INTRODUCCIÓN

El Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre de 1973, no fue fruto de un cuartelazo urdido por
un grupo de militares que quisiera tomar el poder por sí y ante sí.

Por el contrario, fue un movimiento militar ejecutado por las tres ramas de las FF.AA. y Carabineros
de Chile, bajo la dirección de los respectivos máximos mandos institucionales y tuvo como
fundamento, entre otros, los siguientes hechos relevantes ordenados cronológicamente:

1. Agosto de 1967, a instancias del entonces senador socialista Salvador Allende, se reúne en La
Habana la Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS),
cuya resolución general, hoy casi olvidada por unos y otros, lleva como título un pensamiento
de Simón Bolívar:” Para nosotros la Patria es América”, afirmación que ha recuperado vigencia
impulsada por la revolución bolivariana en Venezuela. El documento señala que “siendo la
lucha armada la vía fundamental, es igualmente necesario emplear otras formas de lucha
siempre que se encuentren en desarrollo, o tengan por objetivo ayudar a desarrollar la que se
estima principal. Las formas de lucha sólo tendrán un valor revolucionario en la medida en que
contribuyan al desarrollo hacia las formas más altas de la lucha de clases y estén dirigidas a
crear conciencia acerca de la inevitable confrontación revolucionaria en todo el continente”.

2. Acuerdo de Chillán del Partido Socialista de Chile, en su congreso de Chillán, de noviembre de
1967, que expresa:
“El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como
objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario
que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción
del Socialismo”.

“La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter
represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del
poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el
aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista”.

3. Congreso de La Serena, Partido Socialista entre el 28 y 31 de enero de 1971; “El triunfo
electoral del camarada Salvador Allende y la posterior instalación de la Unidad Popular en el
gobierno, tras de infligir una grave derrota a la burguesía y al imperialismo, han generado
nuevas y favorables condiciones a la clase obrera y a las masas chilenas, para una efectiva
conquista del poder que hace posible iniciar la construcción del socialismo en el país”.

“Sin embargo, el Gobierno Popular desenvuelve su acción entrabada por la institucionalidad
burguesa y por la resistencia cada vez más activa desplegada en todos los planos por la
reacción nacional y extranjera, otros, buscaron ganar tiempo, bloquear el cumplimiento del
programa e inmovilizar al gobierno popular tras la exigencia de las llamadas garantías
democráticas”.

“En los momentos actuales, la burguesía se agrupa alrededor de la Democracia Cristiana y
secundariamente alrededor del Partido Nacional y de la Democracia Radical”.

4. Acuerdo adoptado por la Cámara de Diputados el 23 de agosto de 1973, que, en sus partes
más importantes, expresa:

“Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido
empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las
personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese
modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático
representativo que la Constitución establece; Que, para lograr ese fin, el Gobierno no ha
incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un
sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar
sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente
las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo
y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo
peligro para la nación, todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y
del Estado de Derecho”.

5. Llamado público, previo al 11 de septiembre de 1973, del Senador Socialista Carlos
Altamirano y del dirigente del MIR Miguel Enríquez, incitando a sublevarse contra los
mandos, tomarse los buques de la Armada y los cuarteles, situación que si se hubiese
concretado habría llevado a una sangrienta guerra civil con cientos de miles de chilenos
muertos………..

6. Don Eduardo Frei Montalva, ex presidente de la República, en su entrevista al Diario ABC de
España, de 10 de octubre de 1973, declaraba: “El marxismo, con conocimiento y aprobación
de Salvador Allende, había introducido en Chile innumerables arsenales, que se guardaban en
viviendas, oficinas, fábricas, almacenes. El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía
de un armamento superior en número y calidad al del Ejército; un armamento para más de
treinta mil hombres, y el Ejército chileno no pasa normalmente de esa cifra. Los militares han
salvado a Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente tan importantes como la de
Chile, pero que son vidas humanas, y muchas, y todas amenazadas perentoriamente. Y no
puedo decir que estemos aún a salvo, porque –ya lo ve usted día tras día– las Fuerzas
Armadas siguen descubriendo reductos y arsenales. La guerra civil estaba perfectamente
preparada por los marxistas. Y esto es lo que el mundo desconoce o no quiere conocer”.

7. Días antes del 11 de septiembre de 1973, el entonces presidente de la DC, Don Patricio
Aylwin, dijo en una entrevista a The Washington Post el 26 de agosto de 1973 que, si le dieran
a elegir entre “una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo elegiría la
segunda”.

El 17 de septiembre de 1973 Don Patricio Aylwin, timonel de la falange, aseveró, mediante
una declaración pública a la prensa extranjera, que “el gobierno de Allende había agotado,

en el mayor fracaso, la ‘vía chilena hacia el socialismo’, y se aprestaba a consumar un
autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura Comunista”.

