El “problema de los derechos humanos” que afecta a los militares que debieron afrontar la violencia revolucionaria y la guerra subversiva es un problema político que todavía está vigente y que eterniza la división entre los chilenos. Tanto su origen como su solución son de naturaleza política. Lamentablemente los órganos más propiamente políticos —los poderes Ejecutivo y Legislativo y los partidos políticos— han sido incapaces de resolverlo y han puesto su solución sobre los hombros de los jueces; es decir, se ha instrumentalizado el sistema judicial para conseguir fines políticos, lo que ha hecho inevitable que la justicia se politice y que ésta haya pasado a ser parte del arsenal de las luchas políticas contingentes.

La judicatura tiene una incapacidad natural para solucionar un problema que es esencialmente político y no judicial. La judicialización de la política conduce al gobierno de los jueces y la politización de la justicia conduce a la muerte del derecho, porque cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la justicia sale disparada por la ventana.

Adolfo Paul Latorre, Abogado