El organismo, que sus abogados describen como “acéfalo”, en los últimos días presentó acciones judiciales contra Juan Emilio Cheyre y Bruno Villalobos. La entidad, dependiente del Ministerio de Justicia, ha sido criticada por su “autonomía” y el sesgo en su actuar por lo que desde la cartera apuntan a “profesionalizarla”.

Durante los últimos días, la Unidad del Programa de Derechos Humanos (PDH) -dependiente del Ministerio de Justicia- presentó dos acciones judiciales contra ex Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Primero, pidieron que se recalificara la situación judicial del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, de “encubridor” a “cómplice”, lo que aumentaría su pena de 3 a 10 años en el caso Caravana de la Muerte. Y solicitaron el procesamiento del ex director general de Carabineros, Bruno Villalobos, por su presunta responsabilidad en la muerte de Patricio Manzano, estudiante de ingeniería que falleció durante un operativo de Fuerzas Especiales en 1985.

La acción contra Cheyre fue abordada el lunes durante el comité político en La Moneda. En la ocasión, representantes de Chile Vamos manifestaron sus críticas al gobierno y apuntaron directamente hacia el PDH. “Me parece que va más allá de las obligaciones legales que tiene la oficina de DD.HH. (…) Lamentablemente esta oficina tiene más un cariz de operación política que de ajustarse estrictamente a derecho”, dijo el presidente de RN, Mario Desbordes. A lo que la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe agregó: “Entendemos que es algo que la subsecretaría no podía evitar, pero teniendo en cuenta que es un caso del ministro Carroza, es que nos parece un poco innecesario”.

Pero ésta no ha sido la primera vez que el Programa de Derechos Humanos enfrenta cuestionamientos. Ya los tuvo durante el gobierno de Michelle Bachelet, cuando Jorge Burgos era titular de Interior, y en la primera administración de Sebastián Piñera, con el subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla.

Incluso, en el mismo Programa se han generado problemas internos y quienes conocen el ambiente laboral lo describen como “dañado”. De hecho, en febrero, un grupo de 17 abogados denunciaron “tratos vejatorios y degradantes”, además de “desmantelamientos y despidos arbitrarios ocurridos en la Unidad desde el segundo semestre de 2017 a la fecha (1 de febrero de 2018)”.

Las acusaciones apuntaban a la abogada y jefa de la Unidad del Programa de DD.HH., Karen Tapia, quien desde la fecha de la acusación se encuentra suspendida de sus funciones y tiene un sumario administrativo abierto en su contra por la denuncia de acoso laboral. Un abogado de la unidad describe que el programa está “acéfalo”, aunque desde el Ministerio de Justicia afirman que hay una persona subrogante desempeñando esas funciones.

La jefa de la unidad alcanzó a ejercer su labor por siete meses. Arribó a la entidad bajo el gobierno de Michelle Bachelet -con Lorena Fríes como subsecretaria de Derechos Humanos- el 18 de julio de 2017, a través de un concurso público. Quienes conocen el episodio aseguran que, de todas formas, es un cargo “de confianza” y que debía durar tres años. Según explican funcionarios de Justicia, Fries y Tapia no se habrían conocido con anterioridad, pero el perfil de ambas favoreció el entendimiento entre ambas.

Según comentan desde el interior del Programa, algunos de los “malos tratos” denunciados es que la abogada “dejaba en evidencia de mala forma si alguien cometía un error en el trabajo” y que habría cuestionado la “competencia” de algunos abogados. En tanto, desde Justicia apuntan al intento de la hoy suspendida jefa, de “profesionalizar” la unidad. Sin embargo, el camino habría sido de “mala forma”. Explican que uno de los cambios que quiso implementar fue en el tema de los horarios en la oficina y que ese hecho “al no haber sido participativo” se sumó a las molestias internas.

Críticas por la autonomía con que funciona

Si bien el Programa depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, una de las críticas que recibe esta dependencia es por la “autonomía” con que funciona, como una “división independiente”, prácticamente sin rendir cuentas, y con “agenda propia”.

Entre quienes han pasado por la Unidad están  los abogados Cristián Cruz y Boris Paredes, ambos muy cercanos al diputado comunista Hugo Gutiérrez, que incluso forman parte del mismo estudio jurídico.

El desgobierno ha llegado a tal extremo que un abogado del PDH, Patricio Robles, ha subido comentarios y “memes” en Facebook cuestionando al ministro de Justicia, Hernán Larraín; a la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren (a quienes ha tratado de “inmorales”), e incluso al Presidente Sebastián Piñera.

“Ni por las tapas simpatizante del nuevo Gobierno, de los fachitos negacionistas; pero que me alegra que doña “Julia Lorena se vaya para la casa… #LoDijeYQué!”, se lee en unos de los comentarios en alusión a Lorena Fries.

También se manifestó en contra de Carabineros: “¿Acaso esperan que el Gral. Director reconozca un delito perpetrado por efectivos policiales? ¡La historia enseña que no sería la primera vez que Carabineros de Chile se configura como fuerza asesina! ¡Y los hechos, incluso recientes, demuestran que sí hay una persecución étnica llevada a efecto por el Estado de Chile!”.

A pesar de lo anterior, desde Justicia manifiestan que es complejo remover a los abogados que son integrantes de la Unidad, puesto que, en estos días, son pocos los juristas que aún tramitan en el sistema procesal penal antiguo, donde se llevan la mayoría de los casos de Derechos Humanos. Asunto que además se suma a la especialidad en el ámbito del Derecho Internacional sobre esta materia.

Aun así, desde la cartera que lidera Larraín, aseguran que desde el comienzo del gobierno se han mantenido conversaciones con la Unidad para generar una “buena relación”, tratando de construir una coordinación “distinta” a la era Fríes, con quien el Programa mantuvo un vínculo más bien distante. A esos esfuerzos se suma el intento de “profesionalizar” el Programa de Derechos Humanos.

La controvertida relación del PDH en el primer gobierno de Piñera y con el ex ministro del Interior Jorge Burgos

En 2010 se le cuestionó al Programa algunas decisiones adoptadas. Una de ellas fue cuando se citó, como testigo por el caso Víctor Jara al, por esos días, subsecretario de Defensa Óscar Izurieta. La iniciativa que fue impulsada por el ex abogado del Programa, Cristián Cruz (actual querellante del caso Cheyre) y de la que no se le informó a las autoridades políticas.

De hecho, la entonces directora del Programa Rossy Lama aseguró que no se siguieron los canales normales. “Esta fue una decisión que tomó el abogado de la causa, no teníamos conocimiento hasta ayer que salió la resolución”, sostuvo Lama.

En junio de 2016, cuando Jorge Burgos estaba a la cabeza del ministerio del Interior, intentó generar unos cambios en el PDH -que entonces dependía de esa cartera- y habría buscado mantenerse informado de los pasos e iniciativas que realizaban. Sin embargo, el escenario se tensionó con la salida del jefe del área jurídica Rodrigo Lledó, reconocido como un activista de los derechos humanos.

En ese momento, las diferencias se generaron en medio de la discusión sobre un eventual procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, en el caso Caravana de la Muerte. El mismo caso que hoy vuelve a poner en el centro de la polémica a este Programa.

Publicado por El Libero