El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, en relación con los actos de saqueos y vandalismo —producto del estallido delincuencial— manifestó que el empleo de demasiada fuerza trae la consecuencia “que se pueden violar los derechos humanos”.

El Estado tiene la obligación de usar la fuerza para resguardar el orden público y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos; derechos que son gravísimamente violados por una reducida cantidad de subversivos, vándalos y terroristas.

Para el cumplimiento de tales obligaciones el Estado cuenta con el monopolio de la violencia física legítima; violencia que no solo es legítima, cuando es aplicada por la autoridad legítima, sino que es justa, cuando es adecuada para lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común.

Lamentablemente en muchas ocasiones la única forma de disuadir o de reprimir a los referidos antisociales es mediante el uso de armas letales, lo que obviamente puede acarrear consecuencias fatales; consecuencias que son bien conocidas y aceptadas por ellos —puesto que están dispuestos a matar y a morir por la revolución— y que no significan una violación de sus derechos humanos.

Obviamente, las fuerzas de orden deber hacer uso proporcionado de la fuerza. La desproporción en el uso de la fuerza no solo se puede predicar respecto de la que es excesiva para cumplir con la finalidad de restablecer el orden público, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.

La proporción en el uso de la fuerza no significa que ante ataques de “manifestantes” con adoquines o bombas molotov las fuerzas de orden deban responder con los mismos elementos; significa que deben hacerlo con elementos o armas de una potencia superior.

Adolfo Paúl Latorre, Abogado