Por Gabriel Pardo, El Mercurio de Santiago, 25 de Marzo de 2016

El presidente de la comisión de Defensa del Senado, Baldo Prokurica (RN), visitó ayer el penal de Punta Peuco para conocer las condiciones de los reclusos. Allí, 121 ex uniformados -56 de ellos mayores de 70 años- cumplen condenas por crímenes de derechos humanos durante el régimen militar.

Prokurica estuvo acompañado por Gustavo Marín, vicepresidente de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, e integrante de la Multigremial del Personal en Retiro de las FF.AA., Carabineros y PDI, quienes  han manifestado su preocupación por el estado de algunos reos enfermos terminales.

Tras su visita -durante la que conversó con algunos presos-, el senador habló con “El Mercurio”.

“Fue muy duro. Lo que está ocurriendo ahí es una situación dramática. Encontrarse, por ejemplo, con una persona de 89 años, con dos bastones, con artrosis en las dos caderas, o con una persona que tiene alzhéimer, es grave”, dice.

Desde su perspectiva, en estas condiciones, “Chile está faltando gravemente al pacto de San José de Costa Rica, de derechos civiles y políticos, y puede ser objeto de una sanción”.

Relata que incluso no hay condiciones sanitarias mínimas en el penal, lo que afecta tanto al personal como a los reclusos.

Respecto de los críticos de la existencia de Punta Peuco, que han señalado que debería terminarse con una cárcel con “privilegios” para ex uniformados, el parlamentario señala que “hay personas que han cometido delitos graves” y que “no existe un trato preferente”, sino mucha gente “que está teniendo un trato inhumano y degradante”. Suscribe, como el sacerdote Fernando Montes, que podría entregarse algún tipo de beneficio humanitario a quienes tienen enfermedades terminales.

Además, echa de menos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no haya intervenido.

Sobre la opción de cerrar Punta Peuco, dice no estar de acuerdo, tal como en el gobierno de Sebastián Piñera no estuvo a favor de cerrar el penal Cordillera.

“Esas medidas no mejoraron sino que empeoraron las condiciones de estas personas que cumplen una sentencia. Ni el peor de los delincuentes debe perder sus derechos humanos por estar en la cárcel”.