La indolencia del Instituto Nacional de DD.HH. en caso “falsos exonerados políticos”

imagesPor Daisy Castillo Triviños, El Muro,  23 de marzo de 2016

Hace años, para ser más específicos, desde agosto de 2010 en que se denunció la existencia de falsos exonerados políticos, el tema se mantiene en statu quo, en un estado de estancamiento total, a pesar de las incansables gestiones de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados Políticos, entidad que ha enviado numerosas solicitudes a diferentes entidades, por ejemplo, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la finalidad de que jugara un rol activo frente a la situación de los exonerados políticos y la nómina de personas que, con certificaciones fraudulentas, consiguieron quedar bajo esa categoría y, hasta el día de hoy, siguen impunes recibiendo mensualmente una pensión.

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EL MURO accedió a varios documentos remitidos por Raúl Celpa, presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados Políticos, a diferentes entidades públicas, una de ellas, precisamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, institución que, pese a estar delineada para promover el respeto de los derechos humanos, en el caso de las demandas de los exonerados políticos ha mantenido silencio, un doloroso silencio como lo califican las víctimas.

En conversación con este diario electrónico, Raúl Celpa advierte que la indolencia que exhibe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al igual que otras entidades, da cuenta de “la colusión de distintas instituciones del Estado para que no se esclarezcan los hechos y todo se mantenga en la impunidad”. Esto, a pesar de que el Ministerio Público está investigando las irregularidades detectadas, causa que lleva la Fiscal Ximena Chong y hasta se nombró a una Ministra en Visita, Mireya López, quien remitió el año pasado un informe al Ministerio del Interior, al Instituto de Previsión Social (IPS) y a la Contraloría General de la República, exponiendo los antecedentes de la indagatoria realizada, pero todo se mantiene paralizado.

Resulta paradojal que, en el caso de los falsos exonerados políticos no haya avance, lo que contrasta con los movimientos que se observan, por ejemplo, en los casos CAVAL, PENTA y SQM, donde si bien se ha criticado la actuación del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Ministerio Público, al menos se ven ciertas diligencias, no así en el caso de los falsos exonerados políticos.

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Los flancos contra el INDH

La Coordinadora Nacional de Exonerados Políticos responsabiliza de inacción al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Existen documentos que están en poder de EL MURO que, simplemente, no recibieron respuesta por parte del organismo que dirige, Lorena Fries, amiga de la Presidenta Michelle Bachelet.

El 18 de octubre de 2011, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Exonerados Políticos envió un documento que quedó en el más completo olvido, al parecer, en el INDH. En el texto, que firma Raúl Celpa, expresamente se indica: “Queremos que el Instituto de los Derechos Humanos de Chile, sea un garante de los derechos fundamentales de nuestra sociedad, dentro de las limitaciones de su normativa fundacional”, agregándose que “nunca rechazamos la creación de una entidad que dentro de la estructura del Estado se preocupara de los DD.HH., era una falencia necesaria de abordar…”.

En el mismo docdescarga (3)umento, se añade un antecedente que deja en conocimiento de las autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los cuestionamientos que la ha tenido del Gobierno de la Presidenta Bachelet en todo este tema. “Lo que fijábamos eran prioridades, primero, que el Gobierno de Bachelet aclarara estos escándalos… Desgraciadamente, esto no fue así. Hoy, tenemos que enfrentar lo oprobioso que resulta una política ineficaz en materia de verdad y justicia, agravada por la corrupción que profundiza aún más su precariedad”.

En esta carta, se solicitó a la directora del INDH que “nos informe sobre las acciones que en el marco de las obligaciones que le impone la ley que los regula, iniciarán…”. En otro párrafo, se indica: “Solicitamos, por su intermedio a la institución lo siguiente: estudio en derecho de la Constitucionalidad de las leyes llamadas de DD.HH. (Rettig, Retorno, Exonerados Políticos, Prisión Política y Tortura, PRAIS), participación como parte, en todas las acciones que el resto de las instituciones del Estado han iniciado e inicien con respecto al tema de los exonerados políticos…, informe extraordinario al Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los sucesos relacionados con exonerados políticos, retorno del exilio, ex presos políticos, y la intermediación para una reunión en conjunto con el Comisionado Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Santiago”.

