La violencia rural no se detiene pese a la pandemia por el Covid-19. Las regiones de La Araucanía y el Biobío, en conjunto, tienen casi el 20% del total de casos confirmados en todo el país. Sin embargo, en los últimos días fue atacado a tiros un hotel, así como una comitiva de la Seremi de Salud del Biobío, también quemaron un helicóptero en Pucón y derribaron una antena de telecomunicaciones en Contulmo. «Es gente que muestra que no tiene sensibilidad, que cree que su causa es superior a cualquier causa y que la deben imponer por la fuerza y por las armas», señala Juan Pablo Lepín, abogado y director ejecutivo de la Multigremial de La Araucanía. 

Diversas son las razones que se esgrimen desde La Araucanía y el Biobío sobre por qué continúan los atentados y ataques incendiarios en esas regiones, cuando el país está concentrado en atender una crisis sanitaria con dimensiones globales. La senadora por La Araucanía Carmen Aravena Acuña (independiente) se inclina por el factor impunidad. “Solo el 2% de todos los atentados terroristas en los últimos 10 años han sido condenados”, asegura.

Para el diputado por la IX Región Miguel Mellado (RN), se trata de que organizaciones como la Coordinadora Arauco-Malleco, CAM, y sus organizaciones de recuperación territorial (ORT) son grupos anti-sistema, “a ellos no les interesa el resto de la gente. Les interesa su lucha, que es supuestamente recuperar territorio cueste lo que cueste”, advierte, y esto va a ocurrir con o sin coronavirus.

Juan Pablo Lepín, abogado y director ejecutivo de la Multigremial de La Araucanía, argumenta que estos grupos “ven una cierta debilidad o que la preocupación está centrada en otro ámbito y por lo tanto, consideran que pueden actuar libremente y con mayor impunidad de lo normal”, seguido de que no tienen sensibilidad por nada más que no sea propia causa. Mientras que René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), opina que se trata de grupos “muy radicalizados” que se manejan en una lógica que no va a cambiar por la epidemia.

En términos absolutos, La Araucanía es la segunda región con más casos confirmados (562), luego de la Región Metropolitana. Además, tiene la tercera mayor tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes (55,4), solo por detrás de Magallanes (123,90) y de Ñuble (92,65). Además, se trata de la localidad con mayor número de fallecidos: 14 de los 37 que hay en total (una tasa de letalidad de 2,49%). Allí, las comunas de Temuco y Padre Las Casas están en cuarentena desde el 28 de marzo hasta el 11 de abril a las 22:00 horas, medida que podría renovarse.

Por su parte, en el Biobío hay 383 contagios; lo que indica que existen 23,02 casos por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con el reporte entregado ayer por el Ministerio de Salud, en la zona hay 2 fallecidos y el Ejecutivo decretó que las comunas Hualpén y San Pedro de la Paz estuvieran en cuarentena desde el 6 de abril hasta el 13 de abril a las 22:00 horas. En conjunto, estas dos regiones concentran casi el 20% de los 4.815 casos de Covid-19 positivos que había en el país hasta ayer. 

Este panorama no ha impedido que los episodios de violencia rural se sigan presentando en el sur. Desde que el Presidente Piñera decretara el 18 de marzo el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el país por 90 días para enfrentar coronavirus, en ambas regiones, aunque principalmente en Tirúa -una ciudad de la provincia de Arauco y en la región del Biobío-, se han contabilizado al menos nueve ataques, que incluyen cortes de camino, disparos a camionetas, quemas de cabañas y automóviles, prendieron fuego a un camión cargado de Jibia, ataques a tiros al Hotel Cüref, ubicado en la caleta de Quidico; y entre los sucesos más graves se cuentan el ataque con perdigones a una camioneta perteneciente a la delegación de Arauco de la Seremi de Salud y un carro policial, que ocurrió en pleno mediodía del 4 de abril, cuando la autoridad sanitaria cumplía con labores para controlar la propagación del coronavirus.

El 29 de marzo se informó que la Intendencia del Biobío introdujo una querella en la que invoca la Ley Antiterrorista, debido al ataque con explosivos que derribó una antena de telecomunicaciones y destruyó parcialmente otra, el 26 de marzo en Contulmo, provincia de Arauco. Y la La Policía de Investigaciones investiga un incendio que afectó el 31 de marzo un helicóptero en el aeródromo de Pucón, Región de La Araucanía.

“En Tirúa y en un sector de Arauco es donde está la parte más dura de la asociación ilícita terrorista que se llama la CAM. Esta gente nunca ha dejado de estar activa, con coronavirus o sin coronavirus. Siempre han atacado, cortado caminos, emboscado gente, disparado a camionetas. Siempre la CAM y sus ORT hacen lo mismo en ese sector de Chile, que es un sector entre Tirúa, Cañete, Lanalhue, que es prácticamente tierra de nadie, porque el estado de derecho allí no está funcionando. Eso lo hemos dicho en múltiples oportunidades. El caso del helicóptero en Pucón, donde no había panfletos, no había absolutamente nada es muy extraño porque en Pucón nunca ha habido un tema fuerte de atentados terroristas”, explica el diputado Mellado.

