Víctor Rivera y Juan Manuel Ojeda

Seis de los siete jefes policiales -y un séptimo en retiro- inculpados por el ente contralor de cometer faltas administrativas durante el control y orden público durante la crisis social, presentaron recursos de protección ante el tribunal de alzada de Santiago. Dicen que el único que puede removerlos de su cargo es el general director, Mario Rozas.

En momentos en que Carabineros se alistaba para enfrentar el primer 11 de septiembre post estallido social, y comenzaba a afinar sus planes estratégicos para el próximo 18 de octubre, la Contraloría dio un inesperado golpe al corazón del mando policial: formuló cargos contra siete generales de la institución por su responsabilidad de mando en las actuaciones de orden público durante la crisis social.

Los generales Jorge Valenzuela, director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; Jean Camus, director de Logística; y Jorge Ávila, exjefe de Fuerzas Especiales de Carabineros, fueron notificados por parte de Contraloría de cargos que iban desde no actualizar los protocolos de uso de la fuerza, hasta no haber evitado el lanzamiento de bombas lacrimógenas en las cercanías de recintos hospitalarios.

Contraloría presentó cargos, notificó y se quedaba a la espera de los descargos de los generales, quienes pidieron suspender el proceso por el estado de excepción a raíz de la pandemia. Se estaba en eso cuando la semana pasada, entre miércoles y viernes, comenzaron a llegar a la Corte de Apelaciones de Santiago una batería de recursos de protección contra Contraloría, especialmente contra el contralor Jorge Bermúdez, la fiscal del ente contralor, Doris Roa, y el fiscal instructor del sumario, Carlos Soto.

La consiga de los generales es que el sumario y los cargos no se ajustan a la Constitución, además de un actuar “arbitrario e ilegal” de Bermúdez y sus funcionarios.

“Afectación de derechos constitucionales”

El general inspector Jorge Valenzuela, quinto al mando de la institución y jefe de la Dirección de Apoyo a las Operaciones Policiales, fue objeto de cargos por la Contraloría por “no haber adoptado acciones o medidas de planificación, evaluación, coordinación y gestión, conducentes a garantizar en forma oportuna la suficiencia y operatividad de los medios disuasivos”.

Según expuso su defensa en el recurso de protección, esto “constituye un intento del ente fiscalizador por convertirse en un coadministrador de Carabineros de Chile, lo cual resulta absolutamente improcedente a la luz de las disposiciones citadas. Esto se torna especialmente manifiesto, al observar que lo que se impugna es un hecho negativo (‘no haber adoptado’)”.

También, a ojos de la defensa del general en ejercicio, el proceso investigativo del ente contralor “no se trata realmente de un sumario por infracción de normas administrativas, sino que es lisa y llanamente una revisión del mérito de las decisiones y la actuación discrecional que le cabe y corresponde a Carabineros de Chile, dentro del ejercicio de las funciones que le han sido encargadas constitucionalmente de conformidad con el artículo 101 de la Constitución Política de la República”.

“Un despropósito”

El general Mauricio Rodríguez también es de los grados más altos. Es general inspector y carga tres estrellas en su hombro, siendo el séptimo hombre detrás de la línea de mando.

El jefe de la Zona Metropolitana, encargado de supervisar todos los operativos que se desarrollan en la región, fue acusado por la Contraloría de “no haber adoptado acciones o medidas oportunas y suficientes, en razón del control y supervisión que le correspondía ejercer respecto al funcionamiento de la Zona Control y Orden Público e intervención de la zona Santiago este, a fin de corregir y evitar la utilización de elementos químicos en las cercanías y/o interior” de establecimientos de salud. Además, se le imputó no haber instruido el uso diferenciado y gradual de la fuerza, entre el 18 de octubre y 29 de diciembre de 2019.