Respecto de cada uno de estos requerimientos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tampoco se dio el tiempo para responder, pasando a llevar sus propias normativas que obligan a la entidad, recordemos, a hacerse parte cuando hay situaciones denunciadas que vulneran los derechos humanos. A esto se suma, el hecho de que otra carta remitida a la directora ejecutiva del INDH -24 de febrero de 2012-, tuvo la misma mala suerte de ser obviada y en la que el dirigente de los verdaderos exonerados políticos, Raúl Celpa manifestaba: “Hoy día, lo que fue una denuncia esgrimida desde hace catorce años por nosotros y ocultada por una institucionalidad coludida y que contó también con el silencio de los actores sociales: “defensores de los derechos humanos”, es comprobada como una verdad oprobiosa que, debido a su gravedad no puede ser tergiversada, ni interpretada, donde la misma institucionalidad que la causó y la ocultó, es la que se ve obligada a investigar y comprobar lo denunciado, persistentemente, y la que deberá sancionar a los responsables”.

descarga (4)Siguiendo con el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con fecha 28 de junio de 2013, una vez más el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados Políticos, se dirigió a a través de un documento, en el que evidenció no sólo la falta de interés de la institución por comprometerse en el tema, sino la indiferencia con la que fueron tratados. En el documento se afirma: “Con fechas diciembre de 2010, octubre de 2011 y febrero de 2012, hemos denunciado estos hechos a la directora ejecutiva de ese Instituto, comunicaciones que han ido acompañadas con ensayos, informes de nuestra autoría que sintetizan aspectos historiográficos de la conducta del Estado de Chile para con los derechos de sus ciudadanos y la política vulnerada de estos derechos, promulgada por este Estado a partir de 1990. Sólo estas comunicaciones fueron respondidas por carta de esa Dirección -fecha diciembre de 2011-, donde ese Instituto asumía responsabilidades solicitadas por esta parte, que nunca cumplió”.

Asimismo, se lee en la misma carta que “la ecuanimidad en la defensa de los derechos humanos, supone una total prescindencia de la lucha temporal del poder y abandonar los intereses involucrados en las militancias, sólo conductas consecuentes con estos requisitos fundamentales”.

Para Raúl Celpa, “el Instituto Nacional de Derechos Humanos por su carácter de organismo oficial, cuyas autoridades son nombradas por el Presidente de la República, por el Gobierno de turno, es una entidad que tiene un claro perfil político y, desde ese punto de vista, obviamente que sabíamos que nos íbamos a encontrar con esa realidad que impediría que el INDH actuara en forma imparcial, no respetando lo que lo obliga el derecho internacional, y obstaculizara cualquier posibilidad de que la verdad se conozca en el país”.

El dirigente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados Políticos afirma que “el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo de fachada, cuya conducta, hasta el momento ha sido inmoral y absolutamente anti ética, dado que se ha prestado para ejercer un rol parcial con respecto al tema de los derechos humanos en Chile. Cuando nosotros le formulamos la denuncia que todo el país conoce sobre los actos de corrupción, se compromete a interceder ante los gobiernos para esclarecer los hechos, hacerse parte en los juicios que ya estábamos anunciando que íbamos a interponer en contra de los gobiernos de turno por la participación en la conducta corrupta que tuvieron en la aplicación de estas leyes ,y nada de eso se ha cumplido”.

Agrega Celpa que, además, “el INDH tampoco, en su informe anual, se refiere a los graves actos de corrupción cometidos con estas leyes que no sólo afecta a los exonerados políticos, también a los presos políticos y a los retornados del exilio. Se ha mantenido, hasta hoy, el silencio absoluto”.

Ley N° 19.992 sobre Prisión Política y Tortura

Para contextualizar el tema, lo primero que hay que tener en claro es que todo surge en la mala utilización de la Ley N° 19.992 sobre Prisión Política y Tortura, norma que forma parte de un conjunto de otras disposiciones legales que constituyen la Política sobre Derechos Humanos del Estado chileno y que permite a los afectados o víctimas recibir una bonificación de reparación que se traduce en una pensión.

Cabe consignar que, de un total de 74.000 exonerados políticos, 3.000 no cumplen con los requisitos, pero continúan recibiendo mensualmente el beneficio que le reporta al Estado, el desembolso de $900 millones mensuales, tal como lo informó este diario electrónico el pasado 7 de marzo.

La Ley N° 19.234 estableció un plazo para solicitar beneficios hasta el 11 de agosto de 1994, después se modificó mediante la Ley N° 19.582, dando un nuevo plazo entre el 1 de septiembre de 1998 y el 1 de septiembre de 1999. Luego, la Ley N° 19.881 fijó como plazo entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004 para entregar los antecedentes. Fue, precisamente, la extensión de los plazos lo que permitió, en la práctica, que se incorporaran nuevas víctimas y, de paso, falsos exonerados políticos.

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