Por FRANCISCO CARRASCO MANQUILEPE (Diario Austral, Temuco)

En prisión preventiva quedó Julio del Carmen Allendes Allendes de 59 años, acusado de estafas reiteradas y mal uso de instrumento público en la postulación de los beneficiarios a la Ley Valech.

La resolución adoptada por la jueza María Elena Llanos, parte un proceso que puede ser “la punta del iceberg” de algo mucho más grave y serio a nivel nacional como la engañosa obtención de beneficios del Estado destinados a presos políticos y torturados del Régimen Militar.

DETENCIÓN Y ENGAÑO

Allendes es la primera persona acusada por falsificar a lo menos 16 testimonios. Fue la Gobernación de Cautín la que denunció a la Fiscalía los relatos falsos y el cobro de un trámite que por ley es gratuito.

Su detención fue el jueves en su oficina, ubicada en la calle Banderas a escasas cuadras del Palacio de La Moneda, un punto geográfico relevante que usó para validarse ilícitamente como un abogado del ministerio del Interior.

El historial de Allendes asegura que desde el año 2004 captó a postulantes primero de exonerados políticos y luego de la Ley Valech, en diversas regiones del país.

A los supuestos favorecidos mostraba documentación falsa como tarjetas de presentación y certificados con el logo del Gobierno para avalar que era un asesor autorizado en la redacción y postulación a estos programas cobrando por sus servicios entre 72 y 250 mil pesos.

LLEGA A LA ARAUCANIA

Este sujeto nacido en Curacaví y con estudios técnicos y conocimientos de asesor previsional, llegó a la Región el año 2007.

Su lugar de operaciones fue Loncoche donde convenció a ciudadanos de Loncoche, Temuco y Villarrica de postular con él.

Incluso trabajó de la mano con un ex concejal loncochense que reunió a un número indeterminado de beneficiarios, enviándole a Santiago cheques con los cobros de los trámites que supuestamente realizaba y que para autentificar a sus clientes, sellaba con timbres falsos con la membresía del ministerio del Interior.

Fue tal su éxito que entre el año 2007 y el 2009 percibió ganancias superiores a los 3 millones 500 mil pesos, siendo sus principales víctimas habitantes de la zona rural a quienes inducía a contar una historia sobre torturas y encarcelamiento que no era verdadera.

Cuentan que cobraba tanto por postular, como por beneficio logrado.

Descubrimiento

Allendes fue descubierto una vez que varias personas presentaran en la segunda fase de postulación a la Ley Valech, historias similares de vejámenes de agentes del Estado durante la dictadura.

La única oficina de la comisión que recopila estos relatos observó e indagó quién asesoraba a estos postulantes dando, finalmente, con la identidad de Allendes.

Menos de cuatro meses pasó desde la denuncia hasta que personal de la PDI llegó a su oficina donde incautó timbres con el sello del ministerio del Interior y documentación con la membresía del Estado.

Pero además descubrió postulaciones en trámite de personas en Arica, La Serena, Valparaíso, Litueche y Pichilemu, sitios que visitó con la misma mentira.

REACCIONES

“Él (Allendes) se contactaba con personas que podrían tener derecho a este beneficio y les decía que en su calidad de abogado del ministerio del Interior podía acelerar los trámites y lucraba con eso” narró el subprefecto de la PDI Jorge Latorre, jefe subrogante de la Prefectura de Cautín.

“Se le encontraron diversos timbres falsificados y documentos que él mismo confeccionaba o los mandaba a hacer”, agregó.

“Este sujeto ha lucrado con el dolor y el sufrimiento de muchas personas”, sentenció el fiscal Cristian Crisosto, una vez que salió de la audiencia que determinó la detención de este falso asesor por estafa reiterada, uso malicioso de instrumento público y mantenimiento y uso de timbres falsos.

Historias falsas

“También existen antecedentes que dan cuenta de que aparentemente este sujeto entregó información falsa en el sentido de que ciertas personas calificadas para este beneficio y que lo están recibiendo, lo hicieron mediante relatos ajenos a la realidad. Esas personas no serían beneficiarios reales de la ayuda del Estado”, agregó Crisosto.

El tema es serio y así lo apunta el gobernador de Cautín, Miguel Mellado quien anunció el retardo del plazo de postulación hasta noviembre mientras se realiza la investigación judicial.

“Esta es la punta del iceberg de algo grave. El actual Gobierno no va a permitir jamás que se juegue con las personas y se engañe al Estado para tener un beneficio que no corresponde. Lamentamos que el Gobierno de la Concertación no haya visto esto anteriormente”, dijo la autoridad.