Luego agregó, la mayor prueba es la enorme dotación de armas que tenían las ilegales
milicias marxistas que formaban un verdadero ejército paralelo, con un poder de fuego
equivalente a 12 regimientos regulares y con la presencia activa de más de diez mil
extremistas extranjeros”.

El señor Aylwin concluyó su declaración explicando que, “hasta la última quincena
conversamos con el Presidente Allende y su gobierno, en busca de las rectificaciones
indispensables para salvar a Chile del quiebre institucional y del desastre económico”.

Nuestros esfuerzos no encontraron acogida seria y su fracaso condujo a la intervención
militar, que las Fuerzas Armadas y Carabineros no buscaban y que contradecía todas sus
tradiciones”.

Don Patricio Aylwin en entrevista a NC News Services de Washington y Bonn, reproducida en
el diario DC “La Prensa” de Santiago el 19 de octubre de 1973, expresó: “La verdad es que la
acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida
preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado que, con ayuda de milicias armadas con
enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez
mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura
comunista”.

FASE 1973 A 1980

Una vez asumido el gobierno por la Junta Militar, ésta hizo un ferviente llamado a la reconciliación
y la gran mayoría de los chilenos acogió ese llamado; pero hubo un sector que hizo caso omiso de
él y que hasta hoy continúa sembrando el odio.

El Gobierno Militar, consciente de la dura lucha ocurrida y de las víctimas que ello había
ocasionado, promulgó una ley de Amnistía el año 1978. En virtud de ella cientos de subversivos
fueron beneficiados, recuperaron su libertad y vieron borrados sus antecedentes penales.

Luego, a partir del año 1990, ahora se otorgaron indultos presidenciales para todos aquellos
subversivos que habían vuelto a delinquir entre 1978 y 1990.

¿Resultado? Ningún terrorista o subversivo está actualmente preso.

Por el contrario, a los militares no se les aplica la ley de amnistía, ésta no ha sido nunca derogada,
-pese a que su derogación tampoco les podría haber generado un efecto jurídico negativo-, PEOR
que ello, SIMPLEMENTE se actúa, procesa y juzga como si esta ley nunca hubiese existido, lo cual
implica un flagrante atropello a la ley vigente y a los derechos legales y constitucionales de los
afectados.

Otros, argumentan que no cabe aplicar la ley de amnistía respecto de los mal denominados delitos
de “lesa humanidad”.

Sin embargo, ello es una falacia, el Estatuto de Roma fue incorporado como parte de la
legislación chilena por la Ley N° 20.357, publicada recién el 18 de junio de 2009.

El artículo 24 de esa misma ley es lapidario, “Irretroactividad ratione personae”, nadie puede ser
perseguido por la corte por hechos o delitos cometidos ANTES de su entrada en vigor.

Nuestra historia republicana nos muestra que, aproximadamente cada cuarenta años hay una
ruptura institucional. Ya llevamos veintiocho años desde el restablecimiento de la democracia
plena. ¿Seremos capaces de mantener la institucionalidad por doce años más? Esperamos que sí y
que sea por mucho más tiempo; pero para ello, debemos contribuir todos, efectuando un aporte a
la paz, respetando a quienes piensan de distinta manera y expresan su pensamiento; respetando a
cada una de las instituciones que conforman nuestra organización jurídica y política, para que
puedan cumplir las funciones que les son propia y que les han sido asignadas por la Constitución y
las leyes; en suma, cuidando el orden institucional de la República.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MILITARES PRISIONEROS POLÍTICOS 

Los militares están siendo objeto de una justicia simulada, la que, según Platón, es la peor forma
de injusticia.

1. A los militares, a diferencia de TODOS los demás chilenos, se les juzga mediante el sistema
de procedimiento penal inquisitivo antiguo, el que le niega a los imputados el derecho a una
adecuada defensa, a un juicio justo y a ser juzgados por un tribunal imparcial; la misma persona, -el
juez-, investiga, auto evalúa sus propias pruebas generadas, (En el sistema penal nuevo, ninguna de
esas pruebas pasaría el test de la blancura), JUZGA Y CONDENA, ello vulnera garantías
constitucionales del debido proceso y de la igualdad ante la ley y es incompatible con el derecho.

Cuando se implementó el nuevo sistema penal que regiría para todos los chilenos, su diseño
consideró una aplicación gradual en el tiempo hasta incorporar a todas la Regiones, ello CON EL
SOLO OBJETO de permitir una ordenada y progresiva incorporación al nuevo sistema, NUNCA tuvo
como objeto DISCRIMINAR su aplicación entre distintos grupos de chilenos, de tal forma que la
Disposición Octava Transitoria de la Constitución Política de la República está tácitamente
DEROGADA y los efectos que ello ha causado SON NULOS EN DERECHO.