Para el general Rodríguez, la acción de la Contraloría, según expuso en el recurso de protección elevado al tribunal de alzada capitalino, es un “encadenamiento de actuaciones en que los requeridos arrogándose potestades de las que carecen, y así, transgrediendo la juridicidad, instruyeron una instigación sobre cuestiones de exclusiva decisión de mérito y discrecionalidad técnica, inalcanzables a su propio conocimiento y aptitud, resultas de lo cual se vulneran normas y principios sustanciales del Estado de derecho como la supremacía constitucional y su efecto vinculante”. En ese sentido, agregó que es “un despropósito que agrede al estado de derecho y además nos genera un demérito personal moral y familiar y de ascendientes institucional, ya que afecta nuestra reputación y honor así como relevantes derechos constitucionales”.

La tesis de fondo que comparten los generales que recurrieron a la Corte es que es el general director, Mario Rozas, quien tiene la potestad de removerlos de sus cargos. Tanto Rodríguez como otros cinco generales piden, además, que se condene en costas a los uniformados acusados por el ente contralor y que no se entreguen los antecedentes del caso al Ministerio Público.

“El juez natural y competente no es la Contraloría”

El general Enrique Bassaletti supo del cargo levantado en su contra por la Contraloría el 11 de septiembre. Ese día fue notificado de que, a juicio del organismo que lidera Jorge Bermúdez, en su calidad de Jefe de la Zona Santiago Este de Carabineros, no adoptó “medidas o acciones oportunas y suficientes, en razón del control y supervisión que le correspondía desempeñar respecto a las reparticiones bajo su dependencia, a fin de corregir evitar la utilización reiterada de elementos químico-disuasivos por parte del personal operativo de Carabineros de Chile, en las inmediaciones y cercanías” de tres centros de salud. Se trata de la exsede Oriente del Hospital Félix Bulnes, la Clínica Santa María y el Hospital Exequiel González Cortés.

Bassaletti, quien también es representado por Jorge Martínez, dice que el sumario llevado en su contra vulnera los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, la “igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, la garantía de que “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales” y el derecho de propiedad.

En su recurso, el abogado de Bassaletti dice que “el juez natural y competente, NO ES la Contraloría General de la República, dicha institución no tiene potestad, facultad ni atribución legal, según las normas, citadas y nuestra Carta Magna”. Luego, agregan que “de ese modo, los recurridos han creado y maquinado una realidad inexistente, en la cual se arrogan un poder improcedente, que contradice y colisiona con la ley, creando así un acto nulo, sumario administrativo, que vulnera ciertas garantías constitucionales, que se señalarán, precisamente para cautelar que lo anterior no posea cabida en nuestro Estado de Derecho”.

Bassaletti también pide una orden de no innovar para que se suspenda la tramitación del sumario, sus antecedentes se mantengan bajo reserva y que no se entreguen a nadie. Al igual que otros generales, dice que si ya fueron entregados a la fiscalía, debe ordenarse la “inmediata devolución”. A su vez, pide que se condene en costas a la Contraloría.

“La Contraloría ha incurrido en una desviación de poder”

“En su calidad de Jefe de la Zona Santiago Oeste de Carabineros de Chile, no haber adoptado acciones o medidas oportunas y suficientes, en razón del control y supervisión que le correspondía ejercer respecto al funcionamiento de las siete reparticiones bajo su dependencia, a fin de corregir, enmendar o subsanar la inadecuada utilización de la escopeta antidisturbios por parte del personal operativo de Carabineros de Chile, en el marco de procedimientos e intervenciones de control de orden público materializadas en su territorio jurisdiccional”.

Este es el cargo que Contraloría imputó al general Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste. Sin embargo, a juicio del general el sumario en su contra “se trata de un acto manifiestamente ilegal y arbitrario que perturba y amenaza gravemente los derechos y garantías constitucionales”. En específico, dice el abogado que lo representa, la igualdad ante la ley, las garantías “de un procedimiento y una investigación racionales y justos” y el derecho de propiedad.