Por Humberto Julio Reyes

Desde mi punto de vista, dos noticias en desarrollo sirven para analizar qué tan cierta sería la moderación programática mostrada últimamente de parte del presidente electo y sus partidarios y que pareciera haber impulsado un aumento de las expectativas positivas a un 53% según la reciente encuesta Cadem.

Me refiero a la licitación del litio, hoy en tribunales, y a la discusión del indulto a los “presos del estallido”.

En el primer caso y pese a las conversaciones previas que llevaron a que se incorporaran algunas de las proposiciones formuladas por los representantes del futuro gobierno, en particular reduciendo a 2/5 la adjudicación de la oferta original, el tema se ha judicializado al interponer recursos que han sido aceptados por los tribunales competentes.

Tan pronto se conoció el resultado de la licitación cuyas bases se difundieron con la debida antelación y que permitían adjudicarse un porcentaje casi simbólico de las reservas de mineral calculadas, el presidente electo expresó su disgusto y, a continuación, vinieron los recursos de protección a la respectiva Corte de Apelaciones.

Haber licitado 2/5 comprometería la declarada intención de desarrollar una industria exclusivamente estatal. Debiera haber quedado desierta o aplazarse y que los oferentes siguieran esperando sin perspectivas ciertas de que el proceso proseguiría o se suspendería definitivamente.

No parece muy serio en realidad en términos de institucionalidad y certeza jurídica.

Pasemos al llamado indulto.

Resulta que después de declarar que había que estudiar caso a caso, lo que parece haber tranquilizado a muchos, se presiona para resolver el tema ahora, en enero.

¿Y el estado de derecho y la Independencia del poder judicial valen hongo?

En ambos casos se ha vuelto al maximalismo: 0% de litio a empresas privadas y todos los procesados libres ya.

No parece que exista un “ajuste o disminución de lo que se considera excesivo”, tal como se define moderación.

Pero pareciera, además que, en el primer caso, las expectativas parecen también excesivas, como si todo se apostara a que, tal como ocurrió con el salitre, ahora el litio proveerá recursos ilimitados, especialmente cuando otros comentaristas ya imaginan a Chile liderando la producción mundial o convirtiendo instantáneamente el mineral en baterías y abasteciendo un mercado donde ya aparecen sustitutos más baratos como el sodio, igual como el salitre sintético echó por tierra los sueños de muchos.

En el segundo caso el enorme daño a la propiedad pública y privada que en muchos casos arruinó definitivamente a emprendedores pequeños y medianos, no a “los más ricos”, así como la alta probabilidad de que los eventuales favorecidos vuelvan a las andadas o que incentive la continuación de la interminable violencia que se muestra incontrolable, parece no inquietar a los que están por indultar. Ya les faltarían solamente un par de votos dicen.

Así que le pregunto estimado lector:

¿Se han moderado nuestros maximalistas?

Permítanme finalmente resaltar que en ambos casos se instrumentaliza o relativiza la justicia. Los recursos presentados por una parte muestran una subjetividad carente de respaldo jurídico mientras que en la otra se pretende pasar a llevar el debido proceso a pretexto del tiempo excesivo de la prisión preventiva.

Hubo tiempo suficiente desde que se conocieron las bases de la licitación para haberlas impugnado en aquello que hoy se recurre y si puede sostenerse fundadamente que en la investigación de los delitos cometidos a partir del 18 de octubre los tribunales han excedido los límites razonables de la prisión preventiva ello debiera haber motivado los recursos que caben dentro del ordenamiento legal pero parece que nuevamente la clase política sólo respeta la justicia cuando esta se acomoda a su voluntad.

17 de ene. de 22