Las curiosas declaraciones del ex delegado presidencial acusando la falta de colaboración de los mandos militares –incluso criticando que estos llegaran a las reuniones de trabajo con abogados– merecen un comentario.

En nuestro orden institucional, el control del orden público le corresponde a las policías y la normativa legal que respalda el actual quehacer de las FF. AA está orientada a apoyarlas a enfrentar la pandemia.

Resulta curioso que el exdelegado desconozca que la colaboración de las FF. AA en otras actividades requiere ser permitida por instrumentos legales específicos y ­–lo que no es menos importante– contar con el apoyo de nuestra ciudadanía.

No me explayaré sobre la preparación, empleo de las FF. AA  o la ausencia de inteligencia, temas que ciertamente desnudan el escaso conocimiento que supuestamente debe tener quien está a cargo de tan relevante función.

En lo operativo, es importante recordar que las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) fueron diseñadas para la protección de la infraestructura crítica por parte de las FF. AA y colaborar, en la zona norte, en el control del narcotráfico y el ingreso ilegal a nuestro país, algo muy diferente de un potencial empleo –directo o de colaboración– en el control del orden público en la zona sur.

El hecho de que critique la presencia de abogados o la supuesta falta de decisión de los mandos militares demuestra que ignora las lecciones aprendidas de nuestra historia.

En una sociedad seria, emplear a los militares en otros roles no depende de que exista o no la voluntad de colaborar por parte de sus mandos. Su actuar debe encontrarse respaldado por las leyes. De ahí que se justifique la presencia de sus asesores legales, quienes están ahí para velar que se actúe en la forma debida.

La prudencia de sus comandantes –a su juicio, un problema– se justifica en el hecho de que la improvisación tiene consecuencias muy serias no sólo para los militares sino para nuestra sociedad.

¿Debe haber colaboración de las FF. AA? Ciertamente que sí, pero ello debe hacerse conforme a derecho.

El segundo tema inquietante es que la designación de las nuevas autoridades –más alla de su calidad profesional– demuestra la incomprensión del Gobierno. La situación de la Araucanía requiere de una política de Estado en la que los hechos de violencia son tan sólo una de las aristas del problema. Por lo mismo, lamento que las propuestas de Juan Sutil y otros no hayan sido consideradas, ya que ellas se orientaban a dar una respuesta a las múltiples dimensiones de un asunto complejo, como creo lo evidenció el ministro Moreno y otros que lo antecedieron.

Como bien lo manifestó el ministro de Defensa, el desempeño de nuestras FF. AA merece nuestro reconocimiento, y si queremos que ellas colaboren en otros ámbitos, ello debe hacerse conforme a derecho, porque una mala decisión en esta materia sin lugar a dudas no ayuda, sino que agrava el problema.

Es tiempo de que nuestros dirigentes políticos cumplan su tarea con una mirada de país, porque nuestros sureños afectados por la violencia y nuestros valerosos soldados y policías desplegados en terreno merecen que como sociedad actuemos en forma seria, dejando atrás las ventajas subalternas, pues, de seguir así, las consecuencias serán muy graves para todos.

Eduardo Aldunate Herman