Gobierno

Otra pensión vitalicia del gobierno a condenado del 18-O, ahora a hombre que pateó en la cabeza a un carabinero

Jorge Poblete

El pensionado de gracia Adán Castro Cifuentes. (Foto cedida)

A las 11:18 pm del 21 de octubre de 2019 Carabineros realizó un control de identidad a Adán Castro, en Villarrica, quien iba junto a un grupo de amigos. De acuerdo con su sentencia por maltrato de obra a Carabineros, Castro golpeó en el rostro a un cabo primero, quien cayó al piso. Luego pegó en el ojo a un sargento y pateó al primero en el cráneo, mientras estaba en el suelo. Entonces tomó la pistola del cabo primero y huyó del lugar. Al ser detenido, recibió golpes que le provocaron “erosiones y contusiones en zona maxilo-mandibular derecha y erosiones en dorso de las manos”, dijo la formalización por apremios ilegítimos en contra del sargento. En febrero de 2023 —más de un año y medio después de su condena— el gobierno le otorgó una pensión de gracia vitalicia de $296 mil.

Qué observar. El 22 de febrero de 2023 el Ministerio del Interior timbró el decreto que otorgó la pensión de gracia a Adán Isaac Marcelo Castro Cifuentes, 25, quien llevaba más de un año condenado por 2 cargos de maltrato de obra a Carabineros.

  • El decreto exento 2897 —firmado por los ministros Carolina Tohá de Interior y Mario Marcel de Hacienda— le otorgó 1,0 ingresos mínimos no remuneracionales mensuales de por vida, equivalentes a $296.511 a diciembre de 2023.
  • El motivo: estar entre las “personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”, dijo el documento.
  • El caso de Castro Cifuentes, de oficio panadero, se remontaba a una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que sostuvo que durante su detención el 21 de octubre de 2019 en Villarrica, fue torturado.
  • Por el caso hay un sargento de Carabineros formalizado por apremios ilegítimos, pero el tribunal y la Corte de Apelaciones de Temuco rechazaron sujetarlo a medidas cautelares mientras termina la investigación.
  • Lo que omitió el decreto del gobierno era que Adán Castro había sido condenado y que esta sentencia se refería a los hechos de la misma noche de su detención. De acuerdo con su sentencia, en un control de identidad golpeó a 2 carabineros y pateó en el cráneo a uno de ellos, cuando estaba en el piso.
  • En la causa fue querellante la Intendencia de La Araucanía, durante la administración anterior.
  • Castro Cifuentes se transformó así en un nuevo caso de condenado del 18-O al que se le otorgó la pensión de gracia, casos que derivaron en que el gobierno anunciara el envío de indicaciones a mociones parlamentarias para adquirir la facultad de poder revertir estos beneficios.
  • El caso se conoce en medio de los cuestionamientos de la oposición al combate de la delincuencia por parte del gobierno. El Presidente Gabriel Boric dijo el viernes que “cuando dicen que no se ha hecho nada en seguridad, están insultando a miles de carabineros”.

La condena. El 4 de mayo de 2021, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica condenó a Adán Castro a 2 penas de 300 días de cárcel cada una, por 2 delitos de maltrato de obra a Carabineros causando lesiones menos graves, en contra de un cabo primero y de un sargento. También lo sentenció a 3 años de cárcel por porte ilegal de arma de fuego, pena que debía cumplir de forma efectiva. El tribunal lo absolvió, sí, del delito de robo con violencia de material de guerra.

