Escribe Adolfo Paúl Latorre. Abogado

El Presidente Piñera afirmó el 20 de octubre, con razón, que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”. Efectivamente, estamos viviendo una guerra subversiva; una guerra que se lleva a cabo mediante actos terroristas, de guerrilla urbana y de violencia vandálica.

Estamos ante una insurrección revolucionaria según el modelo de la “revolución molecular disipada”, llevada a cabo por diversos movimientos y grupos violentos, cuyos mandos o líderes no se muestran públicamente —pero que son fácilmente identificables— y cuyo objetivo inmediato es el derrocamiento de la autoridad legalmente constituida y cuyo objetivo final es hacerse con el poder total.

Según este modelo se trata de normalizar —de manera gradual y cotidiana— conductas que alteran el estado de normalidad social del sistema dominante, con el objetivo de ser derogado y sustituido.

Lamentablemente el Presidente no ha actuado en consecuencia y no ha cumplido con los deberes esenciales de todo gobernante: la conservación del orden público, el resguardo de los derechos de las personas y la promoción del bien común.

Para el cumplimiento de tales deberes el Estado cuenta con el monopolio de la violencia física legítima. El gobierno, inhibido por el “discurso de los derechos humanos”, ha renunciado al uso de la fuerza necesaria para reprimir eficazmente la violencia ilegítima —lo que muchas veces requiere el uso de fuerza letal—; razón por la que los terroristas y los vándalos actúan sin mayor resistencia y con absoluta impunidad —pues, prácticamente, no hay fuerzas que se les opongan eficazmente— afectando los derechos humanos de más de quince millones de chilenos.

Si bien el Estado tiene la prohibición de abusar de la fuerza, tiene la obligación de usarla para garantizar el Estado de Derecho. La aplicación de la violencia física no solo es legítima —cuando es aplicada por la autoridad legítima— sino que es justa, cuando es adecuada para lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común.

Si el gobierno no adopta prontamente medidas eficaces para reprimir la violencia ilegítima y restaurar el orden público, se pondrán en gravísimo riesgo la estabilidad del Estado y el orden institucional de la República.