El Senado debe rechazar la designación de Raúl Mera Muñoz como ministro de la Corte Suprema porque, primero, fue sorprendido al menos una vez aplicando las leyes a uniformados y absolviéndolos en un fallo. Eso es inadmisible bajo el actual régimen de dictadura judicial rojo-piñerista plenamente vigente en la actualidad.

Segundo, porque la designación de Mera Muñoz debilitaría el precedente sentado al rechazarse las proposiciones de los nombres de Dobra Lusic y Juan Manuel Muñoz Pardo, ambos impugnados por la mayoría de izquierda del Senado, tras denunciarse que habían sido sorprendidos acogiendo recursos de amparo de personas condenadas en el caso Frei, caso este último emblemático del espíritu de desconocimiento permanente de las leyes vigentes y de la verdad de los hechos, que está en la esencia de la actual etapa de la evolución jurídica del país presidida por la dictadura judicial rojo-piñerista. ¿Qué se obtiene con tener preso a un nonagenario con alzheimer y que no controla sus esfínteres, como el general (r) Orozco, y quien es además inocente del delito que se le imputa, si toda esa ejemplar dureza es abandonada al permitir la designación de Mera Muñoz? ¿Puede el país permitirse esta señal de debilidad en la defensa de su antijuridicidad?

Tercero, porque, además, tener contemplaciones con Mera Muñoz debilitaría otro severo y esencial precedente establecido en años recientes, al rechazarse a priori nombres de magistrados declaradamente partidarios de respetar la legalidad vigente, como la ex ministra Raquel Camposano y el ex ministro Alfredo Pfeiffer, ambos exponentes de un peligroso apego a la letra de las leyes y a la verdad de los hechos, inadmisibles en la presente etapa de la evolución rojo-piñerista de la justicia del  país.

Cuarto, porque (y esto es gravísimo) mediante el fallo comentado en el número uno quedó en evidencia una falsedad más del Informe Rettig, que en 1991 había asegurado que Raúl Pelegrin y Cecilia Magni, miembros del FPMR que asaltaron el cuartel de Los Queñes y asesinaron a un suboficial de Carabineros, habían sido torturados y asesinados por efectivos policiales y arrojados a las aguas de un río. Es inadmisible que en el Chile actual, donde hasta el mismísimo senador Andrés Allamand ha dicho que el Informe Rettig debería ser de lectura obligatoria en los colegios, se desprestigie a ese extremo uno de los dos instrumentos básicos utilizados para el lavado cerebral de los chilenos durante los últimos treinta años, siendo el otro, como se sabe, el Informe Valech.

Sobre todo sería grave caer tales en vacilaciones y miramientos teniendo en cuenta que el redactor principal del Informe Rettig, el jurista Gonzalo Vial Correa, fue después, ya en estado de arrepentimiento, un detractor inmisericorde del Informe Valech, cuya validez objetó en columnas del diario “La Segunda” que no han podido ser borradas de la memoria histórica nacional, publicadas entre el 1 y el 3 de septiembre de 2004. Desvirtuado el segundo instrumento del lavado cerebral ¿podemos caer en el renunciamiento burgués de dar pábulo al debilitamiento del primero?

Quinto, porque tampoco basta para hacer al ministro aspirante digno de integrar la Corte Suprema que él haya prevaricado en diversas otras oportunidades, condenando a uniformados contra leyes expresas y vigentes, como las de amnistía y de prescripción. Pues para ser integrante de la Corte Suprema actual se exige haber prevaricado SIEMPRE y sin claudicaciones.

Si no se quiere que Chile se deslice por la peligrosa pendiente del respeto a las leyes y a la verdad de los hechos, dejando así expuesta a la dictadura rojo-piñerista actual a gravísimas consecuencias e incluso represalias, es esencial rechazar de raíz la proposición del Ejecutivo del nombre del ministro Raúl Mera Muñoz como nuevo integrante de la Corte Suprema.

Hermógenes Pérez de Arce