Contra la infraestructura crítica

La senadora Aravena repudió que se esté yendo contra un tipo de infraestructura que es esencial para el país, como transporte aéreo o antenas de comunicación. “Nosotros estamos en estado de catástrofe y los militares han tomado el orden público para hacernos cargo de una pandemia mundial, y aún así siguen habiendo atentados en La Araucanía, evidentemente hay un grupo que más allá de la grave situación en que se encuentra el mundo entero, el país y esta región en particular, con una gran concentración de enfermos y la dificultad que tiene la comunidad para entender que debe permanecer en cuarentena, siguen atentando contra actividades productivas y de servicio a la comunidad. Si en tiempos de crisis tan graves se sigue atentando, qué esperamos entonces cuando volvamos a la normalidad”. Aravena indica que en la región ocurren alrededor de 250 atentados al año.

Lepín, por su parte, señala: “Vemos con un poco de desesperación, pero también nos reafirma la clase de persona que son quienes cometen atentados, estos grupos terroristas que obviamente han seguido actuando, quizás en menos cantidad, pero con igual intensidad estos últimos días, cuando el esfuerzo del gobierno, de las policías, de los sectores productivos y de la sociedad en general está centrado en una crisis humanitaria. Hay un grupo de personas que sigue cometiendo atentados terroristas, además contra servicios que son importantes. Es gente que muestra que no tiene sensibilidad, no tiene corazón, que cree que su causa es superior a cualquier causa y que la deben imponer por la fuerza y por las armas”. 

La Multigremial de La Araucanía elaboró un Barómetro de Conflicto basado en las denuncias que se hacen ante Carabineros y Fiscalías de las Regiones del Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Encontró que la cantidad de ataques incendiarios perpetrados por grupos violentos se mantuvo estable entre 2018 y 2019: hubo 124 en el 2018 versus 121 en 2019. La organización mostró su preocupación por “la situación de violencia permanente y de alta intensidad en la Provincia de Arauco, Región del Biobío”, ya que allí hubo dos homicidios ocurridos al interior de comunidades indígenas además del 72% de las denuncias por “incendio”. Hubo quemas de cabañas de particulares, maquinaria forestal y camiones.

El representante de Acoforag, René Muñoz, se encuentra en San Pedro de la Paz y opina que “se trata de grupos muy radicalizados, que en el fondo no entienden lo que está pasando y solo se basan en sus concepciones de la sociedad que quieren, por lo tanto, ellos no van a cambiar su forma de actuar”. Por tanto, sugiere que para que bajen los atentados y que la ciudadanía le tome el peso a lo que está ocurriendo los controles tienen que ser más estrictos en cuanto a los permisos para salir durante la cuarentena e incluso prolongar los horarios del toque de queda.

Asegura que el último atentado contra un contratista se registró el 11 de marzo, lo que coincide con los períodos que han identificado como más álgidos en su caso: los meses de enero, mayo, septiembre y diciembre, cuando ocurren los aniversarios de fallecimiento o fechas emblemáticas de personas que comparten las causas de los violentistas.

«No podemos pedir que hayan condenados mientras no haya imputados»

Para Aravena la situación también tiene efectos emocionales, pues se atenta también “contra el espíritu de paz y de unidad de todos los chilenos. Especialmente en La Araucanía, que se ha visto tan afectada por este sinnúmero de actividades terroristas que no tienen responsables, es casi una burla: es la región más pobre de Chile, que ha vivido una situación de conflicto inmerecida y ahora se ve afectada con la mayor concentración de enfermos con una crisis que ha golpeado hasta a los gobiernos más ricos del mundo. No veo cuál es el propósito, sino hacer daño y demostrar que van a seguir en impunidad, porque son poderosos, porque finalmente no importa lo que hagan, el 98% de las cosas que hagan quedará impune. Eso en esta época es impresentable”.

Aravena y Lepín coinciden en que las querellas que presenta el Estado no funcionan. “No podemos pedir que haya condenados mientras no haya imputados. Es lamentable que estos grupos actúen con impunidad, que es la sensación, es el sentir de las víctimas hoy en día: que las querellas no sirven de nada, estas personas están libres y muchos de ellos se los encuentran día a día en los campos y saben que actúan con impunidad”, concluye Lepín.

Al respecto el diputado Mellado sostiene: “La CAM tiene una organización cuyo máximo dirigente es Héctor Llaitul. Desconozco por qué razón los fiscales no lo llaman a declarar. Llaitul, afuera del Tribunal de Temuco, prácticamente declaró la guerra a Chile, declaró que todo el mundo se rebelara y empezara una guerra de guerrillas. La verdad es que no entiendo por qué no actúa la justicia”.