Por Humberto Julio Reyes

Leo en EL Mercurio del 26 del presente mes que hace 30 años el Presidente Aylwin expresó:

“las experiencias vividas en algunos países del continente revelan que el empeño por obtener plena sanción en violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado ponen en peligro el sistema institucional, por lo que en esa tarea se debe conjugar la exigencia de justicia con la virtud de la prudencia, y así dar estabilidad al sistema democrático”.

¿En qué momento este pensamiento quedó en el olvido y nada se hizo para conjugar justicia con prudencia?

Contrariando mi reticencia a la autorreferencia, recurro aquí a una experiencia personal de una fallida gestión intentada años atrás, otra más de varias.

A través de un intermediario que me merecía confianza llegó a mi conocimiento que el entonces expresidente habría expresado su deseo de hacer algo por nivelar el péndulo que se había inclinado a obtener la plena sanción. Así lo entendí yo al menos.

Reunidos con una respetada tercera persona creímos llegado el momento de sondearlo a objeto confirmar ese deseo y ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar.

Pero el Diablo metió su cola y don Patricio, ya de avanzada edad, se enfermó y ya no se volvió a presentar la oportunidad de que reiterara lo expresado en 1991 quedando sus dichos sólo en eso.

Tiempo después falleció, posiblemente en paz consigo mismo.

Así, en los treinta años transcurridos desde que pronunciara tan prudentes palabras, se ha institucionalizado el indebido proceso para condenar a toda costa a cualquiera que haya sido acusado de violar los derechos humanos.

Pero, vaya sorpresa lo recientemente sucedido con una iniciativa legislativa para indultar nada menos que a los autores de innumerables delitos cometidos a partir del 18 de octubre de 2019.

En apoyo de esta curiosa pero comprensible pretensión se ha argumentado que se trataría de presos políticos y que su prisión preventiva ha sido muy prolongada, de tal forma que se violarían sus derechos humanos.

A lo primero ha respondido negativamente nada menos que el Sr. José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, siempre escuchado cuando de condenar ex uniformados se trata.

A lo segundo digo yo que dados los altos estándares de prueba exigidos por nuestra garantista justicia procesal, la investigación de los delitos cometidos requiere necesariamente de múltiples diligencias las que demandan muchos recursos, tiempo entre ellos.

No ha faltado un respetado ex integrante de la Corte Suprema, don Carlos Künsemüller, recordado por haber casi invariablemente condenado a ex uniformados cuando integró la Sala Penal, quien ha hecho ver que incluso no cabría un indulto y que se estaría buscando una amnistía disfrazada.

Recordemos que amnistía deriva de amnesia, olvidar.

¿Olvidar la violencia desatada y organizada para que se repita a futuro?

Agrego que se ha sumado al apoyo una candidata del PS a la Presidencia porque considera que estas personas no han tenido un debido proceso mientras no faltan otros que intentan minimizar los delitos usando la conocida frase “sólo piensan distinto”.

Una flamante constituyente, antes de comenzar la labor para la cual fue elegida, ya desinforma alegando que una persona fue detenida por “saltar un torniquete” cuando en realidad dejó fuera de uso la Estación San Joaquín del Metro, destruyendo cinco torniquetes a vista y paciencia de todos los que presenciaron la vandálica acción como lo acredita la grabación que circuló profusamente en redes sociales y que también reprodujeron los medios.

¿Veremos que ahora sí se busca justicia con prudencia, incluso llegando a asegurar la impunidad y de paso incentivar la repetición de conductas criminales a título de legítimas protestas?

29 de may. de 21

Opiniones:

Abogada Marcela Jeldres: Creo que el caso nuestro es justamente el de violaciones al debido proceso por razones políticas. Vivanco dice: acusados de un delito común, pero a nosotros se nos juzga por delitos comunes calificados como de lesa humanidad artificialmente para que no prescriban.