Todos los ciudadanos deben pagar impuestos. Con esos ingresos el Estado se encarga de financiar la educación, salud, y otros servicios sociales y públicos fundamentales. Se supone que la correcta administración de dichos recursos está basada en el bien común, teniendo presente las prioridades (contexto socio-económico). Los criterios de racionalidad y ecuanimidad dictan el contenido específico del gasto estatal.

El problema surge cuando asumen o entronizan regímenes populistas, de la mano de líderes carismáticos y con facilidad de palabra, que no hacen otra cosas que cultivar el engaño sistemático de los sectores más vulnerables de una población determinada. Estos gobernantes hechan mano del erario público para pagar favores políticos, financiar las redes partidarias que sustentan su operatividad en el poder, y para financiar políticas irracionales con el objeto de mantener lasimpatía de las masas.

Ello no logra otra cosas que mermar las arcas fiscales y, a largo plazo, deslegitimar el sistema de gobierno. Nuestro país ha vivido lamentables pasajes de la historia en que se expandió el gasto del Estado en forma irresponsable, con el único norte de impulsar medidas populistas con el claro signo ideológico. Las consecuencias son por todos conocidas.

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