Lo que se ha expresado en los medios de comunicación en las últimas semanas respecto a los sucesos (octubre 2019) que ocurren en Ecuador y Perú, y el apoyo de las FFAA a sus respectivos gobiernos, no deja de llamar la atención. Como siempre sucede en tiempos de crisis, cuando las instituciones del Estado no son capaces de resolver un conflicto social o político, invariablemente recurren a quienes tienen el monopolio de la fuerza. Eso no es nuevo y corresponde a la necesidad de mostrar los medios o la intención de hacer valer el principio de autoridad, elemento fundamental para mantener el orden que es, a su vez, condición esencial para el progreso y desarrollo.
Lo anteriormente expresado es una realidad que parece estar olvidada en nuestro país. Durante las tres últimas décadas, el Ejecutivo, cuya autoridad descansa en el apoyo de las FFAA y Carabineros, ha permitido por indolencia, omisión, desprecio o lo que sea, que otras áreas del Estado, específicamente la judicial, socave y deteriore el prestigio y honra, en forma parcial, injusta e imprudente, de tanto las instituciones como de algunos de sus integrantes.     
Carabineros y el Ejército han sido las Instituciones más perseguidas y afectadas y hay razones para ello. Sin desconocer la ocurrencia de hechos que eventualmente constituyen delito y por los cuales se debe juzgar a quienes los cometieron, se ha hecho escarnio público de las instituciones, más allá de lo prudente, sin considerar que en ellas reside la fuerza en la cual se sustenta la autoridad de quienes nos gobiernan o administran la justicia. Eso es en lo inmediato y actual.
Capítulo aparte es la feroz persecución que se ha hecho de militares y policías en retiro por sucesos ocurridos entre 1973 y 1990. El sólo hecho de utilizar para ellos un proceso penal distinto al resto de los chilenos, que implica una desigualdad ante la ley, habla de la falta al debido proceso, sin dejar de mencionar la omisión, ampliamente difundida, de principios jurídicos básicos de carácter universal y que no es del caso repetir. Todo eso se sabe en las esferas de gobierno, y las autoridades, cuyo poder se apoya en las FFAA y Policías, se niegan a enfrentar la injusta realidad que afecta, precisamente, a quienes les proporcionan la base en la cual se afirma su autoridad. Recordemos, nuevamente, lo que los medios de comunicación nos informan respecto al apoyo que proporcionan las FFAA a los gobiernos de Perú, Ecuador y también de Venezuela.
En resumen: personal del Ejército y Carabineros en servicio activo están sometidos al escarnio público, con o sin razón, mientras que los que están en retiro son objeto de arbitrariedades judiciales, bajo un sistema procesal diferente al resto de la población y condenados por presunciones y ficciones jurídicas. Las autoridades de gobierno, en una aparente confabulación o acuerdo “político – judicial”, se desentienden de las obligaciones que les fija la Constitución Política, dejándolos totalmente abandonados a su suerte, olvidando que su autoridad descansa en las instituciones en las que sirven o sirvieron al país, aquellos injustamente perseguidos, procesados o condenados.
Se podrá argumentar que quienes están en retiro de las FFAA y Policías no forman parte de las instituciones. Esa es una postura sesgada e irreal. Las instituciones de las FFAA y Policías son bastante más que sólo el personal que está en servicio activo. Las instituciones mencionadas conforman un cuerpo social arraigado transversalmente en la sociedad chilena, y por más de 200 años, han estado unidos por un sólido inconsciente colectivo que amalgama generaciones de compatriotas y familias que han servido en ellas. Eso no se borra mediante discursos, leyes, decretos o disposiciones reglamentarias, ni se puede omitir de un buen análisis de la realidad social del país. La fortaleza de las instituciones está en ese cuerpo social.
¿Quién valora, defiende o apoya a las FFAA y Carabineros?
Las fuerzas de la naturaleza, en particular los terremotos que ocurren en nuestro país con una indeseada frecuencia, nos recuerdan en quienes el pueblo chileno deposita su confianza: las FFAA y Carabineros. Lo avalan las encuestas y la realidad cotidiana, ya que son el reflejo de la sociedad nacional, con todas sus virtudes y defectos, e históricamente, las instituciones permanentes del Estado, con más raigambre que ninguna otra y que jamás desaparecerán. Siempre estarán cuando la crisis, natural o social, se haga presente. Eso lo sabe el pueblo chileno y lo asume como un hecho.
La situación del Ejército de Chile es preocupante. Con tres ex Comandantes en Jefe procesados y dos Generales sometidos a proceso estando en servicio activo, sin duda e intencionadamente, se pretende posicionar una mala imagen ante la ciudadanía, que pese a ello no ha dejado de confiar en esa institución. La acuciosidad evidenciada por los jueces y fiscales que investigan causas en el Ejército no se condice con la laxitud o directamente omisión que han hecho al investigar a otras instituciones del Estado. Las razones se encuentran en el interés político de algunos sectores que, para imponer su ideología, no trepidan en buscar la destrucción de las referencias de la identidad nacional, de las instituciones republicanas o el modelo económico vigente. Y ello, con la complicidad, por acción u omisión, de sectores políticos que pregonan la libertad e iniciativa privada. El ataque al Ejército, no es a las personas, sino que a la institución Ejército a través de ellas. En ese contexto, no resulta difícil adivinar quién o quiénes serán los próximos Oficiales Generales que serán procesados, no importando la causa: ya se les buscará una. Para hacerlo, se cuenta con la mayoría de los medios de comunicación social, la prensa digital y las redes sociales, mayoritariamente en manos de quienes buscan destruir a las instituciones armadas. No interesa el debido proceso ni la justicia. Si resulta inocente, no importa; el daño a la institución ya está hecho y las consecuencias sobre las personas no tienen importancia para los efectos políticos que se persiguen. La postura que prevalece en el estamento político y judicial, es que los militares y sus familias son personas de las que se puede disponer como víctimas sacrificiales. 
​A las FFAA y Carabineros no los defiende ni apoya institución del estado alguna. Y jamás lo harán. Los intereses de las instituciones que tienen el monopolio de la fuerza pública difieren radicalmente de los intereses del estamento político y del judicial. Aparte de distintos intereses, también poseen códigos de conducta disímiles, asumiendo las FFAA y Carabineros, ocasionalmente y por una ingenuidad histórica, responsabilidades políticas que no les son propias, sino que de los conductores políticos. Eso sucedió en los primeros años de las décadas de 1930 y 1970. La historia se repite. De allí el discurso interesado de algunos grupos en separar lo histórico de lo actual, representado por “la institución de ayer, obsoleta, poco democrática y alejada de la sociedad, de la institución actual que sería la antípoda de la institución de ayer”. Discurso falso y propio de intereses políticos. 
​Nadie de los poderes virtuales del Estado defenderá o valorará (a excepción del pueblo chileno) a las FFAA y Carabineros mientras este acuerdo político – judicial siga vigente, y se permita continuar la persecución al personal de esas instituciones, sea en servicio activo o en retiro. En el intertanto se continuará socavando las bases de la institucionalidad republicana. El único apoyo al cual pueden recurrir las FFAA y Carabineros, es a la fortaleza que está en el propio cuerpo social institucional, conformado por personal en servicio activo y aquel en retiro, con el sustento silente del pueblo chileno que sigue confiando en sus FFAA y Carabineros.
​Procedimientos y caminos para reforzar y dejar en evidencia ese cuerpo social institucional  existen, son legales y absolutamente factibles. 

Daniel Arellano Walbaum
        Contraalmirante (R)
Magíster en Etnopsicología PUCV