  • El 26 de noviembre de 2021, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco acogió la apelación de su defensa pidiendo que pudiera acceder a libertad vigilada. “Se revoca en lo apelado la sentencia del 4 de mayo de 2021 en aquella que no sustituyó la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo aplicada por el delito de porte ilegal de arma de fuego y, en consecuencia (…) se sustituye ésta por la libertad vigilada intensiva”, dijo la resolución.
  • Según consignó la sentencia de primera instancia, “con fecha 21 de octubre de 2019, siendo las 23:18 horas aproximadamente, funcionarios de Carabineros llevaban adelante un control de identidad a Adán Isaac Marcelo Castro Cifuentes, en calle Vicente Reyes de Villarrica, contexto en el cual éste procedió a agredir con golpes de puños en el rostro al cabo 1° de Carabineros Francisco Javier Rivas Matus, cayendo este desplomado al suelo”.
  • “Acto seguido, Castro Cifuentes agredió con golpes de puños en el rostro y ojo derecho al sargento Rodrigo Andrés Araya Antilaf. El imputado Castro Cifuentes continuó su agresión pateando en la cabeza de manera reiterada a Rivas Matus mientras éste permanecía en el suelo, dio un tirón al cordón de seguridad del arma que éste portaba y le sustrajo su arma de servicio, marca Taurus, modelo PT 92, calibre 9 mm., número de serie A10369, con su respectivo cargador”.
  • “Producto de lo anterior, el sargento Rodrigo Andrés Araya Antilaf resultó con contusión ocular clínicamente leve, mientras que el cabo 2° de Carabineros Francisco Javier Rivas Matus resultó con trauma encéfalo craneano de mediana gravedad”.
  • “Posteriormente, en calle Anfión Muñoz de Villarrica, fue sorprendido el imputado Castro Cifuentes manteniendo consigo y portando la pistola marca Taurus, modelo PT 92, calibre 9 mm. número de serie A10369, con su respectivo cargador. Lo anterior, sin que el imputado haya tenido permiso de portar armas, y sin que haya tenido el arma inscrita a su nombre”.

Por qué figura como víctima. El 5 de noviembre de 2019 el INDH presentó una querella en contra de todos los que resultaran responsables del delito de torturas contra Adán Castro. De acuerdo con el escrito, “la víctima tuvo una reacción agresiva en contra de un funcionario de Carabineros” al ver la violencia con que realizaban un control de detención a un amigo.

  • El escrito incluyó el testimonio del denunciante, quien relató que “reaccioné así al ver a mi compañero que estaba casi marcando ocupado con los golpes que le propinaba el funcionario, sin ningún antecedente de que estuviéramos en algo malo, yo le hablé con muy buenas palabras. … yo creo que se aprovecharon de la situación, del caos del momento”.
  • El 13 de septiembre de 2023, el fiscal Jorge Calderara formalizó cargos por apremios ilegítimos en contra del sargento Rodrigo Araya —quien figura como víctima en la causa donde Adán Castro fue condenado—, por lo ocurrido tras la detención.
  • “El día 21 de octubre de 2019, en horas de la noche y en circunstancias que la víctima de estos hechos de iniciales A.I.C.C. se encontraba junto a otras personas transitando por la vía pública de la comuna de Villarrica, concretamente por calle Vicente Reyes, fue objeto de un control de identidad por parte de personal de Carabineros, dentro de quienes se encontraba el imputado Rodrigo Araya Antilaf; dicho procedimiento policial derivó en hechos en los cuales participó el afectado A.I.C.C. y que terminaron en su detención”, dijo el fiscal en un escrito que envió al tribunal.
  • “Una vez que el afectado se encontraba detenido tras una persecución, llegó hasta el lugar de su detención en calle Anfión Muñoz de Villarrica, el imputado Rodrigo Araya Antilaf junto a otros funcionarios de Carabineros; ahí el imputado Araya Antilaf procedió a agredir a A.I.C.C, quien ya se encontraba reducido, con golpes propinados en distintas partes del cuerpo, especialmente en la zona de su rostro, producto de lo cual resultó lesionado con erosiones y contusiones en zona maxilo-mandibular derecha y erosiones en dorso de las manos, constatadas en el servicio de urgencia del Hospital de Villarrica”.
  • El fiscal pidió dejar al imputado con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, lo que fue rechazado por el tribunal. El 23 de septiembre de 2023 la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la resolución de primera instancia.

Los casos críticos. El caso de Adán Castro se suma al de otros condenados por delitos del 18-O que recibieron pensiones de gracia: Andrés Fuica Fuica, condenado por robar un supermercado saqueado en Viña del Mar, y Gabriel Allende Torres, declarado culpable de lanzar una molotov a Carabineros en Curacaví.

  • A estos se añadió el beneficio entregado al prófugo por estafa Juan Francisco Villalobos Prado, que entre abril y diciembre recibió $5.698.168 depositados por la Tesorería General de la República.
  • Estas 4 pensiones vitalicias —de Castro, Fuica, Allende y Villalobos— son parte de las 270 entregadas durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que también incluyeron a víctimas acreditadas como tales.
  • Estas se sumaron a 148 otorgadas durante la administración del expresidente Sebastián Piñera —entre las que está la entregada a Gustavo Gatica Villarroel, quien quedó ciego por un tiro policial.
  • Según dijo en septiembre el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, 40 de los 418 beneficiados tenían antecedentes penales: 17 pensionados en la administración anterior y 23 en este gobierno.
  • Estos casos derivaron en que el gobierno anunciara el jueves el ingreso de 2 mociones parlamentarias para obtener la facultad de revocar las pensiones vitalicias entregadas tras el 18-O. Monsalve también dijo que se revisarán los prontuarios de los postulantes antes de entregar nuevos beneficios para evitar que se repitan casos como estos.

