir a los diarios “culpando a Pinochet” del supuesto crimen, como fue el caso de Sylvia Soublette (Q.E.P.D.), Marta Lagos y Mariano Fernández Amunátegui, hace dos años, cuando se publicó esa sentencia. Bastaba que el fallo dijera “alguien lo mató” para que los Catones morales concluyeran: “fue Pinochet”.

Y es ese predicamento y el del dictamen del fiscal Norambuena (no así el fallo) el que representa el sentir político predominante en los partidos y en la dictadura judicial roja que impera en Chile. Corriente dominante encabezada por Piñera y los ex presidentes Bachelet, Frei Ruiz-Tagle y Lagos, todos los cuales han respaldado a dicha dictadura judicial y públicamente sostenido, en forma invariable, que Frei Montalva murió víctima de un “asesinato”, palabras de todos ellos en 2019, aunque Madrid decía “homicidio simple”. Buenos chilenos: no entienden lo que leen.

De hecho, uno de los querellantes en el caso es el propio gobierno de Piñera. Ahora su vocero ha anunciado estar estudiando qué recurso interponer para dejar sin efecto este fallo que les resulta insoportablemente apegado a la verdad y la ley. Pues Piñera, en general, en sus dos gobiernos, ha sido coautor activo de la prevaricación judicial violatoria de la verdad y las leyes, en los procesos contra exmilitares, olvidando lo que les prometió siendo candidato.

Bachelet, por su parte, hizo historia en el mismo caso Frei cuando, bajo su gobierno, convocó y presidió una publicitada rueda de prensa en La Moneda para denunciar ante el país y el mundo la confirmación del supuesto envenenamiento de Frei. Afirmaba que un informe de la Universidad de Gante, Bélgica, lo habría corroborado. En esa ocasión su ministra Vivianne Blanlot ocupó el podio y lanzó la odiosa frase, lapidaria, contra Pinochet: “¡el horror no termina!”, que ganó titulares. Pero todo el tinglado se les vino al suelo cuando la Universidad de Gante declaró a “La Segunda”, que tomó la precaución de consultarla, que el supuesto informe confirmatorio del envenenamiento simplemente no existía. Alguien lo había inventado.

Pues este caso ha sido sólo un montaje judicial tras otro, en los cuales los escrúpulos morales se han perdido. Siempre fue tal la carencia de fundamentos serios de la tesis del envenenamiento que la primera querella sólo vino a interponerse veinte años después del fallecimiento en 1982 de Frei Montalva. Todavía diez años después de su deceso, su hijo del mismo nombre y a la sazón presidente de la República decía que los rumores sobre un homicidio eran “cosas de la Carmen” o “locuras de la Carmen”, según quien fuera el interlocutor, refiriéndose a su hermana. Pero, finalmente, la conveniencia política primó sobre la exigencia moral y Frei hijo también se plegó con vehemencia a la tesis del “magnicidio” y del “primer presidente chileno asesinado”, que es la que sigue sustentando incluso hoy, aun después del honesto fallo de la Corte de Santiago.

Personeros DC de prestigio, como el ex ministro del Interior de Frei Montalva y de Aylwin, Patricio Rojas, y el ex senador Osvaldo Olguín, ambos médicos, siempre desmintieron cualquier versión sobre un homicidio y detallaban las causas médico-quirúrgicas del desenlace. Pero el primero falleció y el segundo fue expulsado del partido, porque su honestidad ya era incompatible con permanecer en la DC. Nadie que profese tal culto a la verdad puede estar en ese partido.

Por desgracia, el honesto fallo unánime de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago no está destinado a prevalecer, porque es incompatible con la miseria moral chilena predominante y con la dictadura judicial roja en vigor, encabezada por el pleno de la Corte Suprema y su sala penal en particular.

Anticipo pues que, con el mismo cinismo con que ha colmado Punta Peuco de presos políticos militares, el tribunal superior se va a arreglar para insinuar de nuevo en este caso, aprovechando los recursos que de seguro se interpondrá, una participación delictiva en el fallecimiento del expresidente, que los ministros de la Corte de Santiago, demasiado honrados para el medio, no encontraron en ninguna parte.

Hermógenes Pérez de Arce