Por Cristián Labbé Galilea

En estos días se ha escuchado con profusión de parte de nuestras autoridades que el tema con Bolivia ha quedado más que claro: “el derecho está de nuestra parte, y si por alguna razón -propia de las maquinaciones internacionales y de los tiempos que se viven- la Corte de La Haya fallara en otra dirección, dejaría en mal pie la validez del derecho internacional, lo que sería de la mayor gravedad y podría tener insospechadas consecuencias”… ¡Sólido argumento!

Por lo mismo, es válido preguntarse: si eso se sostiene en materias referidas al derecho internacional, ¿por qué las autoridades políticas -y la sociedad en general- al tratarse del estado de derecho en nuestro país, asumen una actitud diferente? (imprecisa y vaga)

Digámoslo claramente, pocas personas -y menos los políticos-, tienen conciencia de esta realidad. Pocas autoridades entienden que un “verdadero estado de derecho” exige que el actuar del Estado debe estar sujeto a un marco jurídico preestablecido, y su accionar debe estar guiado por el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de todos por igual, sin discriminación de ninguna especie.

Lo anterior contrasta con lo que sucede en nuestro país, donde las autoridades políticas han permitido que existan dos sistemas judiciales operando simultáneamente: uno, el antiguo e inquisidor sistema con el que se juzga a los militares; y el otro, el moderno sistema procesal penal con el que se juzga al resto de la sociedad.

Con frecuencia somos informados de militares condenados, procesados o acusados, por hechos ocurridos hace 45 años, y donde no se respetan las garantías de un proceso debido, los principios de la presunción de inocencia ni la irretroactividad de la ley penal, sino que –producto de una instrumentalización política- se tiene como factor determinante la ficción jurídica o las presunciones exentas de pruebas de culpabilidad fehaciente.

Más grave aún si se considera que -en un auténtico estado de derecho- ningún delito ni ninguna pena se pueden establecer si no existe una ley previa que los tipifique (Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege). En simple, todo estado de derecho exige que, para que una conducta sea tipificada como delito, debe estar establecida como tal con anterioridad a la realización de ésta. En nuestro país este principio no se cumple: las leyes con que se condena a los militares han sido posteriores a los hechos de los cuales se les acusa.  ¡Eso contradice un verdadero estado de derecho!

El país ha entrado con el actual gobierno en una acertada y asertiva política de diálogos, acuerdos, respeto, tolerancia y paz social, por lo que es de esperar que, para que esos objetivos se cumplan plenamente, las actuales autoridades se preocupen de que impere un auténtico estado de derecho, donde se respete el debido proceso y las garantías constitucionales. De lo contrario, se mantendrán vivas la inquina y la represalia.

Al finalizar estas líneas le esbocé estas reflexiones a un ilustrado amigo filósofo quien, en una actitud de sabio gurú, pontificó… “tus ideas me hacen pensar en dos caminos muy opuestos, el de la justicia justa y el de la justicia políticamente instrumentalizada para generar venganza”. Luego hizo un prudente silencio para rematar diciendo: “en la mitología griega Diké es la diosa de la justicia justa y Némesis es la diosa de la venganza; esperemos que se imponga la primera…”.