Lea la condena y el decreto que le otorgó la pensión de gracia:

https://www.ex-ante.cl/gobierno-tambien-otorgo-pension-vitalicia-a-condenado-por-patear-a-carabinero-en-la-cabeza-el-18-o/

 

Juegos Panamericanos: Contraloría confirma investigación por falta de rendición de $194 mil millones

Publicado por Constanza Carrillo
La información es de Gonzalo Olguín

Miércoles 03 enero de 2024

Durante su presentación en la Comisión Investigadora por los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023, la contralora (s) Dorothy Pérez confirmó que se acudió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para entregar antecedentes por un monto total de $194 mil millones que aún no han sido rendidos. Lo anterior, específicamente, para las contrataciones de obras.

Esta mañana de miércoles, en la Comisión Especial Investigadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 expuso la contralora (s) Dorothy Pérez y confirmó que acudieron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por rendición de recursos.

Según expuso la representante de la Contraloría General de la República, hay 21 resoluciones para revisar la legalidad de las contrataciones de obras destinadas al evento, ejecutadas por el Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND).

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En la instancia, Pérez confirmó que se enviaron antecedentes al CDE por un monto total de 194 mil millones de pesos que aún no han sido rendidos. Esto, recordemos, porque es la entidad que defiende al Fisco.

Juegos Panamericanos: Contraloría acude al CDE falta de rendición de $194 mil millones

Según se detalló, se ha rendido sólo 31,5% del total de recursos de los que el 5,2% fueron aprobados, registrando observaciones de $50 mil millones y que, según explicitó la Contraloría, se solicitó el reintegro de 463 millones de pesos.

Entre las auditorías en curso, se informó de tres oficios. El primero, para examinar detalladamente todos los recursos transferidos por el IND a la Corporación Santiago 2023 y revisar en su totalidad las rendiciones de cuentas correspondientes, además de determinar si se han recibido reintegros de fondos.

En segundo lugar, se busca requerir a detalles sobre gestiones y causas de rendiciones pendientes por $194 mil millones desde 2020.

Lo anterior incluye fiscalizar acciones para la restitución de $49 millones observados, informar sobre plazos y ampliaciones para rendiciones desde 2019 al 2023 y verificar acciones legales que se hayan emprendido.

Finalmente, se espera acceder al detalle de los recursos transferidos vía convenios, además del detalle de rediciones de cuentas pendientes y si se han producido reintegros de fondos.

“Hay hartas dudas”

Según dijo la diputada Érika Olivera, presidenta de la Comisión Investigadora, “la presentación hay que volver a revisarla para saber cuáles son las obras que quedaron bien y cuáles son las que quedaron con observaciones, hay algunas que ni siquiera se ingresó nuevamente al requerimiento”.

Agregando que “hay hartas dudas, por lo menos a mí me quedaron muchas dudas y espero aclararlas con la respuesta desde el IND, pero también con lo que pueda venir en esos informes de Contraloría”.

“Si nosotros, de ser necesario en el futuro, llegar a otras instancias en donde hay que buscar responsabilidades a través de Fiscalía o a través de Ministerio Público, también lo vamos a hacer”, concluyó.

Por su parte, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, dijo que han tenido “un rol activo en el proceso de fiscalización a la Corporación Santiago 2023″.

“Así lo hicimos saber en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, en lo central y que creo es lo que le importa a todos los chilenos es que llevamos 4 años esperando la ley de Transparencia 2.0 que nos permitiría conocer en qué gastan estas corporaciones privadas dineros que son públicos”, complementó.

Finalmente, dijo Navarrete, “lo que está aportando hoy día la Contraloría General de la República va en el sentido correcto, necesitamos saber en qué se gastan las corporaciones privadas el dinero que vienen de todos los chilenos”

 

  

Tienen del año que le pidan. Que explicacion más ideológica y el eslogan”educacion gratis y de calidad” solo fue para llegar al poder.

 

 

¿Qué se hizo Boric? ¿Quién es él?

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