Algunos analistas dicen que la Corte Suprema de la época del gobierno militar, “con amable docilidad, aceptó las instrucciones de Pinochet” y que ella “no solo se habría doblegado ante Pinochet; se habría mostrado, además, solícita para cooperar con sus designios”.

Normalmente los gobiernos tratan de influir soterradamente en las decisiones judiciales que tienen trascendencia política. Sin embargo, a veces lo hacen desembozadamente, como lo hizo el presidente Aylwin al enviarle el 4 de marzo de 1991 un oficio a la Corte Suprema en el que le indicaba cual debía ser, en su concepto, la interpretación que debería dársele a la ley de amnistía. Dicho Alto Tribunal, con amable docilidad, aceptó las instrucciones de Aylwin, doblegándose ante él, mostrándose solícita para cooperar con sus designios.

Durante los últimos veinticinco años los ministros de los tribunales superiores de justicia han sido condescendientes con los designios de los gobernantes y han actuado solícitamente en la persecución y condena de militares y carabineros que habrían cometido “violaciones de los derechos humanos”; sin considerar la situación de guerra subversiva que se vivía en el país —antes y después del 11 de septiembre de 1973—, atropellando principios esenciales del derecho penal —como lo son el de supremacía constitucional, el de legalidad y las normas del debido proceso— y fallando contra leyes expresas y vigentes.

Adolfo Paúl Latorre, Abogado