Por Álvaro Pezoa Ingeniero comercial y Doctor en Filosofía

La izquierda aplica la defensa de los derechos humanos a su absoluta conveniencia. Tales derechos existen para sus terroristas, nunca para quienes tienen el deber de combatirlos.

Son válidos para los delincuentes que movilizan a participar en sus convocatorias a marchas ciudadanas “pacíficas”, no para los miembros de las fuerzas de orden que deben intentar controlar al lumpen desbandado. Se esgrimen cuando se trata de individuos vinculados a la defensa violenta de la “causa mapuche”, no así en el caso de sus inocentes víctimas: agricultores, ganaderos, parceleros o transportistas. Lo que realmente importa son sus intereses en cada circunstancia y momento del tiempo, y los “suyos”. Para los demás, qué decir para los considerados enemigos, los derechos humanos servirán siempre como instrumento útil para el descrédito, la anulación y la venganza. Por cierto, todo ello encubierto de un aura de impecable justicia.

Bajo esta lógica los derechos mínimos disponibles en la ley para un reo no deberían ser aplicados a aquellas personas que se hallan en prisión condenados por los denominados “crímenes de lesa humanidad”.

Por supuesto, sí podrían ser sujeto de tales prerrogativas otro tipo de malhechores (asesinos, violadores, pedófilos, por ejemplo), en cuyos actos, es de suponer, que no se han lesionado los derechos humanos de nadie. Este enfoque de la justicia resulta ser muy poco equitativa y, desde luego, posee más bien las características de una cruda venganza. Situación que no debiera sorprender, porque es lo que la izquierda de raigambre marxista (o neo) ha hecho permanentemente por más de un siglo de modo sistemático en todas partes del orbe. Por convicción, propia de su ideología, para ella la ley y la moral no tienen más valor que el de estar al servicio del proceso revolucionario de lucha de clases. Así ha quedado de manifiesto una vez más, vista la airada reacción que entre sus huestes han despertado algunos fallos de la sala penal de la Corte Suprema contrarios a sus deseos. Prontamente han corrido a cerrar filas y ejercer presión sobre los jueces, al extremo de que un grupo de diputados presentará próximamente una acusación (¿constitucional?) contra ministros del tribunal superior con el propósito de que se siga aplicando la máxima del “sin perdón, ni olvido”, ni justicia cabría agregar.

Definitivamente la izquierda no posee autoridad moral alguna en esta materia. Incluso el diputado Boric ha experimentado recientemente en carne propia la dogmática contradicción de sus cercanos, por el solo hecho de haber llamado a su sector a condenar la situación en Venezuela, Nicaragua y Cuba y abogar por no mantener un doble estándar sobre los derechos humanos. ¡Nada creíble la zurda chilena!