A  través de una misiva dirigida a Haroldo Brito piden a los ministros no claudicar en su labor y mantener el criterio que permite la entrega de beneficios a condenados por derechos humanos. Piden, además, la creación del Museo de la Verdad, donde se incluya los “crímenes de la izquierda”.

Miembros de la Corporación 11 de Septiembre y familiares de prisioneros Políticos Militarea de Punta Peuco y Colina 1, entregaron durante esta jornada una carta al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, manifestándoles su preocupación ante la “presión” que han recibido de parte de quienes se oponen a la entrega de beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad.

En la misiva de dos carillas, firmada por el abogado Raúl Meza y Loreto Iturriaga, muestran su “pavoroso y avergonzado sentimiento de profunda preocupación”, ante la forma en que “un sector minoritario, intolerante y violentista se arrogue una superioridad moral para defender los derechos humanos que ellos mismos vulneraron con las más absoluta impunidad judicial”.

“Lamentamos que un grupo de parlamentarios de izquierda haga un uso político indebido de un instrumento constitucional para cuestionar la labor jurisdiccional que realizan los jueces, vulnerándose, a nuestro juicio, la autonomía e independencia del poder judicial”, agregan, haciendo referencia a la acusación constitucional que presentarán esta jornada algunos parlamentarios en contra de ministros del máximo tribunal.

Como manifiestan  en el escrito, los jueces han sido objeto de “injustas e inmerecidas amenazas y coerciones”, solo por el hecho de haber fallado “con el mas irrestricto apego a la ley nacional y a los convenios internacionales ratificados y vigentes en nuestro país”.

Teniendo en cuenta esto, piden a los ministros no renunciar en su trabajo de defender el “orden constitucional y legal”, por “temor e incertidumbre o por presiones indebidas de otros poderes del Estado”. “Queremos decirles que sigan cumpliendo irrenunciablemente con el juramento y promesa que hicieron al asumir su cargo de jueces, esto es, la de administrar justicia sin importar a quién, tratando por igual a ricos y pobres, y de cumplir y ejecutar fiel e imparcialmente las obligaciones que le correspondan de conformidad con la Constitución y las leyes”, platean.

Valoración de los fallos

En entrevista con La Tercera, la hija de Raúl Iturriaga Neumann, Loreto, valoró la determinación de la Corte de otorgar libertades condicionales a condenados por violaciones a derechos humanos, por cuanto “se ajusta estrictamente a los requisitos objetivos que establece la ley. Su fallo se ajusta plenamente a derecho, haciéndose justicia para aquellos internos de Punta Peuco que por muchos años se les privó arbitrariamente del derecho que tienen a su libertad condicional”.

En ese sentido, espera que esta sea una postura que se mantenga en el tiempo, para que así “se le pueda conocer la libertad a mi padre que, según así lo dispuso el año pasado una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, otorgándole por unanimidad la libertad condicional, sin embargo la Corte Suprema le negó el beneficio”.

Considera que quienes se oponen al otorgamiento de estos beneficios, han tomado una “actitud intolerante y beligerante”. Pese a que estos les puedan resultar desfavorables a sus intereses, hace presente que “los fallos en un estado de derecho deben ser respetados, de manera que ningún sector político puede amenazar y amedrentar a los jueces con acusaciones constitucionales infundadas”.

“Es muy grave y reprochable la conducta que han tenido los parlamentarios de la izquierda frente a la labor de los jueces”, comenta.

“Museo de la Verdad”

Teniendo en cuenta el amplio debate que se abrió tras los dichos del exministro de Justicia, Mauricio Rojas, frente al Museo de la Memoria, y que incluso le costaron su salida del gabinete, la corporación y los familiares de los condenados por DD.HH., aprovecharán su visita al máximo tribunal para promover el “Museo de la Verdad” que sería inaugurado el próximo 11 de septiembre.

Frente a este debate, Loreto Iturriaga sostiene que efectivamente “la historia de los derechos humanos en Chile se sigue escribiendo solo y únicamente con la mano empuñada de la izquierda, con lo que se renuncia a condenar esa verdad histórica de la violencia política y armada que intentaron imponer en nuestro país las ideologías totalitarias”.

“La verdad siempre tiene dos caras y aquí en Chile solo se ha mostrado una, la de la izquierda victimizada y perseguida por los agentes del Estado del gobierno militar, pero se omite intencionalmente que durante la Unidad Popular teníamos un gravísimo quiebre institucional y una violencia generalizada que dañaba la convivencia democrática, exigiéndoles a las fuerzas armadas restablecer el estado de derecho y la institucionalidad”, comenta, manifestando que efectivamente se requiere que se conozca “toda la verdad”.

De esta forma, agrega que respeta “el legítimo derecho que tienen los familiares de las víctimas para tener un lugar para recordarlos, sin embargo, creo que el mismo derecho tienen las familias de las víctimas civiles y uniformadas que fueron asesinados y desaparecidos a manos de las organizaciones terroristas de izquierda que operaron durante el régimen militar. De ahí la importancia de crear un Museo de la Verdad que dé cuenta que en este país murieron civiles y uniformados inocentes sin ninguna militancia política producto de la violencia de guerrilleros”.