Un amigo norteamericano se nacionalizó chileno. Cuando lo hizo yo le dije que estaba loco, pero no me hizo caso. Ahora me acaba de mandar un listado enorme de las mentiras que le han dicho y trampas que le han hecho los chilenos a lo largo de los años y que le han costado millones de pesos. Ha contratado abogados que le piden un millón para empezar a conversar y no han recuperado nada. Fue con el último de ellos a la fiscalía y ahí le dijeron que estaban atiborrados de procesos y, por tanto, sólo se preocupaban de los de más de diez millones de pesos (el suyo era por menos).

Yo le expliqué que en Chile las instituciones no funcionan y las leyes no rigen. Acá todas las autoridades se ríen de las leyes: el Presidente fue elegido en 2010 justo después que lo pillaron y condenaron por comprar acciones con información privilegiada, lo que al electorado, cuya mayoría también se ríe de las leyes, no le importó. De nuevo fue elegido en 2017 cuando no debería haber podido ser candidato por estar procesado por el financiamiento ilegal de su elección  anterior, pero ha encontrado una persona que paga por él y es el procesado en su lugar, con beneplácito de los jueces. El Congreso se ríe de la Constitución y acaba de dictar una ley que la contradice, para privar de su derecho a la libertad condicional a los militares que derrotaron al terrorismo extremista. Los jueces han metido presos a esos militares riéndose de las leyes de amnistía, prescripción, cosa juzgada, del principio de legalidad, del principio pro reo y de la presunción de inocencia.

Acá los que se alzan contra las leyes tienen hasta territorio propio. El otro día el mismo Presidente quiso mandarle una carta a uno que reside en una zona alzada contra la legalidad, Temucuicui, y no pudo hacerla llegar a su destinatario, porque ahí no entra la policía ni menos el correo.

Acá los únicos que están bien son los comunistas y afines, que cosechan del estado de ilegalidad general. Yo calculo que los contribuyentes les estamos dando más de 400 millones de dólares anuales por el “daño” que les hicieron los militares al derrotar a su ejército terrorista. Se han declarado “víctimas” y obtienen enormes indemnizaciones. Todos los que fueron interrogados por sus vínculos con el terrorismo antes de 1990 se han declarado “torturados”. Son treinta mil y reciben pensiones. Yo tengo amigos que fueron torturados por los comunistas y miristas durante la UP, en 1971 y 1972  (Juan Luis Ossa y Maximiano Errázuriz) y a ellos no les han dado un peso de indemnización. Es que están en lado equivocado.

Los comunistas y sus afines están tan bien que pueden celebrar públicamente el 60° aniversario de la revolución cubana, sin otro inconveniente que un aviso de bomba hacia el final del acto. A los de signo opuesto que celebran cualquier cosa a favor de sus ideas o presentan algún libro los agreden y los funan.

Le dije a mi amigo gringo que, si no se iba a hacer comunista y no quería que lo siguieran engañando y timando, se fuera a otro país. Me replicó que los demás eran peores y menos libres que Chile. Yo le sugerí uno al menos tan libre, que lo acogería bien y tiene una gran ventaja: Islandia. “¿Por qué?” Me preguntó. “Porque allá no hay chilenos”, le respondí.

Por Hermógenes Pérez de Arce