La violencia vandálica, guerrillera y terrorista en las principales ciudades del país y en la macrozona sur no es un asunto de mero orden público: es una manifestación de la guerra revolucionaria que se está librando contra el Estado de Chile y que debe ser enfrentada como tal —con firme decisión y una voluntad férrea— utilizando todos los instrumentos del poder nacional, sin descartar el empleo de la fuerza militar.

Esta guerra, promovida, amparada o justificada por ciertos sectores políticos es realizada por grupos subversivos que pretenden lograr un cambio radical en el orden político, social, económico y cultural, y en las instituciones fundamentales de la República.

Los gobernantes tienen la obligación esencial de conservar el orden público, para cuyo cumplimento cuentan con el monopolio de la violencia física legítima del Estado. Éste tiene la obligación de defenderse de quienes pongan en peligro intereses vitales de la patria, con todos los medios a su alcance, aunque para ello sea preciso adoptar medidas extremas. La historia solo condena a los pueblos que renuncian a defenderse.

Lamentablemente, parafraseando una de las tantas frases célebres de Otto von Bismarck, “estamos viviendo una época en la que el fuerte es débil por causa de sus escrúpulos, y el débil fuerte por causa de su audacia”.

Adolfo Paúl Latorre, Abogado.