Por Andrés Mahnke

No existe en la historia reciente de la humanidad una situación como la que enfrentamos hoy. Las pandemias que azotaron al mundo durante los siglos pasados, si bien igual o más letales que la actual, no contaron con el componente “globalizante” del contexto actual. Eso ha puesto a todos los países, en lugares tan lejanos como distintos unos de otros, en una misma sintonía: combatir, de la mejor manera posible, los efectos del Covid-19. En ese orden de cosas, todos los organismos internacionales y nacionales, desde sus respectivos ámbitos de competencia, han elaborado directrices e implementado planes de acción para contribuir con lo que cada cual sabe hacer. El objetivo, sin embargo, pocas veces fue tan compartido: enfrentar esta amenaza sanitaria, para resguardar la vida de las personas.

El sistema de justicia y la defensa penal pública han adoptado medidas para minimizar el impacto de una eventual transmisión del virus. La dictación de autos-acordados por la Corte Suprema, la introducción de proyectos de ley por el Ejecutivo, con la activa participación del Parlamento, han sido prueba de lo anterior. Los esfuerzos se han concentrado en las personas privadas de libertad. La defensa, como garante del acceso a la justicia de quienes se encuentran en esta condición a consecuencia de la prisión preventiva o el cumplimiento de una condena, ha ido buscando caminos que permitan reducir los riesgos de un eventual contagio de este grupo de personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, y bajo la custodia del Estado.

Recordemos que, al interior de las prisiones, y en especial para el caso de Chile, existen tasas preocupantes de hacinamiento y graves problemas en las condiciones materiales de habitabilidad. Los informes del Subcomité para la Prevención de la Tortura en su visita a Chile; los sucesivos informes de las condiciones carcelarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos; y el último reporte de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, evidencian realidades muy preocupantes al interior de las cárceles, que no contribuyen en nada a prevenir la propagación de una enfermedad de las características de la actual pandemia.

Los esfuerzos no son una idea exclusiva de la Defensoría Penal Pública chilena. Realidades muy distintas como las de Asia, pasando por Europa y terminando en América Latina, han adoptado medidas tendientes a reducir el número de personas privadas de libertad que, de ser contagiadas por el virus, arriesgan consecuencias irreversibles para su vida. Distintos organismos internacionales de derechos humanos han relevado la importancia de llevar adelante acciones estatales en este sentido. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que el coronavirus constituía una prueba para nuestros sistemas, valores y humanidad. Eso incluye, por cierto, los valores de un sistema de justicia, cuyo eje debe ser el resguardo de las personas. Ya sea mirado desde una perspectiva del orden social, como de las posibilidades de reintegrar a una persona que ha cometido delito, a la vida en sociedad.

Las solicitudes de revisión de medidas cautelares de prisión preventiva, así como las solicitudes de libertad condicional que se están llevando a cabo en todo Chile por la Defensoría, apuntan a hacerse cargo del desafío que como humanidad enfrentamos, tratando de estar a la altura de lo que demanda esta crisis sanitaria.

Con todo, el coronavirus es una prueba de fuego para medir la respuesta humanitaria del sistema de justicia y las circunstancias nos demandan ponernos al servicio de este. Pocas veces la defensa penal tuvo más sentido para el resguardo de lo más básico y esencial de nuestra vida en sociedad, como es la vida de las personas.

Publicado por La Tercera.cl

Nosotros agregamos:

El caso más claro es el de los Prisioneros Políticos Militares, todos de la tercera edad, es decir adultos mayores, castigados la mayoría de ellos por cumplir órdenes en un sistema jerarquizado, hace más de cuarenta años, en una época de crisis total en el país, combatiendo la guerrilla, la subversión y el terrorismo, hoy acusados de violación a los DD.HH., porque eran “Agentes del Estado”. Sus adversarios, todos libres.

Después de ayudar a evitar conflictos bélicos con los vecinos y de haber estado movilizados en terreno listos para combatir arriesgando sus propias vidas nuevamente, entregaron un país pacificado, estable política y económicamente, para posteriormente seguir sus carreras y vidas totalmente integrados a la sociedad y a sus familias, sin cometer ningún delito y ayudando al crecimiento del País, sin embargo en el ocaso de sus vidas han sido procesados, juzgados en forma discriminada con un sistema procesal obsoleto y encarcelados, sin posibilidades de conmutar sus penas, recibir beneficios carcelarios o indultos, a pesar de la pandemia. “El pago de Chile” .

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