2. A este mismo grupo como ya se dijo, no se les aplica la ley de amnistía, como tampoco la
prescripción, dándose como rebuscado argumento interpolar las normas del Estatuto de Roma.

3. La actual población de prisioneros políticos militares tiene una media de edad sobre los 75
años, muchos de ellos con graves enfermedades que no pueden ser tratadas en recinto carcelario
alguno, otros no son autovalentes ya sea por enfermedades mentales y/o físicas, lo cual obliga a
ser atendidos en sus requerimientos básicos e íntimos por sus propios compañeros, lo cual viola un
elemental derecho humano como lo es la DIGNIDAD.

Hay otros condenados cuya situación mental les impide tener conciencia de dónde están y por qué
están en ese lugar.

¿Tiene algún sentido humanitario o doctrinario en derecho mantenerlos así recluidos?

4. Una población penal con la media de edad ya señalada, implica que los delitos de los cuales
se les acusa que habrían cometido, tendrían que haber ocurrido cuando tenían una edad de entre
20 y hasta 30 años máximo, vale decir eran SUBALTERNOS.

No fueron ellos quienes ordenaron y por tanto responsables de aquello; ellos solo OBEDECIERON
en el contexto de Instituciones Armadas cuya principal virtud en su férrea disciplina y en una época
en que regía el estado de excepción constitucional “Estado de Sitio en situación de guerra interna”,
dictado por la autoridad legítima así reconocida y más aún, funcionando, los Tribunales Militares
en Tiempo de Guerra.

¿Alguien en su sano juicio, puede suponer que a un subalterno le cabía la posibilidad real de
oponerse a ejecutar una orden?

Esta reflexión la recoge el propio juez JUAN GUZMÁN en muchas de sus resoluciones

5. A todo lo antes expuesto, debe agregarse que, a este grupo de condenados en cárceles
chilenas, es al único al que se le niega sistemáticamente, tanto los beneficios carcelarios de
reclusión nocturna, salidas de fin de semana, como también, la libertad condicional.
Para lograr ello el gobierno anterior modificó mediante SIMPLE decreto supremo las condiciones
para acceder a aquellos beneficios carcelarios y así perjudicar solo a este grupo de presos chilenos.
También, se diseñó un intrincado y maquiavélico mal uso de normas administrativas para ser
ejecutadas por algunos mandos politizados de Gendarmería, cumpliendo órdenes de sus
superiores jerárquicos del Ministerio de Justicia del anterior Gobierno.

Este grupo de militares en retiro, dadas las condiciones de sus lazos familiares acogedores, sus
compañeros de Arma que los recibirían gustosos, sus condiciones económicas y educacionales,
hace que sea casi IMPOSIBLE alguna reincidencia, ni siquiera pasarían el semáforo con luz amarilla,
muy a diferencia de los innumerables delincuentes a los cuales se les otorgan indiscriminadamente
beneficios y a los pocos días reinciden y cometen delitos aún más violentos.

¡Los militares en retiro que cumplen condenas por hechos de nuestro pasado traumático,
merecen una oportunidad de reinsertarse en la sociedad!

A LA LUZ DE TANTAS INJUSTICIAS, ¿QUÉ PEDIMOS? MUY POCO……………

1. Elaborar y promulgar una ley humanitaria que considere los siguientes beneficios para
TODAS las personas que cumplen condenas en las diferentes cárceles chilenas:

– Que el enfermo terminal pueda cumplir el resto de la condena acompañado de su
familia.

– Que las personas no Valente, ya sea física y/o mentalmente, pueda cumplir el resto de
la condena junto a sus familiares.

– Que la persona al cumplir edad correspondiente a ADULTO MAYOR pueda cumplir el
resto de la condena en su domicilio junto a sus familiares.
(Pacto de San José respecto derechos adultos mayores, OEA)

2. Homologar y uniformar los requisitos para obtener la libertad condicional para TODAS las
personas que cumplen condenas en cárceles chilenas, garantizando que toda la cadena del
PROCESO tenga normas transparentes, objetivas y VERIFICABLES, IGUALES para TODOS.

3. Que todos los procesos nuevos y los que aún no tienen fallo en primera instancia, sean
traspasados al nuevo sistema penal, o en el peor de los casos, que TODAS las garantías
procesales del nuevo sistema penal sean incorporadas en el antiguo sistema, incluyendo
separar las funciones propias del juez investigador con las de un juez distinto para el fallo
de primera instancia.

Finalmente, formulamos un ferviente llamado a S.E. el presidente de la República, a los
honorables senadores y diputados de la República, a los líderes políticos, a los altos
magistrados y jueces de la República para que encuentren la mejor solución que conlleve a la
aplicación de UNA JUSTICIA JUSTA.

Queremos ser parte de una sociedad chilena cohesionada, inserta en un país con un alto
grado de desarrollo sustentable y sostenido y en el contexto de una sociedad solidaria.

ONG-CREN